La decisión de restringir búsquedas en Guatecompras, bajo el argumento de proteger la privacidad y optimizar los sistemas, nos lleva a cuestionar en nuestro Newsletter la transparencia en el gobierno de Bernardo Arévalo.
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Un dato aislado no cuenta una historia por sí solo.
Es apenas un rastro, un indicio.
Los portales abiertos del Estado están poblados de ellos: números, nombres de personas y empresas, cifras, DPI, NIT.
Cada registro tiene un contexto administrativo específico, pero esos datos pocas veces explican las relaciones que existen más allá de un monto o la historia que puede esconderse detrás de un nombre.
Desde la auditoría social o el periodismo, los datos que se almacenan en los portales de gobierno adquieren valor ciudadano cuando pueden cruzarse con otros registros y fuentes para construir un contexto más amplio.
Son pistas que permiten establecer relaciones entre personas y empresas. Permiten a la ciudadanía seguir el rastro de contratos, identificar patrones y descubrir conexiones que los datos, por sí solos, no revelan.
Pero para el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y, por extensión, para el Ejecutivo de Bernardo Arévalo, el alcance de los datos contenidos en los portales abiertos parece entenderse desde otra perspectiva. Y han decidido limitar la forma en que pueden consultarse.
Desde el 21 de julio de 2026, el Gobierno restringió parte de las posibilidades de búsqueda de Guatecompras, el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala.
El argumento es precisar su uso, optimizar el sistema y proteger la información de personas que no tienen relación contractual con el Estado.
El dilema de la transparencia
La transparencia de los portales abiertos del Estado ha sido utilizada como sinónimo de que la información pertenece a todos, y que todos deberían poder consultarla.
El problema aparece cuando la protección de los datos personales termina reduciendo, al mismo tiempo, las posibilidades de fiscalización.
El buscador de Guatecompras, desde su creación en 2003, ha permitido consultar una base de más de nueve millones de registros proporcionados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La búsqueda de un nombre, una empresa o un NIT podía convertirse en el punto de partida para descubrir vínculos entre distintas sociedades y sus representantes legales, seguir relaciones comerciales o identificar posibles redes de corrupción.
De un dato almacenado en Guatecompras, no necesariamente vinculado a un contrato con el Estado, se podía buscar y contrastar información con otras entidades estatales como el Registro de la Propiedad, el Organismo Judicial, el archivo General de Protocolos de Abogados, el Registro Mercantil, el Tribunal Supremo Electoral o el Registro Nacional de las Personas.
Con las nuevas restricciones, algunas de estas rutas de fiscalización se complican o desaparecen como parte de la auditoría social.
Las empresas que participan o han participado en licitaciones o concursos, pero que nunca han ganado una adjudicación, han dejado de mostrarse en la búsqueda general de Guatecompras.
El buscador tampoco devuelve directamente resultados de personas que no figuran como contratistas, lo que dificulta rastrear el nombre de un contador, representante legal o socio como punto de partida para investigar posibles vínculos entre redes empresariales.
Buscar un nombre y un apellido en Guatecompras puede ahora devolver listados genéricos de miles de coincidencias o ningún resultado cuando la persona no ha sido proveedora del Estado.
En paralelo a las restricciones de Guatecompras, la SAT también modificó en abril la consulta pública del Registro Tributario Unificado (RTU) y pasó a exigir la fecha de nacimiento o de constitución junto con el NIT.
Esa modificación también afecta la fiscalización ciudadana para confirmar actividades económicas, o conocer el nombre de los contadores y representantes legales.
Argumentos y restricciones
En su comunicado del 17 de agosto de 2026, el Ministerio de Finanzas argumentó que el ajuste de la función “Buscar un proveedor” pretende delimitar los resultados a lo establecido en el artículo 4 Bis de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. La búsqueda se concentra ahora en personas individuales o jurídicas vinculadas con procesos de adquisición y contratación pública.
La cartera sostiene que la medida permite mejorar la disponibilidad, estabilidad y seguridad de la plataforma, después de que el volumen de consultas provocara problemas de funcionamiento.
También asegura que el cambio no implica eliminar ni restringir documentos o expedientes cuya publicación exige la ley y que la información necesaria para la fiscalización ciudadana, periodística e institucional continúa disponible a través de Guatecompras y los portales de datos abiertos.
La paradoja de las restricciones
El argumento de la privacidad como fundamento para restringir el acceso a datos en portales públicos enfrenta, sin embargo, una paradoja: Guatemala carece de una ley general de protección de datos personales que regule de manera integral la recolección, el tratamiento, la privacidad y el almacenamiento de la información de sus ciudadanos.
El Ejecutivo restringe el acceso sin que exista un marco legislativo integral que establezca con claridad esos límites.
La decisión sobre qué información debe ser pública y cuál debe permanecer protegida queda, en buena medida, en manos del propio gobierno de Bernardo Arévalo. Y ocurre, además, en un año preelectoral, cuando el acceso a la información pública adquiere una relevancia mayor.
Las nuevas restricciones de Guatecompras, en consecuencia, reducen la exposición pública de información que puede resultar clave para identificar a actores políticos, financistas de campañas, representantes legales de redes corporativas y empresas utilizadas para simular competencia.
Al mismo tiempo, la auditoría social y el periodismo quedan con menos herramientas para seguir esas conexiones y fiscalizar el uso de los recursos públicos, precisamente cuando, a pocos meses del inicio de un nuevo proceso electoral, ese escrutinio resulta más necesario.informe entrevistó a 132 personas que, definitivamente, harán de Guatemala un país mejor cuando regresen.
