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Elección CSJ: puntajes altos, poco confiables

El proceso de elección de nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Guatemala ha carecido de rigor en la evaluación de los aspirantes. Entre los mejor punteados destacan figuras vinculadas a casos de corrupción y otros con historiales controvertidos.

En Guatemala, el proceso de selección de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha comenzado con la evaluación de los aspirantes. La Comisión de Postulación, encargada de llevar a cabo esta tarea, planea entregar la nómina final de 26 candidatos el próximo 23 de septiembre al Congreso de la República.

No obstante, el proceso ha sido objeto de críticas debido a la forma en que se han asignado los puntajes a los candidatos.

Puntajes cuestionables y procesos opacos

Los puntajes de los aspirantes han sido señalados por su falta de transparencia. La Comisión de Postulación no realizó entrevistas a los candidatos, y las evaluaciones se basaron en requisitos considerados laxos, utilizando una tabla de gradación que ha sido duramente criticada. Este panorama genera dudas sobre la idoneidad de varios de los aspirantes mejor calificados.

Entre los que obtuvieron puntajes más altos, en el top 9, se encuentran figuras como:

  1. Luis Alexis Calderón Maldonado – 100 puntos 

Abogado y notario. Ha ejercido como juez de sentencia penal y magistrado de la Corte de Apelaciones. Fue defensor de Juan Carlos Monzón en el caso “La Línea”, y abogado de los hermanos Valdes País del caso Rosemberg.

  1. Rony Eulalio López Contreras – 99 puntos 

Abogado y magistrado suplente en la CC, este año denunció que fue objetivo de un plan de asesinato, presuntamente ordenado por un grupo narcotraficante debido a sus decisiones judiciales. Esta situación lo llevó a solicitar protección estatal y a expresar desconfianza en el MP, acusando a ciertos funcionarios de estar vinculados con campañas de difamación en su contra.​

  1. César Augusto Ávila Aparicio – 99 puntos 

Abogado y notario que ha ejercido como Magistrado de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones en Zacapa. Según una investigación de Plaza Pública, el magistrado César Augusto Ávila Aparicio obtuvo tres posgrados entre febrero y julio de 2024, completando cursos en Derecho Civil, Constitucional y Laboral en periodos sospechosamente breves.

  1. Dasma Janina Guillén Flores – 99 puntos 

Abogada y notaria se ha desempeñado como magistrada en la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango. Ha sido mencionada como parte de los abogados implicados en el caso “Comisiones Paralelas 2020”, donde se investigaron irregularidades en la elección de magistrados, lo que ha puesto en duda su papel dentro del sistema judicial del país.

  1. Carlos Rodimiro Lucero Paz – 99 puntos 

Es abogado penalista. Ex magistrado de la Sala Segunda de Familia. La Cicig pidió el retiro de inmunidad tras señalarlo de recibir sobornos por parte de Sergio López Villatoro (conocido como el Rey del Tennis) cuando Lucero Paz era parte de las comisiones de postulación en 2014.

  1. Héctor Antonio García Moya – 98 puntos 

Abogado penalista egresado de la Usac. En 2019 intentó postularse como magistrado a la CSJ, obtuvo 77 puntos, a pesar de ello no logró integrar la nómina de 26 candidatos. Hasta el momento, no se tienen indicios que lo vinculen a controversias.  

  1. Mario René Mancilla Barillas – 98 puntos 

Abogado guatemalteco con experiencia en la enseñanza y la investigación en áreas como Derecho Ambiental, Constitucional e Internacional, además de Historia y Sociología. Su trabajo ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional. No existen registros que lo vinculen con casos de alto perfil.

  1. Melvin Giovanni Portillo Arévalo – 98 puntos

Magistrado de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo. Ha sido asesor de las bancadas del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Gran Alianza Nacional (GANA) y Unión del Cambio Nacionalista (UCN), bajo el mando del ex candidato presidencial Mario Estrada, condenado en EE.UU. por narcotráfico. Portillo es también fundador de la Asociación de Juristas en Defensa de la Nación (JUMAC), que presentó denuncias contra Thelma Aldana y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Además, ha ejercido como abogado del excandidato presidencial Manuel Baldizón y del alcalde de Dolores, Petén, Marvin Cruz.

  1. Gabriel Estuardo García Luna – 98 puntos 

Abogado penalista y aspirante a Fiscal General del MP en 2022. En su entrevista con el entonces presidente Alejandro Giammattei, subrayó la importancia de reforzar la investigación científica y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Pese a su perfil poco conocido, destacó la necesidad de abordar las debilidades del MP.

Alerta de la OEA sobre irregularidades

La Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó un informe preliminar donde alertó sobre anomalías en este proceso de selección, indicando que se ignoraron señalamientos de corrupción, con pruebas y evidencia, en contra varios de los aspirantes.

La OEA envió una comisión para observar los procesos de comisiones de postulación en Guatemala. Foto: Edwin Bercián.

Uno de los casos más llamativos es el del magistrado actual de la CSJ, Manuel Duarte, quien está incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos como actor antidemocrático. A pesar de ello, Duarte obtuvo 96 puntos en la evaluación.

Próximos pasos y objeciones

Una vez depurados los perfiles que no alcanzaron la nota mínima, la Comisión de Postulación deberá llevar a cabo la votación para integrar la nómina de 26 posibles magistrados. Esta lista será enviada al Congreso de la República, que tiene hasta el 13 de octubre para seleccionar a los 13 magistrados titulares y 13 suplentes que conformarán la nueva Corte Suprema de Justicia.

Las comisiones de postulación de 2024 degradaron la evaluación y muchos abogados que no llenan requisitos básicos obtuvieron punteos altos. Foto: Edwin Bercián.

La sociedad civil tendrá la oportunidad de presentar objeciones y se abrirá un espacio para impugnaciones, lo que podría modificar el curso del proceso si se evidencian irregularidades en algunos de los candidatos.

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