En este tercer episodio de Esto no es normal, los periodistas Oswaldo J. Hernández, Bill Barreto y Carolina Gamazo, junto a la exfiscal general Claudia Paz y Paz, abordan la arraigada percepción en Guatemala de que cometer delitos, ser corrupto o transgredir la ley no conlleva consecuencias, una situación que se ha normalizado y que se traduce en impunidad.
En la segunda temporada de Esto no es normal, le ponemos nombre a lo que nos duele como sociedad y a lo que no entendemos.
Este capítulo titulado “No es normal tanta empatía” es un análisis profundo que explora si la impunidad en Guatemala es un fenómeno cultural o estructural. Se debate sobre las raíces históricas en el pasado colonial y el conflicto armado interno, y cómo ha evolucionado hasta la cooptación de instituciones clave.
Con la participación de la exfiscal general Claudia Paz y Paz, abogada especialista en DD.HH y actual directora del Programa CEJIL para C.A. y México, se analiza la definición jurídica de impunidad, su impacto en la vida cotidiana de los guatemaltecos y se examinan casos emblemáticos como el Hogar Seguro, la expulsión de la CICIG y la gestión del Ministerio Público bajo Consuelo Porras, revelando cómo la falta de justicia perpetúa la desigualdad y la criminalización.
La Impunidad: ¿cultura o estructura?
El debate central del episodio gira en torno a si la impunidad en Guatemala es una “cultura” o una “estructura”. Mientras que inicialmente se percibe como una cultura, la exfiscal general Claudia Paz y Paz argumenta que es fundamentalmente estructural.
Se define la impunidad jurídicamente como la ausencia de castigo y la falta de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de un delito, y se destaca la definición de la CICIG que incluye la falta de denuncia, investigación, captura, enjuiciamiento y condena.
Raíces históricas y evolución
La impunidad en Guatemala no es un accidente, sino una realidad histórica y estructural. Sus raíces se encuentran en un pasado colonial y racista, donde el Estado fue moldeado para proteger a una minoría.
Durante el conflicto armado interno, la impunidad se hizo letal con políticas de tierra arrasada y genocidio, donde la falta de castigo para los responsables de masacres contra pueblos indígenas fue una constante. Tras el conflicto, las redes ilícitas mutaron de cuerpos ilegales de seguridad a redes político-económicas ilícitas, infiltrando instituciones clave.
Casos emblemáticos
El episodio repasa varios casos que ilustran la impunidad en Guatemala:
- Autogolpe de Estado de 1993: evidenció pactos para proteger el statu quo.
- Asesinato de Monseñor Gerardi (1998): fue una ejecución extrajudicial para silenciar la memoria histórica.
- Caso Rosenberg (2009): un intento de desestabilizar al gobierno.
- Caso La Línea (2015): demostró la cooptación total del Estado por redes mafiosas, lideradas por el presidente y vicepresidenta.
- Anulación de la sentencia por genocidio a Efraín Ríos Montt: un claro ejemplo de la impunidad estructural.
- Caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción (2017): la muerte de 41 niñas y las secuelas para 15 más, resultado de negligencia y complicidad estatal, un caso que, a pesar de sentencias a funcionarios, se percibe como impune.
La Cooptación institucional y la guerra judicial
La impunidad se agravó tras la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, lo que permitió al denominado Pacto de corruptos cooptar instituciones como la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público a través de comisiones de postulación viciadas.
Bajo la gestión de Consuelo Porras, el Ministerio Público se transformó en un instrumento de criminalización contra exfiscales, jueces independientes y periodistas, utilizando laguerra jurídica y el desmantelando avances institucionales.
El impacto de la impunidad en la sociedad
La impunidad genera una atmósfera densa de desolación, frustración y enojo. Afecta la dignidad humana, condicionada por el apellido, el color de piel o el dinero. Es un muro de corrupción y miedo que impulsa la migración, la seducción por la corrupción y la falta de futuro. La criminalización, como herramienta de los poderosos, desarticula luchas sociales y afecta a la población en general, desde la violencia de género hasta las extorsiones, impactando la salud y la educación.
A pesar de la profunda impunidad, el episodio destaca la “primavera guatemalteca” de 2015, donde la ciudadanía sintió que nadie estaba por encima de la ley. Las movilizaciones de 2023 en defensa del voto, lideradas por autoridades indígenas, demuestran la fuerza ciudadana para resistir la regresión democrática. Se enfatiza la responsabilidad del gobierno de Bernardo Arévalo para desmantelar este estado de injusticia, aunque se reconoce la dificultad de la tarea.
La película Rita, una denuncia artística
La película Rita de Jairo Bustamante aborda el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción desde una fantasía oscura, retratando la violencia y el abuso. La cinta utiliza elementos sobrenaturales para denunciar la impunidad y la explotación sexual, mostrando cómo la ficción puede ser un vehículo para recordar y confrontar las tragedias impunes.
El episodio concluye que no debería ser normal creer en la ausencia de castigo para la corrupción, acostumbrarse a la impunidad o vivir en un país donde la justicia depende de la clase social o el dinero. Se invita a la ciudadanía a cuestionar la cultura de impunidad con acciones políticas y a negarse a convivir con el robo y la extorsión sin sanciones claras.
