En Guatemala, el crecimiento urbano avanza más rápido que su planificación. Aunque existen documentos, diagnósticos y planes, su aplicación sigue dependiendo menos de criterios técnicos y más de decisiones políticas. El arquitecto y especialista en ordenamiento territorial, Carlos Sazo, explica por qué el país sigue creciendo sin orden y qué implicaciones tiene eso para el desarrollo, la vivienda y los recursos.
A esto se suma una limitación estructural: desarrollar un verdadero Plan de Ordenamiento Territorial requiere recursos técnicos, información detallada y procesos participativos complejos. No basta con diseñarlo desde una oficina. Implica trabajo de campo, consulta con actores locales y construcción de consensos, lo que eleva los costos y alarga los tiempos. En la práctica, muchas municipalidades optan por versiones simplificadas que permiten cumplir formalmente con la planificación, pero sin generar herramientas efectivas de regulación.
En esta entrevista con Carlos Sazo, arquitecto y especialista en ordenamiento territorial de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, abordamos estos tópicos como parte del podcast No es Normal edificar en desorden. Esto dentro de la serie de podcast “Esto no es normal” creado por No Ficción para discutir los grandes problemas nacionales que hemos terminado por normalizar en Guatemala.
—¿Cuál es el estado actual del ordenamiento territorial en Guatemala?
—Sí existe una base teórica y práctica bien desarrollada. Hay documentos, análisis y propuestas. El problema es que ese “deber ser” no se cumple en el territorio. Hay factores externos, principalmente políticos, que terminan imponiéndose.
El ordenamiento territorial implica decisiones que tienen costos políticos. Decirle a una comunidad que no puede construir en cierta zona o limitar el crecimiento urbano puede traducirse en pérdida de votos. Por eso muchas veces no se implementa.
—Entonces, ¿predomina el crecimiento desordenado?
—Sí. Hay planificación en papel, pero en la práctica el crecimiento es desordenado. Existen algunos casos donde se ha logrado cierto impacto —como la ciudad de Guatemala o Salcajá— pero son excepciones.
“Planificar cuesta, pero no hacerlo cuesta más”
Este beneficio tiene un costo inicial que muchas autoridades no están dispuestas a asumir. Elaborar un plan robusto implica inversión, tiempo y decisiones impopulares. Sin embargo, como advierte Sazo, no planificar termina siendo más caro: los problemas aparecen años después en forma de infraestructura colapsada, servicios insuficientes y pérdida de calidad de vida. Es un costo diferido que termina pagando la población y las propias municipalidades.
—¿Qué tan extendido está el uso de planes de ordenamiento?
—Más del 80% de los municipios tienen algún instrumento como los PDM-OT. Pero eso no significa que tengan un verdadero plan de ordenamiento territorial. Son herramientas que ayudan a entender el territorio, pero no sustituyen un plan completo.
—¿Cuál es el principal obstáculo para aplicarlos?
—El factor político. Los recursos también influyen, pero el principal problema es que muchas autoridades ven lo técnico como un obstáculo. Además, los cambios de gobierno afectan la continuidad: lo que hace una administración, la siguiente lo puede ignorar o eliminar.
—¿Por qué es importante el ordenamiento territorial para el desarrollo económico?
—Porque da certeza. Un inversionista no va a construir un hotel donde no hay claridad sobre el uso del suelo. Nadie invierte millones si en cinco años le pueden poner una fábrica al lado. Además, mejora los ingresos municipales. Cuando hay planificación: aumentan los ingresos propios (licencias, impuestos), mejora el situado constitucional, y se accede a más fondos de desarrollo.
—¿También impacta en la vida cotidiana?
—Totalmente. La gente gana en certeza: sabe dónde construir, qué esperar del entorno y qué servicios tendrá. Sin planificación, pasan cosas simples pero graves: colonias sin agua, viviendas sin servicios o zonas saturadas.
—¿Por qué las ciudades crecen sin planificación?
—Porque el mercado manda. No hay límites claros de crecimiento urbano ni regulación efectiva. Entonces se desarrollan proyectos donde es más barato, no donde es más sostenible. El resultado son ciudades dispersas, con núcleos poco densos y grandes vacíos urbanos.
—¿Qué errores se repiten?
—El principal es la expansión descontrolada. Se urbaniza sin considerar infraestructura, agua o servicios. También hay especulación con el suelo: se compran terrenos baratos lejos del centro, se urbanizan y luego se venden a precios inflados.
El problema del agua y el uso del suelo: sin reglas claras
La presión sobre los recursos naturales no es abstracta, es acumulativa. Cuando se urbanizan zonas de recarga hídrica o áreas boscosas sin regulación, el impacto no es inmediato, pero sí progresivo: disminuyen los niveles de los mantos freáticos, se encarecen los sistemas de abastecimiento y se trasladan los costos a la población. En algunos casos, incluso se compromete la disponibilidad futura de agua para ciudades completas.
—¿Qué pasa cuando la población crece más rápido que la infraestructura?
—Que los servicios colapsan. El ejemplo más claro es el agua. Las primeras viviendas tienen acceso continuo, pero conforme crece la demanda, el recurso ya no alcanza. Entonces el servicio se reduce o desaparece. Ese es el costo del crecimiento desordenado: problemas que aparecen años después.
—¿Existe una planificación clara del uso del suelo en Guatemala?
—No. Se reconoce el problema, pero no hay una lógica territorial definida a nivel nacional o regional. Cada municipio actúa según su propia dinámica.
—¿Y qué pasa con los planes existentes?
—Son frágiles. Un plan puede aprobarse, pero un acuerdo municipal puede modificarlo o incluso eliminarlo. No hay una regulación nacional fuerte que los respalde.
Autonomía municipal y falta de regulación
Esa fragmentación institucional genera un vacío: el ordenamiento territorial queda en manos de decisiones locales que pueden variar según intereses políticos o presiones económicas. Sin una rectoría nacional clara los municipios operan sin estándares homogéneos, lo que facilita discrecionalidad en licencias, cambios de uso de suelo y aprobación de proyectos, debilitando cualquier intento de planificación integral.
—¿En qué pueden contribuir las políticas públicas de ordenamiento?
—Muchas políticas públicas nacen sin financiamiento y sin mecanismos de cumplimiento. Son documentos bien elaborados, pero sin capacidad real de implementación.
—¿Se necesita una ley nacional de ordenamiento territorial?
Sería deseable(una ley nacional de ordenamiento territorial), pero hay tensiones con la autonomía municipal. En la práctica, esa autonomía se usa de forma selectiva: se defiende cuando conviene políticamente.
Un problema de largo plazo en un sistema de corto plazo
Esta tensión entre los tiempos de planificación y los ciclos políticos explica buena parte del problema. Mientras el ordenamiento territorial requiere continuidad, acuerdos y visión de largo plazo, el sistema político opera con incentivos inmediatos. Cada administración prioriza resultados visibles en su período, lo que interrumpe procesos, debilita políticas y convierte la planificación en un esfuerzo fragmentado y sin continuidad.
—¿Qué falta para avanzar?
—Pensar a largo plazo. Un plan de ordenamiento no tiene resultados en cuatro años. Puede tardar 20 años en mostrar impacto. Y ese es el problema: los actores políticos no quieren asumir costos hoy para beneficios que se verán después.
El ordenamiento territorial en Guatemala no es un problema técnico, sino político. Los diagnósticos existen, los planes también. Lo que falta es continuidad, regulación efectiva y voluntad para asumir decisiones impopulares en el corto plazo.
Mientras eso no ocurra, las ciudades seguirán creciendo bajo una lógica de mercado, no de planificación. Y los costos —en agua, vivienda, servicios y calidad de vida— seguirán acumulándose.
