Durante más de cuatro décadas, decenas de familias de varias comunidades de San Martín Jilotepeque, un municipio 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala, aprendieron a recordar a sus muertos sin una tumba donde visitarlos. Estamos a finales de junio de 2026, y el recorrido de 68 personas asesinadas por el ejército se acerca a su último destino. Vecinos, familiares y sobrevivientes acompañarán este día el traslado de los restos desde una bóveda colectiva hasta los nichos donde, por primera vez, descansarán en una sepultura definitiva.

Esta mañana del 29 de junio, en el cementerio de la aldea Pacoj, ubicado en la cima de una pequeña colina, una pequeña multitud proveniente de diversas comunidades se entremezcla con las cruces para acompañar la inhumación de 68 personas. 

Entre los sobrevivientes está Jerónimo Yucuté Cusanero. Viste un suéter gris de cuello en V con franjas rojas y oscuras sobre el pecho, pantalón de lona azul y lleva al hombro un morral tejido rojo y negro. Aún no cumplía los diez años cuando en 1982 los militares asesinaron a tres integrantes de su familia. Cuarenta y cuatro años después acude al cementerio para acompañar esas cajitas de madera que contienen a sus parientes. “Ahora que se queden aquí, pues bendito sea Dios”, dirá más tarde.

El verbo que escoge, gozar, lo resume todo. Que el Estado guatemalteco le haya privado de reencontrarse con sus familiares asesinados por agentes del Estado ha sido un sufrimiento. Un Estado que después de matar a sus seres queridos y que lo dejó en orfandad, luego hizo muy poco o se resistió a que este momento llegara. En estas más de cuatro décadas muchos sobrevivientes murieron y, con ellos, el anhelo de un reencuentro que nunca fue posible.

Poco a poco, Jerónimo y otras personas comienzan a reunirse frente a un altar improvisado. Alguien coloca sobre una mesa y recostado contra un árbol un cuadro de la Virgen del Carmen, rodeado de flores y velas. El humo del incienso comienza a flotar entre árboles, cruces y personas y es el preludio del acto religioso, que se realizará a un costado de la bóveda colectiva del cementerio de Pacoj, donde los restos de las víctimas han permanecido estibados como cualquier cosa casi veinte años, después de su exhumación.

Antes de iniciar el servicio religioso, Silvio Tay, coordinador de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), da la bienvenida a las familias y explica que la ceremonia marcará el traslado de las 68 osamentas de la bóveda colectiva a los nichos individuales. “Es la última vez que los van a ver en esos osarios, y luego serán trasladados al lugar donde van a quedar para toda la vida”, dice Silvio al micrófono.

Nombra una a una las comunidades de donde provenían: Pacoj, Tres Cruces, Chijocón, Panatzán, Cruz Nueva y Choatalún. Explica que los restos fueron recuperados en distintas exhumaciones. “Estas osamentas se han encontrado en lugares cercanos en fosas comunes, la más grande es si no estoy mal de 17 osamentas, hay de nueve, de seis y de cuatro, hay muy pocas individuales. Entonces tenemos víctimas de desaparición forzada, víctimas de ejecución extrajudicial y víctimas de masacres”, resume Silvio.

Sus palabras sumarizan el cierre de un proceso de búsqueda, exhumación e identificación que ha tomado más de cuatro décadas. La mayoría de los hechos ocurrieron en 1982. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas por los militares durante uno de los períodos más violentos de la guerra civil en Guatemala.

El servicio religioso continúa bajo la sombra de los árboles. Lo oficia Santos Xajil, un ministro católico. Viste pantalón de lona, chaleco gris y una camisa blanca de manga larga. De vez en cuando, la luz se abre paso entre las ramas e ilumina algunos rostros compungidos de personas que siguen las oraciones en silencio, mientras el humo del incienso permanece suspendido en el aire.

Rezan el rosario frente al altar, pero algunas personas se han apartado un poco para arrodillarse entre las tumbas y las cruces de cemento. Otras siguen la ceremonia subidas sobre los sepulcros.

Entre las personas que rodean la bóveda está Jerónimo. Tenía diez años cuando un día alguien avisó a la familia que les darían una yegua y que requerían que fueran por ella. Por eso, ese día, el último que vio a su padre, salieron de casa su progenitor, un tío y su hermano de 17 años. Nunca volvieron. Sus restos fueron localizados años después en una fosa común en San Martín Jilotepeque.

Su madre todavía vive. Él dice que fue quien más sufrió la pérdida cuando ocurrió la masacre. “Solo mi hermana y yo quedamos”, comenta.

Abierta la bóveda, los fotógrafos se acercan para documentar su interior. Detrás de ellos, familiares y vecinos se asoman en silencio al pequeño espacio de concreto.

Cada osario lleva un número que indica el nicho donde será colocado. Antes de iniciar cada recorrido, se verifica la numeración para asegurar que cada uno llegue al lugar que le corresponde.

En un traslado organizado, personal del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) forma una fila para sacar los osarios de la bóveda colectiva y llevarlos hasta los nichos individuales.

Los familiares, vecinos y sobrevivientes forman una media luna, esta vez alrededor de los nichos. Las miradas siguen el recorrido de cada osario desde el momento en que sale de la bóveda. Jerónimo observa en silencio mientras espera el turno de los restos de su padre, de su hermano y de su tío. “Nos quedamos satisfechos porque ahí están”, dice, para explicar esa especie de paz que le da a él, a su madre y a su hermana tener por fin la certeza de saber dónde yacen “para toda la vida” sus parientes. “Sería más triste saber que los mataron y que todavía estuvieran en un lugar clandestino”.

Tras la masacre, fue su madre quien sostuvo a la familia. “No nos mató de hambre”, dice Jerónimo.

Cuando Jerónimo habla de su padre no intenta idealizarlo. “Tenía su vicio, el alcoholismo, pero trabajaba”, recuerda. Dice que nunca les faltó el sustento. De su hermano también conserva recuerdos: fue quien le enseñó a trabajar. “Gracias a Dios aquí estoy, soy un hombre de trabajo”, dice.

La inhumación entra en su última etapa. Es una ceremonia de minutos que culmina un proceso de décadas que tal vez pudo terminar antes. A partir de 2012, con los gobiernos de Otto Pérez Molina, primero, y luego con el de Jimmy Morales, poco a poco comenzaron a ponerse trabas y obstáculos institucionales a los procesos de resarcimiento y luego se recortó el financiamiento a las instituciones responsables de dar seguimiento a algunas de las obligaciones del Estado producto de los acuerdos de paz.

Frente a la hilera de nichos, los albañiles ya tienen preparada la mezcla de cemento y los ladrillos con los que, al terminar el traslado, sellarán cada nicho. El sonido de las palas y las cucharas reemplaza, por momentos, al de las oraciones que han acompañado la mañana.

Jerónimo ve desfilar los restos de sus parientes y guarda silencio. Ahora su familia tiene un lugar al que volver para encontrarse con aquellos que estuvieron primero desaparecidos y luego almacenados como cualquier cosa. “Hoy me alegro porque todavía gocé sus restos”, dice, antes de abandonar el cementerio.