Pese a su riqueza hídrica, Guatemala sigue siendo el único país de Centroamérica sin una ley integral del agua. ¿Por qué?
Angélica¹ se acercó, como todas las mañanas, al pozo artesanal que abastecía a varias familias en una localidad rural al norte de la ciudad capital guatemalteca. El dueño de la fuente de agua generosamente había permitido por años que bullangueros niños y mujeres se abastecieran de este.
Pero esa mañana Angélica se llevó la sorpresa de su vida. La noche anterior había llovido a cántaros y un desagüe de colonias vecinas que pasaba cerca del pozo había crecido tanto que se desbordó de su cauce y las aguas servidas se filtraron por todos lados.
Hacia la media mañana ya todos veían con tristeza alrededor del pozo el agua que sacaban: un líquido turbio con olor nauseabundo. Su gran tesoro ancestral se había contaminado.
Angélica no vive en un país pobre en agua. Vive en Guatemala: uno de los países con más agua dulce per cápita en todo el mundo.
Pese a esta riqueza hídrica, Guatemala es el único país de Centroamérica que no cuenta con una ley de aguas, lo que impacta negativamente en la calidad de vida de su población, que cada vez ve más limitado el recurso, muchas veces contaminado o racionado.
¿Qué es la Ley de aguas?
Tal y como lo recuerdo el Congreso de la República en un documento legislativo del 18 de mayo del 2016, la ley marco del agua tiene por objetivo “regular todo lo relativo en general a los recursos hídricos existentes en el país, sean estos superficiales, subterráneos, residuales, atmosféricos y de cualquier otra naturaleza, en sus distintas fases, formas y estados físicos, así como lo relativo a su dominio público, conservación, protección, manejo, gestión, administración, aprovechamiento, uso y goce”.
Las Naciones Unidas en su resolución 64/292 de fecha 28 de julio del 2010, reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, reconocimiento asumido a su vez en forma explícita por el Consejo de Derechos Humanos de esa organización.
Y en un video explicativo publicado en la red Facebook en junio del 2025, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) concretizaba la ley de aguas como “el primer paso para que Guatemala asegure el agua para las presentes y futuras generaciones”, poniendo reglas claras para proteger nuestras fuentes y garantizar el acceso justo y equitativo para todas y todos”.
Y en enero del 2026, el Consejo Económico y Social de Guatemala (CES) tildaba la regulación y gestión del recurso hídrico como “una de las deudas históricas más urgentes del país”.
Intentos estériles
Desde 1985, la Constitución Política de Guatemala establece, en su artículo 127, que debe existir una ley específica que regule el régimen de aguas en el país: “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia”.
Es decir: la propia Constitución, la ley de leyes, lleva más de 40 años esperando que el Congreso le haga caso.
Desde entonces, el Congreso ha conocido al menos 13 iniciativas de Ley de aguas, pero ninguna se ha convertido en decreto.
Entre sombras y luces, cada gobierno promete. Cada legislatura posterga. Y mientras tanto, el agua se contamina, los acuíferos bajan su nivel, y las comunidades más vulnerables siguen siendo las que más pagan el precio, como ya lo han demostrado sendos estudios de instituciones públicas y privadas.
La Agencia EFE en un artículo de marzo del 2017, Guatemala es el único país de Centroamérica sin una ley de aguas. Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, e incluso Belice, todos tienen algún marco legal que regula el uso, acceso y protección del agua.
¿Por qué no avanza?
Según expertos que han estudiado el tema durante años, ha habido tres fuerzas que bloquean la ley: la falta de voluntad política del Ejecutivo y el Legislativo, la oposición de sectores pudientes que no quieren que se regule el acceso al agua, y la desconfianza histórica de algunas comunidades indígenas que temen perder el control sobre sus fuentes ancestrales.
Para el ingeniero agrónomo Antonio Reyes Romero, quien durante años se ha dedicado a monitoreos del recurso en áreas del norte del departamento de Guatemala, a pesar de que ha habido mesas de trabajo para tratar el tema, intereses personales han evitado su aprobación.
“Definitivamente es urgente aprobar esa ley lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el agua es un bien natural que debería ser gratuito para la población, porque así fue creada”, dijo Reyes Romero, quien gregó que, lamentablemente, hoy se lucra con ella.
El resultado: una ley que todos dicen querer, pero que nadie termina de aprobar.
Tabla ampliada. Iniciativas de ley de aguas priorizadas en Guatemala (1958–2026)
| # | Nombre de la iniciativa | Número | Presentada en el año |
|---|---|---|---|
| 1 | Ley General para la Gestión Integral y Sostenible del Recurso Hídrico (crea el Conagua) — propuesta alternativa de la bancada UNE | 6834 | 2026 |
| 2 | Iniciativa que crea la Superintendencia Nacional del Agua (licencias, cánones progresivos, Fondo del Agua) | 6816 | 2026 |
| 3 | Ley del Sistema Nacional del Agua en Guatemala | 5253 | 2017 |
| 4 | Ley para el Aprovechamiento y Manejo Integral, Sostenible y Eficiente del Recurso Hídrico en Guatemala | 5161 | 2016 |
| 5 | Ley General de Aguas | 5095 | 2016 |
| 6 | Ley Marco del Agua | 5070 | 2016 |
| 7 | Ley de Aguas y Recursos Hídricos | 5067 | 2016 |
| 8 | Ley para el Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos | 3702 | 2007 |
| 9 | Ley sobre descargas y reúso de aguas residuales (dictamen desfavorable, 2010) | 3797 | 2008 |
| 10 | Ley para el Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos | 3419 | 2005 |
| 11 | Ley de Protección de Cuencas Hidrográficas de Guatemala | 3337 | 2005 |
| 12 | Ley General de Aguas (bloque multipartidario PAN/UNE/FRG/GANA; dictamen desfavorable) | 3118 | 2004/2005* |
| 13 | Ley General de Aguas (archivada en 2024 tras 21 años sin dictamen) | 2865 | 2001/2003* |
| 14 | Ley que aprueba la Ley de Aguas (Ejecutivo; 8 años sin dictamen) | 1621 | 1996 |
| 15 | Ley General de Agua (frenada por el autogolpe de Serrano Elías, 25 de mayo) | 891 | 1993 |
| 16 | Ley general de Aguas | 1001 | 1993 |
| 17 | Ley general de Aguas (Elder Vargas Estrada) | 993 | 1992 |
| 18 | Ley general de Aguas (Ejecutivo; primera propuesta tras la Constitución de 1985) | 677 | 1990/1991* |
Fuente: Elaboración propia.
Antecedente (no numerado como iniciativa de ley): en 1958 el presidente Miguel Ydígoras Fuentes creó la Comisión Nacional de Riego, encargada de elaborar un anteproyecto de ley de aguas; no prosperó, y en 1962 se aprobó en su lugar el Decreto 1551 (Ley de Transformación Agraria), que solo reguló el agua para fines agropecuarios y de riego.
Notas:
La base de datos completa y más autorizada (con ponentes, comisiones, estado y enlaces a cada expediente) está en el Observatorio DESCA de la Universidad Rafael Landívar: https://odep.url.edu.gt/iniciaitva-ley-de-agua/
Actualmente compiten dos iniciativas en el Congreso: la 6816 (oficialista, vía diputados de la Comisión de Ambiente) y la 6834 (bancada UNE, con enfoque de Conagua en vez de Superintendencia).
Lo que dice la ciencia y nadie quiere escuchar
En el 2022, investigadores de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), junto con RTI International (Research Triangle Institute), analizaron el agua del grifo en 113 hogares de la Ciudad de Guatemala. Los resultados fueron incómodos: en el 63% de los hogares, al menos un metal superó el límite máximo permisible establecido por la ley guatemalteca. El arsénico, un compuesto asociado a enfermedades neurológicas, renales y cáncer, apareció fuera de norma en el 33.6% de las muestras. El plomo, en el 8.9%.
Ese mismo año, un consorcio formado por la Fundación para la Conservación del Agua en la Región Metropolitana de Guatemala (Funcagua, la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), la Universidad Rafael Landívar (URL) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) publicó el Informe del Estado del Agua de la Región Metropolitana de Guatemala. Su diagnóstico fue claro: la ciudad crece, la demanda de agua crece, pero la infraestructura no. Y encima, el cambio climático va a reducir la disponibilidad futura del recurso.
En el 2025, el Ministerio de Salud guatemalteco vigiló seis mil 412 sistemas de abastecimiento de agua en todo el país. Resultado: más de la mitad no cumple con las normas de calidad.
Y como si eso fuera poco, Human Rights Watch (HRW) publicó en julio de 2025 un informe de 92 páginas titulado Sin agua, no somos nada, basado en entrevistas con 108 personas en comunidades indígenas de Jalapa, Santa Rosa y Totonicapán, y en solicitudes de información al propio gobierno guatemalteco.
Guatemala no tiene un sistema suficiente para medir la calidad de su agua. No mide el cloro residual de manera sistemática. No evalúa constantemente la microbiología, esto lo respalda los informes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
En pocas palabras, no se le puede decir a una comunidad con certeza científica: esta fuente es segura, o esta no lo es.
El costo de no hacer nada
Esto no es solo un problema técnico o político. Es un problema de vidas humanas.
Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de mortalidad en Guatemala por causas relacionadas con agua insegura y saneamiento deficiente fue de 15.3 muertes por cada cien mil habitantes en el 2019. Más del doble que en cualquier otro país de Centroamérica.
Casi uno de cada dos niños menores de cinco años en Guatemala sufre desnutrición crónica. Y la desnutrición y el agua están profundamente conectadas: los hogares sin acceso a agua y saneamiento adecuado tienen un 70% más de probabilidades de padecer inseguridad alimentaria.
Las mujeres son quienes más cargan este peso, literal y figuradamente. Dos tercios de las personas adultas que reportan acarrear agua son mujeres. Horas que no se dedican a estudiar, a trabajar, a descansar. Horas que el sistema les roba porque nadie garantiza el derecho al agua.
Y aquí viene el dato que más duele: Guatemala tiene más agua dulce per cápita que la mayoría del mundo, según un informe de Human Right Watch publicado en mayo del 2025.
Así también, el informe del Consejo Económico y Social de Guatemala advertía de esta abundancia: “Aunque Guatemala cuenta con una alta disponibilidad de agua, la capacidad de almacenamiento es menor al 2%, lo que implica que cerca del 98% del recurso se escurre sin ser aprovechado. Y finalizaba con un otro dardo: “A ello se suma una crisis de contaminación y sobreexplotación de aguas subterráneas”.
Así, entonces, el problema no es la cantidad. El problema es la gestión, o más bien, la ausencia de ella.
¿Y ahora qué?
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo anunció en el 2024 su intención de presentar una ley de aguas ante el Congreso en el 2025. Para ello, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales lanzó un proceso participativo nacional, consultas regionales, foros académicos, mesas de trabajo, de esta manera construir una propuesta con consenso.
Ya es un primer paso real: el 3 de agosto la iniciativa 6816 llegó al pleno del Congreso, respaldada por siete diputados de la Comisión de Ambiente. Pero la voluntad política real no se mide en la presentación, sino en lo que viene después: en menos de un mes, la bancada de la UNE ya impulsó un texto alternativo, la 6834, y más de treinta asambleas territoriales pidieron audiencia para rechazar la propuesta oficialista. Más de treinta intentos en más de tres décadas nos han enseñado que llegar al escritorio del Congreso no garantiza nada, es justamente ahí, entre comisiones, dictámenes y presiones cruzadas, donde esta ley históricamente ha muerto. Es decir, ya se está avanzando, pero el verdadero examen todavía no ha empezado.
La historia de los últimos 40 años invita a ser escéptico. Pero la urgencia de los datos no permite quedarse con la ley metida en un estanque por la eternidad.
Para el ingeniero Reyes Romero, la sociedad guatemalteca debe organizarse y hacer más presión en el Congreso para que la ley de aguas sea aprobada, “antes de que se privatice todas las fuentes de agua, tanto subterránea como superficial”.
Mientras tanto, pobladores como Angélica¹ siguen en el limbo. El pozo otrora fresco y claro continúa contaminado.
Ella y su familia, al igual que los pobladores vecinos, ahora deben comprar a un alto precio toneles de agua a camiones cisterna o garrafones rellenados con un líquido fuera de control sanitario de “plantas purificadoras” que han proliferado vertiginosamente en el país.
Todo porque la nación carece de una voluntad política que, a diferencia del agua, no cae del cielo…
*Este artículo fue escrito por Pablo Navas y William Oliva, como parte del curso Periodismo Científico y Tecnológico con Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), desarrollado por la periodista científica colombiana Lisbeth Fog
