En el boletín de esta semana abordamos porque Guatemala necesita una nueva ley antilavado para evitar sanciones internacionales y fortalecer el combate al dinero ilícito. Pero mientras crece la presión del sistema financiero y se acerca una evaluación clave del GAFI, las disputas políticas, negociaciones opacas y dudas sobre su alcance mantienen la iniciativa atrapada en el Congreso.

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Hoy voy hablar de una iniciativa de ley de la que quizás llevas un año escuchando hablar: la conocida como “Ley antilavado”. La propuesta busca sustituir la actual legislación, aprobada hace ya 25 años, y crear una nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, la iniciativa 6593, con normas que se adecuen a los estándares internacionales.

En Guatemala se lava mucho dinero. El país ocupa el puesto 25 en el índice mundial de crimen organizado y podrán imaginar que toda esa actividad ilícita necesita mecanismos para introducir dinero al sistema financiero formal.

Solo en los casos que conocimos durante la última época de la CICIG pudimos ver cómo se lavaba el dinero en Guatemala. Cómo constituían cientos de empresas de cartón –Chico Dólar tenía unas 200 empresas falsas -, como se usaban como testaferros a empleados, se abrían offshore para comprar apartamentos de lujo en secreto —como hizo Gustavo Alejos en Casa Margarita—. Cómo se simulaban honorarios o préstamos, cómo se intercambiaban carros de lujo, se elaboraban contratos de préstamos falsos, se pagaban honorarios profesionales simulados…

Este año, en el primer trimestre de 2026, la IVE detectó en Guatemala Q1,706.5 millones de lavado de dinero. Esto fue solo lo que se detectó. 

Y eso es  justamente lo que busca esta nueva ley: que el Estado de Guatemala tenga más dientes para poder detectar y perseguir el lavado de dinero. 

La evaluación del GAFI: riesgo para los bancos

Pero aprobar esta iniciativa tiene mucho más urgencia para el país, y sobre todo para los bancos. En febrero de 2027 Guatemala será sometida a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un ente internacional fundado en 1989 por los países del G7.

La evaluación revisará si Guatemala cuenta con  las leyes, reglamentos y estructuras institucionales requeridas por las 40 Recomendaciones del GAFI y si atendió las deficiencias detectadas en la Evaluación de 2016.

Y aquí es donde empiezan a sonar las alarmas, porque la ley de Lavado de dinero de Guatemala, aprobada en 2001, no cumple con todos los estándares GAFI. 

Si el año que viene Guatemala no aprueba la evaluación, pasará a una “lista gris” de países. Esto pondría en aprietos, principalmente, a los bancos locales. A estos se les dificultarán sus relaciones y transacciones con bancos extranjeros (corresponsalías)  y podrían incrementar el precio de las remesas, por ejemplo.  Guatemala ya estuvo en esta lista negra entre 2001 y 2004 como indica la misma iniciativa de ley en los antecedentes. 

Las personas obligadas y las presiones en el Congreso

¿Y por qué no se ha aprobado la ley? Porque los diputados no se ponen de acuerdo.  Lo primero que una piensa -y varios diputados como Samuel Pérez o Orlando Blanco han sugerido – es que los diputados quieren evitar salir lo menos perjudicados con esta ley, ellos y sus 200 empresas de cartón, y sus carros de lujo, y sus offshore. 

Pero la explicación es un poco más compleja.

Uno de los principales aspectos de la ley y el principal punto de discordia es la ampliación del tipo de profesionales que pasarán a ser “Personas Obligadas”.  

Hasta ahora eran “personas obligadas” principalmente los bancos, pero a partir de esta nueva ley, también serán personas obligadas los notarios o integrantes profesionales liberales: como contadores, auditores y abogados que gestionan activos de terceros. Y también las cooperativas, quienes trabajen vendiendo casas o coches…blindajes, joyas, cuadros…las casas de empeño, rifas, loterías. Y, además, los proveedores de Activos Virtuales: los cryptobros.

Las “personas obligadas”  deberán a realizar una Debida Diligencia del Cliente (DDC)  de sus clientes, en las actividades en la que medie una transacción económica. 

Esta parte es la que ha puesto a todos en alerta. ¿Entonces un notario común y corriente en Guatemala pasará a ser una persona obligada y deberá realizar una investigación previa a sus clientes? Sería lo idóneo. Pero son muchas las nuevas personas obligadas. Y hasta el momento no ha quedado claro en qué transacciones estas personas estarán obligadas a realizar la “due diligence”. Y  por ahí van las enmiendas.

Las personas políticamente expuestas y el CONCLAFT, otros aspectos de la ley

La Ley además obliga a las empresas a identificar a la persona individual , y define con claridad a las Personas Expuestas Políticamente (funcionarios y sus familias),

Entre otros puntos, ratifica a la IVE como la Unidad de Inteligencia Financiera y crea el CONCLAFT (Consejo Nacional de Coordinación), presidido por el Vicepresidente, para articular la estrategia nacional contra estos delitos. 

Y también propone penas de hasta 30 años de prisión para casos graves y multas administrativas proporcionales al volumen de las transacciones incumplidas. Además, faculta a las autoridades para congelar activos vinculados a terrorismo en un plazo de 24 horas, cumpliendo con resoluciones de la ONU

Y quizás con esta lista, podrán anticipar por qué el Congreso se está demorando en aprobar la ley. 

El proyecto de ley viene del gobierno de Alejandro Giammattei, pero se había quedado atascado hasta que Bernardo Arévalo, en julio del año pasado anunció que impulsaría la nueva iniciativa.  Esta entró al Congreso, pero no logró pasar y fue trasladada a la Comisión de Economía para afinarla. Y desde entonces ha estado renqueando. 

VAMOS; UNE; CABAL y VALOR bloquean la aprobación de la leyEl pasado martes, el 12 de mayo, ya con tres lecturas positivas, parecía que de una vez iba a pasar, que había quórum y que todos y todas las diputadas estaban de acuerdo. 

La sesión ya empezó una hora y veinte tarde porque no estaban todos en la sala. Recordaré ahora, que los integrantes del parlamento cobran al mes entre Q45 y Q60 mil quetzales. 

Y después los integrantes de varias bancadas, VAMOS; UNE; CABAL y VALOR se fueron a negociar “a lo oscurito” como denunció Andrea Reyes, de Raíces, en su cuenta de twitter indicando que había intención de bloquear la ley. 

En el transcurso de estas horas, los diputados reunidos acordaron unas nuevas “enmiendas” a varios artículos de la ley, que cinco horas después salieron a socializar los Allan Rodriguez del partido VAMOS y Elmer Palencia, y a urgir para la aprobación de la ley. 

Ambos diputados defendieron ante los medios que se habían modificado asuntos de redacción y Palencia dijo que las reformas propuestas se centran en la inclusión de nuevos agentes obligados, como los notarios, y en la regulación de personas políticamente expuestas.

Sin embargo, ante el poco tiempo para revisar las enmiendas secretas, urdidas durante la sesión en el Congreso, el quorum se rompió y una vez más la ley quedó entrampada en el Congreso. 

Pareciera que sí será aprobada en este año, dada la presión financiera para realizarla, pero existe una preocupación en la forma en que se han redactado algunos de los puntos de la ley. Un extenso análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) indica que en esta existen riesgos de inconstitucionalidades, como la vulneración a la Autonomía de la SIB: El análisis critica que el artículo 4 subordina a la Superintendencia de Bancos (SIB) al Consejo Nacional de Coordinación (CONCLAFT) presidido por el vicepresidente. 

También señala que la propuesta de reformar el Código de Notariado incluida en la nueva ley es inconstitucional. Además, el CIEN cuestiona si los notarios, contadores y otros profesionales liberales tienen la capacidad técnica, logística y económica para cumplir con las complejas medidas de Debida Diligencia que exige la ley y señala otras inconsistencias.

Una vez más pareciera que Guatemala va tarde, que acabará aprobando una ley para no asumir sanciones internacionales al sistema financiero, pero que quizás a pesar del alto presupuesto del Congreso y los miles de quetzales que tiene cada diputado para asesores y su sueldo, no les da tiempo a dejarla a la altura de las necesidades o capacidades del país de cumplirla.