Registros de SICOIN revelan que la exfiscal general Consuelo Porras y el magistrado Roberto Molina Barreto han obtenido, en conjunto, más de Q2.6 millones (unos 335 mil dólares) en liquidaciones al concluir sus períodos en el primer semestre de 2026. Pactos colectivos, reglamentos internos y una reforma impulsada por la expresidenta de la Corte de Constitucionalidad permitieron indemnizaciones millonarias, incluso para funcionarios como Molina Barreto, que continuaron en sus cargos tras ser reelegidos.
Del 23 de abril al 27 de mayo de 2026, las finanzas públicas guatemaltecas registraron varios de los desembolsos más cuantiosos de los últimos años para indemnizar a funcionarios de alto nivel en el sector justicia: en una sola jornada, cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) recibieron Q6.65 millones en concepto de indemnizaciones, vacaciones acumuladas y prestaciones laborales derivadas del fin de su período constitucional.
Dos de estos magistrados, Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa, recibieron millonarias liquidaciones a pesar de haber sido reelegidos para continuar en la Corte de Constitucionalidad por cinco años más. Ochoa percibió Q1,413,798.54, mientras que Molina Barreto recibió Q1,246,107.06.
Un mes después, el Ministerio Público (MP) ejecutó otra liquidación millonaria. La exfiscal general, Consuelo Porras, recibió Q1,384,979.73 al finalizar ocho años de una gestión caracterizada por el desmantelamiento de los mecanismos de combate a la corrupción, la persecución de operadores de justicia y el desgaste internacional. Una administración que, como la ha caracterizado el sucesor de Consuelo Porras, Gabriel García Luna, llevó a la pérdida de credibilidad de ramas como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Los registros del Sistema Integrado de Contabilidad del Estado (SICOIN), junto con los pactos colectivos de trabajo y los reglamentos internos de ambas instituciones, evidencian cómo las prestaciones laborales han beneficiado a altos funcionarios cuyos cargos tenían una duración previamente definida por la ley. O que, incluso después de recibir estas compensaciones, continúan ejerciendo funciones dentro del Estado. Los datos de este sistema permiten inferir que Porras devengaba un salario mensual de un poco más de Q65,000.
En el sector privado, la indemnización suele reservarse para los casos de despido sin causa justificada. De acuerdo con el Código de Trabajo, la compensación corresponde a un mes de salario por cada año de servicio continuo prestado.
En el sector público, como lo establece la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC), la entidad encargada de regular y supervisar el empleo público, debería aplicarse un criterio similar. Sin embargo, en la práctica, estos límites suelen interpretarse más como un punto de partida que como un impedimento.
Cada año, las instituciones públicas desembolsan más de Q520 millones en indemnizaciones laborales, una partida que se ha convertido en un gasto recurrente dentro del presupuesto estatal.
En el caso de Dina Ochoa, Molina Barreto y Porras, recibieron en conjunto una indemnización equivalente a 951 salarios mínimos del sector no agrícola.
La recompensa de Consuelo Porras
El 17 de mayo, Consuelo Porras Argueta se despidió del Ministerio Público. En medio de críticas por la ineficiencia de su gestión, el desgaste institucional, la criminalización en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, su sucesor, el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, decidió aprobar su indemnización.
Los registros de SICOIN muestran que la liquidación de la exfiscal general Consuelo Porras ascendió a Q1,384,979.73, pagados el 27 de mayo de 2026 mediante tres comprobantes únicos de registro (CUR).
El principal desembolso a favor de Porras corresponde a Q805,736.24. Dentro de este monto destaca el pago de indemnización, identificado bajo el renglón 413, por Q525,169.52.
A este rubro se añadieron Q280,566.72 en concepto de vacaciones pagadas por retiro (renglón 415).
El análisis del reporte financiero de SICOIN permite estimar que el cálculo de la indemnización se realizó utilizando un salario promedio mensual de aproximadamente Q65,646.19. En reportajes publicados anteriormente, antes de que el MP restringiera el acceso a esta información, el salario de la exfiscal general se estimaba en alrededor de Q55 mil.
La cifra resulta consistente con los ocho años que Porras permaneció al frente del Ministerio Público y con la fórmula establecida en los pactos colectivos de la institución, que reconoce un mes de salario por cada año laborado. (Indemnización / años de servicio).
Según los registros de SICOIN, la exjefa del MP no recibió ninguna indemnización en 2022 tras ser designada para un segundo período consecutivo al frente de la institución por el ex presidente Alejandro Giammattei..
Un segundo comprobante que reporta SICOIN por Q514,139.65 para Consuelo Porras, incorpora las prestaciones anuales y bonos específicos: El suplemento salarial anual de ley Bono 14 (renglón 072) con Q52,479.74 y las bonificaciones adicionales de “otras prestaciones” (renglón 079) por Q461,659.91.
En este apartado es en donde se concentran algunos de los beneficios que más destacan dentro de los pactos colectivos del MP. Entre ellos figuran bonos laborales, bonos extraordinarios, bonos de antigüedad y beneficios de retiro acumulados durante la carrera institucional.
El otro pago que reporta SICOIN asciende a Q65,103.84, que incluye complementos específicos (renglón 015) con Q42,376.88 y el aguinaldo proporcional (renglón 071) por Q22,726.96.
A pesar de sus intentos por mantenerse dentro de las estructuras de poder del Estado —ya fuera mediante una eventual reelección como fiscal general o por medio de una magistratura en la Corte de Constitucionalidad por la Universidad de San Carlos o la Corte Suprema de Justicia—, Consuelo Porras quedó finalmente fuera de la administración pública y sin acceso a un cargo que le garantice inmunidad.
La factura de los reelegidos en la Corte de Constitucionalidad
Una semana después de haber asumido nuevamente sus funciones para el período 2026-2031 en la Corte de Constitucionalidad (CC), los registros de SICOIN muestran que dos magistrados reelegidos recibieron indemnizaciones bajo el concepto de liquidación laboral.
El 23 de abril de 2026, la CC desembolsó Q6,656,751.39 para liquidar a los cinco magistrados que concluyeron el período constitucional anterior.
Entre los beneficiarios figuran Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto, quienes cobraron indemnizaciones millonarias pese a haber sido designados nuevamente para integrar el máximo tribunal constitucional, sin una interrupción efectiva en el ejercicio de sus funciones.
Según el análisis de liquidaciones que reporta SICOIN, Molina Barreto recibió un total de Q1,246,107.06. Su indemnización se fijó en Q667,572.80, mientras que su pago por vacaciones fue de Q224,369.27.
Molina Barreto consolidó su reelección en la CC a través de una alianza de partidos tradicionales en el Congreso de la República. Se impuso, como contamos anteriormente en No Ficción, como el candidato de consenso para las bancadas que buscan un escudo legal frente a futuras investigaciones de corrupción.
La estructura de su pago, según el reporte financiero, se completó con las prestaciones proporcionales anuales.
Por su parte, la magistrada Dina Ochoa, también reelegida, cobró una liquidación de Q1,413,798.54. Destaca el pago del renglón de vacaciones (415) por Q389,409.00, una suma mayor a la de otros compañeros. Su indemnización base fue de Q668,859.55
Ochoa aseguró su permanencia hasta 2031 tras ser reelegida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Su designación se operó mediante un mecanismo de “ventanilla rápida”, como también contamos en No Ficción, donde los magistrados de la CSJ aceleraron la votación ignorando por completo los expedientes de otros 44 aspirantes, incluida Consuelo Porras.
Los registros de SICOIN muestran que los demás magistrados que concluyeron su período en la CC también recibieron cuantiosas liquidaciones. La entonces presidenta del tribunal, Leyla Susana Lemus Arriaga, encabezó la lista con un pago de Q1,692,970.40. Le siguieron Nester Mauricio Vásquez Pimentel, quien recibió Q1,244,855.28, y Héctor Hugo Pérez Aguilera, con una liquidación de Q1,059,020.11.
No obstante, las liquidaciones de los magistrados salientes —incluidos aquellos que fueron reelegidos— se calcularon con base en el Acuerdo Interno 079-2026, aprobado apenas un mes antes de la conclusión del período constitucional.
En marzo de 2026, la entonces presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Leyla Lemus, impulsó una modificación a la guía que regula el cálculo de indemnizaciones, vacaciones y demás prestaciones derivadas de la finalización de la relación laboral, introduciendo cambios que ampliaron la base utilizada para determinar estos pagos. Los cambios fueron aprobados el día 20 de ese mes, con el argumento de “optimizar los procedimientos administrativos relacionados con las liquidaciones”.
En la práctica, la reforma impulsada por Leyla Lemus permitió que los magistrados recibieran liquidaciones más altas al ampliar los conceptos que se tomaban en cuenta para calcular las indemnizaciones y demás prestaciones de retiro.
La trampa en el legado de los beneficios para la CC
Tanto en la CC como el Organismo Judicial o en el Instituto de la Defensa Público Penal, en el MP o el Tribunal Supremo Electoral, los pactos colectivos de condiciones de trabajo o acuerdos institucionales internos permiten que cargos elegidos o designados por procesos de comisiones de postulación, reciban una indemnización cuando termina el período para el que fueron designados.
El origen de este sistema se remonta a una resolución de la CC emitida a inicios de la década de 2000, cuando el Congreso intentó prohibir que funcionarios electos o designados para períodos determinados recibieran indemnizaciones al concluir sus cargos. El argumento de legisladoras como Nineth Montenegro y Anabella de León fue que los servidores públicos, como los diputados, no son trabajadores del Estado, sino representantes del pueblo elegidos para un periodo de cuatro años.
La CC rechazó esa restricción al considerar que el Legislativo no podía intervenir en las condiciones laborales establecidas mediante pactos colectivos ni determinar cómo las instituciones autónomas administraban sus recursos.
Con ese fallo, el tribunal abrió la puerta para que entidades como la propia Corte de Constitucionalidad, el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones incorporaran en sus pactos colectivos y reglamentos internos beneficios que permiten pagar indemnizaciones a funcionarios cuyo retiro era previsible desde el momento de su nombramiento.
En el caso de la CC, un mes antes de concluir su mandato como presidenta, Leyla Susana Lemus impulsó una modificación para el cálculo de prestaciones e indemnizaciones e introdujo cambios que ampliaron la base utilizada para calcular las compensaciones económicas para los magistrados.
La reforma adoptó criterios similares a los utilizados por el Organismo Judicial, que también contamos anteriormente en No Ficción, estableciendo que la indemnización se calcularía con base en el promedio de los últimos seis meses de remuneración.
Sin embargo, además del salario ordinario, como se lee en el documento, incorporó al cálculo diversas bonificaciones y complementos que anteriormente no tenían el mismo peso dentro de la fórmula. También ordenó incluir la doceava parte de prestaciones anuales como el Bono 14, el bono vacacional y otras bonificaciones internas, incrementando el monto sobre el cual se determinaba la indemnización final.
La guía actualizada mantuvo además beneficios vinculados a la antigüedad, como el bono al mérito por quinquenios cumplidos, y permitió que las vacaciones acumuladas pendientes de goce se transformaran en pagos en efectivo al momento del retiro.
Como resultado, las liquidaciones de los magistrados que concluyeron funciones en abril de 2026 alcanzaron montos más altos en comparación con indemnizaciones anteriores.
Por ejemplo, en 2021, Dina Ochoa recibió un total de Q932,131.99. Su indemnización (Renglón 413) ascendió a Q487,233.40, complementada por un pago de vacaciones (Renglón 415) de Q334,482.32.
Para el cierre del periodo 2021-2026, los montos se dispararon. La liquidación total de Dina Ochoa subió a Q1,413,798.54.
Molina Barreto en 2021, cobró Q144,081.79, debido a que se incorporó a la CC en noviembre de 2020 únicamente para completar el periodo vacante dejado por la VIII magistratura. Pero en 2026, alcanzó Q1,246,107.06.
El cambio a la base de los “últimos 6 meses” de salarios permitió que las liquidaciones de los magistrados de la CC, en 2026, superaran el millón de quetzales.
La propia Leyla Lemus resultó beneficiaria de las nuevas reglas que ella misma impulsó al recibir una liquidación de Q1,692,970.40.
Las indemnizaciones y los contribuyentes
Las indemnizaciones constituyen una de las partidas menos visibles del presupuesto público, pero también una de las más costosas.
Las liquidaciones de Consuelo Porras y de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad representan apenas una pequeña parte del universo de indemnizaciones que el Estado paga cada año.
Sin embargo, su magnitud y los beneficiarios, algunos señalados de procurar impunidad, como Néster Vásquez o Molina Barreto, o incluidos en la Lista Engels del departamento de Estado de Estados Unidos como actores antidemocráticos, como Consuelo Porras o Dina Ochoa, han convertido estos casos en ejemplos de recompensas cuestionables.
La suma de liquidaciones de magistrados de la CC y de la exfiscal general, que supera los Q8 millones, podrían equivaler a 800 becas universitarias nacionales o a 5,925 becas de educación básica que impulsa la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), o fortalecer programas de atención primaria en municipios con altos índices de pobreza.
Los registros de SICOIN muestran que las indemnizaciones millonarias no son excepciones, sino el resultado de normas internas, pactos colectivos y reglamentos que han ampliado progresivamente los beneficios de quienes ocupan las posiciones más altas del aparato estatal.
