En la elección 2026 de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Congreso tendrá la última palabra en un escenario donde los principales aspirantes no provienen de trayectorias ajenas al poder, sino de redes políticas, judiciales y empresariales consolidadas. Entre los perfiles que reúnen mayores respaldos figuran Roberto Molina Barreto, actual magistrado titular; Luis Alfonso Rosales Marroquín, magistrado suplente que busca tanto una plaza titular como suplente; mientras que otras candidaturas como las del magistrado Rony López, Ana Isabel Antillón y David Esteban Pineda Barrios, pierden apoyos en la recta final del proceso.
Al mediodía de este martes 3 de marzo de 2026, con el conteo de fuerzas todavía en movimiento, el pulso en el Congreso por la elección para una de las cinco plazas titulares y su correspondiente suplencia en la Corte de Constitucionalidad comienza a inclinarse en favor de unos nombres cuyo historial está vinculado a decisiones que favorecieron al dictador Efraín Ríos Montt y al presidente Otto Pérez Molina.
Las facciones dominantes de Vamos, la UNE, un grupo de Cabal y un núcleo articulado alrededor de Valor y Unionista marcan el ritmo de las negociaciones. En una votación atomizada —con 38 diputados sin partido que pueden inclinar la balanza caso por caso— los acuerdos no responden a una sola línea, sino a pactos cruzados. En ese escenario fragmentado, pesan más los vínculos políticos sólidos y de larga data que las apuestas coyunturales.
Ese equilibrio favorece, por ahora, la permanencia de Roberto Molina Barreto como magistrado titular designado por el Congreso. Su trayectoria y sus conexiones históricas dentro del sistema de justicia y del Legislativo cobran relevancia en un momento donde los bloques necesitan certezas y operadores confiables. Distinta es la disputa por la magistratura suplente, donde la incertidumbre es mayor y el margen de maniobra se amplía.
Allí podrían jugar con más fuerza los movimientos del Ejecutivo de Bernardo Arévalo y sus aliados parlamentarios, en busca de una candidatura que funcione como contrapeso.
La posibilidad de un perfil alternativo, como el de Rony López Contreras, que en momentos anteriores generó expectativas en sectores oficialistas por haber marcado distancia con allegados a la fiscal general Consuelo Porras, ha perdido impulso en las últimas horas. En paralelo, circulan versiones sobre un supuesto visto bueno de la embajada estadounidense hacia determinados aspirantes, extremo que ha sido públicamente cuestionado por actores políticos como el propio presidente Bernardo Arévalo, quien este martes 3 pidió consultas formales con el Departamento de Estado sin escalar el diferendo diplomático.
Arévalo se ha pronunciado, en un comunicado, sobre este supuesto visto bueno estadounidense señalando que “se está intentando aparentar que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros, como Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras (aspirante por la CSJ)”. Este comunicado vio la luz pocas horas antes de que la Corte Suprema de Justicia designara a la magistrada Dina Ochoa para otra de las cinco plazas de la Corte de Constitucionalidad.
En un último esfuerzo por influir en las designaciones a la CC Arévalo intenta señalar a los candidatos que mira como inaceptables. Todo esto sin confrontar directamente al gobierno estadounidense y solo llamando a “consultas con el Departamento de Estado” a pocas horas de que se abra la plenaria para las votaciones del Legislativo. La agenda para la sesión del Congreso tiene programada la elección para este 3 de marzo a las 2 de la tarde.
Fuentes del Legislativo que han participado en las negociaciones entre las bancadas durante las últimas dos semanas, apuntan a que la balanza puede ser inclinada por el visto bueno de la embajada estadounidense a candidatos que no serían favorables a Arévalo.
El propio aspirante a la presidencia, Roberto Arzú de Cabal, expresó su frustración por el respaldo a Molina Barreto señalando que “un lobby pagado con dinero de origen dudoso no puede estar por encima de los intereses de EE.UU. ni de Guatemala”. La facción de Cabal afín a Arzú, prefería al magistrado López Contreras o el ex vicepresidenciable de su partido, David Pineda.
Hasta ahora la embajada ha sido consistente en su posición sobre estas elecciones: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”, declaró el encargado de negocios John M. Barrett. No obstante, se ha abstenido de pronunciarse sobre las credenciales democráticas de los aspirantes.
Otras candidaturas que apuntaban a tener mejores posibilidades, como la del magistrado suplente Rony López Contreras, perdió respaldo en la última quincena. Las figuras de Molina Barreto y Luis Rosales han crecido en ese espacio. Sus ventajas frente al órgano político son: respaldo a estructuras empresariales que apoyaron la impunidad en el caso por genocidio contra Ríos Montt en 2013 y que volvieron a coincidir en 2019 en apoyo a la expulsión tras la debacle de la presidencia de Pérez Molina y un riesgo similar para la administración de Jimmy Morales.
De cara a futuro Molina B. y Rosales brindan más certezas en ese sentido.
La elección no ocurre en un vacío. El Colegio de Abogados ya designó a una magistrada titular, Astrid Lemus; la Universidad de San Carlos eligió a Julia Rivera; y el Ejecutivo está por cerrar sus decisiones. Si el Congreso confirma a Molina Barreto y la CSJ opta por un perfil cercano al grupo dominante del sector justicia, la correlación interna de la Corte podría consolidar una mayoría afín a esa coalición.
En ese equilibrio de fuerzas una designación de Molina Barreto, sumada a la designada por la USAC, Julia Rivera, estrechamente ligada al rector Mazariegos, y la elección ya anunciada de la también Magistrada, Dina Ochoa por la CSJ, y Claudia Paniagua, como magistrada suplente, que responda al grupo dominante del sector justicia (integrado entre otro por la fiscal general Porras), le daría una mayoría de tres a cinco a esta coalición en la corte.
Por eso, más que una discusión técnica o jurídica, la elección refleja un reacomodo de poder. No se trata solo de hojas de vida, sino de trayectorias atravesadas por alianzas, conflictos y negociaciones que han moldeado la institucionalidad en las últimas dos décadas de Guatemala.
¿Cómo llega a este proceso?
El favorito de las élites económicas y políticas
La trayectoria de Roberto Molina Barreto revela un respaldo sostenido desde los principales núcleos de poder político, empresarial y judicial del país. Su cercanía con gobiernos como el de Óscar Berger, su vínculo histórico con espacios de litigio constitucional como CEDECON, su apoyo para garantizar impunidad eb el juicio por genocidio contra Ríos Montt (factor de interés para élites política y económicas) y su reiterada designación por una Corte Suprema de Justicia que operó en prórroga prolongada, configuran una red de apoyos que trasciende coyunturas y administraciones. A ello se suman sus conexiones familiares con la tradición conservadora del país y su presencia en organizaciones como Fundacívica, asociadas a sectores empresariales. Más que un candidato aislado, Molina Barreto representa la convergencia de intereses de élites económicas tradicionales, operadores políticos y estructuras institucionales que han buscado mantener influencia sobre la Corte de Constitucionalidad en momentos clave de disputa por el poder.
Roberto Molina Barreto / Candidato a una magistratura titular
Molina Barreto es una figura que ha transitado durante más de cuatro décadas por los corredores del poder judicial guatemalteco. Graduado en 1984 como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, inició su carrera incluso antes de concluir sus estudios formales: en 1974 comenzó como oficial auxiliar en juzgados del Organismo Judicial. Esa experiencia temprana le dio una comprensión operativa del sistema, que más tarde combinaría con el ejercicio privado al fundar, en 1980, el bufete Molina Barreto & Asociados, espacio desde el cual consolidó su presencia en el ámbito jurídico nacional.
Su especialización en derecho constitucional tomó forma en el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), una organización dedicada al litigio estratégico ante la Corte de Constitucionalidad. Ese vínculo fue determinante para que, en marzo de 2005, el entonces presidente Óscar Berger (GANA) lo nombrara Procurador General de la Nación. Un año después, en marzo de 2006, Berger lo designó magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2006-2011, cargo que asumiría tras renunciar a la Procuraduría. Posteriormente volvería a la CC y ocuparía su presidencia entre 2014 y 2015.
Aún más significativa fue su papel en 2013, cuando integró la mayoría (de tres magistrados contra dos) que anuló la sentencia por genocidio dictada contra el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt, condenado por la muerte de 1,771 personas del pueblo ixil. La resolución argumentó vicios procesales derivados de la renuncia estratégica de los abogados defensores al inicio del juicio. El fallo ordenó repetir el debate y abrió un prolongado laberinto judicial que obligó a las víctimas a declarar nuevamente, mientras varios testigos fallecieron en los años siguientes. En 2017, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) lo denunció —junto a otros exmagistrados— por prevaricato; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó retirarles el antejuicio.
Su trayectoria en la Corte ha estado marcada por decisiones que lo colocaron en el centro de fuertes controversias políticas y jurídicas. En pleno auge del Caso La Línea, una investigación por corrupción que terminó conducir a la renuncia del gobierno de Otto Pérez Molina, votó a favor de frenar un proceso de retiro de inmunidad contra el entonces presidente, a partir de un recurso promovido por diputados de oposición que no estaba vinculado directamente al caso ni había sido solicitado por el Ministerio Público. La decisión fue interpretada por críticos como una maniobra dilatoria en uno de los momentos más delicados para la institucionalidad del país.
Su carrera volvió a cruzarse con la política partidaria en diciembre de 2018, cuando fue proclamado candidato a la vicepresidencia por el partido Valor, acompañando a Zury Ríos. La fórmula fue anulada por la propia Corte de Constitucionalidad al considerar que existía una prohibición constitucional para la candidatura presidencial de Ríos. Molina Barreto cuestionó públicamente la resolución y señaló, sin aportar pruebas, a la magistrada Gloria Porras como impulsora del criterio mayoritario.
En noviembre de 2020 fue nuevamente designado magistrado de la CC por la Corte Suprema de Justicia para completar un período vacante. Esta elección fue realizada por una CSJ funcionando con prórrogas consecutivas debido a la falta de nuevas elecciones por parte del Congreso, llegando a un escenario de tres años de prórroga indefinida en funciones. Una permanencia de facto derivada de la inacción del Congreso entre 2019 y 2023, como parte de un acuerdo político para mantener la influencia sobre ese órgano.
En marzo de 2021 fue confirmado para integrar la VIII magistratura que concluirá en 2026.
Durante este nuevo ciclo su actuación volvió a generar cuestionamientos: en 2021 votó a favor de mantener la juramentación de Mynor Moto como magistrado de la CC, pese a señalamientos sobre la legalidad del proceso; ese mismo año conoció un amparo relacionado con el llamado caso “Subordinación de Poderes” sin excusarse, pese a que su hija laboraba en una filial de Tigo, empresa señalada en la investigación.
El trasfondo familiar también forma parte de su historia pública. Es hijo de Roberto Molina Baca, abogado que integró la Asamblea Nacional Constituyente de 1964 bajo el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes, en un contexto de fuerte alineamiento con la política anticomunista del régimen militar. Esa herencia política e ideológica ha sido mencionada en estudios históricos sobre el período.
Paralelamente a su función judicial, Molina Barreto mantiene vínculos con el ejercicio profesional privado como asociado de su bufete y figura como asociado fundador de la Fundación Cívica por un Mejor País (Fundacívica), organización creada en 2011.
La trayectoria de Roberto Molina Barreto muestra la relación permanente entre derecho y poder en Guatemala. Ha ocupado cargos clave en momentos decisivos y sus votos han tenido consecuencias estructurales en procesos de alto impacto nacional.
¿Cómo llega a este proceso?
El operador político neopentecostal
La candidatura de Luis Alfonso Rosales Marroquín articula apoyos que combinan estructura partidaria, redes legislativas y cercanía con sectores conservadores de fuerte arraigo religioso, particularmente vinculados al neopentecostalismo político que ha ganado peso en el Congreso durante las últimas dos décadas. Su trayectoria junto al FRG, VIVA y Valor, su cercanía con Zury Ríos y su papel en la defensa de Efraín Ríos Montt lo conectan con el núcleo duro del conservadurismo político tradicional. A ello se suma su experiencia como diputado, directivo legislativo y magistrado suplente electo por el Congreso, lo que le garantiza respaldo en bloques parlamentarios que privilegian perfiles con lealtad política comprobada antes que independencia judicial. Más que un jurista de carrera en tribunales, Rosales encarna el engranaje entre activismo político, agenda religiosa conservadora y control constitucional desde el Legislativo.
Luis Alfonso Rosales Marroquín / Candidato a una magistratura titular y suplente
Rosales Marroquín ha construido una trayectoria donde política partidaria y derecho constitucional avanzan de la mano. Abogado y notario graduado de la Universidad Rafael Landívar (2002) y con maestría en Derecho Parlamentario por la Universidad San Pablo (2011), su práctica profesional se vincula directamente con el espacio donde ha desarrollado buena parte de su carrera: el Congreso de la República.
Fue diputado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) entre 2000 y 2004, etapa en la que ocupó cargos como Tercer y Primer Vicepresidente del Congreso y presidió la Comisión de Derechos Humanos. Años más tarde regresó al escenario legislativo bajo otras siglas —Visión con Valores (VIVA) y luego Valor—, consolidándose como un operador con experiencia en la dinámica interna del Legislativo.
Su paso por la administración pública incluye la Procuraduría General de la Nación (2002-2005), asesorías en el Instituto Guatemalteco de Turismo y distintos despachos legislativos. En paralelo, ha mantenido ejercicio liberal de la profesión y actividad docente en programas de posgrado, particularmente en derecho parlamentario y administración pública. Ese perfil lo ubica como un operador político con conocimiento técnico del funcionamiento interno del Congreso, más que con una carrera formada en tribunales.
Su cercanía con el liderazgo histórico del FRG marcó también su ejercicio profesional.
Como abogado litigante integró el equipo jurídico de la defensa del exgeneral Efraín Ríos Montt durante el juicio por genocidio, uno de los procesos penales más trascendentales en la historia reciente del país. Además, es considerado una figura cercana a Zury Ríos Sosa, aspirante presidencial vinculada primero a VIVA y luego al partido Valor. Rosales la acompañó en la contienda electoral de 2015 —año en que fue electo diputado al Parlamento Centroamericano por VIVA— y su entorno político volvió a coincidir en 2019, cuando la candidatura de Ríos Sosa no fue inscrita por una prohibición constitucional.
En 2021 dio el salto formal al máximo tribunal constitucional al ser electo magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad por el Congreso de la República, institución donde también fue Segundo Vicepresidente de la Junta Directiva en distintos momentos (2001, 2020 y 2021). Su perfil combina décadas de experiencia legislativa, asesorías parlamentarias y cargos en el Parlamento Centroamericano, más que una carrera construida en la judicatura ordinaria.
Su papel en la CC fue especialmente cuestionado en 2024, cuando integró el pleno que otorgó un amparo provisional a favor de Jorge Mondal Chew, permitiéndole continuar al frente del Banco de los Trabajadores (Bantrab). Tras esa resolución, el Ejecutivo solicitó el retiro de antejuicio contra Rosales y otros magistrados suplentes por el delito de prevaricato, señalando la supuesta omisión de pruebas documentales dentro del proceso 3156-2024. El episodio derivó además en la cancelación de su visa por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos en septiembre de 2024, en relación con ese mismo caso.
En el proceso de designación de 2026, Rosales Marroquín se postula tanto como magistrado titular como suplente de la Corte de Constitucionalidad. Su candidatura refleja una constante en su carrera. La articulación entre poder político, litigio estratégico y jurisdicción constitucional. No es un perfil ajeno al sistema, sino uno moldeado por él, con alianzas, decisiones y controversias que hoy forman parte inseparable de su aspiración a integrar, nuevamente, el máximo intérprete de la Constitución.
¿Cómo llega a este proceso?
Un postulante que intenta desmarcarse de viejas alianzas
La candidatura de Rony López se sostiene en una red de apoyos construida desde dentro del propio sistema de justicia: operadores del Organismo Judicial, cuadros técnicos del Ministerio Público y sectores académicos vinculados a la USAC que han acompañado su ascenso institucional. Su paso por la Secretaría General del MP durante la gestión de Consuelo Porras y por la estructura administrativa de la Corte Suprema de Justicia lo conectó con actores clave del engranaje judicial tradicional; sin embargo, en el actual proceso busca proyectar una imagen de independencia frente a esas mismas estructuras, marcando distancia pública en episodios recientes de tensión con el MP. Un probable respaldo del Ejecutivo de Arévalo, sin embargo, le resta apoyos frente a actores que no quieren una presidencia con demasiado margen de maniobra.
Rony López Contreras / candidato a una magistratura titular
López Contreras ha construido una carrera de casi tres décadas en el sistema de justicia guatemalteco, transitando por la defensa pública, la judicatura, la administración judicial y el Ministerio Público, hasta convertirse en magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (2021-2026). En 2026 aspira a integrar ese mismo tribunal como magistrado titular, designado por el Congreso de la República aprovechando sus contactos con operadores judiciales y políticos.
López es abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (1997). Posee una maestría en Gestión Jurisdiccional por la Universidad San Pablo de Guatemala (2013) y estudios de doctorado y posdoctorado en materia penal por la Universidad Complutense de Madrid (2011).
Su perfil académico se ha vinculado especialmente al derecho penal y a la gestión judicial, áreas en las que también ejerció como capacitador y consultor en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.
Un episodio que vincula al magistrado Rony López con un momento crítico del sistema de justicia es su papel en la reunión entre el juez Carlos Ruano y la exmagistrada Blanca Stalling, procesada por supuestamente intentar influir para beneficiar a su hijo en el caso IGSS-Pisa. Según la fiscal general María Consuelo Porras, López (entonces secretario general del MP) solo cumplió instrucciones y no tiene proceso legal en su contra. Aun así, el hecho lo ubica dentro de una coyuntura de presiones judiciales que marcaron la crisis institucional de esa etapa.
La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, fue procesada en 2017 por tráfico de influencias luego de que el juez Carlos Ruano denunciara que lo citó a una reunión privada para solicitarle beneficiar con arresto domiciliario a su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, implicado en el caso IGSS-Pisa. Tras perder la inmunidad y enfrentar juicio, en 2022 un tribunal la absolvió al considerar que no se probó de forma suficiente que hubiera ejercido una presión directa que encuadrara en el delito, cerrando así uno de los procesos más emblemáticos de la crisis del sistema de justicia en Guatemala.
La trayectoria de Rony López dentro del sistema de justicia evidencia una escalada sostenida a lo largo de más de dos décadas. Inició como defensor público en el Instituto de la Defensa Pública Penal (1998-1999), pasó a la judicatura como magistrado titular de la Sala de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia (2009-2014) y luego ocupó posiciones estratégicas en la administración judicial: secretario general del Organismo Judicial (2015-2016) y secretario de la Corte Suprema de Justicia (2016-2018). Entre 2018 y 2021 fue secretario general del Ministerio Público durante la primera administración de Consuelo Porras, antes de ser designado magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (2021-2026) por el Consejo Superior Universitario de la USAC.
En paralelo a su carrera pública, también ha tenido participación en el ámbito privado y de cooperación internacional: fue consultor del programa Estado de Derecho de USAID/Guatemala con Checchi and Company (2004-2009) y más recientemente asesor corporativo de Cañas Prósperas de Guatemala (2022-2024). Su hoja de vida revela un conocimiento interno de casi todos los engranajes del sistema —defensa, judicatura, administración judicial y fiscalía—, una experiencia que puede leerse como formación integral o como una inserción profunda en las estructuras de poder que controlan la justicia guatemalteca.
En enero de 2024, López denunció públicamente un supuesto plan para asesinarlo. Según su versión, una embajada acreditada en Guatemala le advirtió que un grupo vinculado al narcotráfico había ordenado eliminarlo físicamente. Solicitó seguridad al Ministerio de Gobernación y comunicó la situación al pleno de la CC.
Sin embargo, el caso derivó en tensiones institucionales. López señaló desconfianza hacia el Ministerio Público y manifestó que no consideraba que existieran condiciones de objetividad e imparcialidad para declarar.
El MP indicó que no existía una denuncia formal presentada por López y que la investigación se inició de oficio por información difundida en redes sociales. No se han reportado avances públicos sobre la investigación. Meses después, en junio de 2024, la CC declaró en reserva la información relativa a la seguridad de sus magistrados, argumentando incremento de amenazas reales contra sus integrantes.
¿Cómo llega a este proceso?
Un cuadro técnico, pero con olfato político
La candidatura de Ana Isabel Antillón ha reunido históricamente respaldos en círculos técnicos del Congreso y del Ejecutivo, así como en espacios empresariales vinculados a la agenda de seguridad jurídica, particularmente desde su rol en la iniciativa “Guatemala No Se Detiene” impulsada por Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), organización articulada con la cúpula empresarial del CACIF. Su perfil ha sido valorado por operadores políticos que priorizan conocimiento técnico del proceso legislativo y capacidad de coordinación interinstitucional. Sin embargo, en la recta final de la decisión su candidatura ha perdido respaldos clave dentro del Congreso, donde sectores que inicialmente la veían como una opción viable han optado por perfiles con mayor peso político o compromisos más definidos.
Ana Isabel Antillón / Candidata a una magistratura suplente
Antillón ha construido una carrera jurídica estrechamente ligada al funcionamiento interno del Estado guatemalteco. Abogada y notaria por la Universidad Rafael Landívar (2013) y con una Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de San Carlos de Guatemala (2017). Su trayectoria revela una especialización temprana en técnica legislativa, formación de leyes y asesoría de alto nivel en despachos ministeriales y presidenciales.
Su vínculo con el Congreso de la República comenzó a finales de los años noventa. En 1998 fue coordinadora del Programa de Asistencia Técnica Legislativa (CEDEL), y en 1999 encabezó el Programa de Registro de Leyes y Deslegislación, funciones técnicas orientadas a ordenar y sistematizar la producción normativa. Entre 2004 y 2006 se desempeñó como subdirectora legislativa del Congreso, donde apoyó la asesoría para el desarrollo de sesiones plenarias y la logística parlamentaria.
Ese rol la colocó en el corazón del proceso legislativo: agenda, dictámenes, tiempos políticos y negociación técnica. Este cargo lo ejerció durante la presidencia de Rolando Morales Chávez, entre 2004 y 2005, (UNE) y Jorge Méndez Herbruger, del 2005 a 2007, (de la alianza GANA).
Entre 2006 y 2013 fungió como directora legislativa del Congreso de la República. Un cargo técnico clave, pero con incidencia política durante los gobiernos Óscar Berger (GANA), Álvaro Colom (UNE) e inicios del gobierno de Otto Pérez Molina del Partido Patriota (PP).
Desde esa oficina, su papel consistió en articular la relación entre el Ejecutivo y el Congreso: seguimiento de iniciativas de ley y acompañamiento técnico en la agenda legislativa del gobierno. En 2013 y 2014 fue secretaria privada de la Presidencia durante el gobierno de Pérez Molina, consolidando su cercanía al despacho presidencial en una etapa de transición política.
Con la caída del gobierno de Pérez Molina, en medio de las investigaciones anticorrupción de ese periodo, Antillón dejó el cargo. Prosigue su carrera en el sector privado y en centros de pensamiento. Fue consultora legal de ASIES (2016-2018), con énfasis en estudios legislativos y evolución de las contrataciones públicas.
Regresó al sector público en el Ministerio de Finanzas Públicas (2017-2018), durante el gobierno de Jimmy Morales (FCN-Nación) donde fungió como asesora en la Dirección de Asesoría Específica.
Entre 2018 y 2020 pasó al Ministerio de Gobernación, bajo el gobierno de Alejandro Giammattei (VAMOS) como asesora jurídica del Quinto Despacho Viceministerial, encargado del área antinarcóticos. La descripción de su cargó incluye brindar asesoría en prevención y combate al narcotráfico, además de servir como enlace con cooperantes internacionales. Posteriormente, entre 2020 y 2022, se desempeñó como asesora legal en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), además de funciones directas en el despacho ministerial.
Su vinculación con el sector privado también ha sido importante en su carrera. Desde 2022 coordina el componente de “Seguridad y Certeza Jurídica” en la iniciativa “Guatemala No Se Detiene” de FUNDESA, un centro de pensamiento e incidencia política que comparte una base empresarial y redes de liderazgo con la cúpula empresarial del país agrupada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
En conjunto, Antillón es una operadora jurídica con experiencia transversal en los dos poderes políticos clave (Ejecutivo y Legislativo) y con capacidad para moverse entre la técnica normativa y la coordinación interinstitucional. Además de conocer de primera mano a buena parte de los principales operadores políticos de los últimos 20 años.
Su carrera se ha construido desde los despachos donde se redactan, negocian y afinan las leyes que luego marcan el rumbo de la administración pública. Pero no tiene experiencia como juzgadora en ningún ámbito de los aparatos de justicia (Juzgados, magistraturas o magistraturas del TSE).
Respecto al gobierno de Bernardo Arévalo no hay un vínculo directo de Antillón, aunque su pareja Walter del Cid Ramírez, es subsecretario ejecutivo de la presidencia (SCEP). No se encuentran unidos legalmente.
En 2021 aspiró a una magistratura tanto en el Tribunal Supremo Electoral como en la Corte de Constitucionalidad por designación de la Corte Suprema de Justicia, y en el proceso 2026 figura como candidata a magistrada de la Corte de Constitucionalidad propuesta ante el Congreso de la República, también aspiró a una magistratura en el TSE, pero no fue seleccionada por la comisión de postulación en la nómina final de 20 aspirantes. Su participación reiterada en procesos de elección de segundo nivel evidencia un interés sostenido por ocupar espacios clave en la interpretación constitucional y en la arquitectura electoral del país.
¿Cómo llega a este proceso?
El penalista que busca un salto político
La candidatura de David Esteban Pineda Barrios ha congregado apoyos en redes políticas emergentes y en círculos empresariales vinculados a litigios de alto perfil, especialmente a partir de su rol como defensor de figuras políticas y empresarios con peso en la agenda pública. Su paso por la Municipalidad de Guatemala y el Banco de Guatemala le abrió puertas en estructuras institucionales, mientras que su incursión electoral junto a Roberto Arzú lo acercó a un bloque opositor con discurso confrontativo frente al establishment tradicional. Sin embargo, esa misma cercanía con Arzú, una figura polarizante en el escenario político, terminó jugando en su contra en las negociaciones finales, donde actores legislativos optaron por perfiles menos expuestos políticamente y con alianzas más amplias dentro del Congreso.
David Esteban Pineda Barrios / Candidato a una magistratura suplente
Pineda Barrios es un abogado y notario egresado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala (2010) y figura en el proceso de elección 2026 como aspirante a magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, tanto por el Congreso de la República de Guatemala como por la Corte Suprema de Justicia. Su trayectoria combina asesorías en el sector público y una práctica penal marcada por la defensa de clientes de alto perfil político y empresarial.
Entre 2019 y 2022 fue asesor jurídico en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Guatemala, y prestó servicios profesionales al Banco de Guatemala, donde asumió dirección y procuración en asuntos penales, procesales penales y constitucionales. Ese tránsito por instituciones clave del Estado se complementa con una carrera litigante enfocada en casos complejos y mediáticos.
Fue abogado del expresidente Alfonso Portillo, así como de los hermanos José Estuardo y Francisco José Ramón Valdés Paiz, vinculados en su momento al caso por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, posteriormente esclarecido por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. También representó a Francisco Valdés Paiz, empresario farmacéutico cuya compañía La Botica obtuvo contratos por Q202 millones con el Estado durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Su incursión directa en la política se produjo en 2023, cuando buscó competir como candidato a vicepresidente por el partido Podemos, integrando binomio con Roberto Arzú.
El Tribunal Supremo Electoral anuló la inscripción por supuesta campaña anticipada. Sin embargo, en agosto de 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó un Acuerdo de Solución Amistosa (Informe 97/25), en el que el Estado de Guatemala reconoció la vulneración de sus derechos civiles y políticos al impedir su participación, comprometiéndose a ofrecer disculpa pública, compensaciones económicas y garantías de no repetición. El acuerdo evitó que el caso escalara a la Corte Interamericana.
Su trayectoria también ha estado marcada por episodios polémicos. En 2014 fue consignado por la Policía Nacional Civil tras un incidente por escándalo en la vía pública en Mixco; según el informe policial, se encontraba bajo efectos de alcohol y habría intentado influir en los agentes para evitar su captura. El hecho, ampliamente difundido en medios digitales, añadió un componente controvertido a su perfil público.
Como candidato a magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Pineda Barrios llega con una hoja de vida que combina experiencia en litigio penal estratégico, asesoría institucional y participación política directa. Para sus críticos, su cercanía con figuras políticas y empresariales de peso como los Valdés Paiz y su activismo electoral lo sitúan dentro de redes de poder tradicionales. Su eventual elección colocaría en la CC a un perfil con clara vocación litigante y trayectoria en escenarios de alta tensión política.
Algunos de los más cuestionados electores de la CC en el Congreso
En el actual Congreso de la República, varios diputados han acumulado señalamientos, sanciones internacionales y controversias vinculadas a procesos clave de elección de autoridades. Esta es una selección de congresistas que, además de haber ocupado posiciones de poder dentro del Legislativo, figuran como electores en la próxima designación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC). Sus antecedentes y actuaciones resultan relevantes para entender el contexto político en el que se desarrollan estas decisiones de segundo nivel.
FELIPE ALEJOS LORENZANA
Diputado señalado por autoridades estadounidenses por su presunta participación en el amaño del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2020. En abril de 2021 fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la Ley Global Magnitsky. Según esa entidad, habría facilitado pagos a diputados y jueces, junto con Gustavo Alejos —también sancionado—, para influir en la selección de magistrados y obtener resoluciones judiciales favorables que protegieran a determinados actores de procesos por corrupción. Reino Unido adoptó medidas similares en su contra.
En el ámbito legislativo, impulsó acciones dirigidas contra instituciones que investigaron corrupción. En 2018 firmó la creación de una comisión para investigar la compra del edificio del Ministerio Público durante la gestión de Thelma Aldana. En 2019 promovió la conformación de una comisión para revisar lo actuado por la CICIG, que posteriormente se convirtió en la llamada “Comisión de la Verdad”. El Departamento del Tesoro también lo señala de gestionar sobornos en procesos de integración de altas cortes, incluida la Corte de Constitucionalidad.
ALLAN ESTUARDO RODRÍGUEZ REYES
Expresidente del Congreso y diputado del partido VAMOS. En diciembre de 2022 fue sancionado por OFAC bajo la Ley Global Magnitsky. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, utilizó su autoridad como presidente del Congreso para otorgar subvenciones a cambio de sobornos y facilitó acuerdos políticos mediante pagos indebidos, incluyendo presuntas ofertas de soborno para aprobar iniciativas en sesiones plenarias.
Durante su presidencia del Legislativo se aprobaron decisiones altamente cuestionadas, como el Presupuesto 2021, avalado de urgencia nacional y en un solo debate, en medio de señalamientos de opacidad. La aprobación de ese presupuesto provocó protestas masivas, disturbios y daños en instalaciones del Congreso. También respaldó reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y otras iniciativas que fueron criticadas por bloques de oposición y organizaciones civiles.
SOFÍA JEANETTH HERNÁNDEZ HERRERA
Diputada electa por Huehuetenango en tres periodos consecutivos y actualmente inscrita en el partido VAMOS, tras haber integrado previamente otras agrupaciones (UCN, LIDER y Patriota). En julio de 2022 fue incluida por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Lista Engel de Actores Corruptos y Antidemocráticos. Según esa designación, habría abusado de sus funciones para intimidar a opositores políticos, solicitar sobornos y utilizar mecanismos institucionales con fines de represalia personal.
Investigaciones periodísticas de No Ficción y otros medios han documentado vínculos judiciales de familiares cercanos con estructuras de narcotráfico en el occidente del país, particularmente con el grupo conocido como “Los Huistas”. Entre los señalados figuran su hermano y un sobrino que aceptó cargos en Estados Unidos por conspiración para el envío de cocaína. Hasta la fecha, no existe acusación penal directa contra la diputada por narcotráfico; los señalamientos se refieren a su entorno familiar y al contexto político-criminal del departamento que representa.
BORIS ROBERTO ESPAÑA CÁCERES
Diputado por el departamento de Chiquimula desde 2012, ha sido reelecto en varias legislaturas bajo distintas agrupaciones políticas (Partido Patriota, Movimiento Reformador, TODOS y VAMOS). En mayo de 2021 fue incluido en la Lista Engel por presuntos actos significativos de corrupción relacionados con tráfico de influencias y sobornos. Un mes después, el Departamento de Estado de EE. UU. lo señaló por su implicación en actos que, según esa entidad, pusieron en riesgo la estabilidad de las instituciones democráticas.
Su carrera política comenzó como gobernador departamental tras las elecciones de 2003. A pesar de las sanciones internacionales, fue inscrito como candidato en el proceso electoral de 2023. En 2025 anunció su renuncia a la bancada de VAMOS en medio de reconfiguraciones internas del bloque legislativo, aunque dejó abierta la posibilidad de continuar su actividad política.
JORGE ESTUARDO VARGAS MORALES
Electo diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para el periodo iniciado en 2016, ha ocupado posiciones de liderazgo dentro de esa bancada, incluyendo la jefatura en 2021, etapa en la que la agrupación se fracturó. Fue señalado por legisladores de su propio partido de coordinar negociaciones para la elección de magistrados de la CSJ y de ofrecer incentivos económicos a diputados para influir en decisiones legislativas.
Tras la ruptura de la bancada de la UNE, Vargas encabezó el grupo afín a la dirigente del partido Sandra Torres, y la respaldó en su lucha por el control de la agrupación frente a movimientos dentro de la agrupación por removerla de la secretaría general. En el proceso electoral de 2023 fuentes políticas del partidos en esa campaña electoral lo ubican como uno de los principales recaudadores de financiamiento de ese proceso.
En 2021 fue incluido en la Lista Engel y en 2022 fue sancionado por OFAC bajo la Ley Global Magnitsky. El Departamento del Tesoro lo acusa de integrar una red destinada a controlar contratos y operaciones en puertos estatales para beneficio personal, utilizando su influencia sobre sindicatos portuarios para generar bloqueos y presión política. Pese a estas sanciones, en 2023 fue inscrito como candidato al Parlamento Centroamericano, al cumplir formalmente con los requisitos legales establecidos por el Tribunal Supremo Electoral.
