Amedrentamiento y represalias sistemáticas; expulsiones, denuncias penales, pelotones de seguridad paralelos y un blindaje judicial explican cómo el rector de la única universidad pública de Guatemala pudo asumir su segundo mandato consecutivo al frente de ella.

En octubre de 2022, solo cinco meses después de que Walter Mazariegos obtuviera por primera vez el cargo de rector de la Universidad de San Carlos (Usac), el Consejo Superior Universitario (CSU) inició un proceso disciplinario contra Adrián Camilo García Flores, representante estudiantil de la facultad de Ciencias Químicas y Farmacia ante el CSU, por llamar “usurpador” a Mazariegos durante una sesión virtual del máximo organismo de dirección de la institución.

“Mi voto es por no aprobar la agenda debido a que lo actuado no tiene validez al ser una sesión presidida por un usurpador de la rectoría que no cumple con las calidades para tal cargo”, dijo Camilo García durante la sesión de aquel 12 de octubre de 2022. El estudiante fue tan enfático en su señalamiento que llamó usurpador a Mazariegos en 16 ocasiones durante aquella sesión celebrada virtualmente. Un mes más tarde, en una nueva sesión del CSU, un abogado que tres años después obtendría un cargo de dirección en el área de sicología en la universidad, lanzaría la primera piedra de represalias contra Camilo García.

Las palabras de Camilo García aludían a un proceso irregular por el que Mazariegos, que entonces era decano de la Facultad de Humanidades, logró que en mayo de ese año solo pudieran ingresar al centro de votación los electores afines a él. Aquel triunfo quedó marcado también porque los agentes antimotines de la Policía Nacional Civil fueron movilizados por el presidente Alejandro Giammattei para constituir una especie de primer escudo protector ante los grupos opositores que veían frustrada su participación.

Casi cuatro años más tarde, el 1 de julio de 2026, Walter Mazariegos se convirtió en el tercer rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala en ocupar el cargo durante dos períodos consecutivos, y el primero en llegar a una segunda investidura con la universidad dividida, con un campus blindado y con una ceremonia de asunción a puerta cerrada. 

En 2022 las puertas del centro de votación se cerraron mientras a decenas de electores de la comunidad universitaria se les impedía el ingreso. Después vino el cierre del campus central durante meses. Cuatro años más tarde, la reelección volvió a celebrarse bajo estrictos controles de acceso en la Antigua Guatemala y, de nuevo, dejando fuera a algunos de los órganos electorales aptos para votar que habían sido ganados por fuerzas opositoras a Mazariegos.

La era de represión en la Usac regida por Mazariegos comenzó con el caso de Camilo García. A partir de entonces, las sesiones del CSU quedaron plagadas de agendas en las que en un inicio se propone, discute y decide sobre castigos o represalias contra estudiantes considerados opositores. Eventualmente también contra personal docente y administrativo que hacía críticas o reclamaba por sus derechos o protestaba o denunciaba lo que pensaban que se estaba haciendo mal.

Desde entonces cerrar las puertas dejó de ser una medida excepcional y Mazariegos la convirtió en una forma de ejercer el poder. Ese ejercicio incluye también instruir auditorías contra personal adverso y la búsqueda de lealtades en personas clave que puedan echarle la mano. Como dice uno de los electores de la Usac: “¿Y qué obtiene uno al apoyarlo? Pues… influencia en la facultad que a uno le interesa y, ¿para qué le voy a mentir?, uno que otro contratito”.

Perseguir a los opositores

Adrián Camilo García Flores, un chico de complexión media, anteojos y cabello largo rizado, se convirtió en el primer enemigo público del rector. Tenía 22 años cuando fue expulsado de la universidad por llamarlo “usurpador” con el argumento de que el exdecano de la Facultad de Humanidades de la Usac había ganado con 72 votos la elección de mayo de 2022 tras lograr que su círculo de influencia en la institución le ayudara a impedir el ingreso al lugar de votación de sus contendientes y simpatizantes y permitir únicamente que entraran quienes le apoyaban. Y lo que argumentaba el estudiante era cierto.

Camilo García cursaba el octavo semestre de la carrera de Química Pura en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y era el representante estudiantil ante el CSU. El CSU está integrado por 41 miembros: el rector, los decanos, representantes de profesionales egresados de la Usac, representantes de catedráticos y representantes de estudiantes.

En noviembre de 2022, en una sesión del CSU, el abogado Berner Alejandro García, representante del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) ante el CSU, mocionó la expulsión del estudiante. Dos meses más tarde, el acta de la reunión del 27 de enero de 2023, registró una votación con 23 votos a favor y 12 en contra.  Y dos años y medio más tarde, el abogado sería nombrado por el CSU como director interino de la escuela de sicología de la Usac.

“Se determinó que el estudiante no observó la ética y el decoro en sus intervenciones oficiales ante el CSU, afectando la armonía y reputación de los integrantes del órgano colegiado”, argumentó el abogado García en la sesión de noviembre de 2022, en la que sugirió que se discutiera la posibilidad de sancionarle.

Aquella petición desató un intenso debate en el que quienes rechazaron la propuesta argumentaban dos cosas: que la Usac tenía una tradición de promoción y respeto a la libertad de expresión, y que tomar medidas contra un miembro del CSU por algo que había expresado iba en contra de esa tradición; el segundo argumento era que el estudiante era autoridad al formar parte del Consejo Superior y que se le estaba tratando como un alumno sin esa investidura. Sobre este segundo punto, también aseguraban que no había una norma que sustentara la posibilidad de sancionar a un miembro del CSU por expresar sus ideas.

El 27 de enero, el tema ingresó en el punto 10 —Procesos Disciplinarios—, el último de la agenda, por medio de la moción presentada por Luis Fernando Cordón Lucero, secretario general de la Usac y hombre de confianza de Mazariegos. 

Primero se leyó el dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos que detallaba un recuento de los hechos: en octubre de 2022, Camilo García Flores criticó a Mazariegos y le dijo “usurpador”; luego, en noviembre, Berner García pidió analizar una sanción contra el estudiante. El 19 de enero de 2023 el CSU concedió al acusado una audiencia para su defensa, la cual también tenía que presentarla por escrito. 

En el documento, García Flores pedía que no se violaran sus derechos humanos, ni de libertad de expresión, entre otros; dijo que el proceso disciplinario carecía de sustento legal y pidió al Consejo que lo declarara sin lugar. 

Camilo García leyó en ese momento el memorial que presentó días antes al Consejo. Sin embargo, el CSU indicó que los argumentos del estudiante no fueron suficientes para desvanecer el cargo formulado y resolvió: “aplicar al estudiante Adrián Camilo García Flores la sanción de ‘Expulsión de la Universidad”, según consta en el acta 02-2023. 

De los 12 consejeros que votaron en contra de la sanción, cuatro eran de la Facultad de Veterinaria, tres de la de Farmacia (incluido Camilo García), dos de Odontología, dos de Arquitectura y uno de Agronomía. Cada uno razonó su voto y expuso los motivos por los que no aprobaron la expulsión. 

Los consejeros coincidieron en que se violaba la libertad de expresión, que no existía un régimen disciplinario para los miembros del CSU, que no existía ninguna base legal ni normativa que permitiera la expulsión, que la propuesta de echar a Camilo García era desproporcionada y que los miembros del Consejo no tuvieron el memorial del sancionado para analizarlo con tiempo suficiente.

“La desproporcionalidad del castigo en relación a la falta (en mi opinión inexistente) no tiene referencia en los últimos 20 años del actuar del CSU, por lo que estimo estamos viviendo una etapa totalmente nueva que conlleve ilegalidad, cooptación, irrespeto a la normativa universitaria, irrespeto a la calidad humana del consejero Camilo, queriendo afectar su vida académica completamente, a lo cual me opongo”, indicó Marco Vinicio de la Rosa, representante docente de Veterinaria.

La sesión, que inició a las 8 de la mañana, terminó hasta las 14 horas sin más pronunciamientos y bajo la presencia de Walter Mazariegos.

Los días siguientes, el expulsado presentó un recurso de reposición nuevamente ante el CSU, envió una carta al Congreso de la República en la que pedía el apoyo de los diputados, entregó la misma misiva en la Procuraduría de los Derechos Humanos y acudió al Juzgado Décimo de Primera Instancia con una petición de amparo dirigida contra Luis Cordón, el secretario de la Usac, con el objetivo de frenar la expulsión. 

Este amparo tuvo una resolución provisional el 16 de febrero de 2023 y luego un fallo firme ordenó a las autoridades de la USAC reintegrar al universitario tanto a sus actividades estudiantiles como a su participación ante el Consejo. La resolución fue ignorada por la universidad, y esa conducta derivó en un proceso penal contra Cordón y Mazariegos, acusados de desobediencia y desacato a mandato judicial.

Aquellos amparos que le favorecían y que ordenaban la reincorporación de Camilo García no se cumplieron. Pero algunos consejeros se manifestaron en contra, como Marco Vinicio de la Rosa, representante docente de la Facultad de Veterinaria, quien solicitó formalmente un informe sobre las “posibles implicaciones que el desacato a la norma jurídica podía tener” para los integrantes del Consejo. Por su parte, el consejero Osmín de Jesús Pineda Melgar, representante del colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas, recalcó que un amparo es una “orden judicial que debe acatarse sin discusión” y que el CSU estaba cayendo en una ilegalidad al irrespetarla. Ambos consejeros pertenecen a la oposición contra Mazariegos. El rector no se pronunció en esas sesiones. 

El juzgado ordenó una investigación penal y eso usó el CSU para escudarse con el argumento de que no debía interferir en el proceso y no hizo nada en favor de restituir los derechos de Camilo García.

Las protestas estudiantiles contra lo que consideraban un autonombramiento de Mazariegos como rector continuaron y en octubre de ese mismo año, 2023, el CSU decidió la expulsión de otros dos estudiantes. Marvin Alfonso Hernández Granados y Bryan Antonio Guzmán también fueron acusados de “ingresar de forma violenta al Campus Central el 21 de septiembre de 2023 y agredir a personal de vigilancia”. El CSU señaló que Hernández Granados y Guzmán tenían más de diez años de ser estudiantes y que la medida buscaba sancionar su participación en las protestas y el cierre del campus provocado luego de que Mazariegos se erigiera como rector.

Esto quedó registrado en el acta 18-2023 del 11 de octubre de 2023. Se menciona que la decisión se aprobó con una mayoría de 34 votos y una abstención: el representante del Colegio de Veterinarios, Osmín Pineda, razonó su voto. 

El caso contra los 81 

Un año después de que se pidiera la expulsión de Camilo García, los castigos administrativos escalaron al ámbito penal. El 16 de noviembre de 2023, el Ministerio Público (MP) comandado por Consuelo Porras sorprendió con la captura de ocho personas, entre docentes, estudiantes y particulares, y la sindicación de 73 personas más, acusadas de usurpación agravada, sedición y daños al patrimonio cultural. La acusación partía de la ocupación de la Usac por quienes seguían reclamando ilegalidad en el mandato de Mazariegos.

El juez Víctor Manuel Cruz Rivera ordenó las capturas contra seis personas, entre docentes, estudiantes y una candidata a diputada por el extinto partido Semilla, basándose en los supuestos delitos de usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita.

El caso, denominado “Caso Usac: Botín político”, respondió a las denuncias realizadas por Mazariegos y la División de Seguridad Universitaria de la universidad, quienes señalaron a todos los sindicados de haber participado en la toma del campus central que duró 386 días (19 de mayo 2022 al 09 de junio de 2023). 

Tres meses después de las primeras capturas, el 28 de febrero de 2024, el CSU aprobó con 22 votos a favor y 10 abstenciones sancionar (expulsar) a 37 estudiantes y emprender un “proceso disciplinario” contra 14 docentes, 12 trabajadores administrativos y contra 10 personas ajenas a la Usac. 

Las acusaciones se basaron en un expediente de 80 folios que incluye un informe de 46 páginas elaborado por la División de Seguridad Universitaria que consiste de la presentación de 132 fotografías en las que se identifica a las personas acusadas y se les imputa la toma del campus y las consecuencias de esa ocupación. El expediente incluye información de las personas señaladas proporcionada por la unidad de Registro y Estadística, que recopila los datos personales y académicos de toda la población estudiantil.

Las auditorías contra los opositores

En estos cuatro primeros años de Mazariegos como rector, abundan los señalamientos de que una de las herramientas que utilizó para atacar a sus opositores en la universidad fue el de las auditorías tanto al desempeño como financieras. Quienes denuncian esta práctica aseguran que se han realizado con sesgo contra decanos, directores y docentes críticos a su gestión. Como sustento enumeran que esos exámenes se han dirigido particularmente a evaluar personal de las facultades de Arquitectura, Veterinaria, Sicología, Odontología, Química y Farmacia, y la Escuela de Historia, donde ha habido mayor resistencia a Mazariegos.

Las auditorías comenzaron en los mismos días en que surgió el caso de Camilo García. Entre octubre y noviembre de 2022 se empezó a auditar no solo la parte financiera, sino también el desempeño de los docentes, como sus horarios, según el acta 30-2022. Estas auditorías se extendieron durante todo 2023.

Marco Vinicio de la Rosa, docente y representante docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, lo planteó así en una sesión del CSU en 2023, cuando hizo ver que las auditorías se dirigían solo a ciertas facultades o escuelas de la Usac. “Se vuelve a indicar otra auditoria más (es la quinta desde noviembre del 2022), lo cual denota una persecución política, ya que existen muchas unidades académicas y ejecutoras que no han tenido el apoyo de auditoría en este mismo lapso de tiempo”, señaló el docente, según el acta No. 18-2023.

El auditor general Byron Felipe Aguilar Siguenza respondió que las fiscalizaciones de desempeño y horarios no eran acoso, sino una “actividad normal” amparada en el Estatuto de la Universidad para garantizar el buen funcionamiento del servicio.

En las actas del CSU de 2022 y 2023 se registran auditorias especiales contra Veterinaria, Odontología, Farmacia e Historia. Seis de los nueve consejeros que votaron en contra de esas fiscalizaciones coincidieron en que la medida era un “ataque directo y acoso laboral” contra dichas juntas directivas.  

“La práctica es solicitar primero una auditoría interna y después pedirla a la Contraloría General de Cuentas. Nos registran y nos buscan el más mínimo error para después sancionarnos con multas de miles de quetzales. Eso ha generado también la deserción de varios colegas que prefieren renunciar antes de ser perseguidos”, comentó un catedrático de una de las facultades afectadas que por seguridad pidió omitir su nombre. 

“La práctica es solicitar primero una auditoría interna y después pedirla a la Contraloría General de Cuentas. Nos registran y nos buscan el más mínimo error para después sancionarnos con multas de miles de quetzales. Eso ha generado también la deserción de varios colegas que prefieren renunciar antes de ser perseguidos”, comentó un catedrático de una de las facultades afectadas quien por temor a más represalias pidió que se omita su nombre. 

Las diferentes actas tienen en común que el secretario general del CSU Luis Fernando Cordón Lucero se negó a incluir los votos razonados de cinco consejeros de oposición en las actas, incluyendo los de Camilo García y De la Rosa, bajo el argumento que el sistema no registró su emisión de voto debido a problemas técnicos de conexión, a pesar de las protestas de los afectados. Tras las críticas limitó los razonamientos a correo electrónico en un plazo máximo de tres días, pero aún así siguió la situación.

Los decanos y directores de estas unidades académicas que han protestado contra el rector han pagado las consecuencias. La primera medida fue realizar las sesiones del Consejo de manera virtual, según los consejeros de oposición al participar solo por Google Meet era más complejo conocer documentos previo a las sesiones, la siguiente fue el caso Usac: Botín político en el que fueron capturados Rodolfo Chang, decano de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia junto a otras cinco personas más. 

La modalidad virtual fue percibida como una forma de castigo y herramienta de control por parte de los sectores disidentes del Consejo Superior Universitario (CSU) debido a que facilitó la exclusión deliberada de consejeros, el bloqueo de la participación.

En el acta número. 06-2023 Osmín de Jesús Pineda Melgar denunció que no se incluyeron tres de sus votos razonados enviados por correo. Cordón Lucero respondió que no fueron incluidos porque el consejero “no participó en las votaciones correspondientes” y que “no hay registro del mismo en el sistema”. Pineda argumentó que el sistema Webex lo expulsó y no le permitió reingresar, pero que él envió sus razonamientos al correo oficial, a lo que el Secretario se negó nuevamente alegando falta de presencia al momento de votar.

En la sesión ordinaria celebrada el 24 de agosto de 2022, consejeros como Edgar Eduardo Parada Villalta y Marco Vinicio de la Rosa denunciaron que, tras reinicios de sesión, se les impidió el reingreso o se les hizo esperar hasta 15 minutos sin que la administradora les diera acceso, perdiéndose así de votaciones importantes.

El CSU también modificó el reglamento para que las votaciones fueran anónimas y secretas, eliminando la tabla donde aparecía el nombre y el sentido del voto de cada consejero. 

Corte de Constitucionalidad avala expulsiones

Otro caso de expulsiones masivas sucedió en mayo de 2025. El CSU aprobó la expulsión de ocho estudiantes por su participación en la toma del campus y en protestas contra la primera elección de Walter Mazariegos. 

Además, el CSU inició un proceso disciplinario contra ocho diputados, egresados de la Usac, siete del extinto Semilla y uno de VOS (Voluntad, Oportunidad y Solidaridad) que denunciaron públicamente la crisis institucional de la USAC. 

El argumento desde un inicio fue que cualquier persona que ingresara a las instalaciones ocupadas o apoyara las medidas relacionadas con la ocupación asumía una “responsabilidad solidaria” con quienes mantenían la toma ilegal, fueran de la universidad o no.

En octubre de 2025, la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó las expulsiones de los alumnos, cerrando la vía legal para revertirlas. No es la única vez que el máximo tribunal del país favorece a Mazariegos, ya que solo en 2026 se contabilizan al menos 20 resoluciones en los cuales los magistrados rechazaron las objeciones de la oposición y confirmaron al rector por otros cuatro años más. 

Hay un patrón que se ha detectado en los votos de los togados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera (esta última designada por el propio Mazariegos desde la USAC), ya que se usan argumentos procesales, como falta de legitimación o falta de agotamiento de la vía ordinaria. Con esto evitan entrar al fondo de las denuncias sobre exclusión de electores y cooptación del CSU. 

Cambiar las reglas del juego

El 28 de marzo de 2025, la dirección de Asunto Jurídicos de la Usac con el aval de Mazariegos presentó ante el Consejo la propuesta de modificación al Reglamento de Elecciones de la universidad. Al mes siguiente se aprobaron las reformas que consistieron en eliminar el Tribunal Electoral que era el órgano encargado de conocer en apelación las decisiones definitivas de la Junta Electoral Universitaria y centralización la decisión en el CSU. Lo que permite que los consejeros, la mayoría afines a Mazariegos revisen y resuelvan de forma definitiva los vicios fundamentales de las elecciones y declarar nulidades, basándose en pronunciamientos técnicos de la Junta. 

También se incorporó una norma que establece que las autoridades electas para un período determinado “continuarán en el pleno ejercicio de sus funciones en tanto no tome posesión la persona que haya sido electa para sustituirlas”. Esto formaliza reglamentariamente la permanencia de autoridades más allá de su período vencido si no hay sucesor.

Y por último, se agregó en uno de los artículos la Mayoría para Reelección que establece que, en caso de reelección, el candidato debe obtener “por lo menos, el voto favorable de las dos terceras partes del Cuerpo Electoral Universitario, Cuerpos Electorales o Sectores Electorales, según corresponda”. 

Además, concentró el poder de sancionar de forma directa a los catedráticos sin necesidad de consultarlo ni gestionarlo con ninguna facultad o escuela. “Cuando los hechos cometidos por el personal docente sean graves, comunes a varias unidades o que redunden en desprestigio de la Universidad, será el Consejo Superior Universitario la autoridad competente para el conocimiento y sanción”, señala el acta.

Con esto y con el CSU a su favor, Walter Mazariegos allanó desde hace un año su camino para perpetuarse en la rectoría y cerró la puerta a cualquier otro competidor.

Construir lealtades

¿Por qué se le permite a Mazariegos cometer tanta ilegalidad? Cuatro fuentes externas de la Usac, pero cercanas y conocedoras de Walter Mazariegos que hablaron bajo condición de anonimato, más el exrector de la Usac Efraín Medina, coincidieron en que la impunidad que lo acompaña es el resultado de las negociaciones políticas que hizo en los últimos meses gracias a su papel en las elecciones de segundo grado. 

Procesos en los que se eligió Fiscal General del Ministerio Público, magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), magistrados para el Tribunal Supremo Electoral y en el que está pendiente designar al nuevo Contralor General de Cuentas.

“Mazariegos es un tigre, usted. En el caso de la elección de la CC, él desde el principio no tenía pensado elegir a Consuelo Porras. Dijo: ‘No la voy a elegir pero voy a utilizar su nombre para que me echen la mano’. Y la usó de ficha de cambio”, contó a este medio un político cercano al rector. 

Otro de los consultados explicó por qué Mazariegos había descartado a Porras: “Porque la fiscal ya estaba muy desgastada, él sabía que el presidente (Bernardo Arévalo) no la quería en la Corte y a él tampoco ya no le servía. La veía débil. En cambio pensó que tener a alguien de su confianza como Julia Rivera le daría más réditos. Tener la Corte es tenerlo todo porque todos los amparos por más trámites que les den van a morir a la CC”, explicó la otra fuente que conoce a Mazariegos desde que era decano de Humanidades.

Según información del Movimiento Pro Justicia, una organización que fiscaliza todos estos procesos, Julia Marisol Rivera Aguirre fue esposa del actual secretario general de la Usac y hombre de confianza del rector, Luis Fernando Cordón Lucero. En tanto que, José Luis Aguirre Pumay, magistrado suplente, también es cercano colaborador de Mazariegos.

“El rector rompió acuerdos predeterminados y dejó fuera de la jugada, a la actual presidenta de la CC, Leyla Lemus; y a la fiscal general Consuelo Porras. Ambas habían entrado en alianzas y negociaciones con Walter Mazariegos, pero este rompió los acuerdos hace varios días y determinó promover la designación de profesionales cercanos a él”, cita una nota de esa organización. 

Antes de que Porras y su equipo dejaran los cargos, la entonces fiscal general consiguió, según una nota de Prensa Comunitaria, su reinstalación como docente en la facultad de Ciencias Económicas. Puesto al que había renunciado en 2021 después de fuertes críticas de los alumnos por la destitución en ese momento del exfiscal, Juan Francisco Sandoval.

“La Usac tiene mucho que ofrecer a jueces y magistrados porque pone a su disposición títulos, plazas de docencia o cargos administrativos para sus aliados dentro de la universidad. Hasta preside el Consejo de Enseñanza Privada Superior, ente que autoriza la creación de nuevas universidades privadas en el país”, agregó otro de los entrevistados. 

De acuerdo con Mapa de Poder, una investigación elaborada por la Dirección General de Investigación de la Usac en 2014, hasta ese momento la universidad tenía una incidencia en 75 cuerpos colegiados del país lo que le permite decidir en temas nacionales de salud, economía, infraestructura, justicia y educación. 

Este nivel de participación responde a su mandato constitucional de cooperar al estudio y solución de los problemas nacionales, convirtiendo a la universidad en un actor político determinante dentro del Estado guatemalteco. 

“Mazariegos comenzó su lobby en reuniones con políticos, diputados e incluso con el círculo del presidente Arévalo, ofreciendo todos los cargos donde la Usac tiene representación como moneda de cambio. ¿Qué ofrecía? Los puestos que uno quisiera a cambio de silencio y complicidad en la reelección que ya tenía planeada”, contó uno de los políticos consultados para esta sección. 

El exrector Medina indicó que más allá de ese protagonismo que no tiene ninguna otra universidad pública del mundo, el rector colocó a sus allegados en la CC y en otros entes de justicia.  “Él los puso pues, y el hecho de incidir en esos nombramientos las personas que están ahora en el cargo le responde debido a compromisos previos para ser electos”, explicó. 

Entre 2022 a la fecha, la CC ha tenido varios fallos a favor de Mazariegos. Entre 2022 y 2023, la antigua Corte rechazó amparos de estudiantes y profesionales que alegaron “fraude” en la primera elección. Los siguientes dos años, lo respaldaron incluso validando las sanciones disciplinarias como la expulsión de Diego Plutarco De León Prado, quien fue expulsado junto con siete estudiantes más en 2025.

Y, en lo que va de este año, la nueva Corte en la que ya está la magistrada Julia Rivera, ha anulado amparos y validado la reelección de Mazariegos pese a denuncias de fraude y exclusión de votantes.

La elección de Rivera y Aguirre fue “secreta y cuestionada por la ilegitimidad”, según algunos integrantes del CSU a quienes se les impidió el ingreso. Porque esa votación también sucedió con la puerta cerrada. 

Un profesional que se considera amigo, financista y elector de Mazariegos, comentó que “el maestro” como le llama al rector, es de “armas tomar”. En la elección de 2022 tenía claro que iba a cerrar las puertas para imponerse en el cargo. “En 2026 también, nosotros viajamos desde un día antes para esperar la votación, estuvimos coordinando los colegios profesionales para captar el mayor apoyo posible. Y, ¿Qué gana uno ayudándolo? Pues influencia en la facultad que a uno le interese y para qué le voy a mentir, uno que otro contratito”. 

Blindar el campus

En marzo de 2026, semanas antes de que Walter Mazariegos obtuviera su reelección y comenzara a inhabilitar cuerpos electorales de oposición, también cerró el campus. En esa ocasión, el Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores ayudó argumentando actividades huelgueras.

Tras volver del feriado de Semana Santa los encapuchados bloquearon los ingresos y tomaron la sede universitaria impulsados supuestamente por el alza al combustible. Mientras la Usac estaba bajo llave, Mazariegos lograba imponerse nuevamente en la cuestionada votación que ocurría en Casa Santo Domingo de Antigua Guatemala. Los estudiantes que llegaron a protestar afuera de la Usac fueron recibidos con violencia por tipos cubiertos con pasamontañas quienes defendían las instalaciones. 

Uno de los portones fue derribado con un picop por un grupo de egresados sancarlistas, según testimonios de estudiantes que participaron en la protesta. Pero desde entonces la Usac sigue cerrada. Aunque el CSU ha dicho que eso se debe a trabajos de excavación por remodelaciones en el lugar, el gobierno lo ha desmentido. 

La Universidad de San Carlos cumplió este año 350 años de existir. Es la única universidad pública del país. La administración de Mazariegos se ha caracterizado por tener a los estudiantes recibiendo clases en línea. Decisión que es aplaudida por quienes trabajan y estudian, pero que afecta a alumnos de primer ingreso o que cursan carreras que incluyen talleres prácticos. 

Una medición del QS World University Rankings en su edición 2026, que evaluó a 98 universidades, situó a la Usac en el puesto 22 de 98 casas de estudios superiores del istmo y México. Antes ocupaba el 26, así que logró subir cuatro 

Las fuentes cercanas a Walter Mazariegos aseguran que la Usac no abrirá las puertas en lo que resta del año porque no quieren protestas. Aunque en las redes sociales de la Usac el rector realiza reuniones y actividades sociales solo con grupos afines. 

El día que este medio entró al campus el lugar lucía silencioso y desolado. Una caseta, conocida como La Chalana, que por muchísimos años vendió panes (shucos), tortillas con carne, tortillas de harina y burritos, funciona ahora como garita del Departamento de Seguridad de la Usac colocada a un costado de una de las entradas principales de la universidad. 

La represión no tiene fin

En julio de 2026, entre 40 y 50 estudiantes de Derecho, Ciencias de la Comunicación y otras carreras denunciaron la pérdida de sus registros académicos, como sus datos y antecedentes fueron “borrados” del Departamento de Registro y Estadística.

Los afectados notaron la ausencia de sus datos al momento de asignarse cursos del segundo semestre de este año. La Usac ha dicho por medio de sus redes sociales que la desaparición de expedientes ocurrió en 2022 y 2023, cuando el campus estaba tomado tras la primera elección de Mazariegos. 

El 28 de julio de este año, por fin el caso del estudiante Camilo García concluyó en el sistema judicial. La Corte de Constitucionalidad (CC) avaló su expulsión, aquella que se aprobó en la Usac tres años atrás. 

La jugada de colocar a la magistrada Julia Rivera, expareja del actual secretario de Mazariegos, en la CC, rindió frutos. Walter Mazariegos sorprendió con esa elección al dejar afuera a la exfiscal Consuelo Porras, pero parece que su decisión fue acertada, según sus intereses. 

La votación de tres magistrados contra dos del máximo tribunal rechazó el recurso presentado por García, dejando firme la sanción impuesta por las autoridades universitarias. El fallo fue firmado por Luis Fernando Bermejo (disidente), Anabella Morfín (disidente), Claudia Paniagua (a favor), Julia Rivera (a favor) y Roberto Molina Barreto (a favor).

“Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Adrián Camilo García Flores -postulante- contra la sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo”, indica parte del fallo. 

La expulsión no fue la única consecuencia que enfrentó García por su participación en la defensa de la democracia universitaria. También, fue sometido a un proceso penal impulsado por Mazariegos y sus aliados, junto a otros estudiantes, docentes y profesionales que encabezaron el movimiento sancarlista que se opuso a su imposición como rector.

Walter Mazariegos “ganó” la reelección a puerta cerrada y en julio tomó posesión a pesar de las críticas y la oposición que rodea su cargo. Su segundo periodo concluirá en 2030, a la fecha el campus central continúa cerrado y las clases en modalidad virtual indefinidamente.