El martes 1 de junio de 2021 dio inicio la audiencia de primera declaración en contra de implicados en el caso Diario Militar. Nueve represores han sido ligados a proceso y enfrentarán la etapa intermedia a partir del 21 de septiembre.
El 1 de junio de 2021, veintiún años después de la aparición del Diario Militar, seis agentes de inteligencia del ejército comparecieron ante un juez. Acudieron, trasladados por el Sistema Penitenciario, los especialistas Enrique Cifuentes de la Cruz, Edgar Corado Samayoa, Rone René Lara, José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Virginio de León Sigüenza. También se presentó Jacobo Esdras Salán Sánchez, quien no había sido localizado en su residencia el día anterior.
Los generales Marco Antonio González Taracena y Victor Augusto Vásquez Echeverría, el coronel de policía Juan Francisco Cifuentes Cano, el coronel de artillería Gustavo Adolfo Oliva Blanco y los especialistas del ejército Eliseo Barrios Soto y Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth se declararon enfermos y se internaron en un hospital. Sus audiencias fueron reprogramadas para varias semanas más tarde.
El 22 de junio declaró González Taracena, y el 1 de julio, Juan Francisco Cifuentes Cano y Eliseo Barrios Soto. La persecución penal en contra de Castañeda Betancourth se encuentra suspendida y quedaron pendientes de declarar Oliva Blanco y Vásquez Echeverría.
Están acusados de delitos de lesa humanidad en el caso Diario Militar. Este documento, sustraído de los archivos del Ejército en 1999, ha permitido evidenciar a través de pruebas documentales la forma en que 183 personas pertenecientes a diferentes grupos guerrilleros fueron capturadas, sometidas a tortura y en muchos casos ejecutadas.
La primera audiencia se llevó a cabo en la torre de tribunales. Seis de los acusados y buena parte de los abogados ocuparon el espacio normalmente destinado al público, debido a los protocolos por covid 19. La segunda, con acceso más restringido, se realizó en un ruidoso patio del área de pediatría del Hospital Militar. Y una más se realizó de manera remota por videollamada, con los acusados acostados en una cama de hospital.
Primera audiencia. 1 de junio de 2021
Entre el 1 y el 9 de junio se llevó a cabo la audiencia de primera declaración de seis de los acusados. Durante la primera jornada los abogados intentaron de diversas maneras entorpecer el desarrollo de la audiencia, pero a partir del segundo día el Ministerio Público tuvo la palabra y uno a uno los ex militares fueron escuchando las razones de su detención.
José Daniel Monterroso Villagrán
El primero en escuchar la imputación fue José Daniel Monterroso Villagrán, alias Lengüita, de 73 años, sargento mayor especialista y oficinista del Estado Mayor de la Defensa Nacional, quien ocupó dicho puesto durante toda la década de los ochenta. Previamente, durante cinco años trabajó en la Policía Militar Ambulante.
Monterroso primero escuchó la imputación general, que se repitió en todos los acusados. Fue señalado de integrar estructuras clandestinas estatales que ejecutaron operaciones ilegales contra al menos 195 personas —incluyendo a familiares que fueron víctimas de la represión pero que no aparecen en el Diario—para controlarlas, neutralizarlas y eliminarlas, y cuyos resultados fueron registrados en el Diario Militar.
Al menos 15 personas fueron ejecutadas y sus cadáveres localizados en la vía pública, y se ocultó el paradero de al menos 131, estableciéndose durante la investigación la identidad de seis personas enterradas en instalaciones militares y dos en el cementerio de La Verbena.
Según el MP, estas operaciones provocaron el desplazamiento de al menos 27 personas, y se catalogó como enemigo interno a al menos 28 niñas, niños y adolescentes a quienes se sometió a control, neutralización y eliminación. Se realizaron al menos 36 allanamientos ilegales y se sustrajeron bienes y objetos de valor.
Todas las personas detenidas fueron interrogadas mediante diversos métodos de tortura. 28 eran mujeres, quienes fueron sometidas a actos de violencia y violación sexual, incluyendo a una niña de 9 años.
A Monterroso se le señaló, específicamente, de intervenir en el traslado del militante del PGT Rubén Amílcar Farfán del Departamento de Investigaciones Técnicas, donde se encontraba retenido ilegalmente, a las instalaciones de la antigua Escuela Politécnica, en la zona 10 capitalina, utilizada como centro clandestino de detención. Tambiénde intervenir en su retención y de contribuir a generar las condiciones para su interrogatorio. Fue acusado por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad.
Según una declaración bajo reserva leída por el Ministerio Público, Monterroso integraba uno de los grupos operativos de contrainteligencia de la D-2, dirigida por Byron Disrael Lima Estrada.
En 2010 Monterroso Villagrán trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde prestaba servicios técnicos. Al juez Gálvez le dijo que luego de retirarse del ejército, donde trabajó durante 27 años, se dedicó a la agricultura.
Si bien al inicio de la audiencia, al momento de brindar sus datos personales el ex sargento se mostró amable, tras dictarse el auto de procesamiento Monterroso amenazó a los fiscales y querellantes diciéndoles: “Prepárense pues, muchá”.
Edgar Virginio de León Sigüenza
Edgar Virginio de León Sigüenza, un ex agente de contrainteligencia de la D-2 que operaba bajo las órdenes Byron Disrael Lima Estrada, fue el siguiente en escuchar su imputación.
De León Sigüenza fue ligado a proceso por los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra deberes de la humanidad. Y, al igual que Daniel Monterroso Villagrán, fue acusado por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad en agravio de Rubén Amílcar Farfán.
Sigüenza , con el sobrenombre de El Choco, además de trabajar como agente de la D2, en ese momento aparecía en la nómina de la Dirección de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional, los judiciales. Fue señalado de pertenecer a grupos operativos de inteligencia que realizaban procedimientos clandestinos. La declaración de un ex agente de la D-2 señala, refiriéndose a los grupos que actuaban bajo las órdenes de Byron Disrael Lima Estrada: “Estos tipos eran de lo peor. Ellos cuatro: Tarso de León, Alex Barillas, Virginio de León Sigüenza y Daniel Monterroso eran los jefes operativos de los grupos de la Dirección de Inteligencia”.
La misma declaración describe a De León Sigüenza como “sanguinario, temible”, y lo ubica como un elemento de alta en contrainteligencia.
Edgar Virginio de León Sigüenza es uno de los guatemaltecos graduados de la Escuela de las Américas, un centro de adiestramiento estadounidense entonces ubicado en Panamá. De julio a noviembre de 1972, con el grado de cabo especialista, recibió en esa academia el curso de inteligencia militar para clases con el nombre de NCO E-16.
El propósito del curso, según un catálogo de la propia Escuela, era “capacitar a los suboficiales para que puedan desempeñar tareas de inteligencia táctica a nivel de división y tareas de contrainteligencia a nivel de oficina de campaña”, proporcionando conocimientos prácticos en métodos generales de inteligencia, orden de batalla, técnicas de interrogatorio, investigaciones, servicios de contrainteligencia y operaciones especiales de contrainteligencia, contrainteligencia de combate, obtención y utilización de empleados y conceptos de la contrainsurgencia rural y urbana.
Luego de participar en los hechos delictivos cometidos por instituciones del Estado durante las décadas de los setenta y ochenta, ya en democracia De León Sigüenza se desempeñó durante el gobierno de Jorge Serrano Elías como Primer Jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional. Al mismo tiempo continuaba trabajando para el Estado Mayor de la Defensa Nacional, donde dijo haber permanecido 25 años. Durante las audiencias se hizo evidente que, junto a Salán Sánchez, De León Sigüenza pertenece a un estrato social muy distinto al del resto de implicados que rindieron su primera declaración junto a él.
Enrique Cifuentes de la Cruz
Enrique Cifuentes de la Cruz, conocido como El Miquillo, trabajó como sargento mayor especialista y revisor de cartografía 2 del Archivo General y Servicios de Apoyo de septiembre de 1979 a noviembre de 1984. Fue acusado por los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad en contra de al menos 16 personas.
Una declaración con datos bajo reserva leída por el Ministerio Público durante la audiencia señaló que Cifuentes, conocido como El Miquillo, era uno de los integrantes del grupo élite del Archivo, grupo clandestino que se reunía en el edificio El Centro, con recursos del Estado Mayor del Jefe de Estado.
Otra declaración de un ex agente del Quinto Cuerpo de la Policía indicó que el 28 de noviembre de 1983, alrededor de las 17 horas, hubo un operativo en apoyo al Archivo en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, y que “iban tras un patojo”.
El ex policía declaró que “ese día del operativo también iba El Miquillo, Enrique Cifuentes de la Cruz”, y que todos eran personal del Estado Mayor Presidencial y trabajaban junto a la D-2.
La declaración de Amílcar Blandemiro Orozco, uno de los sobrevivientes del Diario Militar, capturado el 2 de noviembre de 1983 en las cercanías de la Universidad de San Carlos, y quien testificó en el caso se refiere a un “individuo moreno, tipo costeño, de ojos ovalados, nariz chata grande, boca grande, labios gruesos, corpulento, con aspecto de gorilón”, descripción que coincide con la de Cifuentes de la Cruz.
Amílcar Blandemiro, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos, declaró ante el Ministerio Público que, al ser capturado, los hombres armados le preguntaron si sabía quiénes eran. Ante su negativa respondieron: “Aquí estás hablando con inteligencia militar”. Lo trasladaron a una panel blanca y le pusieron una capucha de periódico.
Según Blandemiro, en el lugar de reclusión había un joven de unos 18 años que trataba bien a los desaparecidos. En una ocasión, este joven le preguntó a Orozco si quería que le trajera algo de afuera, un jugo o algo. El testigo pidió una Biblia.
Mientras leía “entró el gorilón”, explicó Amilcar.
—Tuvo una participación destacada, porque me capturó y me torturó, y me dijo: ¿Ahora me saliste cristiano?, y me pegó una patada muy fuerte en las manos. La Biblia voló muy lejos, y me dijo: Hoy te toca, voy a venir por vos más tarde. Él cargaba un morral de pita, y me preguntó: ¿Sabés qué es esto?, y me mostró varios cables que estaban adentro del morral y me dijo:
—Estos cables son para los huevos, estos para los dedos gordos de los pies, estos para la cintura, y estos otros para el cuello.
Ese mismo día, explicó el sobreviviente del Diario Militar,un sujeto de tez morena clara, lentes y bufanda, al que le calculó unos 50 años, le dijo que él estaba a cargo de todo y que había posibilidades de que saliera en libertad.
Durante el cautiverio primero lo llevaron a un baño para los detenidos. Al abrir un poco la puerta pudo ver “tres cuartitos en los que habían varias personas embrocadas leyendo. Se veían muy tranquilos, aunque estaban encadenados”. Posteriormente lo trasladaron a una vieja cocina en desuso, de estilo colonial, donde había una colchoneta. En ese sitio pudo hablar con El Hombre Lobo, Carlos Humberto Quinteros García, un ex dirigente del PGT reconvertido en agente de inteligencia, conocido también como Miguel, quien le dijo que estuviera tranquilo, que posiblemente lo liberarían.
—A pesar que siempre escuchaba música con mucho volumen se podía escuchar gritos de personas, como que las torturaban por las madrugadas.
Una vez, conversando con el joven carcelero, se dio el siguiente diálogo:
—Aquí hay muchos, ¿verdad? —Le preguntó Amilcar.
—Sí—le dijo el carcelero—, todos son buenas personas, pero los que no colaboran se van para abajo. Porque ahí hay un túnel, es un sótano donde hay varios que ya no pueden salir. Tienen la barba larga, aquí —señalando más o menos a la altura del abdomen—, y se les baja la comida en una caja.
Cifuentes de la Cruz escuchó atento cada uno de los testimonios y declaraciones que lo vinculan con los delitos registrados en el Diario Militar. Al momento de dar sus datos personales dijo que actualmente trabajaba en la empresa de su hijo, sin especificar el rubro al que ésta se dedica.
Roné René Lara
Rone René Lara, el Carnitas, sargento mayor especialista y conductor de vehículos 2 del Archivo General y Servicios de Apoyo de febrero de 1981 a febrero de 1985, fue señalado por asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad en contra de Álvaro René Sosa Ramos.
El ex sargento escuchó su declaración fingiendo dormir o cubriéndose exageradamente la cara en un vano intento por escapar de las cámaras. Al aportar sus datos personales dijo ser agricultor, y que antes de eso no había trabajado “en ninguna parte”.
Según la declaración de un ex militar que trabajó en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, aportada como medio de prueba por el Ministerio Público, Rone René Lara formaba parte del grupo élite del Archivo del Estado Mayor Presidencial. Le atribuye el alias de Carnitas y lo describe como “de estatura media, delgado, de pómulos resaltados”.
La declaración de Sosa Ramos, un desaparecido que logró escapar de sus secuestradores, señala, en referencia a Rone Lara: “El segundo individuo, que era de tez morena, de complexión delgada, cabello liso color negro, ojos hundidos color café oscuro, cara larga, pómulos resaltados, mejillas hundidas, nariz recta, labios delgados, boca mediana. Vestía formal, camisa de manga larga, pantalón de vestir color oscuro, zapatos de vestir color negro. Parecía ir al mando del grupo en el operativo de mi secuestro. Estaba dentro del vehículo al lado del piloto y llevaba un radio portátil. Al momento del secuestro informó por la frecuencia de la radio portátil: ya llevamos al enfermo a la clínica”.
Jacobo Esdras Salán Sánchez
Jacobo Esdras Salán Sánchez, entonces capitán segundo de artillería, subjefe del Curso de Adiestramiento y Operaciones Especiales Kaibil y adscrito a la D-3 del Estado Mayor de la Defensa Nacional de septiembre de 1983 a marzo de 1985, fue señalado de los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad en contra de al menos diez personas. Entre los asesinatos en los que aparece incriminado Salán Sánchez se encuentran el niño de 12 años Juan Pablo Armira López, Álvaro René Sosa Ramos y Silvio Matricardi Salán, tres de los desaparecidos del Diario Militar.
Salan Sánchez también fue egresado de la Escuela de las Américas. Además se le menciona miembro de La Cofradía, un club de ex militares de inteligencia que estuvieron vinculados a diversas actividades criminales además de constituir uno de los poderes ocultos en Guatemala. Su nombre figuró además dentro de las personas incriminadas por el testigo del MP, Javier Ortiz, alias Jerez, como parte de la estructura que defraudó al Estado en la Red Moreno. Además, Salán Sánchez fue acusado de desviar 30 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa durante el gobierno de Alfonso Portillo.
Su abogado intentó aprovechar el que Salán Sánches se presentara voluntariamente para pedir su libertad, al no tener éxito solicitó que fuera internado en el Hospital Militar, pero el juez Miguel Ángel Gálvez decidió enviarlo a la cárcel de Mariscal Zavala.
Edgar Corado Samayoa
Edgar Corado Samayoa, conocido como el Diablo, sargento mayor especialista y conductor de vehículos 2 del Archivo General y Servicios de Apoyo entre 1981 y 1985, fue señalado de los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad en contra de al menos 13 personas.
El imputado escuchó el testimonio de Mario Enrique Chávez Ovalle, entonces miembro del Seminario Teológico Centroamericano, capturado en 1984 y liberado cuatro días después al no tener ninguna relación con las organizaciones de izquierda.
Chávez fue introducido junto a su moto a una de las paneles, amarrado de pies y manos y puesto boca abajo mientras uno de los hombres se sentaba sobre él, y así fue interrogado. En cierto punto del trayecto le pusieron una capucha y finalmente lo llevaron a una habitación donde había tres o cuatro personas más. En la habitación había una colchoneta sucia, con manchas de sangre. Ovalle recibió comida una sola vez durante los cuatro días de su cautiverio.
—Recuerdo muy bien que en una oportunidad me pusieron de rodillas frente a un niño de aproximadamente diez a doce años de edad, a quien le preguntaban: Mirá, ¿éste es?, y él dijo: No. Aquél era peludo, no es éste. En los interrogatorios me decían: Bien tapado estás, refiriéndose a los documentos del seminario. Me hicieron recitarles versículos de la Biblia, y que les cantara canciones de la iglesia.
Durante todo el tiempo una radio estuvo encendida a todo volumen, impidiendo escuchar lo que sucedía.
—En una oportunidad me llevaron a un salón donde había cuatro o cinco hombres. Todos estaban con el rostro descubierto y me dijeron: Miranos. Pero yo no quise verlos porque seguramente me traería consecuencias. Me dijeron: Disculpá lo que te hicimos pero si no es así no acabamos con estos desgraciados. El lugar donde me tuvieron estoy casi seguro que fue por la zona 10 de esta ciudad.
Al momento de su captura, Edgar Corado Samayoa prestaba servicios técnicos de seguridad en la municipalidad de La Gomera, Escuintla, y durante 2014 prestó servicios técnicos en el despacho de la Dirección General del Sistema Penitenciario.
Los alegatos de la defensa
El martes 8 de junio la defensa presentó sus argumentos. Señalaron supuestas inconsistencias en las declaraciones y lo que consideran ausencia de pruebas. Se reprochó la forma en que el Diario Militar fue obtenido. Hubo quien mostró comprensión y no negó que los hechos hubieran ocurrido, pero indicó que no existen elementos que vinculen a los imputados con los sucesos. Otros mencionaron la ausencia de sellos y firmas. Uno manifestó que al Diario se le catalogó como “un documento único, pero esto lo obtuvieron de una revista”.
La mayoría se dedicó a descalificar los testimonios, principalmente el de Sosa Ramos. Argumentan que es imposible que alguien recuerde sucesos ocurridos hace más de treinta años. Cuestionaron la idoneidad de los peritos, alegando desconocer su procedencia o acusándolos de ser extranjeros, o de residir en el exterior y haber participado en política estudiantil durante su juventud.
Hablaron de derechos humanos, de humanidad, del derecho a la salud y el derecho a la vida. Afirmaron que la prisión preventiva es un método de tortura y que no sólo sus defendidos, sino también familiares y amigos son víctimas de ese sufrimiento. Invocaron la Ley de Reconciliación Nacional.
El 9 de junio de 2021 los seis imputados fueron ligados a proceso. Al día siguiente se decidió que cumplirían prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala hasta la audiencia de fase intermedia programada para el 21 de septiembre de 2021.
La audiencia en el Centro Médico Militar
El 22 de junio debía realizarse la audiencia de primera declaración de Marco Antonio González Taracena, Víctor Augusto Vásquez Echeverría y Gustavo Adolfo Oliva Blanco en un salón del área de pediatría del Centro Médico Militar, donde se internaron al enterarse de que eran objeto de persecución penal. Únicamente se presentaron González Taracena y Oliva Blanco, pero éste se retiró alegando diversos padecimientos. El 23 de junio se anunció que Vásquez Echeverría había entrado en coma.
Marco Antonio González Taracena, el director del Archivo
Acompañado por su abogado y un enfermero, el militar fue escuchando las acusaciones. Al principio haciendo gestos de sorpresa y negando con la cabeza, mientras la lectura avanzaba dejó los ademanes. La sesión fue larga y se extendió durante cuatro jornadas.
El general Marco Antonio González Taracena,jefe del Archivo General y Servicios de Apoyo de agosto de 1983 a mayo de 1985, fue señalado de los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad en contra de una veintena de personas.
Al general le fueron presentadas escenas del documental Escuadrones de la muerte: La escuela Francesa, en el que ancianos veteranos narran los métodos que utilizaron para capturar, interrogar y desaparecer prisioneros durante la guerra de independencia de Argelia, y que luego extendieron por toda América Latina. Escuchó además testimonios que vinculan a la dependencia a su cargo con las desapariciones registradas en el Diario Militar.
El abogado defensor intentó descalificar las acusaciones asegurando que las actividades del ejército eran legales y que todo lo que éste hacía era público. Hizo una solapada apología de la tortura, invocando los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la importancia de la información. Calificó al Diario Militar de apócrifo y aseguró que su defendido no tiene nada que ver con las desapariciones. El 25 de junio de 2021 el juez Gálvez decidió ligarlo a proceso, ordenando la prisión preventiva en el Centro Médico Militar y un plazo de tres meses para la investigación.
Tercera audiencia
El miércoles 30 de junio dio inicio la audiencia de primera declaración de Juan Francisco Cifuentes Cano, Eliseo Barrios Soto y Mavilio Aurelio Bethancourt Castañeda.
Juan Francisco Cifuentes Cano
Juan Francisco Cifuentes Cano, con el grado de teniente coronel de policía y el cargo de primer jefe del Quinto Cuerpo, COE o BROE de abril de 1982 a mayo de 1984, fue señalado por la desaparición de al menos ocho personas adultas, entre las que se encuentran Marvin Girón Ruano y Alma Lucrecia Osorio Bobadilla, y una niña de dos y un niño de cinco años.
Eliseo Barrios Soto
Eliseo Barrios Soto, sargento mayor especialista que se desempeñó como programador en el Archivo General y Servicios de Apoyo del 1 de marzo de 1977 al 15 de enero de 1985, también fue imputado por los delitos de desaparición forzada y contra los deberes de humanidad. El 7 de julio de 2021 ambos fueron ligados a proceso.
Mavilio Aurelio Castañeda Bethancourt
El 2 de agosto de 2021 el juez Gálvez decretó la suspensión condicional de la persecución penal contra Mavilio Aurelio Castañeda por motivos de salud, lo que no interfiere con la investigación que el Ministerio Público debe continuar contra el resto de imputados y el mismo Castañeda Bethancourt.
El psiquiatra que lo atiende desde 2017 no pudo demostrar conocimientos básicos de la profesión que practica, y explicó que no está titulado debido a lo prolongado del trámite. El médico y psicólogo mexicano Jorge de la Peña Martínez señaló que pudo entrevistarlo, que el ex sargento le dijo que había que hacer la guerra, y se refería al médico como “coronel”. De la Peña dijo que Castañeda tiene mucho miedo. Tiene también alucinaciones y delirios a consecuencia de sus actividades del pasado. En una ocasión el ex militar le dijo que había matado a un niño, y que por eso lo buscaban.
Gustavo Adolfo Oliva Blanco y Víctor Augusto Vásquez Echeverría
Gustavo Adolfo Oliva Blanco, ex jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional y Víctor Augusto Vásquez Echeverría, comandante de la Zona Militar de Chimaltenango, a donde fueron trasladadas once de las personas desaparecidas cuyos casos aparecen en el Diario Militar, aún no han rendido la audiencia de primera declaración.
El 27 de julio de 2021 se decidió que el Comité Pro-Ciegos y Sordos se encargaría de evaluar a los sindicados, pues alegan problemas auditivos y es ese el motivo por el que aún no se ha realizado la audiencia de primera declaración.
Todos los acusados actuaron bajo las órdenes de diversos generales que han muerto en años recientes. La máxima autoridad era el general óscar Humberto Mejía Víctores, ex jefe de Estado y Ministro de la Defensa del 8 de agosto de 1983 al 14 de enero de 1986.
Lea aquí la primera parte: “Diario Militar: el documento que permitió juzgar a la Inteligencia”.
Lea aquí la segunda parte: “El Archivo: el escuadrón de la muerte del Estado Mayor Presidencial”.
Lea aquí la tercera parte: Policías contrainsurgentes.
Esta es la cuarta parte de un compilado de 6 reportajes sobre el Diario Militar, el documento desclasificado que describe el destino de 183 personas capturadas de forma clandestina por las fuerzas del Estado durante los años 80. Hoy, los oficiales que participaron en la creación de este dossier de la muerte, han sido capturados y están a punto de ser juzgados en los tribunales.
