Hace ocho años el gobierno prometió construir el primer hospital de la historia de Ixcán, un municipio en el oeste de Guatemala marcado por las masacres en la guerra civil y el abandono del Estado en la democracia, pero cuando llegó la pandemia la corrupción ya lo había convertido en ruina.
Este reportaje forma parte de La Redacción Regional (RR) una alianza entre periodistas y medios que apuesta por el periodismo en profundidad para ofrecer una cobertura permanente de las violencias, desigualdades, corrupción y violación a los derechos humanos en Mesoamérica.
El hospital prometido estaba a diez minutos a pie de la casa de Daniel Cuyuch, pero cuando se contagió de covid-19 la promesa ya se había convertido en una estructura de block abandonada. Cuyuch, el primer muerto por la pandemia en el pueblo guatemalteco de Ixcán, murió en la carretera, a cuatro horas de su casa, en busca de un hospital real.
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La primera piedra fue colocada en abril de 2014 por la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti. Ixcán, una comunidad en el oeste de Guatemala afectada por la desnutrición crónica y las muertes maternas, tendría en menos de dos años un hospital de 10 millones de dólares con servicios de cirugía, pediatría, medicina interna y ginecobstetricia. En un país con una media de una cama de hospital por cada 200,000 habitantes, las 100,000 personas del pueblo contarían con 48. Ocho años después el monte crece y el agua de la lluvia se acumula en un elefante blanco compuesto de amasijos de hierro y cuartos carcomidos por la humedad. Un camino de terracería por donde deambulan perros y circulan tuc-tucs que conectan el centro de Ixcán con otras aldeas rurales escondidas entre montañas lleva hasta este terreno rodeado de láminas. Los camiones que durante algunos meses de 2014 transportaron el material de construcción de una de las obras más ambiciosas jamás conocidas en el pueblo, ahora están oxidados y semienterrados entre el polvo. Aquí, en el lugar llamado a simbolizar el progreso de una región que había sufrido masacres en la guerra civil y abandono en la democracia, solo queda la obra de una red de sobornos.
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Sin hospital, los habitantes de Ixcán tienen tres opciones para enfrentar la mayor crisis sanitaria mundial del último siglo: viajar cuatro horas hasta el hospital más cercano, ingresar en un centro de salud materno-infantil o pagar una clínica privada, en una comunidad donde más del 74% de la gente vive en pobreza. Daniel Cuyuch intentó las tres vías antes de morir.
Cuyuch, de 76 años, era conocido en Ixcán por atender la tienda El Almendro, ubicada bajo la sombra de un árbol del mismo nombre en una calle empedrada, y porque en 2003, junto a un grupo de vecinos, le dio a la comunidad uno de los primeros centros de educación media: el Instituto Normal Mixto Ciencia y Arte, en el que hoy estudian alrededor de 300 jóvenes. Cuando inició la pandemia, este hombre activo y amigable, permaneció detrás del mostrador de su negocio, que también era su casa, situado frente a una clínica privada de tres niveles. Hasta que en julio de 2020 se infectó.
Aquel mes en Guatemala los casos de covid-19 iban en aumento y los hospitales empezaban a colapsar. El estigma y la histeria colectiva también crecían: en otra zona del país un alcalde encerró con candado a una familia entera que estaba en cuarentena preventiva. Con ese contexto, cuentan sus sobrinas, sólo el círculo cercano de Daniel sabía que había enfermado.
En los primeros días con síntomas fue tratado en su casa con remedios naturales. Cuando su salud empeoró la familia cruzó la calle con él a cuestas para que fuera atendido en la clínica privada de enfrente. Daniel estuvo internado dos días hasta que los médicos reconocieron que no tenían el material necesario para estabilizarlo. Salió de allí más enfermo y con una deuda de más de 1,000 dólares — el salario mínimo mensual en Guatemala es de 383 dólares. Sus familiares lo llevaron entonces al Caimi, el único centro de salud pública del pueblo, donde se había habilitado un ala para atender pacientes de covid-19 que no contaba con una separación entre casos positivos y sospechosos; donde no había papel para secarse las manos y se utilizaban toallas de tela; en el que las camillas no podían ser desinfectadas porque eran de algodón. El edificio tenía tantas grietas que durante la época de lluvias se infiltró el agua y provocó cortocircuitos. En el centro tampoco había ni medicinas ni oxígeno suficiente para atender a Daniel.
El mes en el que Daniel Cuyuch ingresó en el Caimi, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, visitó Ixcán para inaugurar los trabajos de reparación de un puente. La población aprovechó para manifestarse y exigir que continuara la construcción del hospital, algo que el mandatario había prometido durante su campaña electoral. El presidente se volvió a comprometer: dijo que esa era una de las metas de su gobierno y que se estaban agilizando las gestiones para retomar la obra. Sin embargo, no pasó nada. Un mes antes el personal médico del centro había firmado un comunicado pidiendo al Ministerio de Salud mascarillas KN95, más médicos y enfermeros, y una ambulancia exclusiva para trasladar a los pacientes graves. No les hicieron caso. En septiembre de 2021, la Red de Organizaciones de Mujeres de Ixcán viajó a la Ciudad de Guatemala a pedirle al Congreso que intermediara para que el Ministerio de Salud continuara con el proyecto. Ni en el Congreso ni el gobierno atendieron sus peticiones.
Ante el olvido del Estado, la última opción para Daniel Cuyuch era ingresar en el hospital más cercano, en Cobán, Alta Verapaz. Daniel fue trasladado en una de las tres “ambulancias” de Ixcán, vehículos tipo pickup que fueron adaptados con un techo, cuatro paredes y pintura blanca para que parezcan una. Estas unidades no cuentan con los insumos necesarios para atender una emergencia, mucho menos de covid-19. Cuando están ocupadas, los vecinos se organizan para ayudarse entre ellos. La Procuraduría de los Derechos Humanos documentó que la Dirección de Área de Salud de Ixcán solo cuenta con un “listado de personas particulares que prestan el servicio de traslado de pacientes” bajo un costo. En las supuestas ambulancias, los pacientes son trasladados en la palangana del pickup porque tampoco hay camillas. “Adentro ni siquiera cabe un tanque de oxígeno”, cuenta Mildred Diéguez, una bombero voluntaria que viaja junto a un piloto en uno de los tres vehículos.
Así recorrió Daniel 158 kilómetros de un camino por partes deshecho por baches y agujeros en los que se forman lagunas de agua sucia. Cuando puso la primera piedra del que sería el hospital del municipio, Baldetti habló de ese camino que separa a la comunidad de los servicios de salud y prometió que la situación iba a cambiar. Según los datos del Ministerio de Salud, hasta este año la pandemia se había cobrado 39 víctimas en Ixcán. En un pueblo donde mucha gente se trató en casa y con un solo centro público de salud colapsado y sin capacidad para atender la pandemia, la cifra oficial no parece del todo confiable (en Guatemala varios estudios han señalado un subregistro de hasta 30,000 muertes por la covid-19). El hecho es que Daniel Cuyuch fue el primer muerto registrado. Murió momentos antes de ser ingresado al hospital de Cobán.
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Cada vez que sale de su casa Ángela González se topa con las ruinas del hospital prometido. Ella vive en la zona 2 del municipio, en un área con caminos de tierra y monte, a unos metros de la reja de láminas que rodea la estructura de block, cemento y hierros salidos que quedó de la construcción. “Ya son muchos años que el hospital está ahí varado y el pueblo de Ixcán necesita ese servicio. Es lamentable”, dice esta mujer de 47 años que preside la Red de Mujeres de Ixcán. “Eso ha cobrado la vida de muchas personas”.
Ella es hija de una comadrona y creció cuando eran las mujeres como su madre las únicas que atendían las necesidades de salud en el pueblo, un municipio compuesto por 198 aldeas. “Ahora de cada 10 mujeres que dan a luz, cinco son atendidas por comadronas”, dice para mostrar que el sistema de salud no ha cambiado demasiado desde su infancia, cuando el pueblo era una zona de enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército. Las comadronas son las únicas que pueden atravesar los caminos sin asfaltar de las aldeas más alejadas del centro de Ixcán, las que llegan donde no pueden los pick-up disfrazados de ambulancias.
Ángela fue testigo del día en el que la exvicepresidenta Baldetti colocó la primera piedra y también de cómo la construcción del hospital se frenó en septiembre de ese año cuando estaba en un 35%. La empresa responsable, Servicios de Construcción Comunitarios y Comerciales, Sociedad Anónima (Sercco), que había recibido adelantos por 4.1 millones de dólares, dejó la obra por “inconsistencias administrativas” y pidió una prórroga del contrato. Un mes después la comunidad se organizó pacíficamente para bloquear la salida de los camiones y tractores y exigir que el proyecto continuase. Desde entonces, la maquinaria continúa en el mismo lugar, como recordatorio del abandono de las autoridades.
La historia del hospital de nunca jamás había comenzado en 2013 cuando después de las exigencias de la población, el entonces gobernador de Quiché, Herber Cabrera, y el diputado de la región Estuardo Galdámez presentaron una propuesta para construirlo. El contrato fue lanzado al público y la adjudicada fue Sercco, una empresa con experiencia en puentes y asfaltos, pero que no había construido antes un hospital. En 2018, una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), una unidad dentro del Ministerio Público que indagaba en casos de corrupción de alto nivel, descubrió que tras la promesa incumplida había una red de funcionarios y operadores privados que pactaban sobornos por adjudicaciones de obras públicas. Según la Feci, los propios Galdámez y Cabrera intermediaron para que Sercco fuera la ganadora y a cambio recibieron una comisión del 10% del valor total de la obra, es decir 1.03 millones de dólares (7 millones 963 mil quetzales). Seis personas más involucradas en la contratación se habrían repartido otros 1.2 millones de dólares (9 millones 555 mil quetzales).
En aquel momento los pobladores, recuerda Ángela, tenían la esperanza de que el caso por los supuestos sobornos tuviera una sentencia pronta y que con ello se retomara la construcción. Ocho años después el tiempo parece haberse detenido: el proceso penal avanza a paso lento en los Tribunales. Estuardo Galdámez, el exdiputado que habría concentrado las negociaciones de sobornos, se encuentra en prisión preventiva. La Feci fue desmantelada por la fiscal general, Consuelo Porras, y ahora es dirigida por Rafael Curruchiche, un fiscal señalado de beneficiar a empresarios acusados de corrupción. El expediente también cambió de juez; desde que salió a la luz estuvo en manos de Erika Aifán, quien en marzo de 2022 renunció al cargo y salió al exilio debido a amenazas a su trabajo. Ahora la trama será conocida por Edwin Ramírez, un juez de paz al que la Corte Suprema de Justicia le dio un ascenso meteórico y lo nombró sustituto en el Juzgado que dirigió Aifán. Ramírez no tiene experiencia en casos complejos de corrupción, ya que en su anterior juzgado solo conocía delitos menores con la prioridad de resolver a través de conciliaciones.
En el Ministerio de Salud tampoco se ha integrado una junta que liquide el trabajo de la constructora para que se pueda lanzar un nuevo concurso público. Tres gobiernos nacionales después la fecha de la supuesta inauguración, el 12 de septiembre de 2015, sigue grabada en un rótulo empolvado frente al terreno donde la obra quedó abandonada.
“Nosotros siempre decimos que pague quien tenga que pagar por el acto de corrupción, pero que a la par de eso prioricen dar el presupuesto para terminar el hospital”, reclama Ángela. “Si no se mueren por la enfermedad, lo matan los somatones que le da la ambulancia allí”, dice al hablar del camino que recorrió Daniel en busca de un hospital real.
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El 14 de marzo de 1982 era día de mercado en la comunidad Cuarto Pueblo, en el municipio de Ixcán. Cientos de personas estaban en la plaza central cuando el ejército los rodeó, disparó y arrojó bombas. Los supervivientes fueron encerrados en la iglesia durante tres días: los hombres fueron torturados, las mujeres violadas. Según el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI), 400 personas —incluidos niños, niñas, mujeres y ancianos— fueron asesinadas; las casas fueron saqueadas, los animales sacrificados, los cultivos arrasados. Ixcán quedó bajo control militar directo hasta la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996. Esta fue una de las al menos 200 masacres más que ocurrieron en esta región durante la guerra civil de Guatemala.
Los que se salvaron huyeron a las montañas, a otras zonas de Guatemala y a la selva fronteriza con México. Durante la década de los 80, ese fue el destino de unas 50 mil personas, según cálculos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los sobrevivientes se organizaron y se autonombraron Comunidades de Población en Resistencia. En la selva no tenían nada, pero la organización y ayudas internacionales les permitieron autoabastecerse con servicios de salud y educación organizados y apoyados por las propias comunidades. Vivieron aislados, perseguidos y violentados por militares hasta 1994, cuando en la recta final de las negociaciones de paz en Guatemala, estos desplazados se aventuraron para comenzar a repoblar el Ixcán. Desde entonces el Estado se comprometió a coordinar con las comunidades el apoyo para que contaran con servicios de educación y salud. Tres décadas después, sigue sin honrar su propia palabra.
La historia reciente de Ixcán se puede contar entre la represión y la corrupción. “Ese es el pan nuestro de cada día”, dice Génaro Fabián, concejal de la municipalidad. “Aquí lo que más se da son las componendas del tipo ‘me das el proyecto y yo te doy una comisión’”.
Un ejemplo: en 1999, cuando se cumplían tres años de la firma de la paz en Guatemala e Ixcán dejó de ser una zona de guerra, uno de los proyectos de desarrollo más grande fue la construcción de una represa y un tanque de agua que abastecería a 18 aldeas. Aunque inició y se instalaron las tuberías, la obra fue abandonada, la cañería se oxidó y el recurso nunca llegó a las familias. Génaro dice que se invirtieron alrededor de US$12 millones y que no hubo consecuencias penales para los funcionarios públicos involucrados. Estas aldeas ahora se abastecen de agua de un riachuelo que el Área de Salud de Ixcán ha dicho que está contaminada.
Otro ejemplo: Ixcán tiene más de 1,500 km de carreteras propias, construidas con fondos municipales, que requieren mantenimiento constante. Una de las carreteras que conecta el pueblo con otras áreas de Quiché, debido a lo pedregoso del camino, es intransitable hasta para los caballos, pero la obra ha sido inaugurada en cuatro ocasiones por distintos gobiernos que prometen restaurarla y que terminan por abandonarla aún cuando ya se hicieron desembolsos de dinero público.
En 2018, el mismo año en que la Feci destapó la red de sobornos alrededor del hospital, el entonces alcalde, Raúl Gutiérrez, dijo haber encontrado la solución para frenar la corrupción: subirse a él mismo el sueldo. Cuando los miembros del Consejo Municipal lo denunciaron por aumentarse el salario mensual de US$2 mil 362 a US$4 mil 647, Gutiérrez respondió que “la única manera de no caer en actos de corrupción, es a través de un salario digno”.
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Con el hospital prometido en ruinas, todos los problemas de salud en Ixcán conducen al mismo lugar: el Centro de Atención Integral Materno Infantil (Caimi). Las víctimas de homicidio y los lesionados en accidentes de tránsito comparten este espacio que cuenta solo con los recursos para tratar a madres y sus hijos menores de cinco años.
El Caimi parece lo que es: un centro asistencial de tiempos de la guerra construido en un terreno que el ejército cedió al Ministerio de Salud como parte de los Acuerdos de Paz.
Es una construcción de un solo nivel. El área para atender emergencias es un cuarto pequeño con una camilla oxidada. El área de maternidad es un espacio con 14 camas que no se da abasto para atender a todas las pacientes y algunas que recién dieron a luz se recuperan en colchones tirados en el suelo. Miembros del personal médico cuentan que se han enfrentado en varias ocasiones a este dilema: arriesgar la vida de sus pacientes o inventar mezclas de medicamentos para salvarlos ante la falta del equipo y el insumo necesario para curarlos. No es de extrañar en un municipio que, según in informe de la Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud, en 2020 contaba con un médico y un enfermero por cada 2 mil habitantes. “No tenemos ni sábanas suficientes”, se queja una de las enfermeras. En septiembre de 2020 el Área de Salud del municipio llegó a hacer una campaña para recolectar sábanas, toallas y telas para elaborar batas para las pacientes.
El 28 de noviembre de 2021, Vilma Paulina, de 22 años, dio a luz a una bebé que pesó 2 libras y 6 onzas. La niña nació de seis meses y para sobrevivir necesitó pasar 60 días en una incubadora, la única con la que cuenta este centro. “Aquí hacemos hasta lo imposible, pero vaya que no nació otro bebé prematuro porque no sé qué hubiéramos hecho”, dice la enfermera Dorotea Ajualip.
Si aquella primera piedra del hospital colocada por la vicepresidenta Baldetti preconizaba el progreso y el futuro, el Caimi encarna el inmovilismo. Un cuarto de siglo después de que acabara la guerra donde la zona de Ixcán sufrió centenares de masacres, los habitantes tienen que pedirle permiso a un soldado para ir al médico. “En esta área militar a cada poco cambian los jefes y los nuevos restringen la entrada a los pacientes. A mí me ha tocado que el soldadito me pregunta a dónde voy y yo le digo, ‘mire, ¿que hay ahí adentro’ y me responde, ‘un hospital’, y yo le digo ‘entonces para qué me pregunta’”, denuncia Ángela González, la presidenta de la Red de Mujeres de Ixcán.
La comunidad está tan harta que ya no exige justicia contra los culpables de robar el dinero del hospital, lo que quiere es que el gobierno cumpla la promesa y el Ministerio de Salud termine la construcción. Para eso han enviado cartas hasta al presidente, Alejandro Giammattei, pero este nunca les responde. Por ahora sobreviven solo con lo que tienen, un pequeño centro asistencial dentro de un destacamento militar.
Francisco López, de 59 años, periodista y locutor, sobrevivió a la covid luego de 19 días ingresado en el Caimi gracias a que pudo sacar un préstamo de casi 4,000 dólares para pagar medicamentos, oxígeno y un transporte privado que sirvió de ambulancia. Si las personas no tienen los recursos económicos o un terreno que vender, ¿cuáles son sus opciones?, se le pregunta.
“Morir”, responde.
