En el newsletter de esta semana no enfocamos en cómo el Ministerio Público ha dado marcha atrás y desiste del último recurso legal contra los periodistas de elPeriódico.
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Durante tres años, la amenaza estuvo ahí. No se tradujo en órdenes de captura ni en juicios, pero siguió siendo una posibilidad abierta. Una apelación pendiente, un recurso sin resolver, una amenaza suspendida sobre periodistas y columnistas cuyo único vínculo común era haber publicado información sobre el proceso contra José Rubén Zamora, el periodista y fundador de elPeriódico.
La semana pasada, el Ministerio Público, bajo la administración de Gabriel García Luna, anunció que desistía del último recurso que mantenía vivo el expediente. El caso, impulsado durante la gestión de Rafael Curruchiche en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ahora destituido, se acerca a su cierre definitivo.
La decisión marca un cambio respecto a la estrategia impulsada durante la administración de Consuelo Porras, pero también deja abiertas preguntas sobre uno de los episodios más emblemáticos de criminalización del periodismo en Guatemala.
Porque el cierre del caso no borra los años de exilio, el miedo, la autocensura ni las consecuencias que dejó para la prensa.
Un mensaje de intimidación
Alexander Valdéz, uno de los periodistas investigados, no tiene dudas sobre lo que buscaba transmitir la persecución. “Fue un mensaje de intimidación, de deténganse o también ustedes pueden ir a prisión si siguen informando lo que está pasando en Guatemala”, dice.
La investigación nació el 28 de febrero de 2023. Durante una audiencia del caso de José Rubén Zamora, la fiscal Cinthia Monterroso pidió investigar a periodistas y columnistas de elPeriódico. Ese mismo día, el juez Jimi Bremer aceptó la solicitud y certificó lo conducente para abrir una investigación.
La lista incluía a seis periodistas y dos columnistas. La acusación era por conspiración para la obstrucción de justicia.
Para Valdéz, detrás del caso existía otro propósito. “El principal mensaje era la censura, generar temor hacia los periodistas que estaban informando lo que pasaba en Guatemala y lo que estaba trascendiendo fuera del país”.
Los años del miedo
Entre 2022 y 2024, Guatemala vivió uno de los momentos más intensos de persecución contra operadores de justicia, exfiscales, jueces y periodistas. Todas las semanas aparecía una nueva noticia sobre exilios, capturas o procesos penales.
La detención de José Rubén Zamora se convirtió en un punto de quiebre que seguimos en No Ficción con preocupación y como un signo de los tiempos que corrían. La persecución además se extendió a ex investigadores y toda suerte de operadores de justicia
“Escuchaba en el círculo de la fuente de justicia que (los periodistas) ya no iban a abordar determinados temas, que ya no iban a firmar sus publicaciones”, recuerda Valdéz. La autocensura se volvió una dura realidad que muchos afrontaban.
“Ya no se abordaban temas que tenían que ver con Curruchiche, con Consuelo Porras, con políticos poderosos porque había miedo”.
Mientras tanto, organizaciones internacionales y locales comenzaban a advertir sobre el deterioro de la libertad de expresión. Artículo 19 y la Red Rompe el Miedo, por ejemplo, denunció que la investigación constituía un acto de criminalización de periodistas.
Pero la respuesta de los periodistas, como señala en esta entrevista Evelyn Blank, ha sido la organización en expresiones como el colectivo No Nos Callarán en defensa del derecho a ejercer el periodismo y en defensa del derecho a la ciudadanía a estar informados.
La Sociedad Interamericana de Prensa calificó posteriormente el caso de elPeriódico como un ejemplo de persecución contra una redacción completa.
Una batalla judicial de tres años
El expediente sobrevivió a varios reveses judiciales. En febrero de 2024, la Sala Tercera confirmó que los periodistas no podían ser perseguidos penalmente por publicaciones y que cualquier controversia debía ser conocida por tribunales de imprenta.
Pero la FECI a cargo de Curruchiche apeló. Acudió a la Corte Suprema de Justicia por la vía del amparo. La solicitud fue rechazada provisionalmente. Después recurrió a la Corte de Constitucionalidad. En agosto de 2025, la CC volvió a negar la pretensión de reactivar la persecución. Prensa Comunitaria reportó aquella resolución.
En enero de este año llegó una sentencia de la Corte Suprema que consolidó los criterios anteriores. Pero todavía quedaba pendiente un recurso en la Corte de Constitucionalidad. Era el último hilo que mantenía abierto el caso. Hasta que el Ministerio Público desistió.
Según explicó Valdéz, los abogados del grupo de periodistas y columnistas consideran que la CC únicamente debería darse por enterada y cerrar definitivamente el expediente. Una intensa batalla que da cuenta sobre cómo el aparato de justicia puede desvirtuarse en un aparato de represión.
Pensar en dejarlo todo
La persecución también tuvo consecuencias personales. Valdéz reconoce que hubo momentos en los que consideró abandonar el periodismo. “Sí, claro, pasó por mi mente el hecho de ya no seguir haciendo periodismo”.
Durante el exilio conoció colegas que tuvieron que dedicarse a otros trabajos. Su propia familia le sugería alejarse de los temas de riesgo. “Mejor ya no hagas eso porque es muy peligroso”, recuerda que le decían. Finalmente decidió continuar. “Es lo que me gusta y es lo que he hecho en estos 11 años de mi vida”.
Para el cierre del caso solo resta que una cuestionada Corte de Constitucionalidad, permeable a intereses oscuros (como la reciente protección al rector Mazariegos) de trámite al proceso y finalmente lo clausure. Pero se abre otra discusión. ¿Deben investigarse las actuaciones de quienes promovieron la persecución?
Para Valdéz, la respuesta es sí. “Eso es el paso a seguir”. Menciona específicamente a exfiscales que participaron en la construcción del expediente, como Rafael Curruchiche, también a integrantes del MP actuales como Cinthia Monterroso, que sigue en la institución.
Pero insiste en que la respuesta no debe limitarse a quienes fueron investigados. “Debemos defender ese trabajo de la prensa, esa libertad que debe haber en el país”, resalta Valdéz.
Las lecciones que nos quedan
La experiencia de persecución a los periodistas de este caso dejó otra enseñanza. La necesidad de construir respuestas colectivas y protocolos de protección. “No sabíamos qué medidas seguir para salir del país ante una situación de riesgo”. Y advierte que las amenazas no han desaparecido. “No quiere decir que esto no pueda volver a ocurrir”.
Persisten las amenazas físicas, digitales y los hostigamientos contra periodistas, en un ambiente donde los periodistas comunitarios y departamentales suelen ser los más expuestos y con menos garantías. Por eso considera que la principal lección es una defensa colectiva de la libertad de prensa.
La semana pasada, Agencia Ocote publicó un texto con una idea que ahonda en lo que significó este proceso. No se trataba únicamente de un grupo de periodistas de elPeriódico. Tampoco solamente de una disputa jurídica. Lo que estaba en juego era la posibilidad de investigar, publicar y contar lo que ocurre en el país sin que una cobertura periodística pueda convertirse en una acusación penal.
Tres años después, el expediente está cerca de cerrarse. Pero deja las secuelas de un momento que ha puesto en evidencia los riesgos del ejercicio del periodismo en Guatemala. Un ejercicio que también sirve, recordemos, como un contrapeso para los poderes del Estado y cómo un mecanismo para que las sociedades aprendan a vivir en democracia.
Un expediente dentro de una tendencia
La persecución contra periodistas y columnistas de elPeriódico no ocurrió en un vacío.
Un análisis publicado por Ojo con mi Pisto sobre los delitos cometidos contra periodistas (entre 2013 y 2026) muestra que, lejos de disminuir, las agresiones contra la prensa se han diversificado. Las amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, hostigamiento digital y la utilización del sistema de justicia forman parte de las formas más frecuentes de violencia contra quienes ejercen el periodismo.
En paralelo, un estudio elaborado por la Red Rompe el Miedo Guatemala en julio de 2025 concluye que existe un patrón reiterado de criminalización, intimidación, censura y violencia institucional dirigido contra periodistas y comunicadores en todo el país.
El informe señala que los principales riesgos afectan especialmente a quienes investigan corrupción, impunidad, crimen organizado y gestión pública. Las agresiones no provienen únicamente de actores privados. También involucran a funcionarios públicos, estructuras estatales y operadores de justicia.
Pero las dudas sobre las consecuencias de la persecución contra periodistas y columnistas de elPeriódico vienen a señalarnos los grandes pendientes para la protección del ejercicio periodístico en Guatemala: ¿Quién responderá por los daños de tres años de persecución?, ¿habrá investigaciones sobre quienes impulsaron el caso?, ¿alguna vez contaremos con mecanismos de protección eficientes?
Y, sobre todo, ¿qué garantías existen para que el próximo periodista que investigue al poder no tenga que elegir entre el exilio y el silencio?
