El complejo panorama que envuelve los conflictos, ataques y muertes entre ambos municipios parece que tardará en resolverse. Mientras tanto, un grupo todavía no identificado se adueñó del área limítrofe e intimida a la población.  

Como casi a diario desde enero de 2022, la mañana del sábado 21 de mayo las Fuerzas Armadas de Guatemala también instalaron un retén ostentoso –unos 15 militares, armas largas– sobre la carretera Interamericana, en el sector conocido como la Cumbre de Alaska, municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá.

—Desde acá se oyen disparos con FN MAG –dice uno de los soldados–, el sonido viene de las montañas.

MAG es la sigla de ‘Mitrailleuse À Gaz’, que en francés significa ametralladora a gas. La FN MAG es un arma que pesa 25 libras y que, para dispararse con cierta precisión, el cañón necesita reposar sobre un bípode, con una cadencia de 800 disparos por minuto, balas calibre 7.62 mm. Es –debería ser– de uso exclusivo del Ejército, por supuesto.

—Aquí los fines de semana se ponen intensos –agrega el soldado.

Algo raro está pasando en Ixtahuacán y Nahualá, sin duda.

 Versión oficial en entredicho

Han pasado más de cinco meses desde que arrancó el diálogo entre funcionarios del Estado –encabezados por el presidente Alejandro Giammattei– y representantes comunitarios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Oficialmente, con la grabadora encendida, voceros de distintas instituciones estatales siguen escudándose en el conflicto ancestral de tierras para explicar las tensiones entre nahualenses y catarinos, incluida la brutal masacre del 17 de diciembre de 2021, pero basta visitar la zona y hablar con sus vecinos para, cuanto menos, poner en cuarentena esa versión oficial. Hay algo más.  

Bonifacio Suy, presidente del Comité pro Mantenimiento de Bienes Comunales y Título Territorial de Santa Catarina Ixtahuacán, caminaba junto a un grupo de sus compañeros con la intención de subir el cerro Pecul Zunilito para recoger basura y despejar senderos, como parte de las labores de limpieza que realizan las comunidades para conservar los bosques.

Sin embargo, los vecinos de Tzanjuyup y Chiquisis –dos aldeas al surponiente de Ixtahuacán– los alertaron de que no continuaran porque subir a la montaña estaba prohibido. “Los mismos vecinos te dicen cuando uno llega allá: ‘No, no pase aquí’. Tienen agarrado el bosque desde hace ratos, cuidándolo con armas”, dice.

Suy dirige el Comité desde 2012, y la anécdota que ahora cuenta sucedió en 2015. Desde entonces, ni él ni nadie del comité se han atrevido a visitar el cerro Pecul, por la certeza que tienen de que hay presencia de grupos armados. Tienen miedo. “¿Por qué no nos dejan pasar? Porque no es sólo al Comité, sino que ningún vecino puede ir a esas montañas. El área está totalmente controlada y ahí es donde masacraron a la gente en diciembre”, dice. 

La noche del viernes 17 de diciembre, 13 personas fueron asesinadas, incluido un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) que se prestó a acompañar al grupo. “Debemos informar a la ciudadanía que hace poco se han localizado 12 personas fallecidas (sin contar al policía) en la aldea Chiquix, ubicada en el lado de Nahualá, y que es un límite territorial en el conflicto que mantienen con Santa Catarina Ixtahuacán”, dijo la PNC en el comunicado difundido aquel día.

Desde que inició el siglo, vecinos de Ixtahuacán y Nahualá han protagonizado enfrentamientos, aparentemente por disputa de tierras. Esos choques esporádicos –que tienen su propio capítulo en redes sociales– han ocurrido antes y después de la masacre, pero nunca habían derivado en ejecuciones masivas como la de 17 de diciembre, en la que incluso un niño de cinco años y otra de 10 fueron asesinados.

«Voceros de distintas instituciones estatales siguen escudándose en el conflicto ancestral de tierras para explicar las tensiones entre nahualenses y catarinos, incluida la brutal masacre del 17 de diciembre de 2021, pero basta visitar la zona y hablar con sus vecinos para, cuanto menos, poner en cuarentena esa versión oficial. Hay algo más».

Aquella masacre no fue un enfrentamiento. Los propios informes policiales indican que hombres armados bajaron de la montaña y dispararon contra unos campesinos de Ixtahuacán que iban a tapiscar. Un grupo armado los emboscó y disparó a quemarropa. Aparte del policía fallecido, otros dos agentes resultaron heridos. Los casquillos hallados en la zona eran calibre 5.56 y 7.62 mm, los utilizados por fusiles de asalto M-16 y Ak-47, respectivamente. 

El presidente Giammattei solicitó al Congreso que aprobara un estado de sitio por 30 días en ambos municipios, para localizar a los responsables de la masacre y restablecer el orden. Los pobladores de Ixtahuacán, por su lado, se tomaron la Interamericana durante 10 horas para mostrar su rechazo y exigir justicia.

Abanderado por Giammattei, el diálogo entre autoridades civiles e indígenas se ha mantenido desde entonces, pero en Ixtahuacán y Nahualá la tensión continúa, a pesar de la activa y evidente presencia de soldados y policías en los principales centros de población. Sin embargo, hay áreas montañosas en las que ni siquiera el Ejército se ha atrevido a entrar.

¿Qué está pasando realmente en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán? En Ciudad de Guatemala, los voceros del Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación repiten una y otra vez que el detonante principal del problema es territorial, que son desavenencias subidas de tono entre comunitarios, pero los líderes y vecinos consultados por No-Ficción hablan de comandos de hombres armados que se pasean fusil en mano por Tzanjuyup y Chirijox –dos aldeas cerca del casco urbano de Nahualá– y otros sectores montañosos; hablan de disparos y ráfagas a cualquier hora del día; y hablan incluso de sembradíos y laboratorios para la elaboración de drogas. 

Hay instituciones estatales que empiezan a hacerse eco de las denuncias de los vecinos. La gubernamental Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) y el Ejército, por ejemplo, empiezan a admitir a regañadientes que no es sólo una disputa por tierras comunales, y validan la hipótesis de que algún grupo del crimen organizado opera en estos dos municipios.

“Ya no estamos hablando simplemente de un conflicto limítrofe entre comunidades y de agresiones entre los mismos comunitarios, sino que esto ya denota una organización, denota equipamiento, denota conocimiento también de algunas tácticas”, explicó el coronel Rubén Téllez Cabrera, vocero del Ministerio de la Defensa.

Lo que es un hecho irrefutable es que los cuatro estados de sitio aprobados por el Congreso –dos en el gobierno de Jimmy Morales y otros dos en la administración Giammattei– no han servido para que la zozobra se disipe, ni siquiera para saber quiénes custodian las zonas prohibidas para los vecinos y amedrentan a la población.

La disputa histórica

Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá son los dos municipios más al oeste de Sololá, el departamento que acoge el lago de Atitlán y los imponentes volcanes que lo rodean. El idioma que más se habla es el K’iche’. La disputa por no inscribir y definir legalmente unas fincas que están en el límite entre ambos asentamientos data de hace siglos: hay historiadores que afirman que la disputa viene de los tiempos de la Colonia; otros aseguran que el pleito se desató a mediados del siglo XIX; y hay quienes creen que fue a partir de 1999 cuando se agudizaron las diferencias.

Esa disputa que podría adjetivarse como histórica tiene dos desencadenantes claros. El primero, la pésima delimitación que se hizo cuando en 1872 Nahualá se desligó de Ixtahuacán para convertirse en un municipio reconocido como tal. Durante ese proceso, las personas que residían en El Alto y otras fincas quedaron en el limbo, reclamadas como propias por unos y otros.

El segundo motivo es porque, después del paso del devastador huracán Mitch de 1998, miles de catarinos perdieron sus viviendas, el casco urbano se declaró inhabitable y con la ayuda del gobierno central, la ciudad entera se reubicó en un terreno más próximo al casco urbano de Nahualá, por el que se pagaron Q6 millones. Ese lugar se llama ahora Nueva Santa Catarina Ixtahuacán, y está en el sitio conocido como la Cumbre de Alaska, junto a El Alto y las otras fincas no delimitadas en el siglo XIX. Hay nahualenses que se quejan de que no todos fueron consultados en la venta de esas tierras a los catarinos cuyo pueblo fue devastado por el huracán Mitch.

Desde esta reubicación, distintas administraciones presidenciales han instalado mesas de diálogo para acordar la distribución de la finca El Alto. Los representantes comunitarios Bonifacio Suy, de Ixtahuacán; y Manuel Coj, de Nahualá, confirman que mantenían activa una mesa de trabajo desde mediados de 2021 con el vicepresidente, Guillermo Castillo, para resolver problemas de fuentes de agua, caminos comunales, legalización de tierras, etcétera.

Pero no hubo mayores avances y, tras la masacre –y el impacto que causó en la agenda nacional–, la misión de llevar a buen puerto las conversaciones la asumió la Copadeh, al frente de un equipo multidisciplinario integrado por representantes de diferentes ministerios. El presidente Giammattei se involucró personalmente en los diálogos, con el objetivo de agilizar los procesos, pero ni aun así el tema de tierras, ni las muertes, ni los ataques posteriores a diciembre, se han logrado resolver.

Secuestradores y coyotes

Al margen de la disputa territorial, en los años 2010 y 2011 operó en la carretera Interamericana (tramo entre los departamentos de Sololá y Cuatro Caminos del departamento de Totonicapán) una banda de secuestradores conocida como Los Pujujiles llamados así por ser originarios de la aldea Pujujil, en Sololá. Su modus operandi era atravesar grandes rocas en el camino para obligar a los vehículos a detenerse. Cuando el carro paraba, los hombres armados salían de entre árboles y matorrales para secuestrar a los tripulantes; si había mujeres, las violaban, y a los hombres los golpeaban. Luego exigían a los familiares, vía telefónica, transferencias de dinero a cambio de la liberar a las víctimas.

Los que pagaban tenían la esperanza de salvarse; a los que no los asesinaban. En febrero de 2012, un juzgado condenó a siete integrantes de la banda a penas de entre 100 a 376 años por asesinato, secuestro, plagio y otros delitos.

Los siguientes seis años transcurrieron en relativa calma.

En 2018, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes comenzó a investigar a una banda de coyotes que operaba en siete departamentos del occidente del país. La mayoría de los cabecillas era de Nahualá, y ofrecían viajes hacia Estados Unidos de manera ilegal. La investigación surgió por la denuncia de un migrante que fue abandonado por un coyote en México. En los allanamientos de noviembre de 2021, el Ministerio Público capturó a ocho personas.

“Al caso se le llamó Nahualá porque de allí era la mayoría de integrantes de este presunto grupo organizado”, explicó Stuardo Campo, jefe de esa Fiscalía. En los allanamientos realizados en Nahualá se localizó un cofre con miles de quetzales en bolsas plásticas.

Según un informe de Diálogos, una oenegé que realiza monitoreos y estudios sobre seguridad y justicia en el Triángulo Norte, desde enero de 2015 hasta marzo de 2022 se registraron oficialmente 23 homicidios en Nahualá, un municipio de 75,430 habitantes. Mientras que, Santa Catarina Ixtahuacán –de 56,981– sumó 37 en el mismo periodo de tiempo, siendo el año 2021 el que en el que se contabilizaron más muertes, por el peso de la masacre de diciembre.

Enmontañados y armados 

Uno de los ataques del grupo armado no identificado que baja de las montañas cada tanto se registró en septiembre de 2019. Según relatos de vecinos de Ixtahuacán, este grupo ingresó en la aldea Chirijox y se desató una balacera. Los reportes de los medios que cubrieron el suceso indicaron que ni los bomberos pudieron ingresar para auxiliar a los heridos. El saldo fue un muerto y tres heridos.

Ese día, los pobladores bloquearon el camino cercano a la Cumbre de Alaska, sobre la Interamericana, para exigir al gobierno restablecer el orden. El entonces presidente, Jimmy Morales, declaró estado de sitio por un mes y, al finalizar el tiempo, lo prorrogó por 30 días más. Así lo justificó: “La razón de la implementación es para evitar que se pueda dar una confrontación masiva entre la población de esos dos municipios”.

Al año siguiente, fue el presidente Giammattei quien, en su primer año de gobierno, decretó estado de sitio por un mes, pero la medida no evitó que se registraran disturbios en mayo y junio de 2020. Ovidio Paz, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Sololá, dijo que el saldo esta vez fue de un fallecido y varios heridos: “Lo único que querían era limpiar las tierras que estaban cultivando y eso generó el conflicto. Tenemos entendido que eran vecinos de Nahualá”, dijo.

La historia se repitió en septiembre de 2021, cuando se reportaron disparos en las aldeas Tzanjuyup y Chirijox. Luego sucedió la masacre del 17 de  diciembre, y el gobierno optó de nuevo por el estado de sitio. Esta medida prohíbe las reuniones y manifestaciones públicas, permite al Ejército acompañar a la PNC en los patrullajes, se pueden realizar allanamientos y capturas sin orden judicial, y restringe el horario de movimiento a los pobladores.

Con el estado de sitio vigente, en enero, unas 20 patrullas llenas de agentes de la policía, fiscales y una comitiva del Ejército llegaron a Nahualá para realizar 65 allanamientos y cuatro órdenes de captura, pero fueron recibidos a balazos desde lo alto de un cerro. Algunos vecinos corrieron a lanzar palos y piedras a los agentes mientras salían del lugar. La PNC confirmó la muerte de un policía y seis soldados heridos.

El pasado 1 de mayo se registró un nuevo ataque, esta vez contra un carro del Ejército que fue atacado con armas de grueso calibre desde lo alto de la montaña en Ixtahuacán. Cuatro de siete soldados que viajaban en el vehículo resultaron heridos.

“Ellos tienen armamento militar, según lo que se pudo ver ayer; además, tienen una organización, saben moverse en el terreno y conocen de táctica”, dijo en esa ocasión Rubén Téllez, el coronel que se desempeña como vocero del Ejército.

“Tenemos conocimiento de que en el área hay grupos fuertemente armados que intimidan a la población, incluso se habla de que extorsionan a la población. Esto ya no tiene que ver necesariamente con el problema de tierras, esto ya tiene otro carácter, porque en el área hay compra-venta de municiones y armas”, comentó Fredmann Pacay, director de Conflictividad de Copadeh.

Este organismo estatal es el que con más claridad admite la posibilidad de que un grupo armado esté operando en las zonas más inaccesibles de Ixtahuacán y Nahualá, y que el conflicto por las tierras no sea el responsable de los episodios violentos más sangrientos; en especial, la masacre. 

Pacay agregó que, debido a las peticiones de líderes comunitarios al propio presidente, se instalaron dos puestos del Ejército para mantener la presencia en el lugar. Después del último ataque, las Fuerzas Armadas enviaron kaibiles (soldados de las fuerzas especiales) para apoyar al pequeño destacamento que se mantiene en el área desde la masacre del 17 de diciembre.

Pobladores atemorizados 

El diario vivir en las áreas rurales de ambos municipios ha cambiado, sobre todo en Santa Catarina Ixtahuacán. “Antes uno salía a hacer sus actividades, en la noche o a cualquier hora, pero ya no”, dice Bonifacio Suy. “Tan solo el sonido de cuando revientan pólvora en la iglesia de Totonicapán altera los nervios de los catarinos. Es el susto, el miedo. Las señoras preguntan: ¿Qué está pasando? Y también los niños: ¿qué está pasando?”, agrega.

Suy recuerda que un domingo estaba en una reunión con el Comité que preside cuando escuchó balazos. La sesión se disolvió y cada uno corrió a su casa. Él encontró a su nieto de siete años que lo esperaba atemorizado. “Abuelito, yo no me quiero morir”, le dijo, y comenzó a llorar. La gente vive con miedo y cualquier ruido o detonación les provoca tensión, subraya Suy.

Una hermana de uno de los asesinados en la masacre de diciembre, quien por seguridad habló bajo condición de anonimato, coincide con que la presencia de hombres armados en Tzanjuyup y Chirijox comenzó en 2015 y que en repetidas ocasiones han visto cadáveres abandonados cerca del cerro, pero que nadie denuncia por miedo a represalias. “Es un peligro vivir aquí, yo estoy viendo si puedo ir a la capital o salir del país”, expresó.

Manuel Coj, el líder comunitario de Nahualá, reside en la aldea Patzité. Él prefiere no entrar en detalles cuando se le pregunta sobre el grupo armado que opera en las montañas, y acusa a pobladores de Ixtahuacán de estar detrás de la zozobra. Dice que los atacantes son de Chirijox.

Se le preguntó por el ataque que desconocidos intentaron hacer contra el alcalde de Nahualá y sobre los antecedentes de bandas criminales que existieron en su municipio, y esta fue su respuesta: “Para mí que el gobierno debería tener las respuestas. No creo yo que no exista la tecnología necesaria, ni los expertos necesarios para poder determinar por dónde se mueve la delincuencia. Estamos en abandono. No conocemos qué pasa en la parte delincuencial”.

Hay algo que une a nahualenses y catarinos: el frío. Además de la baja temperatura, el 21 de mayo amaneció con una niebla envolvente, que hacía que caminar por la Cumbre de Alaska fuera como asomarse a una refrigeradora.

Varios hombres caminaban por Ixtahuacán abrigados y en silencio: machete al hombro, azadón, botas de hule, sombrero… Todo apuntaba a que iban a cuidar milpas en las inmediaciones del casco urbano.

“Se fue de madrugada a hacer leña, y ya no volvió”, dijo Catarina Tum, de 29 años y viuda de Miguel Castro, quien fue hallado la mañana el 29 de abril en la montaña, con nueve tiros en el cuerpo. “Lo mataron los de Nahualá”, repitió Tum hasta tres veces, en lo que ya empieza a ser un lugar común cuando ocurren asesinatos: culpar a los del municipio rival. Pero lo cierto es que nadie sabe quién asesinó a Miguel Castro, mucho menos por qué.

La Copadeh, la institución gubernamental que menos pudor tuvo para hablar de grupos armados organizados, indicó que la resolución del tema criminal está en manos de los ministerios de Gobernación y de Defensa, y que las pláticas para solucionar el tema territorial continuarán, sólo que ahora en lugares neutrales, como Casa Presidencial o en la cabecera departamental.

En el balance del más reciente estado de sitio, el decretado a inicios de este año, terminó con la captura de tres personas, además del hallazgo de más de 360 casquillos de bala, escopetas y rifles, morteros, un dron y armas artesanales, entre otros.

Citado por una comisión del Congreso, el viceministro de Gobernación, Fernando Rodas, dijo el 12 de enero que el gobierno no había hallado sembradíos de amapola porque no existen. Tampoco tienen indicios –dijo el viceministro a los diputados– de la existencia de ninguna organización relacionada con el narcotráfico.

Esas palabras quizá convencieron a los diputados que en Ciudad de Guatemala las escucharon, pero no a los vecinos de los dos municipios del departamento de Sololá que saben –mejor que nadie– que algo raro está pasando en Ixtahuacán y Nahualá. Y tampoco convencerán a los soldados destacados en la zona que escuchan seguido el sonido de una ametralladora FN MAG que viene de las montañas.