Las acusaciones de compras fraudulentas de equipo médico para el nuevo hospital de Chimaltenango que llevaron a la captura del exviceministro de hospitales, Gerardo Hernández, en marzo pasado, no fueron hechos aislados. Denuncias de legisladores e información disponible en Guatecompras ponen de relieve que, entre 2022 y 2023, durante la gestión de Hernández, existió un patrón de adjudicar cientos de pequeñas compras en solo unas horas a empresas sin experiencia.
Texto: Ana Lucía González / Fotos: Edwin Bercián / Edición Asier Andrés
Fue uno de los casos de corrupción más importantes destapados este año por el Ministerio Público (MP).
En la mañana del 15 marzo pasado, las autoridades allanaron viviendas y oficinas vinculadas con una red de funcionarios del Ministerio de Salud. Se les acusaba de defraudar casi Q68 millones de quetzales de fondos públicos.
El dinero debía haberse invertido en la compra de equipo médico para el Hospital Nacional de Chimaltenango, una de las obras más importantes de la administración actual, que había sido inaugurado poco antes. Pero los fondos, en realidad, habían terminado en las cuentas de una empresa sin experiencia ni actividad real.
En el centro del caso estaba un hombre, cuya fulgurante carrera terminó ese día: el hasta ese momento viceministro de hospitales, Gerardo Hernández, un médico de 44 años que había ocupado altos cargos en el ministerio durante la década anterior.
Aunque las autoridades no pudieron capturarle aquella mañana, él se entregó a la justicia el 20 de marzo y fue ligado a proceso. Junto a él fueron también acusadas otras dos personas. El director del Hospital Nacional de Chimaltenango, Gerardo Fuentes. Y una mujer vinculada a la empresa utilizada para el supuesto fraude: Luisa Fernanda Villagrán, representante legal de una sociedad anónima llamada Voltar Intermedia.
Poco después, el juez que conoce el caso, el cuestionado Víctor Cruz, otorgó medidas sustitutivas a todos los acusados. Los tres pagaron una fianza y quedaron en arresto domiciliar, con prohibición de hablar entre ellos o acercarse a un hospital.
Tras esta decisión, y a pesar del alto perfil de los acusados, un viceministro y el director de un hospital; el caso desapareció de la atención pública, tan rápido como había llegado.
Sin embargo, las compras anómalas ocurridas en el nuevo hospital construido en Chimaltenango, podrían ser solo una parte de un patrón de corrupción más amplio ocurrido durante la gestión del exviceministro Hernández, que ocupó el cargo durante algo menos de un año, entre 2022 y 2023.
El MP aún investiga el caso, por lo que se desconoce exactamente qué alcance tendrá. Pero lo que sucedió con la compra de equipo para el Hospital Nacional de Chimaltenango no es un caso aislado, según han señalado legisladores.
Aunque hasta el momento solo se conoce que el exviceministro Hernández enfrenta cargos por las compras realizadas para el nuevo hospital en Chimaltenango, en realidad, su gestión estuvo plagada de acusaciones de corrupción.
Según la información difundida del Ministerio Público e información disponible en el portal Guatecompras, Hernández y los otros dos acusados siguieron un modus operandi en el caso de Chimaltenango.
Primero, fraccionaron la compra de equipo para el hospital, dividiendo las adquisiciones en pequeños contratos de menos de Q90 mil. Después, adjudicaron casi 800 de estas pequeñas compras en cuestión de 72 horas. Finalmente, los fondos, unos Q68 millones fluyeron a una empresa de reciente creación, Voltar Intermedia, que ofertó los productos a precios sobrevalorados o no los proporcionó en absoluto.
Esta forma de operación fue un patrón que sucedió en más hospitales durante la gestión del exviceministro Hernández. De hecho, según han denunciado los diputados Evelyn Morataya y Carlos Barreda, que fiscalizaron el exfuncionario, además de los casi Q68 millones implicados en este caso, bajo su responsabilidad se adjudicaron otros Q56 millones en circunstancias muy similares. Estas compras ocurrieron en los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, ambos en la capital, y en el de Santa Bárbara, en Morales, Izabal. Tres empresas más estarían implicadas.
El caso pone de relieve las limitaciones de la actual política de combate a la corrupción. Esta tiene entre sus protagonistas a la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC). Esta es una institución que recibió algunos de los primeros reportes sobre las compras anómalas ocurridas en el hospital de Chimaltenango.
La CPCC fue creada en 2020, poco después de la toma de posesión del actual presidente, Alejandro Giammattei. En teoría, tenía que ocupar el vacío dejado en la lucha contra la corrupción tras la salida del país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).
Sin embargo, hasta el momento, los casos que ha promovido son pocos: en 2022 presentó tres denuncias ante el MP. Además, los casos en los que ha participado no han alcanzado la profundidad que caracterizó el trabajo de la CICIG.
“El gobierno dejó caer a uno de sus altos funcionarios, pero hay múltiples evidencias que señalan que el gobierno no ha querido llegar hasta el fondo del asunto”, señaló el diputado del partido VOS, Carlos Barreda.
Una estrella
Gerardo Hernández es un médico que se graduó en la Universidad de San Carlos (USAC). Posee una especialidad en ginecología y obstetricia, y una clínica particular en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Además, ha ocupado altos cargos en el Ministerio de Salud. Fue su actividad como funcionario, la que primero le colocó en el poder y después propició su caída.
Su carrera en la cartera de salud se caracterizó por un rápido ascenso. También, según expusieron fuentes políticas y del sector salud, por las sospechas de contar con buenas conexiones. Cuando tenía solo 33 años, en 2012, fue nombrado director del Hospital Nacional Pedro de Bethancourt en Antigua Guatemala, el más importante del departamento. Ocupó el cargo en dos periodos, primero de 2012 a 2014 y después de 2019 a 2021.
Su gestión al frente de este hospital estuvo marcada por los problemas en el suministro de agua. La situación llegó al punto que los médicos se lavaban las manos con los sueros, según denunció en su momento Sofía Letona, de la organización de la sociedad civil, Antigua al Rescate.
En febrero de 2021, Hernández fue ascendido a la dirección del hospital San Juan de Dios, en la Ciudad de Guatemala. Este es uno de los dos hospitales más importantes en el país. De gestionar un presupuesto anual de menos de Q200 millones en Antigua, Hernández, pasó a estar a cargo de una institución que en 2021 dispuso de algo más de Q960 millones. Esta cifra es superior al presupuesto de cualquier hospital del país, salvo el Roosevelt.
En los aproximadamente 14 meses que ocupó el cargo, la gestión de Hernández se centró en atender la pandemia de covid-19. La emergencia puso sobre el sistema de salud del país una presión que empeoró los problemas crónicos de hospitales como el San Juan Dios. Se agudizó el desabastecimiento de medicamentos. La sobreocupación llegó hasta el 400 por ciento, según reconoció el propio Hernández.
Tras su paso por el San Juan de Dios, el funcionario fue premiado con el Viceministerio de Hospitales. Comenzó a ejercer el cargo en mayo de 2022.
Los diputados de oposición Aldo Dávila y Orlando Blanco señalaron que el rápido ascenso de Hernández fue producto de la influencia política. Según ellos, el hombre detrás del nombramiento fue Miguel Martínez, el ex director del desaparecido Centro de Gobierno y hombre cercano al presidente Giammattei.
“El plan era que llegara a ser el próximo ministro”, reveló una fuente política que pidió no ser identificada.
Fuentes políticas y de la cartera de salud, además, coincidieron que el nombramiento no fue del gusto del titular del ministerio, Francisco Coma. La llegada del nuevo viceministro fue impuesta.
De esta forma, Hernández llegó a un cargo estratégico. Desde el Viceministerio de Hospitales, podía influir sobre los principales centros de atención médica del país. Estos absorben parte importante del presupuesto del Ministerio de Salud, que el año pasado ascendió a casi Q12 millardos.
Además, tendría la responsabilidad sobre un área que el presidente Giammattei convirtió en una de sus prioridades: la construcción o remodelación de hospitales. El presidente, de hecho, en su primer año de gobierno prometió construir durante su gestión hasta 14 hospitales.
Hasta el momento, a falta de menos de un año para el fin de su mandato, esta promesa está lejos de cumplirse. Pero uno de los hospitales que sí se construyeron es el Nacional de Chimaltenango, situado en el municipio de El Tejar. Las autoridades lo inauguraron en febrero de 2023. El presidente Giammattei lo calificó como uno de los mejores y más modernos de Centroamérica. Fue precisamente este hospital el que condujo a la caída del exviceministro Hernández.
Un nuevo hospital, nueva corrupción
En los últimos años, Guatemala no se ha caracterizado por invertir en nueva infraestructura sanitaria. Se han construido pocos hospitales nuevos y su creación, además, ha estado rodeada de corrupción.
Así ocurrió con el Hospital Nacional de Villa Nueva, en el departamento de Guatemala. En su construcción, que duró unos siete años, hubo retrasos y unos sobrecostes que casi doblaron el presupuesto inicial. Además, según una investigación de CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), se pagaron comisiones del tres por ciento a funcionarios que agilizaron los desembolsos.
Estas revelaciones salieron a la luz en lo que se conoció como el caso “Asalto al Ministerio de la Salud”. Este proceso condujo a la captura y encarcelamiento, entre otros, del exministro Jorge Villavicencio, que ocupó la cartera de Salud, entre 2012 y 2014.
En el caso del fallido hospital de Ixcán, incluso, la corrupción propició que las instalaciones nunca se hayan terminado. La vicepresidenta Roxana Baldetti inauguró las obras en 2014, pero estas están abandonadas.
El nuevo hospital de Chimaltenango sí se terminó y los trabajos se hicieron en el tiempo previsto. Esto ocurrió, en parte, gracias a que la obra contó desde el comienzo con una fuente de financiación externa garantizada. Se trata de una donación de US$ 22 millones proporcionada por Taiwan.
Sin embargo, ha sido en la compra de equipamiento para el hospital, donde la corrupción ha ensombrecido la inauguración del nuevo centro. Al hospital se le dobló el presupuesto a lo largo del año, hasta alcanzar los Q207 millones. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir quejas sobre la deficiencia en la atención y la falta de equipos para atender a los primeros usuarios.
De hecho, ya desde finales de enero, antes de la inauguración del centro, la diputada del partido Viva, Evelyn Morataya, recibió las primeras reclamaciones. Morataya hizo una visita y concluyó que se habían sobrevalorado compras de equipo. La diputada mostró el hecho en sus redes sociales y presentó un oficio a la Contraloría General de Cuentas.
En el centro del escándalo, estaba una empresa llamada Voltar Intermedia. Esta sociedad anónima carecía de experiencia proveyendo insumos médicos, según consta en Guatecompras. De hecho, carecía de experiencia en cualquier otra actividad.
Fue creada poco antes, en 2019, con un capital mínimo de Q5 mil. Su sede social está ubicada en una casa de la colonia Residenciales del Norte, zona 17. La vivienda no cuenta con un letrero que la identifica como oficina de un negocio. Cuando se llama al teléfono registrado, nadie da cuenta de la existencia de la empresa.
A pesar de esto, las autoridades del hospital de Chimaltenango eligieron a Voltar Intermedia para dotar al nuevo centro de todo tipo de equipos especializados. La empresa vendió al Estado incubadoras, monitores de signos vitales, aspiradores de flemas, desfibriladores, lámparas para quirófanos…
En total, Voltar Intermedia recibió 772 adjudicaciones por un total de casi Q68 millones. Las compras, según consta en Guatecompras, se efectuaron en cuestión de horas en los días previos a la Navidad de 2022. Todas se produjeron entre el 21 y 23 de diciembre.
Equipos en movimiento
Es notorio que el precio pagado por algunos equipos es muy elevado. En la compra de los electrocardiógrafos –un aparato que registra los latidos del corazón– por ejemplo, el hospital de Chimaltenango recibió propuestas de cuatro empresas. Estas ofertaron productos a un precio de entre Q10 mil y Q32 mil por unidad. Los funcionarios, sin embargo, otorgaron el contrato a Voltar Intermedia que ofertó el mismo producto a Q88 mil por unidad.
El caso de los aspiradores de flemas para uso pediátrico fue similar. Otra empresa ofreció vender este aparato a Q4,500, cada uno. Voltar Intermedia ofertó un precio veinte veces superior: Q87 mil por unidad. Aún así, los funcionarios del hospital eligieron su oferta.
Pero el problema no solo fue la sobrevaloración de los equipos. También que, como reveló el MP tras el estallido del caso, estos, en gran parte, nunca llegaron a entregarse. El nuevo hospital de Chimaltenango, en realidad, fue equipado con aparatos que no eran nuevos. Estos procedían de otro hospital: el temporal del Parque de la Industria. Las autoridades crearon este centro durante el pico de la pandemia, en 2020 y lo clausuraron casi al mismo tiempo que se abría el nuevo en Chimaltenango.
Gran parte de los casi Q68 millones otorgados a Voltar Intermedia, por tanto, fueron desfalcados. Y para que el engaño funcionara había sido necesaria la colaboración de alguien en la cúpula del Ministerio de Salud. Alguien con la autoridad para trasladar equipos de un hospital u otro: el exviceministro Gerardo Hernández.
Más casos
Este esquema aplicado en Chimaltenango ocurrió de manera similar en otros tres hospitales de la red nacional.
De hecho, la misma empresa utilizada en el desfalco de Chimaltenango, recibió decenas de contratos del hospital San Juan de Dios durante 2022. De una manera muy similar a lo sucedido en Chimaltenango, las autoridades de este hospital capitalino, otorgaron 85 compras de menos de Q90 mil a Voltar Intermedia.
En total la empresa, recibió algo más de Q2 millones por reparaciones y trabajos como “pulido de elevadores” o “identificación de canaletas plásticas”. Todas las adjudicaciones ocurrieron en los primeros días de diciembre de 2022.
Estos hechos, a pesar de tener a la misma protagonista, no se han mencionado como parte del caso presentado contra el exviceministro Hernández.
Pero las sospechas de corrupción no se limitan a Voltar Intermedia.
En su trabajo de fiscalización, la diputada Morataya descubrió otros dos casos. Estos implican a empresas diferentes y también sucedieron en el San Juan de Dios, el hospital del que fue director el exviceministro Hernández.
El primero tiene como protagonista a una empresa llamada Construced, propiedad de un vecino de San Miguel Petapa llamado José Antonio Cedeño Gerónimo. Esta pequeña constructora, en años anteriores había obtenido algunos contratos, principalmente, en municipalidades, para reparar calles o carreteras, según consta en Guatecompras.
Sin embargo, en solo unas horas, entre el 24 y 25 de noviembre de 2022, las autoridades del San Juan de Dios le adjudicaron casi Q21 millones en 232 compras diferentes. El propósito de los contratos era realizar reparaciones en los edificios del hospital.
Como sucedió en el caso de Chimaltenango, todas fueron compras algo inferiores a los Q90 mil. Este es un tipo de contrato que se puede adjudicar de manera expedita y que permite elegir a dedo al beneficiario.
Las adjudicaciones se hicieron por remozamientos, instalación de zócalos, pintura de paredes y otros pequeños arreglos en diversas áreas del hospital.
En varias visitas, Morataya buscó al jefe de mantenimiento del San Juan de Dios, Luis Ernesto López, que fue quien firmó las 232 compras. “Las obras no estaban hechas, no supo explicar y se escondió”, denunció Morataya en marzo pasado.
El segundo caso identificado por la diputada en este hospital, sucedió unos pocos días después. En esta ocasión, la protagonista fue una empresa llamada Movil, propiedad de German Vinicio Fuentes Vásquez. Esta pequeña constructora no comenzó a proveer al Estado hasta 2020 y en ese año y el siguiente, recibió, en total, poco más de Q1 millón en contratos.
Sin embargo, durante 2022, el San Juan de Dios le adjudicó Q16.3 millones a través de 183 adjudicaciones menores de Q90 mil. Todas ellas fueron para prestar servicios como mantenimiento de drenajes o trabajos vagamente definidos como “remozamiento en área de enfermeras”. La mayoría de ellas, 114, ocurrieron en solo dos días, el 23 y el 25 de noviembre de 2022.
El propietario de esta empresa, Fuentes Vásquez fue financista del partido Viva en 2021, según denunció el diario elPeriódico.
También en Morales
El nombre de este constructor y su empresa Movil, también aparece en otro de los casos detectados por la diputada Morataya. En esta ocasión, las compras se realizaron en el hospital Santa Bárbara, en Morales, Izabal. Este es otro de los centros que el presidente Giammattei ha construido durante su mandato (si bien las obras comenzaron en 2012). De hecho, la inauguración de este hospital ocurrió en septiembre de 2022 en un acto en el que estuvo presente el propio exviceministro Hernández.
En este caso, la diputada Morataya detectó que Movil recibió casi Q11 millones a través de 125 compras menores a Q90 mil. El propósito de los contratos era realizar pequeñas obras muy similares o idénticas a las efectuadas por la misma empresa en el San Juan de Dios. Las adjudicaciones ocurrieron todas el mismo día, el 9 de noviembre.
Según denunció Morataya, no existe constancia de que las obras adjudicadas a Movil se hayan ejecutado realmente. Ni las que ocurrieron en el San Juan de Dios, ni las producidas en el hospital Santa Bárbara.
También en el Roosevelt
Este patrón de contratación fraccionada ocurrió también en el otro gran hospital de la capital, el Roosevelt. En este centro, el diputado del partido VOS, Carlos Barreda, detectó un total de 66 compras por servicios de desinfección y sanitización que beneficiaron a la empresa Productos y Servicios de la Industria de la Construcción, S.A. (Proseinco). Esta empresa fue creada en 2017. Nunca había sido proveedora del Estado, según consta en Guatecompras, hasta que comenzó a ser sistemáticamente contratada por el Roosevelt.
Las adjudicaciones ocurrieron en dos momentos. Primero, entre el 12 y el 13 de diciembre de 2022, Proseinco recibió 25 contrataciones por Q2.2 millones para realizar desinfecciones. En estos contratos, según información disponible en Guatecompras, una empresa competidora ofertó sus servicios por Q9,800 por cada limpieza. Las autoridades del Roosevelt, sin embargo, optaron por la oferta de Proseinco, que era casi diez veces superior: Q89,500 por cada limpieza.
La segunda tanda de contrataciones ocurrió durante un periodo mayor, entre enero y marzo de este año. En estas 41 compras, Proseinco recibió Q3.6 millones adicionales por servicios de fumigación. La mayoría de estos procesos solo tuvieron como participante a Proseinco, con ofertas, siempre, algo inferiores a los Q90 mil.
En total, entre 2022 y 2023, la empresa ganó casi Q6 millones. Según denunció el diputado Barreda, “los servicios nunca se efectuaron”.
Además, en 2023, Proseinco también comenzó a arrendarle al Roosevelt unas bodegas por Q11.7 millones.
Silencio oficial
Al ser consultado para este reportaje, un portavoz del Ministerio Público (MP) no quiso explicar si la institución investiga al exviceministro Hernández por estos casos que diputados denunciaron públicamente. O si el objeto de las pesquisas son solo por los hechos ocurridos en el nuevo hospital de Chimaltenango.
El vocero se limitó a asegurar que el caso aún se encuentra en fase de investigación. “Lo único que se ha llevado a cabo es la audiencia de primera declaración, producto de la cual se logró que el órgano jurisdiccional los ligara a proceso”, indicó Moisés Ortiz.
La cartera de salud tampoco quiso dar declaraciones sobre este suceso o sobre qué acciones tienen previstas para que este tipo de desfalcos no se repita.
La Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC), a su vez, no respondió a múltiples solicitudes de información sobre cómo opera y qué hechos decide denunciar y cuáles no.
Lucha contra la corrupción sin avances
La detención del exviceministro Hernández ha sido hasta el momento uno de los principales logros de la actual administración en el combate a la corrupción.
La fiscalía actuó rápido: los hechos investigados ocurrieron solo unos meses antes de que se destapara el caso. Además, apuntaron alto. Solicitando la captura de un viceministro en ejercicio, algo que no ha sucedido con frecuencia en los últimos años.
Sin embargo, el caso también pone de relieve las limitaciones con las que se está combatiendo en la actualidad la corrupción, tras la salida del país de la CICIG en 2019 y el desmantelamiento gradual que ha sufrido la FECI desde entonces.
Ambas instituciones, CICIG y FECI, se caracterizaron por realizar investigaciones exhaustivas, centradas en el funcionamiento de las estructuras criminales y no solo en la comisión de un delito en concreto.
El caso “Asalto al Ministerio de la Salud”, por ejemplo, puso el foco en la red de cobro de comisiones puesta en marcha por el ministro Villavicencio, lo que llevó a los fiscales investigar diferentes delitos. Investigaron decenas de contratos diferentes otorgados por múltiples dependencias en diferentes lugares y momentos.
Además, tanto CICIG como FECI, transparentaban sus hallazgos a través de conferencias de prensa. En estas, se mostraban algunas de las pruebas principales de sus casos.
En la actualidad, el combate a la corrupción tiene un enfoque diferente. Vuelve a centrarse en delitos concretos, no en las estructuras criminales. Y se ofrece escasa información sobre los casos fuera de la que se proporciona en los tribunales de justicia.
Una parte del trabajo anti corrupción, además, ha recaído sobre la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC), cuya creación fue una de las primeras decisiones adoptadas por el actual presidente al asumir su cargo. La CPCC trabaja en conjunto con instituciones como la Contraloría General de Cuentas o la Fiscalía contra la Corrupción.
La institución ha tenido participación en algunos casos importantes, como el del nuevo Hospital de Chimaltenango. Sin embargo, no está muy claro cuáles son sus éxitos.
En sus informes anuales, la institución, asegura que en 2022 presentó tres denuncias penales. Las dependencias denunciadas fueron: las oficinas centrales del Ministerio de Ambiente, la Dirección General de Correos y Telégrafos y la Inspección General de Trabajo de Suchitepéquez.
En el año previo, en 2021, la CPCC tuvo más actividad: presentó 14 denuncias ante el MP. Sin embargo, la institución no ha proporcionado apenas detalles sobre estos casos, como la institución en la que se cometieron los hechos.
Tampoco está claro si la CPCC está teniendo en cuenta las continuas denuncias realizadas por los diputados en su labor fiscalizadora.
El pasado 11 de mayo, por ejemplo, la diputada Morataya denunció en el MP al actual ministro de Salud Francisco Coma y al administrador del hospital San Juan de Dios, Luis Ernesto López Díaz por presuntos hechos de corrupción. De nuevo, por obras que, según la diputada, no se realizaron.
A finales de su primer año de gobierno, en el Día Internacional contra la Corrupción, el presidente Giammattei prometió que la CPCC, aunque sea una dependencia del Ejecutivo, actuaría con total independencia. Según expresó Giammattei, él instruyó a la institución para que sea totalmente objetiva y actúe “sin contemplación”. Otra promesa sobre la cual tendrá que rendir cuentas antes de que finalice su mandato, el próximo 14 de enero.
