En el newsletter de esta semana analizamos el subsidio de Q2,000 millones a los combustibles aprobado por el Congreso y sus implicaciones: una medida que, bajo el argumento de aliviar el bolsillo, podría terminar beneficiando al oligopolio de importadoras en un contexto de débil capacidad estatal de control.
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Hoy vuelvo a hablar de tráfico, o más bien del dinero que cuesta moverse en Guatemala. Y, una vez más, de la debilidad del Estado de Guatemala.
El 14 de abril, el Congreso de Guatemala aprobó de urgencia nacional la Ley de apoyo de emergencia para los consumidores de diésel y gasolinas, Decreto 11-2026, que autoriza ejecutar Q2,000 millones del presupuesto para otorgar un subsidio al diésel y la gasolina durante noventa días, una medida que entrará en vigor el 1 de mayo.
En principio, a partir de ese día habrá una reducción de Q5 por galón en la gasolina y de Q8 en el diésel. O, al menos, esto es lo que se espera. Sin embargo, en otras ocasiones, el consumidor final no ha percibido la reducción establecida.
La medida fue promovida en el Congreso por el diputado oficialista Carlos Sanabria y cuenta con el impulso del gobierno de Arévalo. Ambos defendieron que esta medida iba a ayudar al bolsillo de los guatemaltecos.
Sin embargo, teniendo en cuenta el récord de corrupción e ineficiencia estatal, ejecutar en tres meses Q2,000 millones en subsidios a las gasolineras es, cuando menos, una medida arriesgada.
Para poner en dimensión lo que suponen estos Q2,000 millones, se trata del doble del presupuesto anual del Ministerio de Cultura de 2026 y cinco veces el del Ministerio de Medio Ambiente.
Estos fondos saldrán de una adecuación presupuestaria que recorta principalmente recursos de los ministerios de Defensa y Comunicaciones, así como de bonos del Tesoro y deuda.
Las importadoras de gasolina, las beneficiarias del subsidio
En total, Guatemala redirigirá un 1,25 por ciento de su presupuesto nacional a una medida que aplicará sólo durante tres meses y cuyos destinatarios finales son las importadoras de gasolina. Y ese es el principal problema.
El descuento se aplicará a las empresas importadoras de gasolina y diésel registradas en el Ministerio de Energía y Minas. Serán estas las que trasladarán la rebaja en las facturas a distribuidores y estaciones de servicio.
En Guatemala, el mercado de importación de gasolina y diésel está monopolizado por tres grandes empresas: Puma, Uno y Chevron (Texaco). Estas aglutinan casi el 99 por ciento del mercado, según datos de 2025 del Ministerio de Energía y Minas recogidos en un video de la Agencia Quorum.
De hecho, son estas tres mismas empresas, Puma, Texaco y Uno, las que recibieron el mayor aporte económico en 2022, cuando el gobierno de Alejandro Giammattei aprobó la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular.
El actual presidente, Bernardo Arévalo, criticó en su día la medida adoptada por el gobierno de Giammattei. En esta ocasión, su gobierno impulsa una medida idéntica, con los mismos beneficiarios: el oligopolio de las importadoras de gasolina y diésel.
En ese momento fueron un total de Q2,800 millones, de los cuales, según el artículo “Las cuentas de la emergencia: Q2,400 millones en fondos opacos” que publicamos en No Ficción, solo el grupo Uno (Terra/Shell) habría percibido casi Q1000 millones (Q935 millones), Chevron obtuvo Q792 millones. Puma Q465 millones.
Uno (Shell), como menciona este reportaje, es una empresa de origen hondureño propiedad del Grupo Terra. Además de las gasolineras Uno y Shell, en Guatemala también son dueños de la hidroeléctrica Xacbal y de una participación en la distribuidora eléctrica Energuate.
Ahora, aunque aún no se ha publicado la lista de empresas que recibirán el subsidio, dado que monopolizan el mercado, es previsible que sean estas mismas las que acaben recibiendo los Q2,000 millones.
Imagino que Arévalo confía en que su gobierno puede gestionar este subsidio de manera más transparente y lograr que el descuento efectivamente llegue al consumidor. Pero existe un gran riesgo: que las gasolineras no acaben aplicando la reducción.
Personal de DIACO durante los controles realizados a las gasolineras por los incrementos en el precio de los combustibles. Edwin Bercián/No Ficción.
¿Puede el Estado controlar esto de forma efectiva? La realidad es que no
Según lo explicado por las autoridades, las gasolineras están obligadas a publicar el precio de referencia establecido por el MEM para que el usuario pueda comprobar que se aplica la rebaja.
Además, la ley obliga a que todas las facturas emitidas en la cadena de comercialización (incluida la del consumidor final) incluyan una anotación sobre el apoyo social recibido. Así, las ciudadanas y ciudadanos pueden fiscalizar que se les aplique el descuento.
Sin embargo, será muy difícil para el Estado comprobar que efectivamente las gasolineras de Guatemala están cumpliendo con la ley.
En principio, la DIACO, dependencia del Ministerio de Economía para atención al consumidor, será la encargada de velar porque el subsidio entregado directamente al importador se refleje en el precio final. ¿Tiene la DIACO la capacidad de velar porque una gasolinera de San Pedro Carchá, de Teculután o en Malacatán o de Villa Canales cumplan con la legislación? Permítame dudarlo. ¿Van a intentar algunas gasolineras lucrar con el subsidio? Permítanme sospecharlo.
En el último mes, como reporta Prensa Libre, la DIACO ha presentado 79 denuncias en todo el país por especular con el precio de la gasolina y subirlo antes de que aumentara a nivel internacional.
Otro de los cuestionamientos al subsidio es que estos fondos no irán dirigidos a quienes más lo necesitan. Las necesidades en Guatemala son dolorosamente altas: muchas escuelas no tienen agua potable ni baños, y las niñas y niños se mueren por desnutrición aguda.
De hecho, la gran mayoría de personas en extrema necesidad no tiene vehículo. Pero el gobierno gastará 22 millones de quetzales diarios en subsidiar la gasolina a todo aquel que llene su tanque en una gasolinera.
En una nota de Prensa Libre, Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), señala que el gobierno está aplicando la técnica del “atarrayazo”: al no existir un registro de beneficiarios, se lanza una red general que termina subsidiando también a dueños de vehículos de alta gama que no necesitan el apoyo. En esa misma nota, Hugo Maul, del CIEN, indica que, con este tipo de subsidios, en vez de propiciar el ahorro y mostrar el encarecimiento real, quien más consume es quien más se beneficia.
A pesar de la reciente desescalada en el conflicto en Medio Oriente, el precio del petróleo no logra bajar de los 95 dólares por barril. En mayo y junio agradeceremos pagar un poco menos en la gasolinera.
Pero la pregunta es si es la mejor manera de gastar Q2,000 millones. Si esos recursos no podrían haberse destinado, por ejemplo, a programas para combatir la desnutrición. Y la segunda pregunta es quiénes serán los principales ganadores de este subsidio, si acaso será el oligopolio de la importación de gasolina, si será la Shell, La Texaco y Puma, como sucedió en el gobierno de Alejandro Giammattei.
