Gabriel García Luna asume la jefatura del Ministerio Público (2026-2030) con una propuesta de restauración institucional. En una primera conferencia de prensa, casi a modo de entrevista colectiva, el nuevo Fiscal General ha anunciado la liquidación inmediata de la FECI, la creación de una comisión para revisar la situación de los operadores de justicia exiliados y la destitución de la cúpula afín a Consuelo Porras. 

Durante la madrugada del 17 de mayo de 2026,  el juez de carrera Gabriel Estuardo García Luna asumió formalmente el cargo de Jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.

El nuevo fiscal general hereda una institución a la que atribuye una credibilidad fracturada, tras ocho años de una gestión encabezada por Consuelo Porras, caracterizada por el aislamiento internacional, altos índices de desestimación de denuncias y criminalización contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas.

García Luna comenzó con una apertura inusual en una institución que durante los dos mandatos consecutivos de Porras se había rehusado a explicar sus actuaciones y a responder preguntas. 

La transición en el MP, descrita por García Luna como “cordial pero no intimidante”, busca como premisa principal una reestructuración institucional. En un mensaje difundido la mañana del domingo 17 de junio por las cuentas de redes sociales del MP pocas horas después de tomar posesión, el fiscal perfiló las diferencias que marcarán un contraste con la gestión de su antecesora. “No puede existir justicia desde el desorden”, sentenció. “Vamos a ordenar la institución”.

Después, durante la conferencia de prensa, retomó esa idea y anunció la primera gran sacudida estructural: la liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), una unidad que, según sus palabras, perdió por completo la credibilidad ante la ciudadanía.

No es usual -en periodismo- que una conferencia de prensa pueda convertirse en una entrevista colectiva. García Luna anunció a los nombres de quienes integrarán su cúpula de confianza, bosquejó su estrategia para abordar la crisis de los más de cien operadores de justicia en el exilio, reveló la remoción de figuras clave de Consuelo Porras como su secretario Ángel Pineda, y declaró la urgencia de restablecer la coordinación con el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) para desarticular las redes políticas y económicas ilícitas que sofocan al país.

En su mensaje de vídeo difundido más temprano, el Fiscal General había dicho que se viene un cambio para el MP. Al perfilar lo que Guatemala puede esperar de su administración, caracterizó de forma implícita la de su antecesora: “Hoy inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca”. Después pareció retomar algunos de los señalamientos ciudadanos más graves contra Consuelo Porras, al dar por hecho que desde la institución se han gestionado persecuciones con motivaciones distintas a las de la ley. “No debe ser usado el MP como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que debe cesar cualquier persecución selectiva”.

A continuación, se presenta este primer diálogo e intercambio con la prensa, el cual marca las líneas estratégicas de lo que se perfila como un intento de restauración técnica del sistema de justicia guatemalteco.

P. (Hedy Aquino, Diario de Centroamérica): Con respecto al personal de trabajo que estará con usted, ¿nos puede dar a conocer quiénes serán las personas que ocuparán los cargos importantes, como la Secretaría General y las otras secretarías clave del Ministerio Público?

Gabriel García Luna: La cúpula del Ministerio Público en general está conformada por los secretarios. Y como ustedes saben, hay secretarías muy específicas. Por el momento puedo confirmar algunos de los puestos. Por la coyuntura que vivía el país y la situación del proceso en sí, no todas las personas pueden ser todavía públicas o están gestionando en sus actuales lugares de trabajo para poder integrarse. El resto entonces se va a ir dando a conocer por los medios oficiales o yo mismo se los voy a confirmar.

El secretario general es el licenciado Edwin Chavajay. Les haré un breve resumen de su hoja de vida: el licenciado es originario de Sololá y se graduó en la Universidad Rafael Landívar en Quetzaltenango. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Guatemala, donde litigó en la vida profesional. Tuvo un paso por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como letrado, luego estuvo en la Procuraduría General de la Nación (PGN) como asesor y regresó de nuevo a la Corte Suprema de Justicia como letrado. Además, integra el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Industria de Guatemala. Lo relevante dentro de sus estudios es que es especialista en derecho penal por la Universidad del Istmo y tiene estudios en derecho penal en Argentina, en los Países Bajos y en Francia. Además, es catedrático de derecho procesal penal y derecho penal en la Universidad Rafael Landívar. Él es una de las personas que ha trabajado con el grupo principal desde hace varios meses en la conformación de este proyecto.

El secretario de política criminal es el licenciado Salvador Guzmán. Él básicamente llevó a cabo una carrera fiscal dentro del Ministerio Público; por algún motivo tuvo que abandonar la institución en el pasado, pero su experiencia y su capacidad, además de todo lo que conoce de la dinámica interna del Ministerio Público, representan una base muy importante para nosotros.

La licenciada Shirley García va a ser la encargada de la secretaría de asuntos internacionales y de cooperación. Ella también tiene suficiente experiencia, principalmente laborando dentro del Organismo Judicial para gestionar proyectos y para poder llevar a cabo o consolidar la mayoría de programas que se puedan tener en el Ministerio Público, especialmente con otros países que se pueden volver cooperantes de nuevo. Esas son las tres posiciones principales alrededor de la fiscalía que hoy puedo confirmar. Ya durante la semana seguramente se va a ir publicando el resto de las personas.

P: (Elsa Espinoza, Prensa Comunitaria): ¿Hará una reorganización de fiscalías y unidades clave que por han sido dirigidas por actores con sanciones internacionales? ¿Se revisarán los casos de criminalización? Las condiciones de reserva judicial eran una de las denuncias constantes de ciudadanos, operadores de justicia y líderes indígenas. ¿Cómo va a actuar o en qué condiciones aplicará la reserva judicial?

García Luna: Va a haber un análisis serio en estos días porque, lastimosamente, no teníamos acceso a todos los expedientes ni conocemos realmente los resultados que han dado, que posiblemente tendrían que haber sido los que se esperaban. Tenemos que ver qué tipo de resoluciones han alcanzado con sus intervenciones y qué investigación han realizado en ciertos casos.

Lo que sí le puedo anunciar es que, a partir del día de mañana, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) entra en una etapa de liquidación. Esa etapa de liquidación se ordena porque, lastimosamente, la fiscalía ha perdido la credibilidad ciudadana. Precisamente en respuesta a esa falta de credibilidad, y a que se ha detectado que no se está cumpliendo con los objetivos institucionales, se toma esta medida. El proceso de liquidación va a servir para poder revisar cada uno de los expedientes y ver, de acuerdo con el análisis, si existe algún tipo de responsabilidad de alguno de sus integrantes. Eso en cuanto a esa fiscalía especializada.

Ahora, respecto a la reserva en los procesos: hay una reserva que es de carácter legal y obligatoria, la cual se da prácticamente por mandatos como la Ley de Lavado de Dinero. La otra es la reserva procesal, que también tiene un fundamento legal pero es por un tiempo determinado. El juez la autoriza, pero debe cumplirse con ciertos requisitos. Entonces, la evaluación que se va a hacer en los casos que se han mantenido bajo reserva es verificar si esos requisitos ya desaparecieron o si ya se cumplió con el plazo legal para poder levantarla.

La verdad es que el peligro para la investigación y el peligro para los sujetos procesales son la base real para decretar la reserva de un proceso; la reserva no debe ser utilizada para provocar zozobra o causar efectos negativos sobre los sujetos procesales y el resto de la población. Es prácticamente intolerable llevar casos bajo reserva desde el inicio hasta el fin del proceso, y no por meses, sino por años. Entonces sí, se va a hacer un análisis exhaustivo y técnico-jurídico para dar la instrucción precisa en qué casos aplica, porque la ley ya lo enmarca bien y no habría necesidad de interpretaciones arbitrarias. Esa revisión servirá para dar la instrucción de que se cumpla únicamente con lo que dice la ley.

P: (Sonia Pérez, Associated Press): ¿Usted va a crear una fiscalía especial para revisar los casos de los más de 100 exiliados que han denunciado criminalización por parte del MP?

García Luna: Bueno, fíjese que la idea principal sí es formar una comisión para que se pueda analizar cada uno de los casos dentro del sistema. Las personas que se puedan sentir afectadas o que estén siendo afectadas actualmente podrán abocarse al Ministerio Público para una revisión de sus expedientes. Lo que tenemos que ofrecer es objetividad, imparcialidad y legalidad en cada una de las solicitudes que se hagan dentro de cada caso. Las persecuciones sin el debido proceso no tienen cabida en esta gestión.

Lo mismo aplicaría para personas que pudieran tener el temor de sufrir algún tipo de persecución: podemos analizar sus situaciones. Cuando se trabaja a puertas cerradas, no se sabe qué es lo que hay adentro, pero cuando es a puertas abiertas se puede analizar y verificar. Posiblemente en algunos casos sí existe algún tipo de investigación y hay un proceso para establecer cuál sería la postura técnica, pero en otros casos hipotéticos podría tratarse solo de intimidación, y sabemos que la sola intimidación puede afectar gravemente la vida de una persona y la de toda su familia.

P: (Sonia Pérez, Associated Press): Sobre la fiscal general saliente, Consuelo Porras, se ha dicho que salió del país. ¿Va a haber una investigación a su gestión, propiamente a ella, debido a las acusaciones de dirigir la criminalización contra las personas exiliadas? Y lo otro: el esquema de seguridad de ella. Se hablaba de que la fiscalía le podría brindar un esquema de seguridad con muchísimos vehículos. Explíquenos qué va a pasar con esa situación.

García Luna: Cumpliendo con el principio de legalidad y objetividad, sí, seguramente tenemos marcada una auditoría interna que se llevará a cabo sobre los casos. Respecto al proceso de transición, quiero comentarles —porque solo salieron imágenes— que se efectuó de una forma cordial, por decir una palabra, no intimidante. Creo que se cumplió con los pasos que establece la Contraloría General de Cuentas. El equipo tanto de ella como el mío se encargaron de revisar la documentación que exige la Contraloría y todo llegó a su término para mi toma de posesión. Hasta el día de ayer a medianoche ella estuvo acá, me entregó el cargo y yo tomé posesión; hasta ahí no sé más.

En cuanto al esquema de seguridad, el que va a quedar asignado actualmente a ella como fiscal general saliente es mucho más reducido que el que tenía en funciones. Se va a desarrollar un análisis y una evaluación de riesgo para emitir el acuerdo respectivo y las instrucciones. El nivel de protección de un exfuncionario, independientemente del reclamo que pueda haber a su gestión —sea que se considere buena o mala—, debe determinarse de acuerdo con criterios técnicos de riesgo. Estoy seguro, por lo que se platicó en el marco de la entrega de los informes, que el esquema final será mucho menor que el que había tenido.

P: (Ángel Oliva, Emisoras Unidas) ¿Usted ordenará investigar las cuentas de netcenters atribuidas al anterior Ministerio Público, las cuales han sido denunciadas constantemente por amenazar y acosar a diversas personas?

García Luna: Fíjese que queremos hacer un análisis de qué denuncias existen, qué destino les dieron en el pasado, si hay algún caso judicializado y el estado que tienen, para poder llevar a cabo una investigación seria. Esto no es un problema de libertad de expresión, sino que es un problema de cometer un delito a través de las redes sociales. Cuando se puede identificar a la persona y se comprueba que cometió un ilícito, se debe actuar. Yo integré tribunales donde juzgamos casos de amenazas, de difamaciones y otro tipo de delitos que se cometen a través de redes digitales.

El problema importante aquí es el anonimato y la creación de cuentas falsas, lo cual se vuelve complejo cuando están operadas fuera del país, porque hay toda una articulación internacional. Pero sí es un punto que queremos abordar sin limitar la libertad de expresión, sino únicamente restringiéndonos a quienes utilicen estas plataformas para delinquir y que sean denunciados. La denuncia es la partida para poder hacerlo. Seguramente ya hay denuncias interpuestas, así que les vamos a poner un seguimiento, análisis y fiscalización a cómo se ha desarrollado la investigación de las mismas.

P: (Diego España, La Hora) ¿Qué hará con los casos señalados de garantizar impunidad durante la administración de Consuelo Porras? ¿Estaría abierto a designar fiscales especiales, una figura que no se utilizó en la gestión anterior? ¿Y cómo procederá contra los fiscales y funcionarios señalados de participar en casos de criminalización o actos ilegales?

García Luna: La figura del fiscal especial está contemplada en la ley. Hasta el momento, debido a que el relevo fue de ayer para hoy, a pesar de que tenemos el conocimiento y sabemos que la figura existe, necesitamos analizar los expedientes para saber si va a ser necesaria la creación de un fiscal especial. Hace tanto tiempo que no se utiliza esa figura que ya se me olvidó la última vez que se aplicó, pero sí es una posibilidad importante si se considera que no existiera un fiscal o una agencia fiscal ordinaria que pudiera tomar el control objetivo de una investigación. Hay que analizar muy bien qué denuncias hay, en qué estado se encuentran e iniciar procesos objetivos en cada una de ellas. Este es uno de los temas planteados no solo por mi persona, sino que está integrado en el plan de trabajo.

La auditoría interna es una posibilidad, y la otra son las juntas disciplinarias. En eso yo tengo mucha experiencia como juez, entonces les puedo asegurar que es la mejor forma de que el mismo ente se depure. Pero estas juntas tienen que estar integradas por personas que tengan el compromiso real de aplicar la ley y la reglamentación. Es más, si ustedes ven la Ley Orgánica del Ministerio Público, esta tiene varios artículos sobre las juntas de disciplina de acuerdo con la calidad del trabajador: técnico, administrativo o fiscal, e incluye también a los trabajadores que son cercanos al despacho del fiscal general. Esa es la otra opción. Y la tercera, si se determina que se ha cometido algún tipo de delito, es la vía de la Fiscalía de Asuntos Internos.

P: (Andrea Domínguez, Prensa Libre): Se habla mucho del secretismo sobre el salario de fiscal general, de los secretarios y fiscales. Esto ha sido privado desde que asumió Consuelo Porras. ¿Esto va a volver a ser público?

García Luna: Fíjese que los últimos datos a los que yo tuve acceso de forma clara fueron cabalmente hace cuatro años, en 2022. No solo de los puestos y salarios, sino de mucha información que posteriormente se declaró como confidencial. Como la mayoría tal vez lo sabe, yo participé hace cuatro años también en el proceso de elección para este puesto. En ese entonces, al prepararme e investigar para poder llevar a cabo el proceso ante la comisión de postulación de una buena forma —principalmente para la entrevista—, sí conté con los insumos sobre todo eso, incluso de presupuesto. Lastimosamente, hoy por hoy ha sido prácticamente imposible tener algún dato actualizado.

El compromiso es analizar los datos que definitivamente no representan ningún tipo de peligro para la seguridad y liberar la información tal como estaba hace cuatro años. Yo creo que hay una línea muy delgada entre saber el dato de cuánto devenga un funcionario en una dependencia pública y que esa liberación pueda significar realmente un peligro real para la integridad de una persona. Pero, en principio, el análisis va de todo y sobre todo. Espero que pronto empiecen a ver ustedes los resultados de ese análisis en las redes institucionales y en el portal de Guatecompras.

P: (Andrea Domínguez, Prensa Libre): Se preguntan los guatemaltecos sobre las rejas que se pusieron hace cuatro años frente al edificio de Gerona: si uno no ha cometido un delito, no ingresa fácilmente; y en el caso de la prensa hay una lista selectiva de periodistas autorizados para entrar al Ministerio Público y para trasladar información. Por otro lado, se creó un grupo de seguridad paralelo con armas de grueso calibre, con cámaras con reconocimiento facial, etcétera. ¿Qué va a pasar con este grupo y con los vehículos que se utilizan para hacer allanamientos con las placas tapadas o sin ellas?

García Luna: Lo de las rejas no es un tema menos importante, porque el simbolismo que tienen es muy fuerte. Posiblemente se argumente que se hizo por seguridad o por un montón de razones, pero el simbolismo de cara a la ciudadanía es de exclusión. En esta gestión ya se empezó a hacer el análisis técnico para poder retirarlas, pero para eso tenemos que ver bajo qué acuerdo o qué resolución se habilitó su colocación, para tomar las decisiones administrativas correctas. Tenemos información, pero sería muy aventurado e irresponsable de mi parte decirles hoy si fueron hechas acá o si hay un acuerdo firmado. Queremos evitar cualquier tipo de problema legal antes de eliminarlas, pero la intención de retirarlas está. En cuanto a la estructura de seguridad, eso también se está comenzando a analizar. Tenemos la misma información o una muy parecida a la que usted nos está describiendo para tomar las acciones pertinentes. 

P: (Andrea Domínguez, Prensa Libre): Usted ya hizo énfasis en que va a analizar cuál ha sido el trabajo de las secretarías y de las fiscalías regionales. Nombres como Rafael Curruchiche o Leonor Morales Lazo han encabezado algunas investigaciones, o incluso algunos fiscales que luego de figurar fueron removidos o trasladados hacia fiscalías regionales. ¿Estas personas y sus actuaciones van a entrar dentro de este análisis?

García Luna: En la institución hay personal que pertenece al sistema de carrera fiscal y hay otro personal de carácter técnico y administrativo. También está el personal de las secretarías y subsecretarías cercanas al fiscal general. Estos últimos puestos son de libre remoción, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos, y en eso estamos trabajando. 

Con esto les digo que, desde el día de ayer, el licenciado Ángel Pineda puso a disposición su puesto como secretario general e inmediatamente se le autorizó la salida. Es lo lógico; todos esos puestos de confianza en cualquier institución, e incluso yo mismo lo haría si llegara una nueva administración, lo mínimo es poner el puesto a disposición y que la nueva autoridad decida. No voy a hacer caso a publicaciones o especulaciones que no vengan de canales oficiales del Ministerio Público o de mi persona, porque lo único que hacen es crear un ambiente tenso, ¿verdad? A veces los medios manejan nóminas o equipos de trabajo imposibles, o mencionan algún nombre que causa una reacción negativa en algún sector de la sociedad, y todo eso empieza a polemizar. Yo sé que la especulación es parte del ejercicio del periodismo, pero a veces es difícil manejar eso cuando se da una noticia que después no se concreta. 

Por eso fui sincero al confirmarles hoy únicamente los tres puestos que ya están fijos y la salida de las autoridades anteriores del despacho. También les adelanto que ya no está la primera subsecretaria general, Julia María Juárez. 

P: (Heidi Rivera, Libaral GT): ¿Cuál es el legado que a usted le gustaría dejar al terminar estos cuatro años en el año 2030?

García Luna: Como primer legado, haber logrado el máximo de depuración de todo lo que va relacionado con la fiscalía y que, dentro de esa depuración, hayamos llevado al máximo las capacidades técnicas de cada uno de los integrantes del Ministerio Público.

Esa depuración y el fortalecimiento de capacidades técnicas me gustaría que se traduzca en que, ante requerimientos objetivos, legales y debidamente fundamentados por parte de nuestros fiscales, obtengamos resoluciones positivas por parte de los jueces y magistrados. Queremos lograr que las solicitudes que se hacen a los jueces sean aceptadas, porque esa ha sido una de las principales debilidades que ha mostrado el Ministerio Público en los últimos años. A pesar de tener casos investigados por años, vemos resoluciones judiciales que no compaginan con las solicitudes del MP, y habría que analizar realmente de qué forma se han estado realizando.

Es la relación que tiene que haber. El Código Procesal Penal ordena y regula la relación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. El MP dirige la investigación y, en ese momento, la PNC pasa a formar parte de las disposiciones que realizan los fiscales, pero la policía también lleva a cabo investigaciones que presenta ante los fiscales. Entonces, si hay una adecuada coordinación y análisis entre el MP y el Ministerio de Gobernación, es lo ideal para que de verdad Guatemala empiece a ver efectos positivos en la reducción de cualquier tipo de delito que se cometa. Si esa relación está rota, se quiebra una parte trascendental para poder investigar el crimen en el país.

P: (Oswaldo J. Hernández, No Ficción): Desde hace mucho tiempo se dejó de usar en el discurso oficial el concepto de política criminal contra redes políticas económicas ilícitas, que tiene su origen en los llamados “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” (CIACS). ¿Cuál es su noción sobre este aspecto? ¿Es posible recuperar la persecución penal contra estas redes políticas económicas ilícitas?

García Luna: Lo de la persecución a las redes ilícitas es parte medular de nuestro plan de trabajo, porque una investigación objetiva de cualquier denuncia o conocimiento que se tenga de oficio sobre la comisión de un delito tiene que llevarse hasta sus últimas consecuencias; claro que se puede realizar. Yo lo he mencionado en varias oportunidades en disertaciones académicas: la base del crimen organizado es alcanzar financiamiento económico.

Por ejemplo, el sicariato se mueve por un cobro, la extorsión es un cobro, el lavado de dinero tiene que ver directamente con esto y el narcotráfico también. Todo esto se convierte en un círculo o en una espiral donde ya no solo las personas que ejecutan el acto material se involucran, sino que las personas cercanas se benefician de lo que resultó de la afectación de una persona o de un grupo de personas. Esas investigaciones son complejas y tienen que llevarse a cabo. Contamos con el personal técnico para hacerlo, solo hay que identificarlo adecuadamente para ir creando o fortaleciendo las agencias que puedan trabajar de una forma honesta y capaz en este tipo de estructuras.

P: (Oswaldo J. Hernández, No Ficción): Si ya hay fiscales que mediante las figuras del sindicato intentan inmovilizar plazas, y el departamento de Recursos Humanos encuentra problemas para removerlos o trasladarlos a otras fiscalías, ¿qué acciones tomarán ustedes en ese aspecto?

García Luna: Fíjese que no; actualmente el Ministerio Público no se encuentra emplazado y no se ha tomado ninguna decisión drástica porque apenas estamos recibiendo la nómina del personal y tenemos que elaborar el plan de reordenamiento de manera muy minuciosa.

Por ejemplo, si usted tiene una plaza de auxiliar fiscal asignada en una agencia específica, tiene que estar trabajando físicamente en esa agencia y dando resultados, a no ser que surja una necesidad de servicios muy especial y puntual, pero tendría que ser justificada y de carácter temporal. Como lo mencioné anteriormente, si hay desorden en la casa, no se puede lograr el orden para cumplir con los objetivos de la institución. 

P: (Neida Solis, FGER): Al existir señalamientos de corrupción contra exfuncionarios o expresidentes de administraciones pasadas, ¿usted va a investigar estos casos?

García Luna: Sí, si están las denuncias planteadas y sustentadas, por supuesto que se van a investigar.

P: (Roxana de León, Canal Antigua): Tras dos períodos consecutivos de cuestionamientos nacionales e internacionales hacia la objetividad del Ministerio Público, ¿cómo piensa usted reconstruir la credibilidad institucional?

García Luna: Mire, la recuperación de la confianza está planteada como uno de los principales objetivos de mi gestión, si no el principal, y lo haremos con acciones reales, no simbólicas. El cambio comenzará con la atención que se va a prestar a todas las personas que vengan a denunciar, incluyendo a los periodistas.

Debemos evitar el uso excesivo de la desestimación. Aunque sea legal, en los últimos años la desestimación se utilizó bajo el supuesto cumplimiento de mantener “cero mora fiscal”. El Código Procesal Penal obliga al Ministerio Público a informar a la víctima o a quien presente una denuncia dentro de los primeros quince días sobre qué posición va a tomar la fiscalía respecto a su caso.

En la actualidad, en muchas ocasiones se presenta una denuncia y, a los pocos días, el ciudadano recibe un correo electrónico donde se le notifica que se rechaza o se desestimó por “no haberse aportado pruebas”, cuando la obligación de investigar y recabar los medios de convicción es del Ministerio Público.Yo personalmente tengo conocimiento de denuncias ciudadanas que se han presentado prácticamente con todas las pruebas documentales, denuncias que van casi con la intimación realizada, con la acusación formulada, y aun así fueron rechazadas de forma arbitraria. Otras que se han presentado no se han archivado ni desestimado, pero simplemente no tienen ninguna respuesta, ni ningún tipo de acción, que sería algo importante.

P: (David López, Alba Visión): Para conocer un poco más sobre el trabajo que realizará con la cooperación internacional (la cual fue bloqueada en la gestión anterior debido a las tensiones políticas).

García Luna: Sí, fíjense que hemos recibido información de que existe la intención de varios países y agencias de cooperación internacional de reactivar el apoyo técnico hacia el Ministerio Público. Yo pienso que la cooperación internacional va a ser muy importante para poder fortalecer ciertas áreas de investigación especializada.

Y quiero aclararlo de una vez para que no empiece de nuevo el discurso político de la soberanía o de la supuesta injerencia extranjera: el apoyo se gestionará bajo un marco técnico y de respeto mutuo, tal como se hacía hace muchos años. 

Recordemos que, en los inicios de la modernización del sector justicia, fue la cooperación internacional la que financió e instaló los sistemas informáticos y las computadoras de todo el Organismo Judicial, del Ministerio Público y de la Defensa Pública, porque el Estado no contaba con el presupuesto necesario. Cuando la cooperación se maneja de esa forma, mediante un análisis técnico y sin ningún tipo de compromiso, es beneficioso. 

P: (Sonia Pérez, Associated Press): Durante la gestión de Consuelo Porras se desestimaron o estancaron procesos graves de corrupción, e incluso la fiscalía compartía los mismos criterios de defensa de las personas acusadas de defraudar al Estado, perdiéndose fondos públicos importantes donde estaban involucrados políticos de alto perfil. ¿Qué va a pasar con esos casos?

García Luna: Tiene toda la razón. Lo que corresponde es analizar caso por caso. Si en algunos de esos expedientes ya existe una resolución judicial definitiva, sí se vuelve imposible reabrirlos ¿verdad? Ahora, en aquellos casos que todavía se encuentran en trámite, vamos a analizar si la investigación y el litigio se están llevando a cabo de una forma correcta para poder encaminarlos como corresponde.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) tiene una labor muy importante como defensora de los intereses del Estado, pero depende de los avances en materia penal que realice el Ministerio Público. Porque realmente hasta que hay una condena, sentencia condenatoria con la reparación digna es que se puede ya solicitar todas esas reparaciones, como es la recuperación del dinero que se pudo haber perdido.