Cuando era asesor jurídico de la Casa presidencial de Nayib Bukele, el abogado Francisco Javier Argueta Gómez, incluido en la Lista Engel por ayudar a destituir de manera irregular a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, recibió del estatal Banco Hipotecario $785,000 sobre una propiedad con piscina y cancha de tenis ubicada en una zona exclusiva de la capital.
Entre el 14 de noviembre de 2019 y el 10 de marzo de 2020, el exasesor de despacho de la Casa Presidencial, Francisco Javier Argueta Gómez, y su esposa, Gloria Carolina Ramos, asesora de la dirección ejecutiva de la Autoridad Marítimo Portuaria, recibieron créditos por $785,000 del estatal Banco Hipotecario por una propiedad adquirida en agosto de 2019 y cuyo precio de compraventa fue menor al valor de la hipoteca. Con una parte del crédito, la pareja también adquirió una segunda propiedad por $315,000 en otra zona exclusiva del municipio de Antiguo Cuscatlán.
El terreno hipotecado mide 1,474 metros cuadrados y es una mansión con cancha de tenis y piscina. Está ubicado en la lujosa urbanización Lomas de Altamira, un complejo residencial privado al sur de la ciudad capital y con vistas panorámicas al volcán de San Salvador.
El banco estatal, que tiene como principal objetivo apoyar a medianos y pequeños empresarios, anotó una primera hipoteca para la pareja Argueta-Ramos en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca del Centro Nacional de Registros, en noviembre de 2019. En marzo de 2020, a días del inicio de las cuarentenas por la covid-19, anotó un aumento en el crédito.
En los documentos públicos, el Banco señaló que la hipoteca sobre la propiedad tiene un valor de “hasta” $890,000 dólares. En la noche del lunes 27 de mayo, Javier Argueta confirmó la recepción de los créditos a través de uno de sus abogados, pero aseguró que los montos totales recibidos sobre la propiedad, que ahora “está alquilada”, fueron por $785,000.
Un crédito para un protagonista del golpe a la Sala y al fiscal general
La primera hipoteca a favor de los Argueta-Ramos fue otorgada el 14 de noviembre de 2019, en el arranque del sexto mes de gestión de Nayib Bukele. Para ese momento, Javier Argueta ya llevaba también seis meses como asesor de despacho de la secretaría privada de la Presidencia tras haber sido reclutado de las filas de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), donde fungió como director legal durante una década, de 2009 a 2019.
Los honorarios del cargo público con el que entró al gobierno ascienden a $5,800, según reveló La Prensa Gráfica y estaba disponible en el portal de Transparencia del Gobierno al principio de la administración Bukele, pero posteriormente fue retirado.
Ese mismo medio también reveló que la esposa de Argueta fue ascendida de cargo en la AMP en septiembre de 2020. Pasó de ser ‘técnico administrativa’, un cargo que ostentaba desde 2013, a asesora de la dirección ejecutiva, un cargo de confianza, con un salario de $2,975, más del doble de su sueldo anterior.
El matrimonio compró la propiedad de 1,474.33 metros cuadrados el 16 de agosto de 2019 por $525,000. En la escritura, Argueta quedó con el derecho de nuda propiedad, mientras que su esposa se convirtió en usufructuaria.
Antes de la compraventa, sobre el inmueble ya existía una hipoteca otorgada a favor de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria (Accovi de R. L.) por $575,000. La propiedad le pertenecía a Jorge Alberto Aguilar Herrera, un abogado con el que Argueta también hizo otros tratos inmobiliarios ajenos al crédito del banco estatal el mismo día de la compraventa de la propiedad en Lomas de Altamira. Argueta permutó (intercambió) dos de sus propiedades (una en San José Villanueva, La Libertad; y una en San Salvador, con un área de 696.72 metros cuadrados en conjunto) a cambio de otras cuatro. Una de ellas ubicada en el cantón San Antonio Abad; otras dos en la carretera al Boquerón, y una última en Joya Grande, todas en San Salvador. En conjunto, estas propiedades tienen un área de 24,496.20 metros cuadrados y fueron valoradas en $150,000.
Tres meses después, el 14 de noviembre, el Banco Hipotecario autorizó una hipoteca a un plazo de 30 años sobre el inmueble comprado a Aguilar Herrera. De acuerdo con las escrituras, “los hipotecantes (los esposos Argueta-Ramos) valúan el inmueble hipotecado incluyendo sus mejoras, actuales y futuras construcciones, en suma de seiscientos mil dólares ($600,000)”.
El banco autorizó la hipoteca “hasta” por $600,000. Según documentos inscritos en el registro público, la primera hipoteca sobre la propiedad con Accovi de R.L. quedó cancelada el 26 de diciembre de 2019.
El 10 de marzo de 2020, dos días antes de que Bukele cerrara el país debido a la pandemia de covid-19, el Banco Hipotecario otorgó un incremento a la hipoteca autorizada en noviembre “hasta” por $890,000.
Según la escritura disponible en el CNR, “el Banco (Hipotecario) y los hipotecantes (los esposos Argueta-Ramos) (…) convienen en incrementar el monto de hipoteca abierta antes mencionada en la suma de doscientos noventa mil dólares ($290,000). Como consecuencia del incremento del monto los hipotecantes valúan el inmueble hipotecado en ochocientos noventa mil dólares ($890,000)”.
La escritura a la que tuvo acceso este medio no detalla las razones que dieron los hipotecantes para solicitar más dinero ni los argumentos que dio la junta directiva del Banco Hipotecario para otorgarlo.
A través de su abogado, Argueta mostró —sin dar copia— dos “mutuos” notarizados con el Hipotecario que señalan la recepción de un primer crédito en la misma fecha del otorgamiento de la hipoteca; y otro el 10 de marzo de 2020, la misma fecha en que el Banco señala ante los registros públicos el otorgamiento de un aumento en la hipoteca. Según ese otro documento, el último crédito se solicitó para adquirir otra propiedad con el inmueble de Lomas de Altamira como garantía.
Los documentos que mostró el abogado de Argueta indican que el monto total que recibió la pareja de esposos asciende a los $785,000, con un primer crédito por $525,000 en noviembre de 2019 y un aumento de la hipoteca por $260,000 en marzo de 2020.
Según estos documentos, el matrimonio recibió hasta $260,000 en créditos por encima del precio de compraventa del inmueble en Lomas de Altamira.
Ante el banco, según los documentos presentados por el abogado, Argueta planteó que el aumento en el crédito respondía al interés por otra propiedad identificada por una matrícula única. En los registros públicos, ese número está anclado a una propiedad de 330 metros cuadrados en la residencial Cumbres de Cuscatlán que Javier Argueta adquirió por un monto de $315,000 el mismo día en que le fue autorizado el incremento. Casi cuatro años más tarde, el 24 de febrero de 2024, la propiedad fue vendida a un tercero por $448,000, según el registro público.
En el primer gobierno de Nayib Bukele (asumirá el 1 de junio un segundo mandato que viola hasta seis artículos de la Constitución que prohíben su continuidad en la Presidencia) Argueta fue uno de los principales asesores y voceros utilizados por la Presidencia para justificar algunos de los actos autoritarios más emblemáticos del mandatario.
Entre estos destacan la toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, los decretos ejecutivos con los que Bukele extendió cuarentenas durante la pandemia de covid-19, y con los cuales Argueta salía a cuestionar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que los revertían. El 1 de mayo de 2021, ese precedente fue una de la piedras angulares con las cuales la Asamblea dominada por el partido de Bukele realizó las destituciones irregulares de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general.
En septiembre de 2021, el asesor también fue pieza clave para que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dieran como válido un comentario de los magistrados impuestos por el oficialismo en la Corte Suprema que abrió las puertas a la candidatura inconstitucional a la reelección de Bukele, según reveló GatoEncerrado.
En julio de 2022, Argueta fue incluido en la lista de funcionarios antidemocráticos y corruptos, la llamada Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, porque “socavó los procesos o las instituciones democráticas al dirigir la destitución de cinco magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal General en un proceso inusual en aparente contravención de los procesos establecidos en el artículo 186 de la Constitución, que exige la selección de dichos magistrados a partir de una lista de candidatos elaborada por el Consejo Nacional del Poder Judicial”.
Para ese momento, según su abogado, su representado ya no laboraba en la Casa Presidencial. “Comparto del portal de transparencia. Y tal como aparece ahí, él ya no trabaja en CAPRES a partir del 16 de mayo de 2022”, compartió el abogado junto a una imagen de la ficha de Argueta con la leyenda “NO VIGENTE”.
El 8 de marzo de 2024, la oficina de acceso a la información de la Presidencia respondió que la información relativa a los contratos que Argueta ha firmado con la institución y los cargos que ha desempeñado son información confidencial y que para revelarlos se requiere “el consentimiento de los individuos”.
Los favores del Banco Hipotecario en el gobierno Bukele
La propiedad hipotecada en Lomas de Altamira está ubicada en un complejo residencial que también cuenta con un bosque privado, es sede residencial de integrantes del cuerpo diplomático acreditado en El Salvador y fue el lugar en el que el expresidente Mauricio Funes habitó una lujosa propiedad que, según una investigación periodística de El Faro, está vinculada a una trama de favores entre el expresidente, uno de sus exfuncionarios y un crédito del Banco Hipotecario. Esta propiedad está incluida en uno de los siete casos de corrupción por los que Funes es perseguido en el país mientras continúa asilado en Nicaragua.
Desde los 15 años previos al gobierno Bukele, el Banco Hipotecario ha estado en la mira del sistema de justicia salvadoreño por haber servido de caja chica en millonarios desvíos de fondos públicos para alimentar ‘partidas secretas’ durante las presidencias de Elías Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
En el quinquenio Bukele, junto a los Argueta-Ramos, el Banco ha otorgado créditos con superávit a 27 funcionarios y tres primos de Bukele que recibieron en conjunto más de $5.9 millones en préstamos del banco estatal sobre 28 inmuebles. $4.9 millones de estos procesos fueron revelados en una investigación publicada por la Redacción Regional y Focos en febrero pasado.
En el mismo periodo, el Hipotecario también otorgó un crédito por 1 millón de dólares a uno de los principales contratistas del gobierno durante la pandemia por covid-19, pese a que en el proceso incumplió sus normativas internas, según una investigación de Revista Factum para ‘Los favores del Banco Hipotecario’, una entrega especial junto a Redacción Regional y Focos sobre el reparto de fondos discrecionales del banco estatal.
Con estos créditos, los beneficiarios —entre estos ministros, secretarios del gabinete, 12 diputados de Nuevas Ideas que ganaron la reelección en los comicios de marzo pasado, un empresario y tres primos del presidente— compraron viviendas de lujo, terrenos de playa y en zonas exclusivas del área metropolitana.
En el caso de funcionarios o empleados públicos pagados por el Estado, el caso del exasesor Argueta destaca del resto por ser el más oneroso y coincide con 14 casos en los que los créditos fueron otorgados sobre inmuebles que ya habían sido adquiridos con anterioridad y cuyos precios de compraventa fueron inferiores al monto de las hipotecas.
La diferencia entre la compra y el préstamo del asesor de despacho y su esposa es mayor incluso que el que recibió la vicepresidente de la Asamblea, Suecy Callejas, quien fue beneficiada con una hipoteca de $111,000 por encima del valor de la compraventa de una propiedad adquirida en 2021.
Todos estos créditos fueron aprobados por una junta dirigida por Celina Padilla, designada por el presidente Bukele en el cargo y vinculada a uno de los fundadores de Nuevas Ideas, el exdirector del Fovial y de la Dirección de Obras Municipales Álvaro O’Byrne, con quien recibió un crédito hipotecario por hasta $260,000.
El Banco Hipotecario de El Salvador es una institución financiera y sus acciones son propiedad estatal. Hasta el 31 de diciembre de 2023, contaba con un monto total activos de $610,015,204, que incluyen títulos, préstamos, bienes recibidos en pago y cuentas por cobrar, según los balances del Registro de Comercio. La calificadora de riesgos Pacific Credit Rating (PCR, por sus siglas en inglés) detalló que el 96 % de las acciones del banco pertenecen al Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI).
Consultada sobre los nuevos hallazgos, la expresidenta de la junta directiva del banco dijo que no daría detalles sobre los préstamos otorgados en su gestión. “El Banco Hipotecario es un banco comercial y se rige por la Ley de Bancos, al igual que todos los otros bancos comerciales. Usted está entendiendo e interpretando a su propio juicio”, dijo la exfuncionaria el 21 de mayo a través de una llamada telefónica. También se le solicitó una entrevista para que explicara los argumentos legales con los que aprobaron los créditos, pero respondió a través de WhatsApp que no puede revelar secretos bancarios.
