En el boletín de esta semana recapitulamos la movilización del 21 de junio que reunió a estudiantes, docentes, egresados, trabajadores y organizaciones sociales que denuncian un segundo fraude para perpetuar a Walter Mazariegos en la rectoría. Más allá de una elección universitaria, la crisis expone la relación entre la captura de la USAC, el control del sistema de justicia y los límites del proyecto de recuperación institucional impulsado por el gobierno de Bernardo Arévalo.
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En Guatemala, antes de excluir o discriminar a un grupo, se busca presentarlo como una amenaza moral. Antes del 1 de julio, la Universidad de San Carlos vuelve a estar en disputa por algo más que una rectoría. A cuatro años de la crisis abierta por la elección fraudulenta de Walter Mazariegos, la comunidad universitaria volvió a las calles.
El domingo 21 de junio, estudiantes, docentes, egresados, trabajadores y organizaciones campesinas marcharon por el Centro Histórico para exigir que se revierta lo que consideran un segundo fraude destinado a prolongar de forma anómala el control de Mazariegos sobre la universidad pública. La movilización pasó frente al Ministerio Público (MP), el Congreso y la Corte de Constitucionalidad (CC), tres instituciones que han tenido un papel decisivo en el desenlace de la crisis.
El MP, bajo la gestión de Consuelo Porras, criminalizó a estudiantes y docentes. Al mismo tiempo, el Congreso eligió a Roberto Molina Barreto para la CC, donde junto con Dina Ochoa y Julia Rivera (designada por Walter Mazariegos desde la Usac) integró una mayoría que ha emitido resoluciones favorables al llamado “rector de facto”.
La presión creció este domingo 21 de junio. Estudiantes, profesores, egresados, sindicalistas y pueblos indígenas se manifestaron contra la imposición de Walter Mazariegos en la Rectoría de la Usac. Exigieron a la CC y al MP que se respeten los derechos de la comunidad universitaria; al Congreso y al Gobierno les pidieron pronunciarse sobre el fraude.
La participación de organizaciones sociales evidenció que el conflicto por la Usac trascendió el ámbito universitario y se convirtió en una disputa de alcance nacional por el control de una de las instituciones con mayor peso político del país.
La última plaza de una identidad urbana que se desvanece
Un par de semanas antes de la marcha, un egresado de la USAC, activo en la lucha por la recuperación de la universidad me resumía con una frase la dimensión simbólica del conflicto: “Fuera de la Usac, ya solo nos quedan los rojos y los cremas… y las procesiones como parte del imaginario de la identidad urbana”.
La frase, pronunciada casi como una broma, encerraba una nostalgia difícil de ignorar. Durante décadas, la Universidad de San Carlos fue uno de los espacios donde distintas generaciones construyeron una identidad compartida. Una institución que articuló movilizaciones estudiantiles, pensamiento crítico y formas de participación política. Un lugar donde la discusión pública todavía era posible y generaba una identidad.
Esta erosión de la universidad pública ha ocurrido paralelamente a la fragmentación de otros espacios de encuentro ciudadano. Las identidades colectivas se han debilitado y, para muchos jóvenes, la Usac sigue siendo uno de los pocos símbolos urbanos capaces de generar pertenencia.
Quizá por eso la movilización del domingo tuvo un carácter distinto. No era únicamente una protesta jurídica. Era también una defensa de la idea de universidad como patrimonio común.
La generación que hoy marcha creció viendo cómo la institución se cerraba, cómo las elecciones se judicializaban y cómo el debate académico era sustituido por disputas de poder. En ese contexto, la resistencia universitaria parece ser, para algunos, uno de los últimos lugares donde todavía se puede imaginar una ciudadanía organizada por la defensa de un bien común.
Las consignas que acompañaron la marcha del 21 de junio funcionaron como una radiografía del ánimo que persiste en amplios sectores de la comunidad universitaria. Escritas en carteles y en ocasiones coreadas por los manifestantes, las frases condensaban cuatro años de agravios y una disputa que, para muchos, trasciende la figura de Walter Mazariegos.
“Nos quitaron una elección, no nuestra voz”, se leía en uno de los carteles, mientras otros proclamaban: “Walter no es rector, es usurpador”, “Mazariegos no fue electo, fue impuesto” y “Mazariegos, nunca más” en una de las mayores mantas que acompañaba la marcha. Una de las consignas más repetidas resumía el sentido político que los manifestantes atribuyen al conflicto: “La USAC nació para el pueblo, no para las mafias”.
Más que simples lemas de protesta, las frases revelaban cómo una parte de estudiantes, docentes y egresados interpreta la crisis universitaria: no como una disputa administrativa, sino como la pérdida de una institución que consideran secuestrada por intereses ajenos a su tradición histórica. En las calles, la expresión estudiantil parecía insistir en una idea que ha sobrevivido a desalojos, procesos judiciales y años de desgaste: pueden haber perdido una elección de forma amañada, pero no la capacidad de cuestionar la legitimidad de quienes hoy controlan la universidad pública.
El fraude en la Usac y la necesidad de capturar la justicia
La disputa por la rectoría tampoco puede entenderse únicamente como un conflicto interno.
En el episodio del pódcast No es normal que un rector tenga tanto poder No Ficción documentó cómo el cargo de rector trasciende el ámbito universitario. El rector de la Usac participa en más de cuarenta espacios de decisión del Estado, incluyendo comisiones de postulación, consejos directivos y órganos con capacidad de influir en la elección de magistrados y funcionarios.
El control de la universidad es, por tanto, una pieza dentro de una estructura de poder más amplia.
La captura del sistema de justicia resulta indispensable para preservar esos feudos. No es casual que las disputas universitarias terminen en tribunales y que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad se hayan convertido en uno de los factores determinantes del proceso.
La misma lógica que permitió el control de las cortes, las comisiones de postulación y el Ministerio Público encuentra en la USAC una pieza estratégica. El objetivo no es únicamente administrar una universidad, sino asegurar influencia política durante años.
Por eso la marcha del domingo hizo escala frente al Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad. Los manifestantes entienden que la batalla no se libra solamente en el campus central. Si ampliamos la mirada podemos ver, por ejemplo, como el propio Mazariegos estaba movilizándose para presidir la comisión de postulación que filtrará los candidatos a presidir la Contraloría General de Cuentas, la entidad fiscalizadora de los recursos públicos.
Esta disputa por la Usac también ha dejado al descubierto uno de los límites del proyecto político de Bernardo Arévalo. Desde el Ejecutivo, el presidente ha insistido en respetar la autonomía universitaria y ha evitado intervenir directamente en el conflicto. Esta semana, sin embargo, Arévalo se ha pronunciado asegurando que al no contar con finiquito y 17 denuncias penales abiertas “Mazariegos no podría tomar posesión el 1 de julio”, sin embargo falta ver que está dispuesto a hacer el presidente para evitar que se consuma el fraude.
Frente a un discurso que ha colocado la recuperación de las instituciones y la regeneración democrática como una de sus principales banderas, la universidad pública aparece como uno de los grandes pendientes de la administración de Arévalo.
La crisis de la Usac constituye, en realidad, una prueba incómoda: mientras el Gobierno denuncia la captura del sistema de justicia y otros enclaves de poder, ha mantenido una posición distante ante una institución cuya importancia trasciende el ámbito académico y se proyecta sobre decenas de espacios de decisión del Estado.
Para sectores que participaron en las protestas de 2023 y respaldaron la llegada de Arévalo al poder, el silencio oficial frente al segundo fraude de Walter Mazariegos representa una contradicción difícil de ignorar. La autonomía universitaria ha sido el argumento del Ejecutivo para mantener distancia; pero, para sus críticos, la defensa de la autonomía no debería implicar indiferencia frente a una disputa que simboliza la continuidad de uno de los mayores feudos políticos construidos al amparo de la captura institucional.
La carrera contrarreloj hacia el 1 de julio
El calendario se estrecha. El próximo 1 de julio está prevista la toma de posesión del nuevo período rectoral. Sin embargo, la batalla judicial continúa abierta.
Durante las últimas semanas, estudiantes, profesionales y sectores opositores han impulsado amparos y acciones preventivas para impedir que el Consejo Superior Universitario dé posesión a Mazariegos mientras insisten en la ilegalidad del proceso.
Aunque un juzgado civil anuló la reelección y ordenó suspender el acto del 8 de abril, la estrategia jurídica de los sectores afines al rector se trasladó rápidamente hacia la Corte de Constitucionalidad.
La nueva CC ha emitido resoluciones que, según críticos del proceso, han favorecido la continuidad del segundo fraude, desestimando recursos por razones procesales sin entrar al fondo de las denuncias sobre exclusión de electores y la integración irregular del cuerpo electoral como detalló Prensa Comunitaria.
No Ficción describió esa dinámica en el boletín Una CC que defiende a Mazariegos, una CC que defiende la impunidad. La tesis era sencilla: el caso Usac constituye una prueba temprana para una Corte de Constitucionalidad cuyos fallos muestran hasta qué punto está dispuesta a limitar los excesos del poder o a convertirse en un mecanismo de legitimación del mismo.
A pocos días de la fecha de toma de posesión, el escenario sigue siendo incierto. La batalla continúa en los tribunales, pero también en las calles. Y quizás esa sea la señal más importante que dejó la marcha del domingo: cuatro años después del primer fraude, todavía existe una comunidad universitaria dispuesta a disputar el significado de la universidad pública.
Porque detrás del nombre de Walter Mazariegos se juega algo más profundo: Cuánto de la autonomía universitaria y cuánto de la capacidad de la sociedad para defender sus instituciones sobrevivirá después del 1 de julio si un nuevo fraude se consuma en la USAC.
