En la instantánea de esta semana analizamos los discursos de odio en La Antigua Guatemala bajo el argumento de defender el patrimonio y las “buenas costumbres”, por parte del Concejo Municipal, liderado por Juan Manuel Asturias, y el vetó a la marcha del orgullo LGBTIQ+.
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En Guatemala, antes de excluir o discriminar a un grupo, se busca presentarlo como una amenaza moral. Antes de hacer de menos un reclamo de derechos, el lenguaje y los discursos políticos se enfocan en estigmatizar, en señalar los supuestos riesgos que se corren contra los valores de nuestra sociedad.
La decisión del Concejo Municipal de Antigua Guatemala de rechazar la caminata del orgullo LGBTIQ+ programada para el 20 de junio de 2026 se justificó bajo el argumento de una defensa al patrimonio, la movilidad, la seguridad y las tradiciones y buenas costumbres de los guatemaltecos.
Y es que el discurso de odio en Guatemala no necesariamente se presenta desde un inicio de forma violenta. Hay mártires y hay asesinatos contra la población LGBTIQ+ en la historia reciente de Guatemala, como hemos documentado en No Ficción. Pero la agresión también existe disfrazada bajo la premisa de defender a la familia, a la niñez, o a la cultura. Utiliza el lenguaje para justificar la exclusión y la discriminación.
El alcalde Juan Manuel Asturias, electo en 2023 por parte del Comité Cívico Futuro, y cuya promesa de campaña fue hacer de La Antigua “la mejor ciudad para vivir”, insistió en varias ocasiones en que la decisión municipal no era “contra ningún grupo de personas”.
La actividad que fue considerada incompatible con la ciudad, sin embargo, fue precisamente aquella organizada por una población históricamente discriminada: la comunidad LGBTIQ+.
El Consejo Municipal no cuestionó la forma en que otros eventos, como las procesiones religiosas o los desfiles y sus actividades cívicas o las ferias artesanales o eventos culturales, también ocupan las calles y las plazas, o cómo también colapsan el tráfico en la ciudad. El alcalde y el concejo municipal se enfocaron en excluir y cuestionar a un solo grupo.
Asturias fundamentó su negativa como una “obligación legal y moral”. Y afirmó que La Antigua “no es un escenario genérico para cualquier actividad”.
La narrativa excluyente
El peligro de este lenguaje municipal, institucional, radica en cómo los discursos de odio repercuten en la narrativa social.
Tras las declaraciones del alcalde, en redes sociales, aparecieron comentarios que pedían encarcelamientos, multas y acciones policiales. Algunos usuarios llamaron a las personas LGBTIQ+ “puercos”. Otros afirmaron que Antigua era una “ciudad sagrada” que no debía ser “contaminada”. Hubo quienes celebraron la posibilidad de desplegar antimotines.
- Aroldo Archila: “Si quieren respeto, q respeten. Si quieren dignidad, q sean dignos en sus actos”.
- Luis Quintanilla: “Señor te pedimos que hagas llorar llover como nunca y si no es mucho pedir un diluvio porfavor amen”.
- Fernanda Alvarado: “Dios nos libre”.
- Morita Valdéz: “Orgullo? Cuál?🙄”
El lenguaje, en este contexto, importa porque también construye realidades. Cuando una autoridad, un alcalde, por ejemplo, afirma que una actividad o una marcha del orgullo LGBTIQ+ amenaza las costumbres, el orden o la paz social, estigmatiza e incita a la discriminación. Se convierte en una herramienta para delimitar quién pertenece y quién no: excluye.
Antigua 2026 / Antigua 1800
A mediados de 2025, en No Ficción nos propusimos rastrear el origen de los discursos de odio contra la comunidad LGBTIQ+ en Centroamérica. Nos preguntamos: ¿De dónde viene el odio hacia la comunidad LGBTIQ+ en Centroamérica? Encontramos respuestas históricas, políticas, sociales, que se podrían aplicar a la negativa municipal en La Antigua Guatemala para permitir la marcha del orgullo este año.
Durante siglos, las élites políticas, económicas y religiosas construyeron la idea de una sociedad ordenada alrededor de una identidad considerada legítima. Primero fueron los pueblos indígenas que quedaron fuera de un “ideal de ciudadanía”. Durante la colonia, “los pueblos de indios”, las encomiendas y las estructuras raciales definieron quién podía ejercer poder y quién debía ocupar posiciones subordinadas.
Tras la independencia, el Estado guatemalteco heredó gran parte de esas dinámicas de poder, discriminación, racismo y control social. Las diferencias étnicas, culturales y sociales fueron vistas con frecuencia como obstáculos para la construcción nacional. La diversidad se convirtió en algo que debía corregirse, integrarse o invisibilizarse.
En la actualidad, las personas LGBTIQ+ han ocupado un lugar similar dentro de estas narrativas. Una narrativa de Estado que se ha nutrido de la influencia histórica de políticos y élites económicas, de sectores conservadores de la Iglesia católica y, posteriormente, de iglesias evangélicas y pentecostales. El discurso no suele centrarse en los derechos. Se concentra en la idea de proteger valores morales, valores religiosos, o las costumbres.
El alcalde Asturias afirmó que Antigua es “el hogar de miles de familias que compartimos costumbres, tradiciones y valores profundamente arraigados”. También sostuvo que permitir la actividad “rompe la paz social y el orden público” y que las plazas deben ser “espacios de encuentro, no de división ni de polarización”.
La misma lógica aparece en los discursos promovidos por diversas organizaciones conservadoras. Roberto Cano, representante de la Asociación de Abogados y Profesionales Cristianos, presentó esta semana un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de todas las actividades de la comunidad LGBTIQ+ de este mes. Cano afirmó que las marchas del orgullo contribuyen a la “perversión de la salud mental” de niños y adolescentes. También describió estos eventos como actividades “degeneradas” y sostuvo que deberían salir del espacio público.
Aunque las resoluciones judiciales no han prohibido estas actividades, sí han contribuido a instalar la idea de que las manifestaciones LGBTIQ+ representan un problema de orden público que requiere vigilancia especial.
La respuesta a los discursos de odio
A pesar de la oposición del alcalde Juan Manuel Asturias y de la resolución aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal, la caminata del orgullo LGBTIQ+ en La Antigua Guatemala continúa en pie.
La Gobernación Departamental de Sacatepéquez aclaró públicamente que no tiene facultades para autorizar o prohibir actividades públicas y que su función se limita a coordinar con la Policía Nacional Civil (PNC) para garantizar la seguridad y el libre ejercicio de los derechos de todas las personas.
Los colectivos organizadores han sostenido que el derecho de reunión y manifestación pública está protegido por el artículo 33 de la Constitución y que su ejercicio no requiere autorización previa, sino únicamente notificación a las autoridades competentes.
El discurso de odio no siempre consiste en decir “odio a este grupo”. Sino también en la capacidad que tienen estas narrativas excluyentes para revestirse de legalidad, patrimonio, seguridad, institucionalidad, costumbres y tradiciones.
