En el caribe guatemalteco se intensifica la lucha entre el pueblo maya q’eqchi’ y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) por detener el proyecto de extracción Fénix, corazón de la minería de este metal en Guatemala. Mientras tanto, el gobierno de Alejandro Giammattei dio un impulso a los intereses mineros rusos en el país al conceder una nueva licencia de exploración a Mayaniquel S.A, una de las tres subsidiarias rusas que pretenden expandirse en el norte del país, a través de 29 permisos mineros pendientes de ser resueltos.
Las enormes góndolas mineras hacen temblar el suelo y alborotan el polvo de la carretera de El Estor, en el departamento de Izabal. Un panorama diario en este pueblo indígena caribeño que ha visto como un gigante empresarial ruso-suizo de níquel se incrusta en las entrañas de la cuenca norte del Lago de Izabal a través de una mina que limita con dos reservas naturales: el Área de Protección Especial Sierra de Santa Cruz y el Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic donde, según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), habitan 250 especies de aves, además de cerca de 25 especies de plantas acuáticas y 12 animales en riesgo de extinción en el país como el jaguar, el mono saraguate, el tepezcuintle, el micoleon, el jabalí labioblanco, el puma y el venado de cola blanca.
El proyecto Fénix es la mina de níquel de mayor extensión de Guatemala y la más antigua, con cerca de 60 años de historia. En 2011, la empresa Solway Investment Group a través de la subsidiaria Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), compró la mina a la empresa canadiense Hudbay Minerals para competir con los mayores productores de níquel del planeta. Desde entonces el proyecto ha sido polémico en el país.
De hecho, Fénix está suspendida por la Corte de Constitucionalidad (CC) desde julio del 2019 porque su licencia de extracción fue aprobada sin haber consultado a todas las comunidades indígenas que se encuentran en el área de incidencia del proyecto. Una historia que se repite con la aprobación de otras licencias mineras en el país.
Un pueblo maya puso en jaque a un gigante del níquel
Cuando la Corte decidió suspender la licencia, le ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizar una consulta comunitaria con 53 comunidades ubicadas en el área de influencia de la mina Fénix, bajo los parámetros establecidos en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se emplea cuando se realizan proyectos en territorios indígenas.
El 28 de septiembre del 2021, el viceministro de desarrollo sostenible, Oscar Pérez, inició el proceso de pre-consulta comunitaria, con una reunión en Puerto Barrios, departamento de Izabal; pero tomó una decisión que encendió la mecha de un histórico conflicto minero.
Pérez decidió no darle espacio en la mesa a la Gremial de Pescadores Artesanales y a representantes de 13 comunidades indígenas qʼeqchiʼ que, en conjunto, representan la oposición más férrea que la empresa CGN ha encontrado en el municipio de El Estor.
El argumento del MEM para dejar fuera a la resistencia anti-minera fue que el Ministerio se limitó a convocar a las instancias que ordenó la Corte: Consejos Municipales; autoridades y representantes indígenas de los municipios de influencia; los ministerios de Cultura, Deportes, Ambiente y Recursos Naturales; los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode); la empresa titular de la licencia de explotación minera; la Procuraduría de los Derechos Humanos; la Universidad de San Carlos y dos representantes de la Comisión Presidencial de Diálogo.
“El proceso avanzó de mala fe, se han irrespetado los principios de consulta libre, hay una exclusión sistemática y se cuestionó la legitimidad de las autoridades”, explica el abogado Eddy Aspuac, del bufete de pueblos indígenas y representante de 13 comunidades indígenas que fueron excluidas del proceso de consulta.
El disgusto de las comunidades indígenas y pescadoras llegó a su cúspide cuando, en una conferencia de prensa el 4 de octubre, el viceministro Pérez dijo que sometió a votación la participación de estas comunidades y los participantes del proceso de pre consulta decidieron, por unanimidad, rechazar su petición.
Ese mismo día la carretera principal de El Estor fue bloqueada por los cuatro consejos ancestrales maya q’eqchi conformados por 90 autoridades comunitarias. La resistencia impidió, durante 18 días, el paso de los camiones mineros de CGN y de la Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), otra subsidiaria de la empresa Solway, que se encarga de fabricar el ferroníquel que exportan a Europa.
El bloqueo puso en jaque al gigante empresarial ruso porque los camiones que estaban cargados de carbón no pudieron pasar y ese es el combustible que el horno de fundición de Pronico necesita para funcionar.
El 22 de octubre la resistencia fue sacada por la fuerza de la carretera. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) utilizaron bombas lacrimógenas para despejar el área y, además, escoltaron los camiones de carbón hasta la entrada de la planta de Pronico. Según informó la compañía, sin la intervención policial, y si el bloqueo hubiese durado un par de días más, el procesamiento de ferroníquel se hubiera detenido.
El 24 de octubre, luego del bloqueo, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, decretó el estado de sitio en El Estor durante 30 días. Con esta decisión, los líderes indígenas y pescadores han dicho que la Policía, con respaldo del Ejército y el Ministerio Público (MP), comenzaron una persecución contra los líderes de la resistencia y contra periodistas comunitarios que documentaron las acciones de la Policía en los días anteriores.
Durante los primeros días de vigencia del estado de sitio, la PNC allanó la casa de Cristóbal Pop, el presidente de la Gremial de Pescadores. Hicieron lo mismo con la Defensoría Q’eqchí y la radio comunitaria Tzuultaq’a, organizaciones reconocidas por apoyar y difundir las demandas de las comunidades que rechazan la minería.
El temor a ser detenidos hizo que al menos 12 líderes dejaran sus hogares en El Estor, entre ellos el activista y defensor de derechos humanos, Abelino Chub. “La situación de El Estor es preocupante, muy triste, el Estado se está prestando a reprimir al pueblo que intentó ser escuchado, yo tuve que abandonar el lugar porque estaba siendo señalado”, le dijo Chub vía telefónica a No Ficción.
El pescador Eduardo Bin fue el único líder capturado. Esto sucedió el 27 de octubre, pero fue liberado 24 horas después ya que la PNC y el Ministerio Público utilizaron una orden de captura de 2017, sin vigor en la actualidad y que no tenía nada que ver con los hechos recientes. Santiago Choc, abogado de Bin, catalogó el actuar de las fuerzas de seguridad como arbitrario e ilegal.
Hasta la primera semana de noviembre las fuerzas de seguridad reportaron más de 15 capturas durante el estado de sitio, pero ninguna de los líderes del bloqueo anti-minería. La Defensoría Q’eqchí, el Bufete de Pueblos Indígenas y otras organizaciones sociales han solicitado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares para los líderes y periodistas comunitarios acechados durante el estado de sitio.
La minería lleva varios años de conflicto en el caribe guatemalteco, por ejemplo, entre 2018 y 2020, la Corte de Constitucionalidad suspendió otros dos proyectos mineros —aparte de Fénix—. Se trata de la mina de plata El Escobal, ubicada en el departamento de Santa Rosa, propiedad de la empresa canadiense Pan American Silver y la mina de oro conocida como La Puya, en San José del Golfo. Ambas suspensiones se fundamentan en la violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la consulta previa a las comunidades indígenas.
A pesar de esto, para varios abogados ambientales y de derechos humanos, la realidad hoy es diferente ya que existe una nueva Corte de Constitucionalidad, “cooptada por magistrados afines a sectores pro-impunidad”. Para Kelvin Jiménez —abogado que representó al parlamento del pueblo indígena Xinca en el proceso de amparo con el que lograron que la Corte suspendiera el proyecto minero El Escobal en 2018— esa regresión democrática podría significar un peligro latente para las resistencias que han logrado paralizar proyectos mineros y una vía para facilitar el camino hacia futuros proyectos.
Jiménez tiene claro que las condiciones actuales son adversas. “Las autoridades indígenas de los pueblos Xinca, Ixil, K’iche, entre otros, se han reunido ante la gran vulnerabilidad y peligro del retroceso que representa la nueva Corte de Constitucionalidad y acordaron que en la medida de lo posible no se presentarán amparos en materia minera ya que esto puede generar resoluciones adversas”. El abogado explica que presentar un amparo contra cualquier proyecto minero podría abrirle las puertas a los magistrados para tomar expedientes pasados y revertir las suspensiones.
¿Operando a pesar de estar suspendido?
A pesar de que el proyecto Fénix fue suspendido en julio del 2019, la planta de procesamiento de níquel de Pronico, empresa hermana de CGN, no se detuvo. Humberto Mateus, gerente de CGN, explicó en entrevista que la planta no paró porque la suspensión emitida por la Corte de Constitucionalidad fue para el proyecto de extracción Fénix, una figura jurídica diferente.
Sin embargo, Rafael Maldonado, abogado de la Gremial de Pescadores, asegura que la procesadora no debería estar operando. “Pronico está dentro del terreno de la licencia de Fénix, la cual está suspendida y, por lo tanto, debería estar paralizada (…) es un hecho que no han cumplido con la suspensión y las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) no han actuado”, enfatiza.
Además de la controversia en torno a que Pronico también debería estar suspendida, llama la atención que la empresa CGN le respondió a No Ficción, vía correo electrónico, que detuvieron la explotación minera del proyecto Fénix el 5 de febrero del 2021, pues solo hasta esa fecha fueron notificados de la decisión judicial. Es decir, operaron durante más de 10 meses después de que la Corte de Constitucionalidad, en junio del 2020, ratificara la suspensión del 2019.
Pero eso no es todo. Existe otro punto importante en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. En ella se indica que la licencia de Fénix debe ser recortada de 247 a 6 kilómetros cuadrados, porque el resto del área no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado.
A criterio del abogado Maldonado, esto significa que, aparte de cumplir con la consulta comunitaria, la empresa deberá presentar nuevas solicitudes de permisos mineros para recuperar dicha área. Por su parte, David Orellana, uno de los voceros de CGN, indicó que la empresa tiene como prioridad presentar nuevas solicitudes mineras para operar nuevamente en los más de 200 kilómetros que el EIA original no cubre.
A pesar de esto, llama la atención que el Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), aprobó una licencia minera de 247 kilómetros cuadrados en 2005 cuando el EIA solo cubría 6.29 kilómetros cuadrados. Se intentó tener una declaración del MARN pero el personal de Comunicaciones indicó que la información debía ser solicitada a través del portal de acceso a la información pública. Hasta el momento de publicación de este reportaje no se ha recibido respuesta a la solicitud de información.
La bióloga especializada en manejo y conservación de vida silvestre, Barbara Escobar Anleu, asegura que en la actualidad los EIA se realizan únicamente como un mero requisito previo para obtener un permiso minero y no se les da la importancia que merecen. “El EIA debería ser una herramienta para evaluar el impacto de las actividades de un proyecto en un área, impactos no solo ambientales sino sociales. Además, deben proponer mecanismos para mitigar los riesgos”.
Escobar Anleu agrega que en Guatemala se han visto casos donde las empresas omiten datos sobre biodiversidad, aspectos sociales e hídricos de las zonas de influencia de los proyectos. “Las empresas contratan a sus propios consultores para que hagan los estudios de impacto ambiental y ese es un fallo del sistema guatemalteco porque, como las empresas están pagando, lo único que quieren es que el EIA sea un documento que diga que todo va a estar bien”, resalta.
Otras tres empresas mineras rusas y su expansión en Guatemala
Pero no se trata solo de CGN y Pronico, las empresas de Solway Investment Group. Otras empresas de capital ruso también avanzan en silencio y con hermetismo en Guatemala.
Y es que las transnacionales de minería de origen ruso son difíciles de rastrear, así lo dice Guadalupe García Prado, directora del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), una plataforma de investigación en Guatemala. “Hay dos tipos de inversiones mineras, la primera son aquellas que tienen detrás mercados de inversión y especulación, como la mayoría de mineras canadienses o estadounidenses que cotizan en la bolsa de valores y ahí se encuentra el origen de su capital y las figuras jurídicas que están detrás de los intereses (…) pero las mineras rusas de níquel son difíciles de trazar porque son capitales privados y no presentan informes ante nadie, se necesita mayor trabajo de investigación para encontrar quienes están detrás”.
En 2017 nació la empresa International Nickel Supply S.A, inscrita en el registro mercantil por el abogado y notario Luis Quijivix, representante de International Metal Supply Holding y por Luis Pedro Del Valle Hillerman, mandatario legal en Guatemala de Telf AG; ambas empresas están asociadas a capital privado ruso con base en Suiza, según el análisis del economista Luis Solano, publicado en El Observador el pasado 20 de septiembre.
International Nickel Supply (INS) fue creada para comprar dos empresas mineras en el nororiente de Guatemala: Mayaniquel S.A y Guaxilan S.A, que eran propiedad de la transnacional canadiense Anfield Group. A pesar de la compra, Mayaniquel y Guaxilan conservaron sus nombres y no fueron absorbidas por INS.
Mayaniquel maneja la licencia de explotación Sechol, ubicada entre los bosques húmedos del municipio de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. Mientras que Guaxilan opera el derecho minero Cerro Colorado, ubicado entre la Sierra las Minas y el Valle del Motagua, en el municipio de Gualán, departamento de Zacapa.
Sin embargo, Mayaniquel S.A, Guaxilan S.A e International Nickel Supply S.A, no se conforman con sus licencias actuales. En el MEM existen 29 solicitudes de permisos mineros de exploración y explotación pendientes de ser resueltas. Juntas suman 890.587 kilómetros cuadrados que permitirían a estas empresas de capital ruso crear una especie de franja transversal de proyectos mineros que cruza desde el extremo este de Guatemala, en Izabal, hasta el extremo oeste, en Huehuetenango donde pretenden, además, obtener dos licencias para la exploración de oro.
Mayaniquel S.A busca 10 permisos de exploración y dos de explotación, todos solicitados entre 2012 y 2013. Guaxilán S.A pretende adquirir siete licencias de exploración e International Nickel Supply (INS) quiere obtener 10 para exploración.
Las licencias de exploración y explotación que Mayaniquel S.A solicitó se concentran, principalmente, en el Valle del Polochic en Alta Verapaz, una zona con un problema histórico de despojo de tierras a comunidades indígenas que data de hace más de un siglo. Además, una de sus licencias en espera: Amab Río Negro, pretende obtener 9 kilómetros cuadrados de territorio entre Cubulco y Uspantan, cerca de la cuenca del ríoo Chixoy, el tercero más grande del país.
Mientras tanto, International Nickel Supply S.A presentó, en 2020, las peticiones mineras más recientes y, contrario a las otras subsidiarias rusas, buscan dos licencias para exploración de otros minerales como oro, plata, hierro, zinc y cobre en tres municipios del departamento de Huehuetenango. La licencia Sofí de 31.814 metros cuadrados, estaría ubicada en San Andrés Cuilco, un municipio ubicado en la frontera con México y con un índice de 48% de desnutrición crónica infantil, según indica su Plan de Desarrollo Municipal 2019.
Por último, Guaxilán S.A busca expandir su presencia principalmente en el oriente del país, en el municipio de Gualán, en el departamento de Zacapa; donde tienen cuatro licencias de exploración de níquel presentadas en 2011 y pendientes de aprobación.
Muchas de estas solicitudes datan de hace casi una década y siguen pendientes de resolución. No Ficción le preguntó al MEM a qué se deben estas demoras y cuándo se tomarán decisiones, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se ha tenido respuesta.
Lucía España, ingeniera agrónoma especializada en gestión ambiental y quien fungió como coordinadora de la Unidad de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), asegura que, debido a la falta de personal capacitado, se genera un embudo y hay expedientes de estudios de impacto ambiental que pasan años estancados sin respuesta.
A pesar de este represamiento de solicitudes mineras, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei se convirtió, en mayo del 2021, en la primera administración en nueve años, después del ex presidente Otto Pérez Molina, en beneficiar a una de las mineras rusas con un nuevo permiso: La Ruidosa I, una licencia de 9.5 kilómetros cuadrados en Morales (Izabal) para exploración de níquel, la cual fue otorgada a Mayaniquel S.A.
El nuevo permiso minero coincide con las fechas en las que, según el New York Times, el presidente Giammattei habría recibido en su hogar una alfombra llena de billetes de parte de un grupo de visitantes rusos que estarían asociados a Atlantic Burk Cargo S.A, una empresa que pretendía obtener la concesión a 25 años de 150 mil metros cuadrados del Puerto Santo Tomás de Castilla en el Atlántico y que, además, está encargada de la movilización de los productos mineros extraídos por Mayaniquel S.A.
Mayaniquel, vía correo electrónico, le dijo a No Ficción que nunca participaron en reuniones privadas con el presidente Giammattei y que todo responde a una campaña difamatoria que esparte de una batalla política mayor de la que se declaran ajenos.
¿Por qué Guatemala es un paraíso minero?
Desde el 23 de julio del 2021, Juan Francisco Sandoval, el fiscal anticorrupción que dirigía la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), tuvo que salir exiliado hacia Estados Unidos tras ser despedido por la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Sandoval advirtió que el revés en su contra estaba ligado, entre muchas cosas, a una investigación en curso sobre la visita de empresarios rusos a la casa del presidente Giammattei.
Meses antes, en diciembre del 2020, Sandoval había develado una red de sobornos dentro del Ministerio de Energía y Minas en la que, entre 2012 y 2015, el ex ministro Erick Archila, actualmente prófugo, habría sido beneficiado con US$477 mil procedentes de sobornos de petroleras e hidroeléctricas.
Para la época en que Archila era ministro, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), dueña del proyecto Fénix, fue beneficiada con la licencia de explotación Niquegua Montúfar en Los Amates (Izabal). En 2018 ese proyecto exportó a Ucrania más de 369 millones de toneladas de mena de níquel valoradas en más de US$9 millones. Para ese año, la minera únicamente le dejó $417 mil en regalías a Guatemala, la mitad para la municipalidad de Los Amates y la otra mitad para el Estado.
En ese mismo año, el Proyecto Fénix reportó ante el MEM ventas a Ucrania por casi $3 millones y, de esa cantidad, a Guatemala le tocaron solo $29,080 divididos entre las municipalidades y el Estado.
Y es que en 1997, el gobierno del presidente Álvaro Arzú favoreció a la industria minera rebajando las regalías del 6% al 1%, argumentando que esto atraería la inversión de capitales transnacionales, posterior a la firma de los acuerdos de paz.
Durante el periodo de Arzú se promulgó la ley de minería que durante más de dos décadas no ha tenido reformas significativas. Guatemala está entre los países de América Latina con las tasas de regalías más bajas. En Perú, por ejemplo, el cobro de regalías es del 12%.
Y hay otro problema con la ley de minería. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) publicó, en 2014, que esta no toma en cuenta a los pueblos indígenas como parte activa de los procesos y solo prioriza la necesidad de generar condiciones para explotar los recursos mineros. “No se establecen procedimientos de consulta que permitan el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y, además, no se estipulan mecanismos para ejercer los derechos de los pueblos indígenas”, señala el análisis.
Según los expertos, en Guatemala también existe una grave debilidad institucional. La ingeniera Lucía España recuerda que, en sus días en el MARN, existía un déficit enorme de personal capacitado en materia minera y ambiental para decidir sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los permisos mineros.
“Recuerdo una visita a la mina Marlin en San Marcos hace unos años, los técnicos del Ministerio firmaban los informes de labores sin entender los valores que nos estaban presentando (…) hay muy poca formación técnica a nivel ambiental y minero, es un problema que le cuesta caro al país y, a la vez, ser tan permisivos es atractivo para las empresas mineras”, asegura España.
Guatemala finalizará un 2021 en el que mostró al gobierno de Giammattei dispuesto a aprobar permisos mineros de transnacionales rusas que habían permanecido en el congelador por años y a un Estado capaz de restringir derechos de comunidades indígenas para garantizar las operaciones de las minas de inversión extranjera.
Este reportaje es parte del especial El verdadero precio de la minería en Centroamérica. Un proyecto colaborativo impulsado por Otras Miradas, Mongabay Latam, No-Ficción, Onda Local, Radio Progreso y Nicaragua Investiga.
