El presidente Bernardo Arévalo anunció la suspensión temporal de la implementación del seguro de responsabilidad civil obligatorio para vehículos, una medida que buscaba reglamentar un artículo de la Ley de Tránsito vigente desde 1996.
La decisión del presidente Arévalo de retroceder fue tomada tras dos días de protestas y bloqueos en al menos 30 puntos del país. Las manifestaciones paralizaron carreteras y avenidas principales, interrumpiendo la conexión entre las ciudades más importantes de Guatemala.
La medida, que fue anunciada el 17 de marzo, establecía que todos los propietarios de vehículos, incluyendo motocicletas, transporte urbano y de carga, debían adquirir un seguro que cubriera daños a terceros y establecía un plazo de 45 días para su implementación.
Las primeras impresiones fueron positivas. Organizaciones de víctimas de tránsito celebraron la iniciativa y apelaron a la responsabilidad al conducir, sentir seguridad y disminuir los riesgos de morir al utilizar el transporte público.
Pero luego, una narrativa de rechazo, poco a poco, se instaló y la ciudadanía (azuzada por la oposición) revisó sus finanzas, hicieron números y desconfiaron. Desconfiaron, sobre todo, de su propia irregularidad: los taxis piratas, las multas sin pagar, la carencia de licencia de conducir.
Los accidentes de tránsito ocupan el undécimo puesto de causas de muerte en Guatemala: 23 mil personas han fallecido en los últimos 15 años.
Durante 48 horas, los titulares de los medios de comunicación resultaron sobre todo agobiantes: “Bloqueos, manifestaciones, bloqueos, antimotines, bloqueos, intentos de diálogo, bloqueos, enfrentamientos, bloqueos, bombas lacrimógenas. Bloqueos”.
Protestas y descontento generalizado
Las manifestaciones fueron una reacción al cúmulo de hastíos nacionales (el aumento al salario de los diputados, carreteras en mal estado, criminalización de periodistas, injusticias, la inflación) que encontró un catalizador para desbordarse tras la imposición del Ejecutivo de obligabar la adquisición de un seguro de responsabilidad vial.
Arévalo afirmó que el seguro obligatorio tenía como propósito la protección de la población para “garantizar la dignidad de miles de familias guatemaltecas” e intentó, en un inicio, mantenerse firme. Aunque evitó aparecer en cadena nacional para tratar de echar mano de su apoyo popular cada vez más desvanecido debido a la percepción de su anodino liderazgo.
La ciudadanía también desconfió de los beneficios que podrían promoverse para las aseguradoras, un gremio que acarrea críticas por su oneroso y engorroso modo de operar. Una pieza que en el plan del seguro obligatorio, como evidenció el propio diputado oficialista, Samuel Pérez, no se tenía del todo contemplado.
El Ministerio de Gobernación decidió probar fuerza. No lo hizo contra las manifestaciones más grandes y complicadas, como la que permaneció campante frente a la colonia Bethania, en el Periférico de la Ciudad de Guatemala. Las escaramuzas se llevaron a cabo en la 18 calle de la zona 1, con aparente éxito, pero con heridos, violencia y el humo de los explosivos lacrimógenos.
Según datos oficiales, en el país circulan más de 3 millones de motocicletas, pero solo 1.25 millones de licencias están vigentes. Además, solo una de cada 10 víctimas de accidentes de tránsito recibe indemnización.
Tras el primer intento de represión, los bloqueos se rearticularon y se esperaba un tercer día de protestas que insinuaban un paro nacional. La oposición no desaprovechó la debilidad del gobierno y rápidamente colocó actores cuestionables para manipular algunas manifestaciones. Las acciones legales contra los reglamentos del seguro obligatorio fueron el alimento de cualquier antagonismo.
Arévalo reapareció finalmente el miércoles para anunciar que se replegaba. Explicó dudas e intentó entender los descontentos. Finalmente, comunicó los siguientes acuerdos para retroceder con las medidas del seguro de responsabilidad:
- La conformación de una mesa técnica de trabajo para discutir la normativa del artículo 29 de la Ley de Tránsito en un plazo máximo de un año.
- La elaboración de una propuesta de ley general de transporte, que actualice el marco legal vigente.
- La derogación temporal de los acuerdos 46-2025, 47-2025, 48-2025 y 49-2025, que establecían la obligatoriedad del seguro.
Un problema de décadas
La Ley de Tránsito que establece el seguro obligatorio fue promulgada en 1996 durante el gobierno de Álvaro Arzú, pero nunca fue implementada por los sucesivos gobiernos, incluyendo los de Alfonso Portillo, Óscar Berger, Álvaro Colom, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
Arévalo, quien llegó al poder con promesas de cambio, intentó retomar esta deuda pendiente, pero la falta de consenso y la desconfianza ciudadana lo obligaron a retroceder.
