Claudia Paz y Paz fue por cuatro años fiscal general de Guatemala, una época en la que, con el apoyo de la CICIG, se impulsaron cambios que permitieron, por ejemplo, que el índice de asesinatos comenzara a descender por primera vez en décadas. Durante su gestión también avanzaron grandes casos de justicia transicional, que terminaron sentando en el banquillo a Ríos Montt y pusieron en alerta a viejos militares de inteligencia. Paz y Paz habla sobre la impunidad en Guatemala
En esta entrevista, realizada para el pódcast “No es normal tanta impunidad”, Paz y Paz, actualmente directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), habla sobre cómo la impunidad en Guatemala no es un problema cultural sino estructural, del retroceso del sistema de justicia y de la incansable búsqueda ciudadana de justicia en el país.
P- ¿Crees que la impunidad forma parte de la cultura de Guatemala?.
R- No. Creo que forma parte de la estructura de Guatemala, no de la cultura.
P- ¿Y por qué dices que forma parte de la estructura y no de la cultura?
R- Porque creo que es algo que está más allá de las personas, de las y los ciudadanos. Creo que todos ellos anhelan justicia. Creo que las instituciones, sobre todo el Ministerio Público, las cortes, algunos jueces, han trabajado a favor de la impunidad. Pero no es algo que los guatemaltecos entendiéramos que está bien, es algo que nosotros rechazamos.
Desde la guerra se han organizado las personas en el país para tener justicia.
P. Estuviste muchos años trabajando en Guatemala en el sector justicia, y en los últimos, debido al exilio principalmente, has estado trabajando con otros países de Centroamérica y México, ¿crees en comparación que Guatemala es un país especialmente impune?
R- No, no creo que sea especialmente impune. Imagínate, trabajé en México y es mucho peor. Es mucho peor. En Costa Rica quizás sea la excepción, pero El Salvador es muy duro, Honduras es muy duro, Nicaragua no te digo. ¿Por qué te digo que quizás está mejor? Y tiene mucho que ver con la respuesta anterior: porque hay organizaciones que se han creado o personas que se han unido, por ejemplo, en la búsqueda de las personas desaparecidas, si vamos a hablar de la guerra. Años después la Fundación Mack se creó para que el asesinato de Mirna Mack tuviera justicia. Y más cerca de acá más personas se han unido para demandar justicia, entonces creo que eso es eso sí caracterizaría a Guatemala frente a sus vecinos: la incansable búsqueda ciudadana de justicia.
Los militares y la cultura de la impunidad
P- Cuando ocupaste el cargo como fiscal general comenzaron una serie de procesos de justicia transicional que llevaron al banquillo a militares, acusados por delitos cometidos durante el conflicto armado. ¿Crees que esto fue un primer golpe a la impunidad en Guatemala?
R- Creo que fue el golpe más fuerte en casos de justicia transicional, pero no el primero. En los 90, por ejemplo, Conavigua llevó a la justicia un señor que se llamaba Cándido Noriega, un patrullero, ese fue un caso muy emblemático. También estaba el caso Mack, que creo que sí fue un golpe muy fuerte a la impunidad. Luego vinieron otros casos de desapariciones forzadas en Chimaltenango y también en el oriente del país.
Pero el mayor número de casos, eso sí, de justicia transicional, avanzó mientras que yo fui fiscal. Aunque no se detuvieron tampoco cuando fue fiscal Thelma Aldana, siguieron. Por ejemplo, Sepur Zarco es de la época de Thelma.
P- Pero aunque aunque sí hubiera casos antes y después, la Fundación contra el terrorismo sí se conformó en la época en la que tú eras fiscal. Y esta fundación, o el hecho de poner a los militares alerta, ha causado una reconfiguración de la impunidad en el país. No sé si me puedes explicar tú el papel que han tenido los militares acusados como la reconfiguración pro impunidad de Guatemala.
R- Siempre estuvieron presentes. O sea, la Avemilgua creo que se formó justo para garantizar la impunidad en casos tan importantes como Dos Erres. Quizás perdieron visibilidad pública, pero siempre estuvieron ahí.
Y sí, el señor Méndez Ruiz, creó la Fundación contra el terrorismo, quizás cuando yo fui fiscal, pero su poder más bien deviene de la entrada que tuvo con Consuelo Porras. De tener esa influencia con Consuelo Porras y con algunos jueces. Este protagonismo fue justamente porque logró que esas dijéramos entradas o sinergias con otras autoridades y también con quienes lo financian, por supuesto.
P- Crees que hay alguna relación directa entre estos militares y la actual cultura de la impunidad en el país?
R- Creo que la impunidad durante la guerra, y la Comisión de Esclarecimiento Histórico así lo dice, era el sometimiento del sistema de justicia, fuera por los juzgados ordinarios, o fuera por los tribunales de fuero especial, tenía que funcionar para la impunidad. No podían cometerse esas gravísimas violaciones a los derechos humanos, todas las desapariciones forzadas, por ejemplo, si hubiera habido una justicia independiente..
Entonces, creo que, y vuelvo a insistir, no es cultural, es estructural. Y por eso es que se conforma el sistema de justicia durante la guerra como un sistema de justicia absolutamente sometido.
Incluso, si te das cuenta, en un momento, Ríos Montt, luego del golpe de Estado, tiene el poder sobre los tribunales de justicia, no es una corte ni siquiera formalmente independiente.
Y, sí, sin duda, a pesar de los esfuerzos luego de la firma de la Paz, mucha de la policía, por ejemplo, que había sido de la vieja Policía Nacional, muchos de los torturadores, entraron a la Policía Nacional Civil.
Y ahí habían personas, sí, que trabajaban, delegados por decirlo así, que venían del ejército, de inteligencia, entraron directamente, y son también luego los responsables de los crímenes que ocurrieron cuando fue ministro Carlos Vileman. Ahí ves esa línea más directa.
Igual muchos de los jueces que venían de esa época siguieron funcionando. A pesar de que también muchos salieron porque comenzaron a ingresar al organismo judicial por concurso.
Y ese fue nuestro esfuerzo también en la fiscalía: los concursos. Que entrar por méritos permitiera que nuevas personas entraran a la fiscalía y estos viejos funcionarios de justicia pudieran dar lugar a nuevos funcionarios con un compromiso diferente.
El retroceso en el MP tras la gestión de Porras
P- Cuando tú fuiste fiscal general se implementaron, también con apoyo de la CICIG, una serie de cambios clave en el Ministerio Público. Por ejemplo, se creó la Dirección de Análisis Criminal y se permitió investigar a grandes estructuras. Muchos de estos avances se perdieron desde que entró Consuelo Porras. ¿Qué cambios crees que fueron claves en tu gestión como fiscal que hayan sido revertidos durante estos últimos ocho años?
R- Creo que el cambio más grave ha sido destruir la carrera fiscal. Esa estructura de carrera fiscal, que se hicieran concursos públicos, que se ascendiera por méritos, que las instituciones tuvieran un debido proceso. La ley establece que es por faltas gravísimas que se puede destituir a alguien, no a dedo como lo hizo Porras.
Esos no son cambios que yo creé, porque eso estaba establecido desde la Ley Orgánica del Ministerio Público desde que se creó la institución. Pero nosotros, cuando yo fui fiscal general, sí respetamos. El ingreso por concurso, el ascenso por méritos, toda la evaluación de desempeño que promovía las personas que daban más resultados concretos y que retaba a quienes me estaban dando resultados y les exigía poner más empeño en su gestión, todo eso definitivamente se destruyó.
Y esa cultura, y ahora sí voy a usar la palabra cultura, meritocrática y se cambió al revés. O sea, quienes eran buenos fiscales, quienes hacían grandes investigaciones, quienes llevaban los casos de gran corrupción, o también los casos de graves violaciones a derechos humanos, fueron destituidos. Y eso internamente manda un mensaje terrible. Que se va a premiar la sumisión, no el actuar conforme a derecho. Y los mejores fiscales fueron destituidos de sus cargos. Eso creo que ese es el mayor daño que se ha hecho a la institución, y quien llegue a la fiscalía ahora es lo que va a tener que enfrentar.
¿Quiénes son los fiscales aún de carrera, buenos fiscales o buenas fiscales que aún quedan dentro del Ministerio Público y reconocerlos o restituir a los que fueron ilegalmente destituidos?
Y luego, nosotros éramos súper claros con los planes de persecución penal estratégica. Teníamos una misión de acceso a la justicia para las víctimas, y no solo de casos de graves violaciones a derechos humanos sino, por ejemplo, de homicidios. Había estrategias concretas desde la fiscalía para desmantelar a redes vinculadas con las pandillas. Estos últimos presos que se fugaron son personas que fueron investigadas, detenidas, procesadas, condenadas, durante mi gestión.
Sí había toda una estrategia de eficiencia entendida en el mejor de los sentidos. No vamos a detener a una persona porque esa persona es fungible, vamos a desarticular esta red criminal. Y eso sí se cambió por una cultura de archivo, desestimación.
Casos de violencia de género, por ejemplo. Nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para fortalecer la fiscalía de la mujer, para llevar el modelo de atención integral a varios lugares del país, porque sabíamos que si se gestionaban bien los casos de violencia contra la mujer íbamos a evitar feminicidios, y todo eso se destruyó.
P- Me decías al principio que la parte de meritocracia o la carrera fiscal, son cuestiones que ya están contempladas en la ley del MP, yo no sé si ahora si entra un buen fiscal, esperemos, esta destrucción de los avances se podría sanear ¿O hay áreas que sí han sido dañadas y que va a costar mucho que vuelvan a funcionar bien?
R- Fíjate que cuando yo llegué a la fiscalía, mi antecesor, (José Amílcar) Velásquez Zárate, había iniciado muchos de los cambios estructurales que permitieron los mayor los mayores éxitos de la fiscalía, por ejemplo, en temas de corrupción, que yo sí lo sitúo después de mi gestión.
Los grandes casos, la Línea, etcétera, etcétera, son posteriores, son ya 2015. Pero fueron cambios estructurales que iniciaron con el fiscal Velázquez Zárate como fiscal. Ellos crearon una unidad de análisis criminal que luego llegó a ser la Dirección de Análisis Criminal. Ellos crearon una pequeña unidad de evaluación de desempeño que nosotros potenciamos.
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Ellos comenzaron a trabajar para la protección de testigos, que nosotros potenciamos también con el apoyo de la CICIG, y se crearon pequeñas unidades, pequeños modelos de gestión distintos, que luego se trasladaron a todo el país. Te estoy hablando de la gestión de Velázquez Zárate, mi gestión y la gestión de Thelma Aldana, que son más de una década de trabajo sostenido en fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público. Y ella en 8 años lo revirtió y de una forma atroz.
Entonces, yo no te puedo decir que va a ser imposible, pero sí va a ser muy difícil porque que quien llegue a la fiscalía llega a un territorio minado. Yo tomé posesión del cargo con personas dentro de la fiscalía que ya estaban trabajando comprometidas por la justicia. Por ejemplo, la unidad de métodos especiales ya existía. Y esa fue una herramienta fundamental para desarticular redes de narcotráfico y de extorsión, de sicariato. Entonces, toda esta corrupción que ella ha instalado dentro de la fiscalía, nunca voy a decir que es imposible, pero sí va a ser muy difícil que se pueda revertir.
Corrupción en el sistema de justicia
P- La CICIG jugó un papel súper importante para investigar delitos de corrupción en el Ejecutivo, pero con la corrupción en el sistema de justicia tuvieron más limitaciones, no sé a qué cree que se debe que no pudieran hacer casi nada para limpiar el sistema de justicia.
R- No, yo creo que sí se pudo hacer. Muchísimo. Sobre todo desde que se crearon los tribunales de mayor riesgo y se seleccionaron estos jueces por méritos también pudieron caminar los casos. Los casos de justicia transicional estaban en estos tribunales de mayor riesgo. No hubieran avanzado de la misma manera con jueces ordinarios, igual que los casos de gran corrupción.
Lo que pasa es que al igual que en la fiscalía, a estos jueces decentes, independientes, honestos, los obligaron a salir del país, a muchos de ellos, a otros los aislaron. Pero si tú te das cuenta aún ahora hay jueces independientes. Por ejemplo, los jueces que le han dado medidas sustitutivas a José Rubén Zamora, han sido jueces independientes que siguen en el sistema de justicia.
Creo que el problema se agravó con esta nueva elección de magistrados de salas y de Corte Suprema, donde prácticamente a esos niveles, la justicia está prácticamente totalmente cooptada.
P- ¿Y cree que está relacionado con el sistema de elección de estas instancias de segundo grado?
R- Sin duda, sin duda. Creo que cuando los constituyentes pensaron en el sistema de comisiones de postulación era con una idea de despolitizar la elección. Porque antes lo hacía directamente el presidente o directamente en el poder legislativo.
Pero al hacerlo con las universidades, con la San Carlos, no despolitizaron la elección, sino politizaron la Universidad de San Carlos en el peor sentido de la palabra.
Y ya está super documentado cómo se han ido creando universidades privadas para tener votos, por ejemplo, en la elección de Fiscal General y el Colegio de Abogados también, que que tiene un papel que honestamente ahora se recuperó, por ejemplo, en estas elecciones de segundo grado. Pero las mafias eran botín político en el Colegio de Abogados porque eran votos en las comisiones de postulación.
P- ¿Y qué cree que sería lo primero que habría que cambiar en este sistema de comisiones de postulación?
R- Yo creo que, es triste lo que voy a decir, pero las universidades son empresas. Más legitimidad tiene el Congreso porque los diputados están votados. No digo que vuelva completamente al Congreso, pero creo que sí se tiene que cambiar el sistema de comisiones de postulación, definitivamente. Crear un Ministerio de Justicia o crear dentro de la misma Corte, el Consejo de la Carrera Judicial por ejemplo, para que sean nominaciones mucho más meritorias que políticas y sacar definitivamente, eso sí, la elección de magistrados de sala del sistema de comisiones de postulación.
P- Y me mencionaba antes pues que varios de los fiscales, bueno, muchos fiscales salieron del Ministerio Público, varios también tuvieron que exiliarse de Guatemala, jueces también, entre ellos usted. ¿Qué condiciones tendría que haber en Guatemala para que pudieran regresar?
R-Los casos por los que muchos de nosotros tuvimos que salir son casos absolutamente espurios.
Yo creo que en la medida que llegue una persona independiente a la Fiscalía General y que se logre recuperar la institucionalidad que está ahorita totalmente tomada, es posible que muchos de nosotros podamos volver, porque no son casos reales, son casos absurdos.
Los casos que abrieron contra mí fue porque yo di una instrucción general cumpliendo una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que el delito de desaparición forzada se tenía que entender que era un delito permanente. Eso decía una sentencia de la Corte Interamericana y eso decía la instrucción que yo firmé. Y eso para el Ministerio Público actual eso es tortura, un delito de tortura, imagínese. Es un caso absolutamente absurdo. Entonces, con una justicia independiente esos casos de papel, esas ficciones que crearon pues se caen. Y las personas podrán mis colegas, también periodistas, también defensores de derechos humanos, también autoridades ancestrales, pueden demostrar totalmente su inocencia.
P- Y luego otra pregunta que le quería hacer, está relacionada con la reelección de Roberto Molina Barreto en la Corte de Constitucionalidad. En principio parecía que no lo iban a elegir pero finalmente pareciera que por un lobby pagado por el sector privado se logró su reelección. Lo que le quería preguntar es: ¿Cuál diría usted que es el papel del sector privado en la cultura de impunidad en Guatemala, o en las estructuras de impunidad? No del sector privado en general, sino quizás del más recalcitrante.
R- Yo creo que el mayor mérito de la CICIG fue develar cómo las redes de corrupción no eran un asunto aislado y no eran un asunto de funcionarios desviados que se robaban el vuelto. Eran estructuras al más alto nivel y en esas estructuras había personas eh parte de las élites económicas. Como bien dices hay que distinguir. No todas las y los empresarios ni todas las élites económicas participaban, por ejemplo, del financiamiento electoral ilícito, pero muchas sí.
¿Y por qué? Porque eran parte de esas redes que se beneficiaban del dinero público. Por ejemplo, invertían en las campañas y eso les redituaba con contratos de construcción, pauta de publicidad pública, venta de medicinas… o sea, en muchos negocios con el Estado. Esas develaciones de la CCIC que ocasionaron que la CICIG finalmente fuera expulsada del país, y todo este retroceso en el sistema de justicia, sigue funcionando y en algunos momentos históricos, pues se ve con más claridad cómo es que actúa.
Entonces, creo que hay que trabajar con la otra parte del sector económico que no le parecen bien estos negocios turbios, que no le parece bien la corrupción, para tratar de ir saneando todo esto.
Impunidad y desigualdad
P- Ahora quisiera hablar de cómo afecta este problema estructural en Guatemala. Y quisiera que usted me ayudara a entender cuál sería la correlación entre desigualdad e impunidad en Guatemala.
R- Sí, hay una correlación muy perversa entre exclusión e impunidad. La época de la guerra es la prueba evidente. Las masacres más terribles ocurrieron contra los pueblos indígenas. Y si tú pones el mapa del país, vas a ver esa correlación entre donde fueron más cruentas las masacres y donde están los recursos naturales más poderosos.
Un sistema de justicia a favor de todos también cuidaría el medio ambiente, los recursos naturales, el agua, los bosques, el territorio. Y, muchas veces, el sistema de justicia, al contrario, actúa a favor de los sectores poderosos que explotan esos recursos naturales.
P- Y luego pareciera también que como que quien tiene dinero siempre logra evitar ser juzgado o incluso pagar multas, a través de sobornos, de conectes…
R- Por una parte, pero creo que lo más grave es la criminalización. Que pareciera ser es un asunto de hoy, pero la criminalización durante décadas se ha utilizado, por ejemplo, contra los defensores de derechos humanos de tierra y territorio.
Entonces, más bien tienen el poder de que la justicia funcione como herramienta, no solo de impunidad, sino también de criminalización para desarticular las luchas sociales. Sabremos que la criminalización de ahora es contra sectores más urbanos, pero siempre ha funcionado.
P- ¿Y cómo afecta la impunidad a la población general, como alguien que por ejemplo quien tiene una tiendita en un pueblo, que no está ni metido en la lucha, ni metido en política. ¿Cómo le afecta la impunidad?
R- Creo que el ejemplo más claro en la violencia con de género, violencia contra la mujer. Es el delito que más se comete y se denuncia en Guatemala.
Si todos esos casos son archivados, desestimados, como lo está haciendo el actual eh fiscal general, pues imagínate en el riesgo que se encuentran esas mujeres que no tienen acceso a la justicia, no tienen acceso a ningún tipo de protección y que tienen que seguir en ese la vida de violencia junto a, por ejemplo, sus parejas. Eso es transversal.
Eso afecta a toda la ciudadanía, las extorsiones, lo mismo. Afecta a toda la ciudadanía. Entonces, la impunidad no es solo de los grandes casos de corrupción, sino que también esos casos de corrupción afectan a toda la población, porque son la salud, es la educación, los que se ven afectados.
Pero en tu vida cotidiana la impunidad de casos como los que te señalo tienen una afectación vital.
P- Y la última pregunta. ¿Qué podemos hacer las ciudadanas y ciudadanos de a pie para luchar contra la impunidad en Guatemala?
R- Creo que Guatemala ha sido un ejemplo en la región de resistencia ciudadanía.Creo que las grandes movilizaciones del 2023 en la defensa del voto, por ejemplo, fueron inspiradoras y lo digo como una persona que desde Cejil trabaja en toda la región para otros movimientos sociales y creo que eso es lo que no podemos perder: la fe en nuestra propia fuerza como ciudadanas y como ciudadanos en que en nosotros también para promover y defender los cambios.
