El Ministerio Público presentó el caso UNOPS como uno de los mayores esquemas de corrupción reciente en Guatemala. En conferencia de prensa, el fiscal Rafael Curruchiche habló de redes de poder, vínculos familiares, farmacéuticas beneficiadas y hasta comparaciones con el caso Odebrecht. La narrativa era que una estructura criminal había operado desde el gobierno de Bernardo Arévalo para desviar millones en la compra de medicamentos e insumos médicos. Pero lo que muestra el expediente judicial, consultado para este reportaje hasta diciembre de 2025, son posibles fallas administrativas y una controversia sobre atribuciones del Ejecutivo para suscribir algunos convenios internacionales.
“Hoy la Fiscalía Especial Contra la Impunidad presenta al pueblo de Guatemala el caso denominado ‘UNOPS: corrupción presidencial’”, anunció el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, al iniciar la conferencia de prensa el 21 de octubre de 2025 para presentar lo que llamaría una trama de corrupción de alto nivel.
El argumento de Curruchiche para bautizar como “corrupción presidencial” aquel caso era que el presidente Bernardo Arévalo desde su campaña y más tarde como presidente “se ha beneficiado del apoyo de entes internacionales, como la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Organización de Naciones Unidas, ONU, el Partido Demócrata de los Estados Unidos y la Unión Europea”.
Aquellas palabras fueron solo el inicio de una serie de afirmaciones que, a la luz del mismo expediente que llegó a tribunales, no se sostenían. Una secuencia de acusaciones sin fundamento que permitieron a un Ministerio Público sembrar en la ciudadanía la sospecha de un gobernante involucrado en corrupción en un proyecto destinado a reducir los precios de los medicamentos y a quien la institución dirigida por Consuelo Porras había estado torpedeando desde cuando había ganado la elección para asumir la presidencia de Guatemala.
Todo esto no se produce en el vacío. El allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral, el desconocimiento de los resultados electorales del 2023 por parte del MP, las acciones para cancelar al partido ganador de la contienda, el Movimiento Semilla, la persecución contra los líderes indígenas que defendieron los comicios y finalmente la presentación del caso UNOPS dan cuenta de la ofensiva de la fiscalía de Porras.
Entre lo expuesto en conferencia y lo que realmente podía acreditarse en los documentos que reunió la propia fiscalía la distancia es clave: No Ficción ha revisado los 845 folios que la investigación judicial bajo reserva alcanzaba a diciembre de 2025 presentada ante el juzgado noveno penal, a cargo del juez Guillermo Luna. En esta documentación encontramos información inconexa que no logra sustentar la hipótesis de una macroestructural criminal encabezada por el Ejecutivo. No hay rastros de los millonarios beneficios que la fiscalía sostiene que dejó la firma del convenio para los señalados.
El lugar de la presentación del “Caso UNOPS: corrupción presidencial” era la sala de conferencias de la sede central del Ministerio Público, en la ciudad de Guatemala. Una década atrás ese mismo salón había sido el punto de encuentro de la FECI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para divulgar los avances de investigaciones como La Línea y Cooptación del Estado, y más tarde entramados de corrupción como la causa Odebrecht/Guatemala o las acusaciones de financiamiento ilícito contra los principales partidos políticos y sus mecenas empresarios.
Ahora este era el escenario del fiscal Rafael Curruchiche, como jefe de la FECI, y del fiscal asignado a la investigación, Mario Raúl Véliz Guzmán.
En minutos la exposición de Curruchiche escaló en sus señalamientos hacia Arévalo, indicando que derivado de ese apoyo internacional “se celebró un contrato lesivo para los intereses de la nación utilizando fondos que no fueron utilizados ni asignados dentro del presupuesto general de la nación”.
Bajo el paraguas del nombre “UNOPS: Corrupción presidencial” el fiscal detalló una presunta conspiración internacional que incluía pagos de compañías que evitó nombrar, una ruta de dinero ilícito que no precisó e intermediarios como el empresario farmacéutico Gustavo Alejos Cámbara. Esta última parte del relato la cambiaría dos meses más tarde, cuando le negaría a la defensa de Alejos el acceso al expediente porque no era parte: “No es sujeto procesal del caso”, respondió la FECI en diciembre de 2025.
En esa conferencia de octubre, el funcionario describió una estructura criminal: “Narraré el mecanismo de corrupción que estas personas han instaurado en el Ministerio de Salud. Posterior a la firma entre esta institución y la oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS en donde Martín Arévalo (hermano del presidente y funcionario de UNOPS) juega un papel preponderante aunado a ello su hermano, es decir, el presidente de la República Bernardo Arévalo ordena directamente a Joaquín Barnoya (ministro de Salud) la forma de realizar las compras”.
La carpeta judicial no incluye ningún indicio de estas supuestas comunicaciones. Tampoco presenta testimonios, escuchas telefónicas u otras pruebas de esta afirmación.
El fiscal Curruchiche reveló que la investigación que estaban presentando había partido de una denuncia recibida en abril de 2024, seis meses antes de la primera transferencia de fondos documentada del gobierno a Unops:
“Gustavo (Alejos) y su hijo reciben el dinero para luego depositarlo en cuentas del extranjero en Uruguay, Panamá, Costa Rica y cuando el presidente necesita dinero en efectivo para actos de corrupción, esto se lo entregan en efectivo en sus oficinas al señor Santiago Palomo Vila, emisario de Bernardo Arévalo”.
El despliegue fue contundente en el tono y ambicioso en el alcance. Pero, como se detalla en este reportaje, esas afirmaciones carecían de sustento en la propia documentación que integraba el expediente en ese momento y hasta al menos diciembre de 2025. Era un anuncio en el que Curruchiche involucraba en corrupción al presidente Arévalo, a sabiendas de que la información que tenían en sus manos no mostraba nada de eso.
No hay un seguimiento del dinero que muestre el pago de sobornos a cambio de adjudicaciones en el marco del convenio UNOPS. No hay una cadena de decisiones conectadas con el objetivo de beneficios ilícitos. No hay testimonio de integrantes de la supuesta estructura que incriminen y presenten documentación de respaldo.
Siete años atrás, por ejemplo, una investigación de la FECI con CICIG como Subordinación del poder Legislativo al Ejecutivo (conocida como la compra de la Ley Tigo, el pago a congresistas por sus votos) podía mostrar escuchas telefónicas, mensajes de texto, fotografías del dinero pagado, testimonios de los colaboradores, los mecanismos de recaudación del efectivo y los resultados de los sobornos pagados: leyes a cambio de efectivo.
Para la presentación del caso UNOPS solo se cuenta con el relato grandilocuente y una auditoría interna que detallaremos más adelante. Así como extensas solicitudes de información bancaria y mercantil de empresas cuyo papel, en la supuesta trama de corrupción, los fiscales no detallaron en sus conferencias de octubre y noviembre de 2025.
La narrativa de una red para desviar fondos
El discurso que planteó la fiscalía encabezada por Consuelo Porras y ejecutado por el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche era que desde la Presidencia y el Ministerio de Salud, con la complicidad de actores en la agencia de Naciones Unidas UNOPS se había articulado una red para desviar recursos públicos.
El convenio firmado el 30 de abril de 2024 entre el Gobierno de Guatemala (a través del MSPAS) y UNOPS tenía un propósito operativo: mejorar el acceso a medicamentos, insumos y equipo médico en la red pública de salud, mediante mecanismos de compra más eficientes, transparentes y con mejores precios, apoyados en estándares internacionales.
A partir de ese mismo convenio, la fiscalía reconfiguró su sentido original y lo convirtió en el eje de la acusación: en lugar de verlo como un mecanismo de cooperación técnica lo plantea como un contrato lesivo para el Estado.
En esa lectura, el monto proyectado —de hasta 943 millones de dólares— es presentado como una obligación financiera inmediata por la fiscalía, pese a que en el convenio y sus documentos anexos aparece como un límite presupuestario sujeto a ejecución progresiva. Dicho acuerdo, además, no figura como un crédito o cualquier tipo de obligación financiera en los registros del Ministerio de Finanzas.
El empresario Gustavo Alejos Cámbara aparece como una figura destacada por el fiscal Curruchiche en su exposición pública como intermediario en el cobro de comisiones. Alejos Cámbara aceptó cargos por los delitos de cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita en junio de 2024, por su participación en el caso Negociantes de la Salud, una trama para favorecer a empresas con la compra de medicamentos.
Sin embargo, aunque es mencionado en el expediente judicial y la empresa Reus Pharma, dirigida por su hijo, Gustavo Alejos Jansa, es perfilada en la documentación no hay una imputación en su contra.
Los abogados de Alejos Cámbara solicitaron tener acceso copia del expediente judicial a la fiscalía, para preparar su defensa. Pero el propio fiscal Curruchiche les responde: “no es posible acceder a su requerimiento, toda vez que no tiene calidad de sindicado y/o sujeto procesal”.
Según figura en el expediente judicial del Caso UNOPS Alejos Cámbara solicita acceso a la carpeta judicial, pero el propio fiscal Curruchiche le responde que no figura en la investigación. Fuente: Expediente Caso UNOPS.
Alejos Cámbara fue descrito por Curruchiche en la conferencia de presentación del caso como “un viejo conocido de los negocios farmacéuticos”. Su aceptación de cargos en el caso Negociantes de la Salud, o su exoneración en el proceso “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero”, en octubre de 2025 lo hacen una figura fácilmente reconocible.
No Ficción también ha documentado las acusaciones contra el empresario por casos como Comisiones Paralelas 2, por ejemplo, (Las últimas 16 reuniones de Gustavo Alejos y El testimonio de Gustavo Alejos o cómo capturar las cortes de justicia) pero en esta investigación no hay indicios claros de su participación.
Consultado sobre su presunto rol en la estructura denunciada Alejos Cámbara lo califica como “un caso mediático no tengo ninguna relación con los mencionados ahí en ese caso más pareciera que hubiese un plan político en medio de esto, pero en realidad las droguerías que les hicieron allanamientos no fueron ni mencionadas (en la conferencia)”.
En el expediente consultado tampoco figura un análisis financiero que muestre el traslado de fondos de los proveedores de UNOPS a entidades vinculadas con Alejos; ni a las cuentas bancarias mencionadas por el fiscal en Panamá, Costa Rica o Uruguay.
En los 845 folios de la carpeta judicial del Caso UNOPS en poder de la fiscalía, hasta diciembre de 2025 documentados ante el juzgado Noveno Penal presidido por el juez Luna , tampoco hay requerimientos de colaboración a las fiscalías de estos países para establecer si existen esas cuentas bancarias.
Según Alejos Cámbara su defensa se acercó a la fiscalía para conocer la acusación. “Al apersonarse en el MP había una denuncia anónima y separaron los casos. Me dejaron fuera de este caso denominado UNOPS. No sé en qué fase, (se encuentra el proceso) pero creo que no debieron de haber dado una conferencia de prensa sin tener los elementos necesarios y menos cuando no existía prueba alguna sobre mi persona”, aseguró.
El origen de la denuncia
Sin embargo, la denuncia presentada por el caso sí tenía un nombre detrás. Según detalló el medio La Hora fue presentada el 27 de abril de 2024 por Jorge Guillermo Lemus Alvarado, un exconvicto que se autodenomina periodista y que señalaba la supuesta estructura criminal. La denuncia según el expediente judicial consultado por No Ficción es registrada tres días antes de la firma oficial del convenio entre el MSPAS y UNOPS el 30 de abril.
Para consultar tanto el origen de esta denuncia, como la ausencia de documentación que soporte el pago de sobornos, testimonios directos de participantes o al menos indicios claros de una estructura criminal, No Ficción contactó al equipo de comunicación de la Fiscalía el 15 de abril y nuevamente el 21 abril para contrastar esa información con el fiscal Rafael Curruchiche. Al cierre de este reportaje no se había brindado la entrevista solicitada para atender estas consultas.
En la documentación registrada en el expediente del caso se incluye también: una auditoría especial solicitada a la Contraloría General de Cuentas, el convenio firmado con UNOPS, acuerdos ministeriales sobre la ejecución del proyecto, datos sobre el perfil profesional de funcionarios del ministerio de salud y se requiere información de 29 sociedades anónimas y una persona individual proveedores de medicamentos, insumos médicos o tecnología.
El expediente judicial MP001-2024-22334 de la causa del Caso UNOPS empezó oficialmente con la denuncia del 27 de abril de 2024 presentada por Jorgue Guillermo Lemus Alvaro, tres días antes de la firma del convenio y seis meses antes del primer desembolso del MSPAS a UNOPS.
En la documentación registrada en el expediente del caso se incluye también: una auditoría especial solicitada a la Contraloría General de Cuentas, el convenio firmado con UNOPS, acuerdos ministeriales sobre la ejecución del proyecto, datos sobre el perfil profesional de funcionarios del ministerio de salud y se requiere información de 29 sociedades anónimas y una persona individual proveedores de medicamentos, insumos médicos o tecnología.
La denuncia de Lemus Alvarado, conocido en el ámbito judicial como “el Buki” proviene de un personaje que fue compañero de celda del exsargento mayor especialista del Ejército, Noel de Jesús Beteta Álvarez, condenado por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, y que declaró como testigo en su juicio en 2002.
Lemus tampoco es un desconocido del ámbito político. En noviembre de 2019 testificó ante la Comisión de la Verdad, establecida por el Congreso de la República, para tomar testimonios de supuestos abusos y arbitrariedades del trabajo de la CICIG. En su intervención a los congresistas, presidida por el entonces diputado, Manuel Conde (luego candidato presidencial de Vamos en 2023), Lemus testificó que investigadores de CICIG ingresaron “10 minutos después” del asesinato de Byron Lima en la Granja Penal Pavón.
Tampoco en esa oportunidad Lemus aportó pruebas a la comisión legislativa y solicitó que privados de libertad en Pavón hicieran una llamada en ese mismo momento con los congresistas, para declarar ante la comisión, acción que fue rechazada por los diputados.
Qué dice el expediente, armado por la propia fiscalía
El expediente MP001-2024-22334 se abrió con medidas amplias: solicitud de acceso a información bancaria, requerimientos masivos de información tributaria y financiera, y la construcción de perfiles económicos sobre al menos 30 entidades farmacéuticas (29 sociedades anónimas y un persona individual) y proveedoras de insumos médicos.
Sobre estas personas jurídicas e individuales se solicita a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) reportes de transacciones sospechosas y denuncias presentadas al MP, compra venta de bienes inmuebles y hasta registros de vehículos; a la Superintendencia de Bancos se les pidió el historial crediticio de estas entidades, cuentas, depósitos, seguros; al IGSS le solicitaron los expedientes completos como patronos; al Registro Mercantil los expedientes completos con reportes de sociedades, accionistas, empresas, auxiliares de comercio; a la SAT, registro del contribuyente, detalle de negocios, rectificaciones y régimen de declaración.
Toda esta información solicitada está comprendida entre abril de 2024 hasta mayo de 2025.
Parte de esta información mercantil ya se encontraba registrada en el expediente judicial para diciembre de 2025, engrosando en unas 300 páginas la carpeta, pero sin contar con un análisis que indicará qué conclusiones extraían de esa información para el caso.
O cómo contribuía a sustentar la hipótesis de una macroestructura de corrupción que involucra a organismos internacionales, el Ejecutivo y múltiples proveedores del Estado. De hecho el 29 de abril el juzgado Noveno Penal suspendió la audiencia programada para la presentación de pruebas, a solicitud de una excusa presentada por la propia Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ante el tribunal.
El juez del proceso, Guillermo Luna, reprogramó una nueva audiencia para el 21 de mayo.
PIE DE FOTO: Listado de empresas y personas individuales sobre las cuales se requirió información financiera, bancaria y mercantil para el caso UNOPS.
Es decir: la investigación buscaba seguir el dinero antes de haber demostrado que ese dinero se desvió.
Bajo esa lógica, el esquema de compras a través de UNOPS es interpretado por la fiscalía como una vía para evadir controles nacionales y, más allá, como la base de una supuesta estructura de corrupción. Así, decisiones administrativas propias del diseño del acuerdo —como su carácter multianual, la modalidad de adquisición o la intermediación de un organismo internacional— son reinterpretadas como indicios de una estructura criminal.
Pero en el expediente judicial —reservado en su mayor parte desde marzo de 2025— esa estructura no aparece.
Según el propio fiscal Curruchiche, en la conferencia de octubre de 2024, solicitan un examen especial de auditoría a la Contraloría General de Cuentas, y este fue entregado a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad “y es aquí donde está el punto toral de la investigación y que todo el pueblo de Guatemala debe de saber”.
Ese informe identifica irregularidades administrativas: problemas de registro contable, diferencias en reportes y cuestionamientos sobre costos. Pero no documenta pagos ilícitos, ni transferencias al extranjero, ni una estructura criminal. Esos testimonios debían provenir de testimonios, documentación entregada por colaboradores o incluso registros obtenidos durante los allanamientos. Sin contar con esos datos, aún así, la Fiscalía avanzó hacia lo penal.
PIE DE FOTO: El examen especial de auditoría solicitado por la fiscalía fue suscrito por los auditores Dalila Maribel Veliz Pineda y Fabio Leonardo Leonardo Monroy España.
Revisando la auditoría especial con más detalle
Una primera inconsistencia aparece en el señalamiento sobre el monto global del convenio. La auditoría registra un presupuesto de US$943.9 millones y advierte que el acuerdo fue firmado sin aprobación del Congreso, vinculándolo con la regla constitucional de que todo convenio que supere el 1% del presupuesto debe ser aprobado por el Congreso de la República. Según el artículo 171, inciso “l”, numeral 3.
Sin embargo, fuentes del MSPAS afirman que esa lectura toma el techo total del convenio como si fuera una obligación inmediata de gasto. “El convenio se fracciona en términos de montos, es un convenio multianual y los montos son anuales”, explicó el viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de Salud, Edgar González.
“Operativamente nunca iba a pasar el 1% del presupuesto”. Según esa versión, la adenda se hizo precisamente para evitar interpretaciones erróneas: “Se realizó esta adenda con esa finalidad de dejar claro de que ese iba a ser nuestro tope”.
Otro aspecto clave es que la Constitución establece esta atribución al Congreso, en el artículo y numeral citado, cuando los convenios “obliguen financieramente al Estado”. Sin embargo, el convenio con UNOPS no establece ningún tipo de deuda o crédito.
Los propios constituyentes lo tenían claro al discutir este artículo. El diputado Carlos Alfonso González Quezada en 1984 señalaba: “el endeudamiento externo debe tener un consenso nacional”, para justificar este artículo. Y el entonces diputado, y más tarde presidente de la república Ramiro de León Carpio, coincidía en esta obligación de aprobación por el Congreso cuando se diera: “la aprobación de convenios que obliguen financieramente al Estado en proporción que sea el uno por ciento porque existen algunos arreglos, sobre todo, en tratados bilaterales”.
Cuarenta y un años después el MP realiza una interpretación que excede lo establecido por los propios constituyentes. La firma del convenio no estableció ninguna obligación financiera ni deuda para el Estado.
La segunda inconsistencia está en la diferencia entre lo reportado por UNOPS y lo registrado por el MSPAS. La auditoría señaló discrepancias entre medicamentos e insumos entregados por UNOPS y lo reportado por Salud, además de irregularidades en SICOIN.
Pero el MSPAS sostiene que la auditoría tomó un corte transversal antes de que el proceso administrativo estuviera cerrado. “UNOPS tenía un proceso de compras que podía tener unos montos mayores a los que en ese momento estaban ingresando y regularizándose en el Ministerio de Salud”, explicó la González.
El registro, añadió, dependía de que los productos ingresaran a bodega, se emitiera el documento correspondiente, se revisara el expediente y luego se regularizara en los sistemas: “Eso lleva un tiempo. Entonces, digamos, lo otro va a adelantar y este lo va a ir alcanzando posteriormente”.
Un análisis del ministerio estableció que las inconsistencias señaladas por la contraloría se realizaron con la información solicitada para el periodo auditado (30 de abril de 2024 a 11 de abril de 2025), no con las cifras finales de ejecución de las compras y registro del ingreso de insumos.
La auditoría también cuestionó los costos de UNOPS y los presentó como una intermediación desfavorable para el Estado: US$143.9 millones (de llegarse a ejecutar la totalidad del convenio) entre fortalecimiento institucional, costos directos e indirectos, equivalentes al 15.24% del convenio.
Para el MSPAS, esa conclusión mezcla rubros distintos. “Hay una confusión entre la recuperación de gastos administrativos de UNOPS y los rubros dirigidos hacia el fortalecimiento institucional que eran distintos”, sostuvo González. Según esa explicación, el objetivo no era sólo comprar medicamentos, sino fortalecer capacidades internas del ministerio para reducir compras directas, mejorar licitaciones y usar mejores mecanismos internacionales.
El viceministro González reconoce que el convenio de UNOPS era solo de los cinco mecanismos de adquisición del ministerio, frente a los problemas de abastecimiento, pero que en todo caso los señalamientos administrativos no dan pie a una denuncia penal.
Otro punto débil está en la evaluación del ahorro. La auditoría cuestionó que la exención de impuestos de UNOPS no se tradujera en ahorros significativos y que algunos productos no mostraran mejores precios. Pero el MSPAS rechaza que la medición se base en casos aislados. “Si agarraba solo esos, efectivamente iban a encontrar una situación como esa, pero si evidenciaba el total de los medicamentos, entonces ahí se miraba el ahorro”, dijo González.
El fiscal a cargo del caso, Mario Véliz señaló que tomando en antecedentes otros proyectos ejecutados UNOPS “se ha logrado obtener rebajas y descuentos al menos del 55%, lo cual equivaldría a que se obtengan resultados favorables y medicina más barata”.
También añadió en la misma conferencia de presentación del caso: “de conformidad con las evaluaciones realizadas, el cálculo de ahorro del 55% no concuerda con las pruebas realizadas”. Sin embargo, el convenio no establece el compromiso de un ahorro del 55 por ciento. Y la referencia parece tomada de las publicaciones anteriores del IGSS sobre sus ahorros con este mecanismo en un periodo de cinco años.
Pie de foto: Los problemas de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos fueron parte las razones para la suscripción del acuerdo entre el MSPAS y UNOPS. Foto: Edwin Bercián/No Ficción.
Además, el viceministro señaló que el proyecto debía evaluarse no solo por precio unitario, sino por abastecimiento, rapidez de entrega, instalación de equipo, capacitación y mantenimiento. “Lo que nos hubiera costado a nosotros ponerlo en ocho meses en el servicio, con ellos lo íbamos poniendo en dos o en tres meses”.
En sus comunicados oficiales, UNOPS sostiene que el proyecto generó ahorros promedio del 38.53% en la adquisición de medicamentos, calculados mediante la comparación directa entre los precios obtenidos en sus procesos de compra y los precios históricos pagados por el MSPAS por los mismos productos.
Este cálculo se basa en una metodología de “benchmarking”: contrasta el costo unitario de 65 códigos de medicamentos adquiridos entre noviembre de 2024 y abril de 2025 con los precios registrados en compras previas del ministerio —por ejemplo, el caso del paracetamol, donde se compara un precio de Q4.00 frente a un promedio previo de Q16.15 por unidad—, utilizando datos de referencia provenientes de sistemas públicos como Guatecompras y registros institucionales.
Por el contrario la auditoría analizó de forma aleatoria compras en siete unidades ejecutoras del ministerio: Hospital Nacional de Especialidades Quirúrgicas de Villa Nueva, Hospital Regional de Huehuetenango, Hospital de Sololá, Hospital de Escuintla, Hospital Regional de Occidente, Quetzaltenango, Hospital Roosevelt y Hospital General San Juan de Dios para concluir que “los procesos de compra no representan un ahorro significativo”.
El mecanismo no se basa en proyecciones, sino en comparaciones ex post entre precios unitarios de mercado estatal para productos equivalentes. Y los costos de los insumos son consultables en la lista de precios incluyendo referencia al Número de Operación en Guatecompras.
En conjunto, el contraste muestra que el informe de auditoría identifica problemas de registro, costos y fiscalización, pero las fuentes del MSPAS lo justifican como efectos administrativos de un convenio multianual en ejecución, no hay en esos procedimientos administrativos pruebas de una estructura criminal.
Esa distancia es importante. Lo que la auditoría presenta como falta de transparencia o ausencia de justificación, el ministerio lo explica como un proceso de regularización incompleto, una confusión intencional de la fiscalía entre costos operativos y fortalecimiento institucional, y una evaluación parcial de los resultados del mecanismo UNOPS.
Deficiencias de la investigación
Consultado por No Ficción el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, apunta a un problema de fondo en la construcción del caso UNOPS: el expediente, tal como está integrado, no logra sostener penalmente la narrativa de corrupción que fue presentada públicamente. Su lectura identifica una serie de deficiencias técnicas y sustantivas que debilitan la hipótesis de una estructura criminal.
En primer lugar, Sandoval subraya que el núcleo del expediente descansa en un informe de auditoría de carácter administrativo, no en evidencia penal. “Se centra en los procesos administrativos de contratación cotejándolo, por lo que me ha mostrado, en las adquisiciones y los aspectos técnicos del convenio”, explica.
A partir de ahí, el especialista cuestiona el salto lógico hacia lo penal. El expediente no logra definir con claridad el delito ni su encuadre jurídico. “No coincide nada de lo que he visto en el documento: si es fraude, peculado o malversación”, señala, destacando que el delito imputado en la práctica como falsedad ideológica, no se identifica con precisión cuál sería el documento falsificado y que consecuencias tiene para la hipótesis central de una estructura criminal. Esta falta de tipificación clara debilita la acusación desde su base.
El punto más crítico, sin embargo, es la ausencia de sustento para la hipótesis central de la fiscalía: la existencia de una red de corrupción. Sandoval es directo: en el expediente no hay evidencia de estructura criminal ni de beneficio ilícito. “No se detalla cómo funciona esa estructura ni si tienen información de flujo de dinero, o sea, quién se benefició”. Tampoco aparecen análisis financieros concluyentes ni trazabilidad de fondos que respalden afirmaciones hechas en conferencia, como transferencias al extranjero o intermediación de actores específicos.
Esa desconexión se refleja también en la contradicción entre discurso público y expediente judicial. Según Sandoval, mientras en conferencias se señaló a figuras como intermediarios clave, como en el caso de Gustavo Alejos, en el expediente estas personas ni siquiera figuran como imputadas, lo que evidencia una narrativa que excede lo documentado: “¿Cómo puede sustentar una cosa y que en el expediente no haya algo que pruebe esa vinculación?”.
También señala inconsistencias en la lógica de la investigación financiera internacional. Aunque se mencionan supuestas cuentas en el extranjero, el expediente no contiene solicitudes de asistencia judicial internacional, un paso básico en este tipo de investigaciones. “Tendrían que estar ya las solicitudes, ya que a veces se tardan años en obtener respuestas y colaboración de otros países”, advierte.
En conjunto, su análisis describe un expediente que no articula adecuadamente los elementos básicos de un caso penal: no hay delimitación clara del delito, no hay evidencia de beneficio económico ilícito, no hay estructura criminal definida, no hay correlación entre los señalamientos públicos y la prueba documental.
El contexto político importa
El caso UNOPS puede entenderse no sólo como un expediente judicial en disputa, sino como un síntoma del modelo de funcionamiento del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras y del momento de transición que atraviesa la institución.
La salida de Porras, prevista tras ocho años marcados por cuestionamientos de selectividad, persecución y debilitamiento institucional, abre una pregunta central: si los casos construidos bajo su administración responden a criterios técnicos o a lógicas políticas.
Desde esa perspectiva, el caso UNOPS encaja en el patrón señalado por distintos análisis: investigaciones que parten de bases administrativas o débiles en lo probatorio, pero que se amplifican en el discurso público como grandes tramas de corrupción. Este tipo de actuación se vincula con lo que, en el debate sobre la sucesión en el MP, se plantea como el dilema principal: si el cambio de fiscal general implicará una ruptura real o la continuidad de prácticas institucionales cuestionadas.
Además, el contexto de salida de Porras refuerza una herencia amarga. Su gestión ha sido caracterizada por el blindaje de aliados y la persecución de operadores de justicia y opositores de toda naturaleza (líderes indígenas, estudiantes, periodistas, opositores a las arbitrariedades en el sistema de justicia) lo que ha erosionado la credibilidad del MP y ha instalado dudas sobre la objetividad de sus investigaciones.
En ese marco, el caso UNOPS forma parte de ese legado: un expediente que, más allá de sus méritos jurídicos, refleja una forma de construir casos donde la narrativa pública precede o supera a la evidencia judicial.
