En Guatemala no existe una institución ni legislación que regule el uso del agua. Un acercamiento al acceso del agua en los municipios de Villanueva, Guatemala y Mixco —que suman más de 2 millones de habitantes—, demuestra cómo la desigualdad, la falta de planificación en la distribución y la privatización, impide reducir la contaminación y la escacez de este servicio en todo el país. 

Alexander Menjivar, vecino de la aldea El Manzanillo, de la zona 1 de Mixco, es esposo y padre de dos niñas. A las 11 de la noche cada dos días tiene que levantarse de la cama y encender la llave del agua, pues solo a esa hora hay servicio municipal. A continuación, se dirige a la parte trasera de su casa de madera, llena la pila, sus tres toneles y otros recipientes que tiene a la mano.

Mientras su esposa e hijas duermen, espera adentro a que sus “trastes” se terminen de llenar, y está pendiente de salir corriendo antes de que uno se rebalse. Aunque la manguera casi siempre funciona, los días en que no hay presión en las tuberías es otra historia, y tiene que arrimar el hombro y guacalear para llenar los toneles en una hora.

A tres kilómetros de donde vive Menjívar y su familia, hay 65 nacimientos de agua provenientes del Cerro Alux, conocido por ser una Reserva Forestal Protectora de manantiales que abastece la región metropolitana. A pesar de ello, las 60 familias de Mixco, que viven en esta aldea cuentan con agua una hora cada dos días, por la noche.

En este municipio, el agua llega al grifo del 48% de sus habitantes, según datos ofrecidos por la propia comuna. El otro 52% de los vecinos debe utilizar empresas privadas y comités de agua, que no tienen ninguna supervisión sobre la calidad y cantidad que manejan o el uso que le dan al recurso.

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La carestía no es algo particular del área, sino que se replica en Ciudad de Guatemala y Villanueva, las tres municipalidades con mayor población en todo el país. Según las proyecciones del INE, estas comunas suman más de 2 millones de personas a su cargo, donde el 11% no tienen acceso a agua potable.

La escasez en unas áreas y la desigualdad de abastecimiento entre unas zonas y otras es una constante, debido a la falta de control en las instituciones. En un mismo municipio y en un mismo sector, como sucede en las zonas 3 y 4 de Villanueva, mientras unos vecinos reciben el servicio a diario una o dos horas, otros pueden tener acceso todo el día.

En el caso de ciudad de Guatemala, donde los vecinos de zona 18 reportan e insisten en la constante escasez, los informes municipales dicen que el sector recibe el fluido 10 horas en días alternos. Por su parte, en las zonas 5, 7 y 11 de Mixco, el agua llega 2 horas cada dos días; y en lugares como zonas 6 y zona 1, justo debajo del Cerro Alux, el agua llega 1 hora cada dos días.

Municipalidades incumplen obligación de proveer agua

Los gobiernos municipales deben ser los primeros en responder a las demandas del recurso. El Código Municipal, en sus artículos 68 y 142, establece, entre las competencias de la municipalidad, el abastecimiento domiciliario de agua potable, las instalaciones correspondientes para su distribución y las conexiones en alcantarillado y drenajes.

Sin embargo, los datos ofrecidos por las municipalidades dan cuenta de que ellos mismos incumplen con esta norma de ordenamiento. En el caso de Mixco, Danilo Guerra, director de Agua y Drenajes, se excusa en que las características topográficas y el crecimiento poblacional no van de acuerdo con la capacidad hídrica que hay en el municipio. “El problema es que hay zonas en donde nosotros de verdad no tenemos suficiente agua, pero por las características de las áreas”.

Por su parte, Norman Sigui, a cargo de la Dirección de Agua y Saneamiento de Villanueva, aduce que las líneas de distribución son demasiado antiguas, y que no fueron diseñadas para la demanda actual.  Este explica que, mientras algunos sistemas distribuyen las 24 horas, en otros sectores los pozos no tienen la capacidad, ni las conexiones, para dar un servicio mayor a 2 dos horas en días alternos. “Existe la necesidad de ampliaciones y planificación de construcciones, pero empezarán en 2019”, dice.

En Villanueva nunca se había llevado un registro sobre la distribución del agua a las diferentes colonias, ni los horarios respectivos. Hasta noviembre de 2017, los encargados de las llaves municipales eran los únicos que sabían la información. La dirección de Agua y Saneamiento no tenía conocimiento de la forma en que daban el servicio, solo del cobro. Sigui afirma que la información se maneja más por los fontaneros que por mapas precisos y planos, lo cual ha impedido hacer ampliaciones y planificaciones en las construcciones.

La municipalidad de Ciudad de Guatemala, en cambio, excusa su distribución irregular en las 40 fugas diarias que reporta esa comuna y a la contaminación. Según dio a conocer el vocero municipal, Carlos Sandoval, “cuando está lloviendo los caudales tienen más turbiedad, porque está entrando lodo, piedras y basura, que arrastra el río. Entonces, hay que parar operaciones en las plantas de tratamiento, para que podamos entregar el agua lo más limpia posible”, explica.

A pesar de las limitantes que aducen las diferentes comunas, Virginia Mosquera, investigadora del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), de la Universidad Rafael Landívar, cuestiona a las municipalidades, debido a que “hay diferentes formas de gestionar el agua que sean más estratégicas”. Mosquera explica que abrir más pozos, o racionalizar el servicio, no resuelve el problema en el país. Para ella, lo que haría sostenible el abastecimiento, a pesar de los retos topográficos y técnicos, sería que las comunas redujeran la contaminación de sus municipios, para recuperar el agua de ríos y que resultara menos costoso tratarla. Además, la investigadora del IARNA propone que hagan embalses para mantener el agua en la época seca; planifiquen, para renovar líneas de distribución, y cobren según la cantidad de agua que se consume.

Las tarifas fijas y la falta de contadores

La gente del Manzanillo, que recibe la hora de agua cada 2 días, paga Q30 mensuales por el servicio deficiente, pues no siempre llega el recurso el día y la hora asignados. Esta dinámica se repite en los demás municipios.

La idea de la tarifa fija nació en Ciudad de Guatemala, y es consecuencia de 297 asentamientos que datan de 1960. Debido a que los hogares posicionados entre los barrancos no se encontraban dentro de la red de distribución, en vez de conectar contadores la alcaldía les dio cuota de comunidad. Desde entonces, los usuarios de los asentamientos pagan lo mismo, sin importar la cantidad de agua que consuma cada familia. 

El vocero de la ciudad, y los directores de agua de las comunas más grandes de Guatemala, aducen que los vecinos se niegan a poner contadores para que se les monitoree. Estos coinciden en que las cuotas no cubren necesariamente el costo de distribución, limpieza y extracción de líquido. Según las autoridades, la municipalidad termina subsidiando ese gasto por las comunidades.

Danilo Guerra, director de agua en Mixco, explica que los problemas del agua son sociales y no técnicos. “Técnicamente podríamos resolver cualquier cosa pero, ¿si sale muy caro? Nosotros podemos regularizarla pero nuestras posiciones económicas no son como para estarle quitando dinero a la gente y ellos así lo perciben, no están conscientes del valor del servicio.”

Uno de los vecinos, que se “beneficia” de las cuotas fijas es Edras Lorenzo, policía privado que vive y trabaja cuidando bodegas en la zona 18 de la ciudad de Guatemala. Él paga los 35 quetzales mensuales que, según el vocero de la municipalidad, no cubren el costo del servicio. Sin embargo, el pago siempre lo debe de realizar sin importar si llega aire o agua al grifo de su casa. 

Pero también, con la irregularidad con la que llega el agua, de dos a tres veces por semana, Edras compra hasta 16 toneles con agua en un mes, a 15 quetzales cada uno; y sale a buscar la pipa porque “al ser zona roja, no cualquiera entra”. A pesar de su situación, da gracias a Dios por tener la posibilidad de comprar el agua que debería llegar a su vivienda.

La privatización de un recurso público

Cuando no cae agua, las personas del Manzanillo deben racionarla o esperar para sacar sus toneles a lo largo de toda la carretera que sube el cerro Alux. Esos días, Menjivar, pastor de una iglesia en su colonia, aguarda a que pase la cisterna de la municipalidad o la de empresas privadas que venden el tonel a Q10. “Tu tenés la opción: te esperas a que vengan a llenar, o compras privada el agua. Quien tiene la posibilidad, la compra, quien no tiene, le toca esperar” reclama. Ahora bien, añade, “el cobro (de la municipalidad) siempre llega”.

Esta situación se replica en el asentamiento de Plan Grande, de Villanueva, donde directamente no tienen servicio de la comuna. En el hogar de Alba Hernández, al igual que en el de otras 34 familias de la zona 10 de Villa Nueva, únicamente acceden al recurso comprándolo a pipas de agua de empresas privadas. Cada tres días, la dinámica es llenar sus toneles con la cisterna, a seis quetzales cada uno.

La falta de acceso al agua lleva a los vecinos a tener que comprarla a empresas privadas y genera suspicacias con respecto al desinterés municipal en proveer de servicios a los vecinos. “Vinculado a las limitadas capacidades de los gobiernos municipales de asegurar agua, algunos grupos han visto la posibilidad de hacer negocios comercializándola. Ya sea que se la vendan directamente al consumidor o a los gobiernos municipales”, explica Raúl Maas, director del IARNA.

La privatización del agua es el tercer problema más reportado en todo el país, según “Los diálogos por el agua”, llevados a cabo en 24 reuniones desde julio a agosto de 2016. Esta consulta, a comunidades de todos los departamentos, fue convocada por la Universidad San Carlos de Guatemala y visibilizó que los vecinos deben dejar de consumir agua segura, o gastar parte de sus ingresos, para adquirirla de empresas que la venden sin reglamentación.

Actualmente, ninguna institución tiene registros regulados sobre las empresas que ofrecen agua en Guatemala.

«Vinculado a las limitadas capacidades de los gobiernos municipales de asegurar agua, algunos grupos han visto la posibilidad de hacer negocios comercializándola». Raúl Mass, investigador del IARNA.

La anarquía en las instituciones y la falta de registros

A pesar de que las municipalidades tienen que resolver el problema de la distribución, y los hogares no deberían recurrir a comprar agua privada, como consecuencia de un servicio racionado y deficiente; ninguna de las instituciones públicas se hace responsable de quién provee y de qué forma el agua a los guatemaltecos. La anarquía del agua se ve en políticas públicas ineficientes dispersas en las diferentes entidades.

Como parte del monitoreo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), las direcciones de área de salud del país deberían llevar a detalle información sobre los prestadores del servicio de agua, según el Acuerdo Gubernativo No. 113-2009, que establece las normas sanitarias para prevenir enfermedades por agua contaminada.

A pesar de que en los artículos 7 y 9 instituye los requisitos mínimos de información, las direcciones a cargo de Mixco, Villanueva y Ciudad de Guatemala, no siempre identifican detalladamente quiénes extraen agua, de dónde y cuánta utilizan. Aquí se incluyen los gobiernos locales, pero también las empresas que venden el recurso y se benefician de la escasez en los hogares.

La Dirección del Área de Salud Guatemala Nor Occidente razonó que datos como la cantidad promedio mensual de agua aprovechada, no se encuentra debido a la falta de insumos necesarios para llevar a cabo esa actividad.

La misma falta de datos de quienes se benefician por extraer agua está reflejada en los registros del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Esta institución debe realizar instrumentos de evaluación ambiental a nivel nacional, entre ellos los que tienen relación por proyectos de agua.

Juntas de agua inoperativas

A raíz de la manifestación de 2016 denominada “Marcha por el Agua”, en la que, por 11 días, guatemaltecos exigieron atención a la escasez que viven a diario; el Ministerio de Medio Ambiente también decidió llevar un inventario de usuarios del recurso hídrico a nivel nacional, tras firmar el Acuerdo Gubernativo No. 335-2016. Este documento promueve registrar a las personas públicas o privadas que usen las cuencas hidrográficas para iniciar el ordenamiento y administración del agua en el país.

Sin embargo, hasta noviembre de 2017, sólo 21 usuarios se encontraban inscritos. El Viceministro de Recursos Naturales o Cambio Climático, Ernesto Moscoso, explica que la falta de personas o entidades en el inventario, se debe a que hay una respuesta “mínima” del sector comunitario. “Más allá de un registro, este era solo un requisito para pertenecer a las juntas coordinadoras de cuencas”, explicó.

Según la ley, estas juntas ahora tienen el poder de representar al Ejecutivo para realizar programas y proyectos que ellos mismos identifiquen como prioritarios para la gestión del agua. Mientras tanto, no hay datos de las personas que extraen y distribuyen el recurso en las comunidades, y los vecinos afectados deben esperar a que el agua caiga en sus depósitos a las horas convenidas, o pagar por que se las lleven los camiones cisterna.

Magaly Arrecis, jefa del área sociambiental del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC), asegura que “las instituciones de colonias pequeñas y privadas son las que mejor cuentan con información de datos sobre el servicio de agua que brindan”, el caudal de agua en sus sistemas, además de los usuarios que usan el recurso.

“Mientras no exista ese registro (técnico) y esos datos, se estarían trabajando con propuestas muy generales” para regular el agua y enfrentar los problemas de escasez y desigualdad”, expone Arrecis. 

«Aquí vemos el problema del huevo y la gallina, si no tenemos datos, cómo vamos a ordenar el sistema, pero tampoco podemos esperar a que los haya porque es un proceso caro y que lleva su tiempo». Magaly Arrecis investigadora del IPNUSAC.

La tendencia a engavetar la ley de agua

La desorganización debido a la falta de regulación que integre los sistemas actuales del recurso hídrico, tanto a nivel municipal como privado, además de la falta de registros públicos técnicos por parte de los ministerios, requieren de una legislación que en los últimos 30 años quedó relegada en el Congreso de la República de Guatemala.

Desde entonces, fueron presentadas más de 27 iniciativas de ley que fueron engavetadas. El último intento ocurrió el 31 de octubre de 2017 cuando la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales dio el dictamen favorable para que los parlamentarios pudieran entrar a conocer la “Ley para el aprovechamiento y manejo integral, sostenible y eficiente del recurso hídrico en Guatemala”.

Más de un año después la propuesta de ley ni siquiera ha pasado por el primero de los tres debates necesarios para su aprobación. A la fecha no ha sido agendada en el Legislativo.

La propuesta contempla la creación del Instituto Nacional de Agua (INAGUA), el cual estaría a cargo del Ministerio de Ambiente, y tendría Q50 millones presupuestados para su funcionamiento. Este debería emitir las licencias ambientales concernientes a proyectos de agua, pero la ley no contemplaría ninguna sanción para las personas que no cumplan las directrices del instituto.

Al respecto de la propuesta, Raúl Maas de IARNA, explica que tiene problemas conceptuales, además de que los artículos tienen argumentos “pobres, contradictorios y poco desarrollados”.

Por otro lado, una propuesta de ley vendrá de la mano de la Universidad San Carlos de Guatemala, en la cual Magaly Arrecis e IPNUSAC han trabajado desde que se celebró la Marcha por el Agua. Arrecis explica que las reuniones en el interior les dieron muchos más elementos entre los que está la administración del agua según una gobernanza local, departamental y regional, a través de las cuencas hidrográficas. Además, informó, esta propuesta también tiene en cuenta el aprovechamiento del recurso de acuerdo a los ciclos del agua en cada región (épocas secas y lluviosas), y el cambio climático.

Sin embargo, hasta la fecha la propuesta no ha sido presentada al Congreso de la República.

Arrecis afirma que “la ley no puede ser ambigua en ese sentido. Preparar una propuesta no es fácil en un ámbito que ya es en total anarquía, donde todo el mundo hace lo que quiere con el agua y hay muy pocas medidas de control y manejo del recurso”.

“Guatemala posiblemente no tiene esa crisis ahora, pero dentro de poco si la tendrá y la evidencia es que ya hay problemas (con el agua)” dice Magaly Arrecis.

Según el Germanwatch, desde el año 2010 Guatemala está clasificado como uno de los 25 países con mayor índice global de riesgo climático y desde 2012 se ha mantenido entre los 12 países con mayor peligro. Es por ello que, aunque Guatemala no tiene los problemas de escasez que otros países presentan a nivel mundial, sin una gestión responsable, y en la medida en que continúe el comportamiento de las lluvias y las temperaturas, la falta del recurso puede agudizarse y volver la crisis algo inevitable.

*Este reportaje fue realizado en el marco del proyecto para Promoción del periodismo y la libertad de expresión en Centroamérica, organizado por Internews.