En la instantánea de esta semana, analizamos cómo mientras algunos proponen ajustes puntuales al sistema de justicia, otros plantean una refundación del Estado. Las propuestas de reformas constitucionales en Guatemala chocan ante una Constitución rígida y una sociedad que aún no encuentra consenso sobre cómo transformar su institucionalidad.
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Guatemala es una necrópolis de intentos de reformas constitucionales. Cada cierto tiempo, aparecen campañas de recolección de firmas, iniciativas legislativas o llamados a consultas populares, pero la fractura social que haría viable la necesidad de un cambio tan drástico todavía no sucede.
Desde el autogolpe de 1993, Guatemala no ha vuelto a atravesar una crisis institucional que obligue a redefinir las reglas fundamentales del Estado. Tampoco, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, ha existido un esfuerzo sostenido por retomar el proyecto de país que aquellos compromisos delineaban.
En paralelo, los pueblos originarios han mantenido vigente la propuesta de un Estado plurinacional, convencidos de que el problema no radica únicamente en el funcionamiento de las instituciones, sino en un modelo estatal que consideran históricamente excluyente.
A ello se ha sumado el avance del lawfare (el uso político de la justicia como instrumento de disputa y persecución) que ha erosionado la confianza hacia las instituciones, alimentando el escepticismo y la fatiga cívica que dificulta imaginar que una nueva reforma constitucional pueda, por sí sola, cambiar las condiciones sociales de Guatemala.
En este contexto, durante esta semana, la conversación sobre el diseño institucional en Guatemala ha regresado. La asociación civil Poder Ciudadano ha lanzado una campaña de recolección de firmas, amparada en el artículo 277 de la Constitución, para impulsar cambios en el sistema de justicia.
Su propuesta surge como respuesta a los cuestionados procesos de elecciones de segundo grado que, durante este año, definieron la designación de un nuevo Fiscal General, la renovación de la Corte de Constitucionalidad y la integración del Tribunal Supremo Electoral.
La reforma apunta a un aspecto específico del sistema: los mecanismos mediante los cuales se designa a las autoridades responsables de administrar justicia en Guatemala.
Se busca, en concreto, la eliminación de las Comisiones de Postulación, el mecanismo que ha facilitado la injerencia de actores gremiales y corporativos en la selección de magistrados; en su lugar, Poder Ciudadano aboga por una carrera judicial profesionalizada, protegida por evaluaciones objetivas y esquemas de ascenso por méritos.
El proyecto también plantea una reingeniería en la elección de magistrados de las altas cortes para reducir la discrecionalidad del Congreso, proponiendo nombramientos escalonados y períodos de gestión más extensos que busquen desvincular la justicia de los ciclos electorales.
Respecto al Ministerio Público, la iniciativa propone suprimir la facultad presidencial de remover al Fiscal General por una “causa justificada debidamente establecida”. La asociación civil considera que esa disposición debilita la independencia del cargo al convertir la eventual destitución en un mecanismo de presión política.
En el arranque de la campaña, Poder Ciudadano reunió 3,200 firmas en apenas cuatro horas y espera completar durante los próximos dos meses el mínimo constitucional de 5,000 respaldos necesarios para presentar la iniciativa ante el Congreso.
Reformas integrales vs. específicas
La propuesta de Poder Ciudadano no es la única visión que recientemente ha intentado responder a las limitaciones de la arquitectura constitucional de Guatemala. Si se puede reseñar, su apuesta proviene de un sector urbano que busca intervenir un aspecto específico del sistema.
Sin embargo, desde hace décadas, como hemos documentado en No Ficción, diversos sectores indígenas, académicos y sociales sostienen que el problema no se limita al funcionamiento de las instituciones, sino que reside en la propia concepción del Estado.
Más que una alternativa, es una demanda de organizaciones y pueblos indígenas que se piensan y sitúan en otra realidad distinta a la que les ofrece en la actualidad el Estado Nación de Guatemala.
Desde esa perspectiva, mientras Poder Ciudadano opera dentro de la Constitución de 1985 para enmendarla, y plantea una intervención técnica, puntual y pragmática sobre el sistema de justicia; del otro, la propuesta de diversas organizaciones indígenas —como CODECA, el Consejo de Pueblos Mayas de Occidente (CPO) y la Convergencia Maya Waqib Kej— ha intercedido por una refundación estructural del país hacía un Estado Plurinacional.
Esta otra propuesta reciente es integral y abarca 14 o más ejes temáticos, incluyendo pluralismo jurídico, economía plural para el “Buen Vivir”, derechos territoriales, soberanía sobre los bienes comunes y un sistema de cogobierno donde las naciones originarias (Maya, Garífuna, Xinka y Mestiza) participen en igualdad de condiciones.
Para los pueblos indígenas, el Estado guatemalteco es una “comunidad imaginada” por una élite que ha utilizado la ley como un dispositivo de despojo y racismo. Desde su propuesta, no basta con ajustar la elección de jueces; sino cambiar el sujeto político desde la Constitución.
La rigidez del sistema guatemalteco
No obstante, cualquiera de estas propuestas terminan frente a un mismo obstáculo: la dificultad de reformar una Constitución diseñada para cambiar solo ante crisis políticas de gran magnitud.
La Constitución de 1985 pertenece a la categoría de las constituciones rígidas. A diferencia de sistemas más flexibles, como el del Reino Unido, donde el Parlamento puede modificar aspectos esenciales de la organización del Estado mediante legislación ordinaria.
En democracias con instituciones consolidadas, esa rigidez se compensa mediante la evolución y adaptación de la jurisprudencia constitucional, con acuerdos duraderos.
En Guatemala ocurre de manera contraria. Desde la entrada en vigor de la Constitución de 1985, Guatemala ha impulsado más de una decena de intentos de reforma, pero solo una logró prosperar. En 1993, tras el autogolpe de Jorge Serrano Elías, el país reformó 37 artículos para fortalecer el sistema de justicia, separó al Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación y creó las Comisiones de Postulación.
Se han dado otros intentos, pero han fracasado. La Consulta Popular de 1999, por ejemplo, buscaba incorporar los Acuerdos de Paz a la Constitución. La reforma al sector justicia de 2016 también naufragó debido a la resistencia de reconocer la justicia indígena.
Nuestra Constitución, a pesar de las campañas de recolección de firmas, iniciativas legislativas o llamados a consultas populares, parece estar diseñada para cambiar solo ante crisis políticas de gran magnitud.
El consenso sobre el deterioro institucional del país es cada vez más amplio. Sin embargo, ese acuerdo se fragmenta al momento de definir qué cambios hacer y cuál debería ser el modelo de Estado capaz de sustituir al actual.
Y es que la desconfianza hacia la clase política hace que cualquier intención de reforma sea vista con sospecha. ¿Quién la propone? ¿Por qué? Y ¿qué intereses ocultos podrían haber?
