En el newsletter de esta semana analizamos la próxima elección de la Contraloría General de Cuentas, una de las designaciones más importantes de cara a las elecciones de 2027. Explicamos cómo Walter Mazariegos, recién reelecto como rector de la USAC pese a no contar con finiquito, podría extender su influencia a la comisión postuladora encargada de seleccionar a los candidatos a contralor. También revisamos el papel de las nuevas universidades privadas, las denuncias pendientes contra el rector y por qué el control de la Contraloría puede terminar definiendo quiénes podrán competir en las próximas elecciones generales.
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Los procesos de las elecciones de segundo grado aún no han terminado. Falta una de las menos atractivas, pero igualmente cruciales para el futuro de la democracia de Guatemala. Hablo de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Pero también, nuevamente, hablo de Walter Mazariegos, el rector de facto que ayer asumió el poder y cuyos hilos van más allá de su gestión en la Universidad San Carlos y cuya influencia llegará peligrosamente a la Comisión postuladora de la Contraloría.
La Contraloría General de Cuentas es el ente responsable de fiscalizar con exclusividad los ingresos y egresos de todas las instituciones del Estado y municipalidades. Su papel es clave porque tiene el poder de imponer multas, presentar denuncias penales cuando detecta irregularidades. Y, lo más determinante en este momento, emitir el “finiquito”. Esta constancia es un requisito crucial para 2027, ya que sin ella ningún ciudadano puede inscribirse legalmente como candidato a un cargo de elección popular.
Aquí es importante reseñar un primer punto: Walter Mazariegos no cuenta con el finiquito extendido por la CGC, esto en principio debería haber sido un obstáculo para su elección como rector, pero todos sabemos que la justicia en Guatemala está cooptada y como ya comenté en un newsletter anterior, la actual Corte de Constitucionalidad está del lado del rector.
Una postuladora previsiblemente controlada por Mazariegos
La CGC, al igual que los demás procesos de elección de segundo grado, se decide a través de una Comisión de Postulación y una vez más, el papel de las universidades es crucial en este proceso, y una vez más, Mazariegos será clave, todo apunta a ello.
La Postuladora del CGC está compuesta por 27 miembros:
Un rector (presidente): Elegido por el Foro de Rectores de todas las universidades del país, 13 decanos: representantes de las facultades de Ciencias Económicas (o de Contaduría Pública y Auditoría) de las universidades legalmente acreditadas. Y 13 representantes gremiales: 11 comisionados elegidos por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA) y 2 comisionados elegidos por el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE).
Entre julio y agosto, se realizarán las respectivas elecciones de estos cuerpos, que elegirán una nómina de seis candidatos la cual evaluará el Congreso de los Diputados como filtro final.
Estemos pendientes al 15 de julio: la fecha en que el Foro de Rectores se reunirá para elegir al presidente de la comisión. El primer gran “pulso” de poder.
Y aquí viene el momento peligroso. A las actuales universidades privadas se unieron en este proceso dos universidades nuevas, que por fechas y personas fundadoras todo apunta a que están vinculadas a Mazariegos y que además fueron creadas para tener voto en los procesos de elecciones de segundo grado.
Universidades de cartón entran en juego
Se trata, por un lado, de la Universidad Americana, esta fue conformada oficialmente en noviembre de 2025, unos pocos meses antes de que iniciaran las elecciones de segundo grado. La resolución que autorizó la creación de la universidad lleva la firma de Juan Carlos Godínez Rodríguez, secretario del Consejo de Enseñanza Privada Superior (CEPS) y asesor de la rectoría de Mazariegos en la Usac. Godínez ha sido identificado como la “mano derecha” del rector y al igual que Mazariegos, está incluido por Estados Unidos en la Lista Engel por influir indebidamente en la designación de cortes.
La otra institución es la Universidad Juan José Arévalo Bermejo, autorizada en 2024 por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEPS) y señalada como una pieza fundamental en la estrategia de Walter Mazariegos para controlar las comisiones de postulación.
Al igual que la Universidad Americana, su creación contó con la firma de Juan Carlos Godínez, asesor principal de Mazariegos y sancionado en la Lista Engel, y de Mynor Herrera, rector de la UPANA y aliado del rector en otras postuladoras. Además, el 27 de marzo de 2026, la universidad Juan José Arévalo nombró decanos clave para participar en las elecciones de segundo grado de este año: Silvia Cristina Duarte Lucero (Ciencias Económicas) y Adelupe Jocabed Rojas Castillo (Ciencias Jurídicas): Fue electa por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac como suplente del propio Walter Mazariegos y formó parte del cuerpo electoral que avaló su cuestionada reelección en 2022.
A este respecto, la Misión Especial de la OEA emitió un pronunciamiento pidiendo que se reflexione sobre la procedencia de universidades de creación reciente que no tengan una trayectoria académica comprobable. La OEA advierte que su inclusión busca “desnaturalizar la representatividad” y “alterar artificialmente la composición” de la Comisión de Postulación.
Según una nota publicada por Prensa Libre, varias universidades ya habrían comprometido su voto a Walter Mazariegos para que presida la postuladora de CGC. Entre estas se encuentran las dos arriba mencionadas, la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y la Universidad Americana; y además la Usac, la Universidad Rural, la Universidad de Occidente y la Universidad Panamericana.
Según una nota publicada por Prensa Libre, el riesgo para la democracia de que Mazariegos asuma la presidencia de la postuladora del CGC es alto. El presidente de esta postuladora no solo coordina las sesiones, sino que decide la sede para el resguardo de expedientes. Las organizaciones temen que elija una sede que complique el trabajo de los observadores y la prensa. En la postuladora del TSE, la cual él presidió pero cuya sede fue dentro de las instalaciones del Congreso de la República, fue calificada de “exprés” y carente de contenido real.
Pero el interés de Mazariegos en la Contraloría iría más allá. Además de su ausencia de finiquito, es importante señalar que la CGC presentó tres denuncias penales contra Mazariegos en marzo de 2026, que junto a las otras 14 con las que cuenta en el MP, acumula 17 denuncias penales vigentes en el Ministerio Público.
Además, la propia Contraloría General de Cuentas (CGC) ha denunciado a 24 miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) por irregularidades en contrataciones y manejo de fondos.
En último lugar, es importante recordar que la ausencia del finiquito ha sido una de las herramientas utilizadas para impedir que candidatos incómodos para el status quo participaran en anteriores procesos electorales.
Así sucedió por ejemplo con Thelma Cabrera y Jordán Rodas, quienes buscaban concurrir con el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) y cuya ausencia de finiquito les impidió concurrir en los comicios. Pasó lo mismo en 2019 con Thelma Aldana, quien finalmente no pudo presentarse a pesar de una denuncia sin sustento que impidió que la CGC le otorgara la constancia de ausencia de cargos.
De esta manera, todo apunta a que la influencia de Mazariegos llegará a la postuladora de la Contraloría y que desde esta posición podría influir en quién sí y quién no concurre en las elecciones. Paradójicamente, un rector sin finiquito.
