El Partido Patriota, liderado por el general retirado Otto Pérez Molina, está implicado en 26 casos durante la gestión de su gobierno, que sumados entre coimas ascenderían a dos mil millones de quetzales. La investigación de CICIG evidenció el funcionamiento de una macro red de corrupción y también después de 30 años, logró pruebas para demostrar los negocios clandestinos de Otto Pérez Molina y cómo opera, desde el poder, un CIACS.
El espacio entre la catedral y el Palacio estaba lleno de carteles de Renuncia Ya, de Mayor Tito Arias genocida, de No Te Toca, de Basta Corrupción, de banderas azules, de vuvuzelas. Eran las jornadas de abril a agosto de 2015 en Guatemala. El escándalo de corrupción en aduanas destapado por la CICIG y el Ministerio Público, que demostraba la implicación del presidente Otto Pérez Molina en una red de defraudación aduanera había dado al pueblo de Guatemala un respaldo para salir a las calles a alzar la voz frente a la corrupción.
Durante una de estas manifestaciones, Otto Pérez Molina, con más peso y varias nuevas canas, se puso el casco y se montó en su motocicleta para dar una vuelta por el Parque Central. Allí vio a mujeres y a niños y pensó que no era momento, como le habían recomendado, de meter a grupos infiltrados para disuadir las marchas. Tampoco a pandilleros, como le habían ofrecido y tenían capacidad de hacer. Mauricio López Bonilla, su entonces ministro de Gobernación, también le dijo que la Policía Nacional Civil no cargaría contra la población. La decisión del gobierno fue no romper el orden constitucional. Algo que, efectivamente, sucedió. Las marchas de 2015 en contra del gobierno de Otto Pérez Molina fueron una fiesta cívica. Pérez Molina renunció de su cargo de presidente y así perdió su inmunidad y fue trasladado a tribunales a la espera del desenlace de sus casos.
Esto lo cuenta él, Otto Pérez, una mañana de febrero de 2021, sentado delante de una larga mesa debajo del porche de su casa de dos plantas pintada de color blanco, ubicada dentro de la cárcel habilitada en el resguardo militar Mariscal Zavala. Lleva puesta una playera deportiva de color blanco desde la que destacan sus ojos color miel. Parecen unos ojos un poco más cansados que cuando era presidente, aunque también menos cansados de lo que se imaginaría de alguien que lleva más de 100 meses en prisión preventiva.
Es difícil mirarlo de frente y saber qué está pensando por la cabeza del general, kaibil y paracaidista, ex Director de Inteligencia (D2) y ex jefe del Estado Mayor Presidencial. Es difícil, también, a la luz de su recorrido, comprender las motivaciones de Pérez Molina.
La trayectoria de Otto Pérez Molina, vinculada a la Inteligencia Militar, muestra indicios de una contradictoria doble vida, la pública, la oficial, marcada por una trayectoria ligada al orden constitucional y que, de hecho, promovió cambios hacia esa dirección; y una vida paralela, dedicada al enriquecimiento a través de actividades al margen de la ley, y que tendría sus antecedentes a inicios de los años 80, de la mano de estructuras clandestinas promovidas desde el Ejército, hasta llegar al caso actual de macro corrupción.
Pérez Molina es considerado un militar institucionalista, que entendió que el futuro del país pasaba por la paz. Formó parte de los militares que dieron el golpe en 1983 a Efrain Rios Montt; en 1993 evitó el autogolpe a Serrano Elías que pretendía disolver las Cortes de Justicia y el Congreso. Fue uno de los militares designados para firmar los Acuerdos de Paz, en 1996 y, durante su gestión como presidente, a partir de 2012, renovó dos veces el mandato de la CICIG y puso al frente del Ministerio Público a Thelma Aldana.
Y, al mismo tiempo, algunos indicios, unos con más evidencias que otros, dan cuenta de toda una vida en las sombras más oscuras de Guatemala, llena de especulaciones sobre crímenes cometidos y teorías al respecto. Molina dirigió el destacamento de Nebaj en 1982, cuando tuvieron lugar varias masacres, y posiblemente llevó a cabo negocios ilícitos vinculados al contrabando durante buena parte de su trayectoria.
“El proyecto no pudo romper con sus propias contradicciones internas de concebir una democracia en el vientre de una campaña contrainsurgente. Pero al mismo tiempo sí produjo oficiales con la capacidad para visualizar el futuro”, escribe Jennifer Shirmer en una cita recogida por el periodista Asier Andrés en el perfil escrito sobre Otto Pérez en 2011 en ElPeriódico.
La Promoción 73, la Cofradía, el Sindicato, los Operadores, la Red Moreno
En marzo de 1982 el general Efraín Rios Montt dio un golpe al gobierno de Romeo Lucas Gacía, en ese momento acusado de corrupción y de un exceso de violencia durante su mandato. Otto Pérez Molina entonces trabajaba en la guardia presidencial. El militar, quien nació en 1950, había pasado ya por varias de las escuelas especializadas del ejército: el curso Ranger, en Estados Unidos; el curso de lancero, en Colombia; de Aguja Negra, en Brasil; el curso de paracaidismo y fue uno de los creadores del curso Kaibil en Guatemala en 1974, del que sería instructor tres años.
Dos meses después del golpe a Ríos Montt, Otto Pérez ascendió a mayor, y en ese momento, parece ser, no tenía mayor interés en ir al frente de batalla, una guerra interna que duraría 14 años más en Guatemala. “MUCHOS (militares) ESTABAN SIENDO TRANSFERIDOS A PUESTOS INSIGNIFICANTES O, PEOR AÚN, A ÁREAS OPERACIONALES DONDE LA VIDA ESTÁ LEJOS DE SER LUJOSA”, indica un cable desclasificado de la Embajada de Estados Unids. Este habla de una promoción de oficiales que se oponían al mando de Ríos Montt, y se resistían a ser cambiados de destinos.
El cable expone cómo Rios Montt, para presionar a esta generación de oficiales y obligarlos a ir al frente, acabó metiendo en el calabozo a Otto Pérez Molina, Roberto Letona Hora y Mario López Serrano, amenazandolos que sacaría a la luz diversos actos de corrupción en los que estaban implicados.
Estos tres militares eran los líderes de la Promoción 73 de la Escuela Politécnica, conocida como el primer grupo de lealtades dentro del Ejército. En otro desclasificado de la embajada de EEUU menciona que en Guatemala, a diferencia de otros países de América Latina y a diferencia de El Salvador o Honduras, no existían estos grupos cohesionados en las promociones del Ejército. En otros países eran llamadas “tandas”, y en Guatemala la promoción 73 de la escuela Politécnica sería la primera en ser reconocida de esta manera. Esta se conoció como El Sindicato. “La promoción número 73 se dice ha mantenido una relación mucho más estrecha entre los compañeros de promoción. Presuntamente, la promoción mantiene su propia estructura organizativa, habiéndose dividido en grupos con jefes de grupo y un presidente de la promoción. Estos cargos se rotan periódicamente”, informa un cable. Además, a esta promoción del 73, pertenecen Eduardo Arévalo Lacs, quien más tarde sería ministro de Defensa del gobierno de Alfonso Portillo y Donal René Juárez Echeverría, quien ocupó después la casilla cinco a diputado del distrito de Guatemala con el partido Valor de Zury Ríos en 2019.
Así, con su amenaza desde el calabozo, Ríos Montt logró que Pérez Molina terminara aterrizando en el área ixil en agosto 1982, como jefe del destacamento de Nebaj, bajo el nombre de guerra de Tito Arias. Allí llevaría a cabo la siguiente etapa del plan contrainsurgente, la movilización de los ixiles a aldeas modelo, donde serían sometidos al mando del Ejército. Las ejecuciones dejarían de ser sistemáticas, aunque seguirían cometiéndose. Entre agosto y diciembre de 1982, mientras Tito Arias estuvo al frente del Destacamento, el periodista Asier Andrés recoge que hay documentadas 17 ejecuciones extrajudiciales, 6 desapariciones forzadas y cuatro masacres en las que fueron asesinadas 107 personas.
A su regreso fue uno de los militares que apoyó al general Mejía Víctores en su golpe de Estado al general Ríos Mott.
“A finales de los años 70, comenzó a ser obvio que tanto a nivel táctico como estratégico los mejores oficiales de los rangos, desde capitán hasta coronel, habían sido puestos en posiciones donde sus talentos podían ser mejor utilizados para influenciar favorablemente en la lucha contra las guerrillas”, expone un cable desclasificado de EEUU de agosto de 1991 “así algunos de los mejores y más brillantes oficiales del Ejército guatemalteco fueron llevados a puestos de trabajo de inteligencia y táctica para la planeación de las operaciones”, menciona.
A la Promoción 73 le siguieron otros grupos cohesionados de militares, especializados en inteligencia y operaciones contrainsurgentes, quienes más tarde utilizarían tanto las destrezas como las instituciones que controlaban la inteligencia militar, para llevar a cabo negocios paralelos.
En el cable aparecen dos grupos detallados: “La Cofradía” y el grupo de los “Operadores”, que contarían con subgrupos y tendrían a oficiales bisagras, como el general Alejandro Gramajo. Los integrantes de estas asociaciones, como se ha ido viendo a lo largo de los años, siguieron basándose en lealtades a través de subgrupos cada vez más dirigidos a toda clase de negocios ilícitos. Estos podrían incluir contrabando, secuestros, robo de vehículos o narcotráfico.
La Cofradía y el Sindicato o los negocios paralelos que pudieron fraguarse al interno de estas dos instituciones, son lo más parecido a la conceptualización de los Cuerpos y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), el objetivo de la llegada de la CICIG a Guatemala según su mandato.
Varios de sus integrantes han permanecido durante todas las décadas que siguen hasta el día de hoy con alta influencia dentro del Estado de Guatemala y vinculados, en buena parte, a grandes negocios de corrupción o contrabando. La evidencia sobre su implicación en negocios ilegales la ofreció el Caso Moreno donde una buena parte de los integrantes de la Cofradía o los Operadores, fueron delatados.
El cable describe la Cofradía como un club de oficiales dentro de la D2, de la inteligencia militar. En este se menciona a Manuel Antonio Callejas y Callejas como líder quien iría seguido del general Luis Francisco Menaldo Ortega, el coronel Edgar Godoy Samayoa (quien ocupó el cargo de ministro de Gobernación durante los primeros seis meses de gobierno del presidente Alejandro Giammattei) y el general Jorge Perussina.
Además, dentro de la Cofradía aparece Marco González Taracena, sería nombrado Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, en 1994, cuando Ramiro De León Carpio asumió el poder luego del Golpe de Estado de Serrano Elías*.
Dentro de Los Operadores, el grupo donde estaría incluido el presidente Otto Pérez Molina, el cable describe: “Como era necesario para las labores de inteligencia, otros oficiales capaces fueron escogidos en todos los niveles para servir en las operaciones clave y comandar las labores asignadas a las tropas. Así aunque no tan unidos como la Cofradía, los operadores tenían el mismo nivel de desarrollo en una estructura vertical subordinada a una red de liderazgo, con reconocimiento y relaciones de lealtad”, indica.
Los Operadores, según este cable, estarían dirigidos por el general Luis Enrique Mendoza García, quien era director de operaciones y en 2019 fue acusado por participar en el Plan Sofía. El coronel Luis Mendoza, originario de Cobán, es suegro del exdiputado de FCN-Nación, Estuardo Galdámez, procesado por dos casos de la Cicig.
El desclasificado también menciona como “operador” al general José García Samayoa, ministro de Defensa de Jorge Serrano Elías. Quién es uno de los fundadores de Avemilgua.
Otro de los “operadores” son los generales José Quilo Ayuso, y Mario Enriquez, uno de los hombres cercanos a Pérez Molina, quien apoyaría a Otto Pérez a remover a Serrano Elías. Además, figuran Carlos Pineda, Carlos Santizo y Otto Pérez Molina.
A finales de 1991, el general Marco Antonio González Taracena -cofrade-, y entonces director de Inteligencia (D2), designó a Otto Pérez Molina como jefe su sucesor al frente de la D2, desde este cargo. Molina pasaba a un puesto de control en las aduanas. En ese momento, ascendió a su cuñado Otto Rember Leal Flores como segundo al mando en la Aduana Central. En otro cable de 1992, se describe cómo Leal durante su trabajo se comunicaba constantemente con Ortega Menaldo, y se refería a él como “patrón”. Las transmisiones -a través de radio y telefonía celular- eran proporcionadas -según detalla el informe- por la D2, dirigida por Pérez.
Sin embargo, en 1993, aprovechando un viaje de Pérez Molina a Taiwán, su yerno Otto Rember Leal fue depuesto de su cargo. Pérez Molina, según recoge un cable de 1993, reporta a la embajada, que estaba molesto por la destitución de su cuñado, porque implicaba perder el control total de Ortega Menaldo en las aduanas y además creía que iban a recomendar a García Samayoa, y no a él, como ministro de Defensa.
Lo que sucedió un mes después tuvo que ver con el orden constitucional, pero también permitió a Otto Perez Molina, como se verá a continuación, retomar el control que creía que estaba perdiendo en las aduanas. El 24 de mayo de 1993 el presidente Jorge Serrano Elías dio un autogolpe sin avisar al alto mando del Ejército y decidió disolver el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.
En el perfil escrito por Asier Andrés, menciona que esa noche Otto Pérez Molina se reunió con tres miembros de la élite empresarial. “podría tratarse de alguno de estos: Juan Luís Bosch, Miguel Fernández, Peter Lamport, Carlos Vielmann, Edgar Heinemann o Juan José Gutiérrez” y logró su apoyo para hacer un frente común contra el presidente.
A la mañana siguiente, Pérez Molina convocó a oficiales fieles, entre quienes estaría Mario Enríquez. Estos informaron a Ortega Menaldo que Serrano Elías ya no era presidente y tuvo que renunciar. Para sustituirlo al frente del Gobierno de Guatemala, se designó al Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio.
“El nuevo presidente de Guatemala, de León Carpio, destituyó ayer al ministro de Defensa, general José Domingo Garcia Samayoa, y removió la cúpula militar, asegurándose como hombre de confianza en el Estado Mayor presidencial al general Otto Pérez Molina, anterior jefe de los servicios de espionaje”. El cambio de puestos del que da cuenta esta nota de El País, en 1993, muestra el poder de Otto Pérez Molina en este lapso de tiempo dentro del Gobierno. Desde este cargo, Molina logró quitarle a Ortega Menaldo el poder total sobre las aduanas y ubicar a varios de sus hombres de confianza en los puestos claves de control en las aduanas.
García Samayoa -Operadores- fue destituido como ministro de Defensa, puesto que sería ocupado por Roberto Perusina, -cofradía-. El puesto al frente del Estado Mayor de la Defensa Nacional sería ocupado por Mario Enríquez -operadores-, el coronel Mario Mérida -gramajista- pasó a dirigir la D2, en El Archivo colocó al general Ricardo Bustamante -gramajista–.
En siguientes cambios de este gobierno, dirigido desde el Ejército por el grupo de Pérez Molina, Mario Enríquez, quien le había apoyado a destituir a Serrano Elías, pasaría a ocupar el puesto de ministro de Defensa. La reconfiguración de la cúpula militar incluyó a Marco Antonio González Taracena, quien se convertiría en jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, en sustitución del general José Luis Quilo Ayuso y Carlos Enrique Pineda Carranza -Operadores- como subjefe del EMDN. A Carlos Pineda, del grupo de los “operadores”, le retiraron la visa a Estados Unidos en 2002, junto a otros militares como Ortega Menaldo, a quienes consideraron implicados en narcotráfico. Con De León Carpio, el general Julio Arnoldo Balconi Turcios -Cofradía- sería el nuevo Inspector General del Ejército, sustituyendo al general Carlos Eduardo Santizo Franco -Operadores-.
El ex presidente Serrano Elías aseguró, en una entrevista publicada en Plaza Pública en 2015, que Otto Pérez Molina fue quien le dio “el golpe de Estado militar”. Además, también, según Serrano Elías, el ex presidente Otto Pérez Molina dirigía, desde entonces, una “banda de contrabandistas” que controlaba las aduanas del país.
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Mientras tanto, en la parte de su vida que transitó en la sombra, Otto Pérez Molina estuvo vinculado a otro suceso de alto impacto. Un hecho que sí es público, pero con varias versiones: la captura del Chapo Guzmán el 1993 por la inteligencia militar en Guatemala, cuando Pérez Molina fungía como director de la D2. Pérez Molina, según la especulación general, habría aceptado un soborno millonario del Chapo Guzmán y que, a pesar de ello, terminó entregándolo.
“Me hubieran correspondido, según las suposiciones que hace el Ministerio Público, más o menos 800 mil dólares… Pero… el ofrecimiento que tuvimos en ese momento de la captura podría subir diez o quince veces más lo que ahorita me están señalando a… ¡Y lo hubiera podido hacer! No lo hice porque no va con mis principios”, dijo Pérez en la audiencia en 2015, cuando fue capturado a raíz del caso La Línea y en la audiencia mencionó la captura del Chapo.
«El nombre de Javier Ortiz, teniente Jerez, el testigo protegido del MP que delató la red Moreno, inculpando a un alto número de militares, y que no mencionó a Pérez Molina, volvió a salir en 2015»
En 1996, Arzú nombró como ministro de Defensa a Julio Balconi. Balconi ordenó el retiro de todos los oficiales de la promoción 73 que no estuvieran ya en el alto mando. En ese momento, Balconni nombró a Otto Pérez Molina, Inspector General del Ejército, el mismo puesto que ocupó el mismo Balconni cuando Pérez Molina logró deponer a Serrano Elías, un puesto clave para el control aduanero.
Fue también el militar Julio Balconi, durante la gestión de Arzú, fue quien destapó la Red Moreno, donde se evidenciaría que varios los integrantes de la Cofradía como los del grupo de los Operadores, o miembros de la promoción del 73, cuyos nombres aparecen mencionados en los cables antes descritos, estaban involucrados en una red de defraudación al Estado.
La Red Moreno, estaría operada por el Grupo Salvavidas, y tendría su origen en una oficina de Seguridad e Investigaciones Especiales del Ministerio de Finanzas, creada en los 70 con motivos contrainsurgentes. Esta había sido dirigida por Juan Francisco Ortega Menaldo y Manuel Callejas y Callejas, dos cófrades que, como se descubriría después, eran líderes del grupo junto a Alfredo Moreno. Las averiguaciones de este caso tuvieron su principal aporte en las declaraciones de Francisco Javier Ortíz Arriaga, funcionario de aduanas, quien fue capturado como parte de los operativos y aceptó cooperar con el Ministerio Público como testigo protegido.
Entre las personas que, según Ortiz, estaban implicadas en la red Moreno aparecen prácticamente todos los integrantes de la Cofradía y el Sindicato. Ortiz delató a Manuel Antonio Callejas y Callejas, -cófrade mayor-; Francisco Ortega Menaldo, -cofradía-; Marco Antonio González Taracena -Operadores-; Edgar Augusto Godoy Gaitán, -Promoción 73 Sindicato-; Carlos Enrique Pineda Carranza -Operadores-; los coroneles Jacobo Esdras Salán Sánchez -oficial de inteligencia-, José Luis Fernández Ligorría, -Gramajista-, Roberto Letona Hora -promoción 73-; Giovanni Valerio Cárdenas; Hugo Francisco Morán Carranza; Rolando Augusto Díaz Barrios; Mario Roberto García Catalán; Juan Guillermo Oliva Carrera; Héctor Montalván; César Augusto Cabrera -Operadores-; los mayores Luis Alvarado Batres y Napoleón Rojas Méndez, y el capitán Romero Guevara Reyes.
Javier Ortiz también mencionó a Otto Rember Leal, el cuñado de Otto Përez. El único nombre que no apareció en este largo listado fue el de Pérez Molina. Todos los documentos desaparecieron.
“Pérez es consciente de que se le vincula con Moreno porque su nombre aparece en algunas listas y por las sospechas de involucramiento de su cuñado Otto Rember Leal con Moreno. Pérez reconoció que había recibido una figura cerámica como un regalo de cortesía de Moreno”, se lee en un cable de EEUU.
El nombre de Javier Ortiz, teniente Jerez, el testigo protegido del MP que delató la red Moreno, inculpando a un alto número de militares volvió a salir en 2015. Según descubrieron la CICIG y el MP, Ortiz era uno de los operadores externos de La Linea, la red de defraudación aduanera montada por Pérez Molina durante su gestión como Presidente del Gobierno. De hecho Javier Ortiz figura en varias fotografías en 2014, junto a Salvador Estuardo González, Eco, el hijo del ex cofrade González Taracena y quien sería considerado el segundo mando de La Linea.
En 1996, además, Balconi designó a Pérez Molina como parte de la Comisión Gubernamental de Paz, y fue, junto al teniente coronel Mauricio López Bonilla, uno de los militares encargados de firmar la Paz.
La lucha contrainsurgente había terminado con la Paz, ahora los militares debían replegarse con un nuevo fin, garantizarse la impunidad de los delitos de Lesa Humanidad cometidos durante el conflicto armado. En 1998, el obispo Juan Gerardi publicó el “Guatemala: Nunca Más”, el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Informe REMHI), que, por primera vez documentaba las masacres a las áreas indígenas cometidas por el Ejército. El obispo Gerardi fue asesinado, lapidado en la cabeza, tan sólo un día después de la publicación del REMHI. Desde entonces, el caso que se ha llenado de centenares de versiones. En 2001 se tuvo una sentencia en contra de los autores materiales, el capitán Byron Lima y el teniente Obdulio Villanueva, pero los autores intelectuales nunca lograron ser investigados. En el libro “El arte del Asesinato Político”, el escritor Francisco Goldaman, menciona la presencia de Pérez Molina esa noche del asesinato de Gerardi, en una tienda cercana al Parque San Sebastián. Lo que sucedió ese día aún hoy sigue siendo un misterio. ¿Dónde estaba Pérez Molina esa noche? ¿Cómo había logrado eludir que fuera implicado en tantos casos en su contra?
Durante más de una década, Pérez Molina también ha eludido las investigaciones por otro crímen de alto impacto que se cometió en el lapso en que se desempeñó como jefe de la Dirección de Inteligencia D2 y jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP): la desaparición de Efrain Bamaka, comandante de Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA).
El paso de Pérez Molina en el Ejército se terminó en el año 2000. Con la llegada de Alfonso Portillo y el FRG de Ríos Montt al poder, el Caso Moreno fue cerrado y algunos de los militares de inteligencia implicados en esta red pasarían a ocupar puestos en el poder con Portillo, entre ellos los coronel Napoleón Rojas y Jacobo Esdras Salán Sánchez, quienes después se verían involucrados en el desfalco del Ministerio de Defensa. Hoy, un hijo del oficial de inteligencia, Napoleón Rojas, es diputado en el Congreso, con el partido vinculado al narcotráfico UCN.
Al concluir su carrera en el Ejército, Pérez Molina siguió entendiendo por donde iba el camino y fundó su propio partido, el Partido Patriota (PP). De la mano de la política, las relaciones de Otto Pérez se ramificaron desde el Ejército y todos sus negocios paralelos a otro de los actores clave en la macro red de corrupción que hace imposible la democracia, las élites del sector privado de Guatemala.
Manolo Vela, en un artículo de El Periódico, cuenta que el Partido Patriota se fundó en una oficina cedida por el grupo Multiinversiones a Otto Perez Molina y ubicada en el mismo edificio que alberga las oficinas centrales de Pollo Campero.
Este partido es catalogado en este artículo como el instrumento político del complejo empresarial de los Bosch-Gutiérrez y de los 12 apóstoles: “la reunión de los grupos empresariales más importantes de Guatemala: Herrera Ibargüen, Bosh-Gutiérrez, Paiz, Botrán, Novella, Castillo, entre otros”. La relación de Pérez Molina con la familia Gutiérrez provendría desde que él estuvo al frente del destacamento de Nebaj, donde les daba información sobre lo que estaba sucediendo en el frente. Más tarde, junto al general Alejandro Gramajo, Molina se acercó más a los empresarios en el Centro de Estudios Estratégicos para la Estabilidad Nacional (Estna), a cuya junta directiva fueron incorporados Juan Luís Bosch y Ramiro Castillo Love. Esta relación se habría consolidado después de la deposición de Serrano Elías.
De esa cuenta, hacia finales del año 2000, Pérez Molina conformó el comité pro formación del Partido Patriota, junto a Roxana Baldetti, Pavel Centeno, Valentín Gramajo, Mario López Arrivillaga y Christian Ross.
El partido sería inscrito el 13 de junio de 2002. En las elecciones de 2003, Otto Perez Molina aún no podía optar al cargo de presidente, puesto que uno de los requisitos, según contempla la ley, para ser candidato los militares deben tener al menos cinco años en retiro. Así, el Partido Patriota se unió a la alianza Gana, junto al Movimiento Reformador (MR) y el Partido Solidaridad Nacional (PSN).
La Gana postularía a Berger como presidente y a Otto Pérez Molina como jefe del listado nacional en el Congreso. Pérez, según da cuenta un artículo de Plaza Pública, pidió a Berger el control de cinco instancias del Estado. Estas muestran, una vez más, el interés de Pérez Molina por las fronteras. Pérez Molina le pidió el acceso al Instituto Guatemalteco de Turismo, la Dirección General de Migración, la Dirección General de Aduanas y la Portuaria. La GANA triunfó en las elecciones y Otto Pérez pasó a ser diputado. Sin embargo, un año más tarde, en 2004, según da cuenta un artículo de CIBOD, Perez Molina rompió de forma unilateral sus relaciones con la Gana cuando el presidente Berger se acercó a Ríos Montt y al partido FRG en busca de apoyo.
Y así, en 2007, el Partido Patriota concurrió en las elecciones postulando a Otto Pérez por primera vez, como candidato. El PP, en ese momento, como el mismo Otto Pérez Molina contaría al embajador de Estados Unidos y cuya declaración aparece recogida en un cable de wikileaks, fue apoyado por los cuatro principales empresarios del país:
“Pérez Molina afirmó estar recibiendo apoyo ahora de los Castillo, los Novella, los Herrera y Dionisio Gutiérrez, posiblemente las cuatro familias más ricas de Guatemala”. En este mismo cable Molina fue preguntado por los rumores de financiamiento de la familia Mendoza, una de las familias de narcotraficantes con más poder e influencia en ese momento en Guatemala. Molina respondió que “’La relación mínima con los Mendoza en 2003 había sido con el hermano Mendoza que vive en Morales, Izabal, no con el hermano narcotraficante que vive en Petén”. Además, Pérez Molina informó que recibió un fuerte apoyo de Ángel González, el magnate mexicano que dirige el consorcio televisivo con monopolio en Guatemala.
En 2007, Otto Pérez Molina ya podía ser candidato presidencial. Ese año, junto al Partido Patriota, Pérez Molina, formó parte de una violenta campaña en la que sería acusado por Álvaro Colom de los asesinatos cometidos en contra de un alto número de candidatos de la UNE. Finalmente, en ese proceso electoral, el PP perdió frente a la UNE.
Para llegar al poder, sin embargo, cuatro años más tarde, el PP requeriría de mucho dinero. La campaña de este partido fue un desborde completo de recursos que eran necesarios para competir con Manuel Baldizón, el candidato de Líder, integrante de una red político ilícita emergente, y contra la campaña UNE, que postularía a Sandra Torres. Pero también para competir contra Mario Estrada, candidato por UCN -actualmente preso en EEUU por negociaciones con el cartel de Sinaloa-, contra Harold Caballeros de Viva, Juan Gutiérrez del PAN o contra la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, del Frente Amplio.
Para su campaña entrarían muchas personas que después conformaron la macro red político económica ilícita destinada a ordeñar las arcas del Estado de Guatemala. El financiamiento electoral, como dijo el comisionado de la CICIG Iván Velásquez, es el pecado original de la democracia. Como Sebastián Ovejero, experto en análisis estratégico, afirmó en uno de los foros celebrados por No-Ficción, con motivo de este proyecto, el Partido Patriota inició como un CIACS para pasar a ser una Red Político Económica Ilícita.
Derivado del trabajo de investigadores financieros que trabajaron en el caso La Línea, en 2016 se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que habría funcionado desde 2010, cuando Pérez Molina y Roxana Baldetti, aún como diputados del Congreso, habían comenzado a construir decenas de empresas de cartón que luego servirían para defraudar al Estado. El Conglomerado de Albavisión fue uno de los que más dinero aportó.
“Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del año 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015). A través de estas empresas, ambos recibieron beneficios de todo tipo: desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas, hasta la compra de aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas, así como los gastos de remodelación, decoración y mantenimientos de los mismos”, indicó la fiscal Thelma Aldana cuando presentó, junto al Comisionado Iván Velásquez. Este caso que fue llamado Cooptación del Estado.
Se pusieron al descubierto 450 contratos, con el llamado “incentivo comercial monetario”, Entre estos destaca una comisión de Q59 millones a Jurg Widmer Proust, conocido como “el rey de los puertos”, en el Puerto Quetzal. También se descubrió a constructores que se desempeñaron como comisionistas permanentes como Raul Osoy o Gabriel Guerra, comisiones en instituciones del Estado como Fonades, como una comisión de USD1 millón por un negocio en el aeropuerto o una coima de USD7 millones, que iría dirigida únicamente a Otto Perez Molina, pagada por Gustavo Brignone, de origen argentino, en un negocio otorgado a Security Assistance Group Guatemala S.A en la Dirección General de Migración.
En el caso Cooptación del Estado han sido ubicados 38 inmuebles por valor de Q 27,5 millones y USD 4.6 millones. El dinero obtenido en el caso Cooptación del Estado por el presidente y la vicepresidenta supera los Q500 millones.
Al ganar las elecciones, ya desde su puesto como Presidente, Pérez Molina retomaria el control de las aduanas y también de los Puertos. Ya no tenía oposición para llevar a cabo los negocios que durante años se habría peleado con facciones militares como la de Ortega Menaldo.
Así se diseñó la Red La Línea, que como se descubriría más tarde con las indagaciones del MP y la CICIG obtendrían comisiones aproximadas de Q2 millones semanales.
El caso fue descrito por el MP como un sofisticado método de robo en las aduanas, que consiste en cambiar, en los formularios de las aduanas, las características del producto, para así rebajar el impuesto que le correspondería pagar. Este sistema incluía a los importadores, quienes daban una “cola”, o comisión, a la estructura criminal liderada por Pérez Molina y Roxana Baldetti. El contacto con estos venía de los “tramitadores de aduanas”, La Línea también contaba con los operadores externos de rango medio y a través de Giovanny Marroquín Navas, con la estructura externa superior, dirigida por Salvador Estuardo González, alias Eco*, además del presidente y por Juan Carlos Monzón, el secretario privado de la vicepresidenta Baldetti. Uno de los operadores medios de esta estructura fue, como ya se dijo, Javier Ortiz, el teniente Jerez, testigo protegido en el caso Moreno.
A raíz de estas investigaciones, apoyadas por los aportes de estos colaboradores eficaces en el caso La Línea, y las interceptaciones telefónicas, llevaron a descubrir otro macro caso de corrupción: una comisión de US$30 millones que la empresa española Terminal de Contenedores Barcelona (TCB) daría a un grupo de operadores, conformado por personas que provendrían tanto del gobierno de Álvaro Colom como de Otto Perez Molina. La comisión sería otorgada a cambio de una concesión sin concurso para operar por 25 años la Terminal de Contenedores Quetzal, en el denominado Caso TCQ. En este caso, el presidente Pérez Molina recibió US$3.5 milloness. Este dinero le fue entregado en efectivo por Juan Carlos Monzón, cuando fue nombrado como el encargado de los negocios B de Puerto Quetzal en 2013, después de que el primer designado por el presidente Pérez Molina, Guillermo Lozano, fuera solicitado por Estados Unidos, tras descubrirse que una avioneta de su propiedad con cocaína en Honduras.
Uno de los máximos operadores en este caso de corrupción de TCQ, Farfán, estaría también implicado en otro de los grandes casos de corrupción que, si bien no cuenta con pruebas para inculpar a Otto Pérez, llegó a su secretario privado, su yerno Gustavo Martínez. En el caso Redes, se descubrieron comisiones de Jaguar Energy para la construcción de unas instalaciones, de Zeta Gas y también corrupción judicial.
El Gobierno Patriota excedió en mucho la corrupción que implicó al presidente. Pérez Molina se habría repartido las arcas del Estado con Roxana Baldetti, con Alejandro Sinibaldi. el ex ministro de Comunicaciones, además de su ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, Juan de Dios Rodriguez, quien fue jefe del IGSS y Gustavo Alejos, quien controlaría la corrupción en el Ministerio de Salud.
Sin embargo, como da cuenta el caso Cooperacha, Pérez Molina también cobró comisiones a sus ministros. Al más puro estilo de la descripción de recolección de fondos descrita por EEUU en la promoción 73, la cúpula del Partido Patriota dio aportes económicos para comprar año con año, entre 2012 y 2014, cuantiosos regalos al presidente en su cumpleaños. En 2012 le regalaron una lancha, en 2013 una casa en Taxisco, Santa Rosa, y en 2014 un helicóptero.
Roxana Baldetti, la vicepresidenta, aparece inculpada en el caso Amatitlán, donde una empresa israelí fue contratada para una limpieza del lago, con una comisión de Q21 millones. También se llegó a través de Eco y Monzón a una estructura de plazas paralelas dentro del Registro Único Catastral (RIC) que llevaría a casi Q5 millones identificados por el MP.
Por su parte, Alejandro Sinibaldi, fue inculpado en el caso Construcción y Corrupción, de contar con una estructura para cobrar las comisiones a las empresas constructoras que recibirían contratos en el Ministerio de Comunicaciones. En este caso se han encontrado rastros de comisiones por Q270 millones. Sinibaldi además, figura, junto a Manuel Baldizón, como principal receptor de la coima de Odebrecht para operar en Guatemala, por USD17.5 millones.
Juan de Dios Rodríguez, desde el Seguro Social, está acusado en el caso IGSS Pisa donde las comisiones ascendieron a Q18 millones. En tanto, Gustavo Alejos, implicado en el caso Negociantes de la Salud, tiene reportes de comisiones por Q965 mil.
Mauricio López Bonilla, el coronel que estuvo cerca de Pérez Molina durante toda su trayectoria, está implicado en varios casos de corrupción en el Ministerio de Gobernación, en el caso Patrullas, donde se descubrieron comisiones por Q44.5 millones; concoimas de Q64 millones y Q32,7 millones.
Bonilla además se encuentra actualmente preso en Mariscal Zavala con orden de extradición a los Estados Unidos. Esto sería debido a su involucramiento en tumbes de droga brindando patrullas para el respaldo del paso de droga cuando él era ministro. Quien delató a López Bonilla en estos casos fue la narcotraficante Marjorie Chacón, que también delató a Roxana Baldetti en otro caso de lavado de dinero
Una vez más, Otto Pérez Molina no apareció mencionado según las inculpaciones en las cortes de los Estados Unidos.
Quizás Otto Përez pensó que podría controlar el monstruo de la corrupción en el Estado de Guatemala, al que todos parecen apuntarse y que sus negocios paralelos llenos de comisiones no dejarían huellas. Pero la realidad es que el presidente no había conformado gobierno con un CIACS de militares, ni personas entrenadas en la Inteligencia Militar para ocultar las huellas de los delitos. Otto Perez conformó el Patriota con el apoyo de personas que aunque podían compartir su objetivo de beneficiarse del Estado no contaban con la preparación necesaria para la cautela.
Los negocios, sin embargo, siguen funcionando y las estructuras de corrupción volvieron a ser ocupadas tras la salida de Pérez Molina. Algunos de los integrantes de las estructuras que salieron de la inteligencia militar perfeccionada y entrenada por Estados Unidos durante los años del conflicto armado interno han seguido ocupando puestos de poder y acoplando sus formas de corrupción. Pérez Molina fue sin duda, uno de los más habilidosos, y ahora frente a él, en la cárcel Mariscal Zavala, las preguntas deben ser amables.
¿Por qué cree que la CICIG fue contra su gobierno, y no contra el anterior, o contra el siguiente?
Pérez Molina responde que, sin dudas, por la ambición de Iván Velásquez, su ego y búsqueda de figurar.
¿Por qué renovó dos veces el mandato de la CICIG?
Por presión de Estados Unidos, dice.
Afirma que Biden llegó tres veces a Guatemala, a presionar para que continuara el mandato de la CICIG, y que lo amenazó con sanciones económicas.
Pérez Molina, desde la cárcel, también menciona que la farmacéutica estadounidense Baxter estaba interesada en los negocios del IGSS. Desde Mariscal Zavala, el expresidente comparte con buena parte de sus compañeros que gobernaron el país durante la gestión del partido patriota, el teniente coronel Mauricio Lopez Bonilla, o los generales Noe Anzueto, Lopez Ambrosio, ex ministros de la Defensa. Su vida paralela, una vida oscura, con historias que implican estructuras de inteligencia militar a lo largo de más de cuatro décadas, y su evolución en Redes Político-Económicas Ilícitas que lograron utilizar la democracia para alcanzar el poder fue puesta al descubierto por la CICIG. Ahora, todos ellos, desde la cárcel, alrededor de Pérez Molina, esperan un reacomodo de fuerzas.
*En la primera versión de esta nota se consignaron por error la siguientes afirmaciones equivocadas: “González Taracena es el padre de Salvador Estuardo González, alias Eco, contador de Roxana Baldetti y encargado de gestionar las finanzas paralelas de varios de los casos de corrupción de Otto Pérez” y “dirigida por Salvador Estuardo González, alias Eco, el hijo del cófrade Mario González Taracena”. Esta información, que se basó en artículos de respetables medios, está equivocada. Salvador Estuardo González Álvarez, alias Eco, es hijo de Luis Joaquín González Amézquita. Correción de la autora a 4-6-2021.
