El combustible de toda campaña política es el dinero. En 2015 Sandra Torres emprendió su primera carrera por la presidencia después de la negativa a su inscripción en el proceso anterior. Para financiar esta campaña echó mano de un antiguo operador del Partido Patriota (PP), Mario Leal Castillo. Según las investigaciones de la Feci y CICIG, este empresario es la clave para entender el Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que tuvo su origen en una red paralela al caso La Línea.
Por Bill Barreto
Edición: Oswaldo J. Hernández
Cuando a comienzos de la campaña del 2015 se le preguntaba al diputado Mario Taracena, de la UNE, cómo iba a enfrentar su partido la millonaria campaña presidencial de su rival, Manuel Baldizón de Líder, este se encogía de hombros y repetía que ya le había dicho “a la Señora” que “se sacara la cartera y comenzara a soltar el billete”.
─Bueno, pero para eso está el vice, Mario Leal Castillo ¿no? ─se le cuestionaba a Taracena ─ El vicepresidenciable de la UNE era un azucarero dueño del ingenio Magdalena que podía recaudar dinero entre los empresarios.
─¿Ese? Apenas lleva unos puchitos─ respondía despectivo el diputado.
Cuatro años después, Sandra Torres Casanova, la primera mujer en alcanzar dos veces el segundo lugar en unas elecciones presidenciales en Guatemala (en 2015 y 2019), es conducida a los tribunales de justicia por agentes de la Policía Nacional Civil. Un gran dispositivo de seguridad, y una transmisión en vivo por parte de los principales medios de comunicación del país la acompañan.
El Ministerio Público (MP) la acusa del delito de financiamiento electoral no registrado*, luego de que el pasado febrero solicitara un solicitud de retiro de antejuicio por financiamiento electoral ilícito, para su partido durante la campaña del 2015. Su conexión con el caso, según la imputación, se debe a su vínculo con el excandidato a la vicepresidencia de la UNE, Mario Roberto Leal Castillo, miembro de una acaudalada familia del país, propietaria del centro comercial Cayalá, los supermercados Unilevel ─La Torre y Econosuper─, además del ingenio azucarero Magdalena.
Leal, antes de acompañar a Sandra Torres para la campaña electoral, fue secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia del gobierno de Otto Pérez Molina.
El caso contra la ex primera dama, también la vincula a Gustavo Adolfo Alejos Cambara, el ex secretario de la presidencia del gobierno de la UNE, y otro de los presuntos recaudadores de financiamiento ilícito para la campaña de 2015.
Al momento de anunciarse la postulación de Leal Castillo como candidato a la vicepresidencia de la UNE, el expresidente Álvaro Colom reaccionó aireado. Recordaba que el empresario que ahora acompañaba a su ex esposa había marchado junto al grupo de “camisas blancas” pidiendo su renuncia por el caso Rosenberg en 2009. “¡Las manos solidarias se han convertido en puños!”, dijo entonces Colom en alusión al símbolo ─un puño─ que utilizaba el PP.
Hoy, para Sandra Torres, la conexión con Leal Castillo es su principal dolor de cabeza.
Según la imputación del MP en la solicitud de retiro de antejuicio contra Torres el pasado febrero, ella: “valiéndose de su alta jerarquía (…) y calidades dentro del partido político, teniendo siempre el control, tuvo a bien delegar y autorizar a los señores MARIO ROBERTO LEAL CASTILLO, KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES, LUIS FERNANDO PÉREZ VARGAS y GUSTAVO ADOLFO ALEJOS CAMBARA, para que se ocuparan de la captación de personas individuales o jurídicas que financiaron sin acreditar su identidad, aportaciones que no fueron reportadas en los registros contables de dicha organización política”.
Luego de la reforma del delito de financiamiento electoral ilícito, realizado por el Congreso en octubre del 2018 para proteger a empresarios financistas y al mismo presidente Jimmy Morales, las aportaciones no reportadas quedaron establecidas como el delito de “financiamiento electoral no registrado”; mientras que el delito de “financiamiento electoral ilícito” quedó establecido solo para el dinero que los partidos obtienen derivado de actividades criminales.
Este matiz es importante ya que la acusación contra Leal Castillo incluye el hecho de haber ingresado fondos a la campaña de la UNE provenientes del cobro de sobornos.
En su defensa el partido UNE hizo público un comunicado en el que calificó la detención de Torres como “acciones políticas de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad materializadas al ejecutar (…) una orden de captura, sin más fundamentos que intereses espurios, mediáticos e infundados en contra de nuestra Secretaría General”. Y arremetió contra el fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y el exfiscal Andrei González. “A dichos personajes los hemos denunciado en el pasado y los seguiremos denunciando por politizar la persecución penal”, como cita el comunicado.
El rastro del dinero
El dinero ha sido el hilo conductor para establecer los casos por los que Sandra Torres podría quedar ligada a proceso. Fueron tres expedientes los que mencionó la jueza Claudette Domínguez, al explicarle el motivo de su detención el pasado 2 de septiembre.
La ex candidata a la presidencia, como herencia del trabajo de investigación entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el MP, podría ser relacionada a tres importantes investigaciones: Aceros de Guatemala, Traficantes de Influencias y Financiamiento electoral Ilícito de la UNE.
“La orden de detención, sin embargo, se debe al caso de Financiamiento de la UNE”, aclaró la jueza, que programó la audiencia de primera declaración para este viernes 6 de septiembre.
En 2015, cuando Torres participó como candidata a la presidencia, buscó una alianza con sector empresarial y la élite guatemalteca. Así escogió a Mario Roberto Leal Castillo a su lado. Extraoficialmente fuentes políticas detallaron que Leal Castillo también fue financista del PP durante la campaña del 2011.
Leal Castillo, no obstante, era útil para Sandra Torres en 2015 no sólo por su dinero y su apellido sino por su capacidad como operador político en distintos niveles. Sobre todo, según la acusación del MP, por el trabajo que el empresario realizaba desde las sombras, negociando con redes criminales dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para obtener beneficios tributarios en favor de diversos consorcios empresariales y cobrando comisiones por su gestión.
Según las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Mario Leal fue un importante recaudador de la UNE, en 2015, junto a Gustavo Alejos. En una escucha telefónica del 4 de mayo de 2015, consignada en la solicitud de antejuicio contra Torres presentada presentada el pasado febrero, Alejos y Leal hablan de una reunión con Flavio Montenegro, entonces directivo del Banco G&T Continental, fallecido en 2017 (y procesado en 2016 por financiamiento electoral ilícito del PP), en la cual esperaban recaudar Q200 mil al mes, durante cinco meses hasta sumar Q1 millón.
La mancuerna Leal y Alejos se volvieron, según dejan entrever las escuchas telefónicas, el binomio recaudador de la UNE.
Además de este dinero no reportado, al parecer proveniente de actividades legales, según la imputación, la UNE también recibió fondos que tenían un rastro más opaco que derivan de otras investigaciones como “La Línea”, el caso por el que renunciaron el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, fueron acusados de liderar una red de defraudación aduanera conformada, también, por funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
A raíz de La Línea, los fiscales del MP encontraron cobros de comisiones ilícitas a empresarios para la tramitación rápida de expedientes de crédito fiscal, y pagos para entorpecer casos administrativos y penales por posible defraudación. El nombre de Mario Leal, en estos hallazgos, aparecía regado por todas partes, en el caso Traficantes de Influencias. Su trabajo, según la FECI, consistía en encontrar clientes, es decir, grandes empresas interesadas en contratar los servicios ilegales de los funcionarios de la SAT para la devolución exprés de los abonos fiscales que habían realizado al Estado.
Los clientes que solicitaron el servicio exprés de funcionarios de la SAT fueron como mínimo nueve empresas: Aceros de Guatemala de S.A., Industria de Tubos y Perfiles, S.A (asociada a Aceros de Guatemala), Maya Quetzal, S.A., Mag Alcoholes, S.A., Ingenio Magdalena S.A. (del grupo familiar de Leal), Productos y servicios azucareros, S.A., Producción y Negocios Industriales, Reforestadora de Palmas de Petén S.A. (acusada del ecocidio del río La Pasión en 2015) e Ingenio Palo Gordo, S.A.
Mario Leal, según el MP, obtuvo una comisión ilícita por su trabajo con esta empresas de Q3 millones entre 2013 y 2014.
En 2015 esta red criminal dentro de la SAT continuaba funcionando. Una parte de cobros que realizaban a las empresas para obtener rápidamente la devolución de crédito fiscal, fue destinado a la campaña presidencial de Sandra Torres, como se señala en la acusación del caso de Financiamiento Electoral Ilícito contra la UNE.
El rastro de dinero que siguieron los investigadores de CICIG y MP, ubicó entre los financistas no reportados de Sandra Torres a Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de uno de los operadores más importantes del caso La Línea, llamado Giovanni Marroquín Navas, enlace entre la “estructura interna” de la corrupción en la SAT y los actores externos.
Marroquín Navas, según la investigación de CICIG del caso Traficantes de Influencias, era quien negociaba y ofrecía los beneficios económicos a funcionarios de la SAT para alterar el orden cronológico de los expedientes de devolución de crédito fiscal. También aparecía como socio de negocios de Mario Leal.
Los aportes de la familia Marroquín Silva a la campaña de Sandra Torres en 2015, como indicó Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, ascendía a casi los Q3 millones. El dinero provenía de las comisiones de cobros ilícitos a empresarios desde la SAT.
Para lograr que el efectivo fuera incluido como parte de la sostenibilidad de la campaña presidencial de Torres, la UNE creó una estructura de tres empresas, que funcionaban como un centro de recaudación. En total, como detalla la acusación, se logró la transferencia de poco más de Q19.53 millones.
Dos de las empresas creadas para administrar el financiamiento ilícito de la UNE, Maariv S.A. y Prohabsa, eran directamente controladas por Mario Leal Castillo; mientras que la tercera, Grupo Empresarial Inmobiliario San Felipe, vinculada al diputado de la UNE, Julio César Ixcamey, trasladaba fondos para la campaña de Sandra Torres simulando transacciones con las dos sociedades anteriores relacionadas a Leal.
Todos estos hallazgos fueron presentados un día después de que Sandra Torres fuera inscrita como candidata a la presidencia para la elecciones de 2019, adquiriendo inmunidad. La Fiscal General, Consuelo Porras, había sido la encargada de congelar esta investigación desde octubre de 2018.
Sandra Torres pudo participar como candidata a la presidencia en 2019 en un momento político en el que su presencia, en una segunda vuelta electoral, sólo podría beneficiar a sus contrincantes.
“Sandra, haciendo presidentes desde 2011”
El exsecretario de Comunicación Social del gobierno de Álvaro Colom, el periodista Ronaldo Robles, resumió la larga carrera por la presidencia de Sandra Torres en un tuit, la noche del 11 de agosto, cuando se confirmó la victoria de Alejandro Giammattei del partido Vamos: “Sandra, haciendo presidentes desde 2011”.
Robles estuvo cerca de la pareja presidencial de la UNE por poco más de tres años. Conocía a Sandra Torres como ex primera dama. Y conocía el contexto político desde el que lanzaba su frase.
En 2011, al finalizar el gobierno de la UNE, tres figuras parecían poder disputar la presidencia de la República: Otto Pérez Molina (PP), Sandra Torres (UNE) y Manuel Baldizón (Lider). Torres, para evitar una prohibición constitucional y buscar la presidencia, se divorció del ex presidente Colom ese año. La Corte de Constitucionalidad evaluó su participación como una violación a la Constitución y le negó la candidatura.
Su salida, y su negativa a que nadie más fuera candidato por el entonces partido oficial, abrió la puerta a un emergente Manuel Baldizón, que fue derrotado por Pérez Molina en segunda vuelta. La caída de Torres fue aprovechada por Pérez Moilna al articular un discurso en contra del populismo y los programas sociales que recayó contra Manuel Baldizón, que había sido diputado de la UNE.
En 2015, Torres preparaba el terreno para el que debía ser su año. El rival a vencer era Baldizón, que regresaba consolidado con Lider, con una fuerte campaña mediática y fortalecido con una bancada mayoritaria dentro del Congreso. Y entonces llegó el caso La Línea, la investigación que desató un vendaval de casos de corrupción y que tumbó las posibilidades de varios candidatos.
Parecía que Sandra Torres sería presidenta. Pero solo se quedó para ver cómo, Jimmy Morales, un cómico sin experiencia, postulado por un partido formado por exmilitares, FCN-Nación, la sobrepasaba en todos los sondeos y alcanzaba la presidencia.
A su lado, en la derrota, permaneció Mario Leal, su candidato a la vicepresidencia, el financista y recaudador que inyectaba dinero a la UNE.
En 2019, Sandra Torres volvió a la contienda electoral. Evitó ser capturada y logró ser candidata. Vio cómo la ex fiscal general Thelma Aldana, del partido Movimiento Semilla, y Zury Ríos, de Valor, fueron eliminadas. Sobrevivió para configurar los votos en su contra, y ayudar de nuevo a hacer otro Presidente. Alejandro Giammattei, un médico que lo había intentado en cuatro ocasiones, ganó las elecciones presidenciales con el partido Vamos. Su principal mérito: no ser Sandra Torres.
El ciclo de Sandra Torres
Torres, la primera mujer en lograr llegar dos veces a una segunda vuelta electoral en Guatemala, es también un engranaje clave del sistema político/económico/judicial que hoy la tritura. Un día antes del cierre oficial de la CICIG en Guatemala fue conducida a tribunales luego de perder su derecho a antejuicio. Ahora espera enfrentar el caso de Financiamiento Electoral Ilícito de su partido.
Con su captura, Sandra Torres cierra un ciclo de justicia que involucra, en casos de corrupción de gran calibre revelados por la CICIG, a los principales actores políticos de los últimos años: Los finalistas de las elecciones de 2011, Otto Pérez Molina y Manuel Baldizón, detenidos y enfrentando varios procesos penales en marcha; al aspirante a la presidencia en 2015, Alejandro Sinibaldi, quien ya no llegó a competir al ser declarado prófugo.
A Sandra Torres y la acusación de financiamiento electoral no registrado en su contra, también le acompaña la de su rival del anterior proceso electoral de 2015, el presidente Jimmy Morales, denunciado y protegido en dos ocasiones por el actual Congreso de la República.
La llegada de Torres a tribunales también se enlaza con la historia del actual presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, que fue investigado por ejecuciones extrajudiciales, por la CICIG. Aunque en su caso, fue absuelto hace varios años.
El poder económico, político y judicial se ponen a prueba nuevamente con el caso de Sandra Torres, ya que la investigación por financiamiento electoral ilícito podría tocar a otras grandes empresas del país, empresarios que dieron importantes sumas de dinero no registradas para que la UNE gobernara Guatemala.
Además, el caso se conoce en medio de la selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, una decisión que recaerá en el actual Congreso, donde la UNE es el segundo bloque más grande.
La intersección de intereses alrededor de Sandra Torres se acrecienta luego de que el pasado dos de septiembre el Tribunal Supremo Electoral conociera la solicitud de la FECI para la cancelación del partido UNE. La posibilidad de que sea cancelado el partido con la mayor bancada en la próxima legislatura, con 52 de 160 diputados; y con el mayor número de alcaldes electos, 106 de 340, representa un terremoto político.
Mientras tanto la ex candidata aguarda. Sandra Torres interpretará un guión que parece predecible, lleno de acusaciones de vendettas políticas en su contra; esta vez, sin embargo, no hay una CICIG a quien echar la culpa.
*El 06/09/2019 se actualizó los delitos que el Ministerio Público imputa a Sandra Torres en su audiencia de primera declaración: Asociación ilícita y Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”).
