Hacer una pinta en una pared puede resultar ser un delito más grave para el actual sistema de justicia que agresiones físicas por parte de la policía a ciudadanos. Durante 2021 el Ministerio Público ha abierto casos de persecución a defensores de derechos humanos, actores anticorrupción en el Estado, periodistas y ciudadanía en general opositora al gobierno actual.
El 17 de noviembre la jueza Lluvia Velásquez Soto giró una orden de captura contra Nanci Sinto, Juan Francisco Monroy y Dulce Archila. La razón fue su participación en la manifestación del 21 de noviembre cuando la población en la Ciudad de Guatemala salió a manifestar por el descontento al presupuesto aprobado para 2021. Las casas de Sinto y de Monroy fueron allanadas el 24 de noviembre y ambos fueron capturados. A Archila el Ministerio Público no la encontró ni arrestó por no tener la dirección exacta de su casa.
La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas persigue a los tres por el delito de “depredación de bienes culturales” tipificado en la Ley para la Protección Cultural de la Nación. Según la fiscalía los tres manifestantes realizaron pintas en la fachada del Congreso de la República durante esa manifestación.
¿Quiénes son los tres capturados?
Nanci Chiriz Sinto es originaria de Chimaltenango, tiene 30 años, es defensora de derechos humanos, activista kaqchikel y estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Mariano Gálvez. Activamente ha militado contra el extractivismo, la violación de derechos humanos, el racismo y la violencia contra las mujeres. Sinto fue secretaria nacional de juventud del movimiento político Winaq en 2015 y aunque se separó del partido, ha demostrado ser simpatizante del movimiento político, por ello al momento de su captura distintos usuarios en las redes sociales la vincularon con Winaq.
“Estuvo muy de lleno en el movimiento, sin embargo, ella decidió luego hacer su activismo social, más que todo en organizaciones. Ahora ella no es afiliada a nuestro movimiento, pero sí damos fe del liderazgo y la trayectoria que ella ha desempeñado”, dijo Sonia Raguay, secretaria de Winaq, a No-Ficción.
Actualmente Nanci es coordinadora general de la Fundación María y Antonio Goubaud que se dedica a realizar procesos de formación relacionados con derechos humanos, justicia, reparación y memorización en convenio con instituciones académicas o sociales. También es integrante activa de la Colectiva Ximonïk, una colectiva antirracista en Guatemala.
Nanci Sinto fue capturada el pasado 24 de noviembre por el intento de realizar una pinta (trazo, dibujo o graffiti en una pared) en una parte de las paredes del Congreso ese 21 de noviembre de 2020. Nanci recuerda que no logró terminar de escribir, que tuvo la intención de hacerlo, pero su lata de aerosol no funcionó muy bien.
Durante el allanamiento, fue capturado el corte y la mochila que Sinto portaba el 21 de noviembre de 2020, así como su celular, esas son las evidencias según el MP, que la vinculan con la depredación del edificio legislativo. Nanci cuenta que durante su captura la policía buscaba registrar la detención como si se tratase de un premio, queriendo obtener la mejor foto de ella con los grilletes puestos. Ve con dudas que hayan demorado tanto en trasladarla de su casa a Torre de Tribunales.
Juan Monroy de 27 años, originario de Guatemala también fue capturado el 24 de noviembre. Es estudiante de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, artista y pintor. Mientras estaba en Torre de Tribunales esperando su audiencia de primera declaración, dijo no pertenecer a ninguna agrupación o colectivo político. También lo capturaron por realizar una pinta, según el Ministerio Público, dentro de la fachada del Congreso.
A Monroy también lo arrestaron después de allanar su casa, en donde la policía y el Ministerio Público capturaron como evidencia un chaleco, una mochila, zapatos y su celular que concuerdan con la ropa que tenía puesta el 21 de noviembre de 2020 según imágenes que obtuvieron de él.
Dulce Archila de 19 años es otra de las implicadas en este caso. Es una joven estudiante de ciencia política en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es artista, cineasta, creadora de contenido para fanzines y artes para intervenciones en colectivas en Guatemala como La Revuelta y Niñas Furia, así como en el Festival Nuevo Arte Contemporáneo en Ciudad de México.
El 24 de noviembre no fue encontrada en su casa, el MP no tenía la dirección exacta de su casa y en lugar de llamar a su puerta para el allanamiento, tocaron la de sus vecinos de tercera edad. En ese momento ella estaba iniciando el día laboral en la oficina de fondos de inversiones en la que trabaja. Se enteró de la orden de captura en el transcurso del día y por la noche su familia fue por ella a la oficina donde trabaja. Coordinaron su presentación voluntaria ante el juzgado el 29 de noviembre junto a tres abogados que actualmente son parte de su defensa.
Los tres jóvenes manifestantes decidieron no declarar, pero fueron ligados a proceso penal por el “delito de depredación del patrimonio cultural” por la jueza Lluvia Velásquez del Juzgado Pluripersonal Duodécimo de Primera Instancia Penal especializado en Delitos contra el Ambiente y Patrimonio Cultural. Fueron beneficiados con las medidas sustitutivas de arresto domiciliario con una fianza de Q5 mil. Aunque en el caso de Archila, la jueza había solicitado Q25 mil inicialmente, finalmente su su abogado logró un monto mínimo. También deben presentarse cada 15 días al MP. La audiencia de etapa intermedia de Sinto y Monroy está fijada para el 9 de febrero de 2022, para Archila la audiencia está programada para el 31 de enero.
El fiscal del MP, Jorge de León, argumentó que el delito de patrimonio cultural contra un edificio como el Congreso es algo que “atenta contra la integridad de los guatemaltecos”. Sin embargo, no tiene pruebas que validen cuáles son exactamente los daños causados. Con lo único que cuenta es con el peritaje que el arquitecto Luis Fernando Rejopachí hizo al edificio, en donde explica los daños que tuvo y la posibilidad de remover algunas de las pintas y manchas en la fachada, con agua a presión. Este peritaje, sin embargo, viola el debido proceso, pues lo correspondiente es que al perito lo nombre un juez y sea avalado por la defensa de los acusados.
Otro de los elementos utilizados para la imputación de los delitos hacia Sinto, Monroy y Archila, fue el archivo fotográfico que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas pidió a varios fotógrafos y reporteros. Estos materiales, sin embargo, fueron solicitados para investigar los ataques que recibieron varios periodistas de parte de la PNC el 21 de noviembre de 2020, entre ellos, el fotoperiodista Carlos Sebastián, la documentalista Melissa Mencos y el periodista Roberto Cabrera, quienes resultaron heridos; y no para la imputación hacia los manifestantes.
Jorge Santos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala -UDEFEGUA-, una organización que realiza acciones para proteger a defensores de derechos humanos, explica que actualmente observan con preocupación la manera en la que el Ministerio Público a través de agentes de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- de la PNC busca acceder a los sindicados.
“Hemos visto procedimientos policiales en el marco de las investigaciones que nos preocupan. La PNC a través de elementos de la DEIC ha incurrido en falsedades para poder acceder a las personas presentándose bajo otras lógicas, haciendo uso de elementos como -queremos obtener información de una encuesta-, en algunos casos han pretendido que las personas salgan de sus casas para ir a otro lugar, sin que se esté observando el procedimiento policial que se debe llevar”, explica.
Otro de los elementos utilizados para la imputación de los delitos hacia Sinto, Monroy y Archila, fue el archivo fotográfico que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas pidió con otros fines a varios fotógrafos y reporteros.
¿Qué implica el delito de “depredación del patrimonio cultural”?
Según la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación en el artículo 44, el delito de patrimonio cultural podría ser sancionado entre 6 y 9 años de prisión incomutables con una multa por el doble del precio del patrimonio dañado, en este caso el edificio del Congreso. El artículo 50 del código penal indica que solo son conmutables los delitos que sean sancionados con prisión no mayor a cinco años. El abogado Álvaro Montenegro explica que hay una interpretación de que realmente este delito no es delito, sino una falta de pintar paredes.
Al ser consultado para este reportaje, Montenegro cuestiona la política de persecución del Ministerio Público:; “Ellos están enfocando los esfuerzos en perseguir delitos que no tienen mayor trascendencia para todos los problemas que vive el país. Para ellos es más importante perseguir a alguien que pintó una pared que a un policía que hizo que alguien perdiera uno de sus ojos. A los policías, por otro lado, los citaron, ni siquiera los mandaron a capturar; entonces es claramente, un intento por criminalizar a las voces disidentes, críticas del gobierno y de este régimen de corrupción”, dice.
¿Qué pasó el 21 de noviembre en Guatemala?
Tras ser aprobado el presupuesto más alto de la historia en Guatemala, de Q99,700 millones, el 21 de noviembre de 2020 la ciudadanía salió a manifestar en rechazo de la decisión de los diputados y diputadas de aprobar ese presupuesto que disminuía los fondos públicos para combatir la desnutrición, la violencia contra las mujeres, y pacientes oncológicos; pero aumentaba a instituciones como el Parlamento Centroamericano donde es diputado actualmente el expresidente Jimmy Morales.
Las manifestaciones se concentraron en el centro de Quetzaltenango y en el centro histórico de la Ciudad de Guatemala. Se trató de una jornada en donde una parte de la población dejó las banderas y vuvuzelas para manifestar, y en su lugar utilizaron otras formas de expresión y manifestación, como el arte con empapelados y pintas.
En la ciudad varias personas decidieron usar la táctica black block o bloque negro, desarrollada en los 80 por activistas en Europa para no ser identificados por las autoridades en protestas antinucleares. Los bloques negros no utilizan violencia contra personas, sino contra símbolos del poder político. El 21 de noviembre, el símbolo del poder político contra el que los y las manifestantes arremetieron fue el edificio del Congreso de la República. Hubo quienes lanzaron piedras, rompieron ventanas, y aunque no se tiene certeza de cómo se originó el fuego, también se incendió una parte del Congreso.
Durante la imputación del MP a Nanci Sinto, el fiscal de León enfatizaba constantemente en que el daño al edificio del Congreso era un daño a la integridad de los guatemaltecos, apelando al patriotismo y nacionalismo de muchos. Para Sinto, ese discurso es peligroso. “Pretenden sostener entonces que el patrimonio nacional replegado en las instituciones donde se pactan actos de corrupción y desfalcos de dinero, debería interesarnos y deberíamos cuidarlo. Por ejemplo, las manifestaciones del 2015 eran muy nacionalistas pero luego, 5 años después, se ve a una ciudadanía que se logra posicionar en la interpelación al Estado-Nación y la defensa de los derechos constitucionales pero por otros medios, no a través de los símbolos patrios”, explica Sinto.
Dulce Archila se llama a sí misma “artista de guerrilla”. Explica que es una forma de intervenir las calles y tomar los espacios públicos por medio del arte. “Son lo que vemos como el graffitti, stencils y el empapelado, hay más, como performances, pero en lo que yo estoy más metida es en los empapelados. Me baso mucho en toda la lucha feminista y denunciar la violencia a la mujer. Es muy necesario que estén en las calles, porque a veces conocemos las estadísticas, pero es importante poderlo recordar en las calles para incomodar a las personas… porque tristemente así es como les prestan atención a estos temas”, comenta Archila, quien se entregó a la justicia el 29 de noviembre por ser acusada de delito de depredación cultural contra el edificio del Congreso el 21 de noviembre de 2020.
Ese día, la policía reprimió a la población que se manifestó en contra del Gobierno de Alejandro Giammattei. Pero no solo las acciones organizadas en el Congreso o las tácticas de black bloc, sino también a las familias que habían llegado a manifestar pacíficamente en la Plaza de las Niñas en el Parque Central de Guatemala. Los antimotines utilizaron alrededor de 300 bombas lacrimógenas contra los manifestantes en el parque central y alrededor de las avenidas del Congreso. Los jóvenes Keneth López de 21 años y Carlos González de 30 años perdieron los ojos izquierdos; según una nota de ConCriterio, de las 300 bombas, 2 explotaron en el rostro de ambos casi simultáneamente. Entre las 5 y 6 de la tarde ambos recibieron el impacto de las bombas en la intersección de la 7ma avenida y 8va calle de la zona 1.
En Quetzaltenango también la protesta rompió con el carácter pacifista y la población se manifestó contra el presupuesto aprobado para 2021. La situación fue similar, la Policía Nacional Civil lanzó gas lacrimógeno a los manifestantes que se encontraban alrededor del edificio de Gobernación.
En ambas jornadas la policía con el uso de la fuerza arrestó a varios manifestantes. En el caso de Quetzaltenango, fueron arrestadas seis personas: José Ricardo Pérez Ramírez, Willy Fernando Guzmán Marín, Miguel Estuardo Valle Sáenz, Ana Rebeca Guillen Alcahé, César Ubaldo Boj y Natalhie Duarte Castañeda, acusados por falta contra el orden público. A Natalhie Duarte, según una nota de Gilberto Escobar en Prensa Comunitaria, la policía electrocutó múltiples veces, fue agredida, pateada e insultada.
El 9 de diciembre en el juzgado de Paz de Quetzaltenango, la jueza Mayra de León dictó falta de mérito contra cinco de los seis detenidos. El único sentenciado fue César Ubaldo Boj, de quien la jueza pudo constatar a través de videos que quemó cohetes contra agentes de la PNC. Se le aplicó la pena de 25 días de cárcel conmutables con el pago de Q25 por día. A pesar de las detenciones violentas y la represión, en Quetzaltenango no se abrió una investigación ni proceso contra agentes policiales.
En la ciudad fueron arrestadas 43 personas, todas fueron víctimas de abuso policial el 21 de noviembre y permanecieron alrededor de 60 horas bajo arresto. Uno de los casos fue el de las dos hermanas Sinay, una de 19 y otra de 16 años, quienes sobre la 7ma avenida, frente a distintos comercios, corrían para alejarse de los agentes antimotines que reprimían la manifestación, cuando fueron detenidas, golpeadas y literalmente, arrastradas sobre el asfalto mientras las jalaban del pelo. Videos de esas agresiones se difundieron en redes sociales.
Por dos días se llevaron a cabo las audiencias de primera declaración en el juzgado de Paz Penal bajo el cargo del juez Mario Ernesto Martínez. El Ministerio Público quería imputarles los delitos de desorden público, atentado, manifestaciones ilícitas y destrucción del patrimonio cultural. Todos quedaron libres de cargos, a excepción de Ana Paulina Estrada, estudiante de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, quien siguió un proceso penal por desorden público en supuesto estado de ebriedad.
Después de la manifestación del 21 de noviembre el Ministerio Público integró un equipo con 6 fiscalías: Fiscalía de Distrito Metropolitano, Fiscalía contra el Delito de Extorsión, Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, Fiscalía de Delitos contra Periodistas y la Fiscalía de Delitos Administrativos. Esto para investigar, según explica Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, las más de 50 denuncias que existen en el MP por la manifestación de ese día contra personas diversas involucradas por diferentes circunstancias.
Extraoficialmente se conoce que en las investigaciones figuran otros jóvenes estudiantes o pertenecientes a movimientos sociales, agentes de la PNC, entre otras personas, pero esta información no fue reconocida por Pantaleón.
Investigación hacia agentes de la PNC
Ese mismo día, Nanci Sinto, como relata, fue agredida por agentes antimotines enviados por el Ministerio de Gobernación que durante la jornada reprimieron la manifestación con el uso de la fuerza y gases lacrimógenos a la ciudadanía. Sinto fue golpeada y empujada por agentes, intentó correr del área para protegerse y de no ser auxiliada por dos periodistas, siendo uno de ellos también bombero, pudo haber sufrido una lesión grave en el cráneo. Videos y fotografías de lo sucedido son de dominio público, pues se difundieron en las redes sociales.
Un juzgado de paz ordenó al Ministerio Público investigar a los agentes de la Policía Nacional Civil por las detenciones ilegales de las personas, simulación de delito durante la jornada y el abuso policial por el uso de fuerza y violencia, sin embargo, hasta ahora las investigaciones contra agentes no han avanzado significativamente.
El pasado 26 de noviembre, según informó el MP, cinco agentes de la Policía Nacional Civil se entregaron voluntariamente por el caso de las detenciones ilegales y el abuso policial. Una orden de captura había sido girada el 19 de noviembre pero el Ministerio Público no informó la razón por la cual no pudieron arrestarles. Los agentes son: Jennifer Yessenia Popa Morales, Carla Xum, Cristian Armando Alvarado Pichilla, Emilsa Ileana Osorio Reyes y Esdras Aroldo Chex Catú.
La audiencia en contra de los policías inició el 26 de noviembre, y la continuación de la misma se intentó realizar el 30 de noviembre pero se suspendió y se llevó a cabo el 2 de diciembre. El abogado Juan Francisco Foppa, quien defiende a Carlos González, uno de los jóvenes que perdió un ojo por el impacto de una bomba lacrimógena, informó en su cuenta de Twitter que se presentó a la audiencia del martes 30 junto a su defendido pero no los dejaron entrar. Solo a una de las hermanas Sinay, a su mamá y abogada.
Los cinco agentes fueron ligados a proceso, Jennifer Yessenia Popa Morales, Carla Xum, por abuso de autoridad y Cristian Armando Alvarado Pichilla, Emilsa Ileana Osorio Reyes y Esdras Aroldo Chex Catú por el delito de simulación de delito. Todos fueron beneficiados con arresto domiciliario con fianza de Q2,000, prohibición de salir del país y firmar libro en juzgado de paz de su localidad cada 15 días. El juzgado otorgó al Ministerio Público 4 meses para concluir la investigación.
Los cinco policías ahora procesados no podrían sufrir penas mayores. Según el artículo 454 del Código Penal de Guatemala, el delito de simulación de delito se sanciona con prisión de seis a dos años; y según el artículo 428, el delito de abuso de autoridad es sancionado con prisión de uno a tres años.
En el caso de la agresión a Nanci Sinto, de oficio el MP debió abrir una investigación, pero eso no sucedió. La activista estuvo planeando una estrategia durante todo el año para interponer una denuncia, pero el acecho y vigilancia por parte de la policía no le permitió hacerlo.
Jorge Santos de la UDEFEGUA explica que el 7 de enero de 2021 interpusieron una denuncia en contra del ministro de gobernación, del viceministro de seguridad, del director y subdirector de la PNC, del jefe de operaciones de la PNC, del jefe de las fuerzas especiales policiales y del comisario de Quetzaltenango. Actualmente la UDEFEGUA figura como querellante adhesivo en el caso de agresiones y capturas contra las hermanas Sinay y en el caso de los dos jóvenes Carlos y Keneth, quienes perdieron el ojo izquierdo a consecuencia del impacto de bombas lacrimógenas. Santos comenta que la petición es investigar a los agentes por varios delitos, incluyendo tortura, abuso de poder, detención arbitraria, entre otros, esperando que no se dirija la responsabilidad solo a agentes individuales, sino también a la estructura de mando que ordenó estos delitos. “A veces solo se responsabiliza al elemento policial, dejando en impunidad a quien diseñó y planificó las acciones”, comenta.
El ataque desde cuentas organizadas de netcenter
En el pasado, los jóvenes estudiantes y organizados en movimientos sociales eran objeto de persecución penal por considerarse “enemigos internos del Estado”.
El Estado utilizó multitud de estrategias para la represión que terminó con la vida de 200,000 personas. Uno de los instrumentos utilizados para la represión, fue la “panel blanca” era un vehículo en el que en los ochentas eran secuestrados distintos opositores del Estado y quienes operaban ese vehículo, también desaparecían, torturaban y asesinaban personas.
Aunque el tiempo ha transcurrido, aún quienes participan o militan en causas anticorrupción y denunciando violaciones de derechos humanos, son objeto de distintas intimidaciones y persecución, ya no tan violenta, pero que sigue utilizando tácticas de contrainteligencia utilizadas por el Ejército y la Policía Nacional en los años 70 y 80. Estas han mutado en los ataques de cuentas de netcenter.
Actualmente existe una cuenta de netcenter en Twitter con ese nombre (@PanelBlanca88 aunque su usuario varía cuando es desactivada la cuenta) y se dedica a filtrar documentos e información constantemente sobre acciones contra jueces, exfiscales, periodistas, entre otros sujetos, así como imágenes de ellos en distintos lugares como si estuviera realizando las mismas labores de espionaje que las que practicaron en esas camionetas los agentes de la represiva Policía Nacional en los años 80.
COL
Esta cuenta es solo una de las centenas de cuentas de Twitter que se dedican a atacar a defensores de derechos humanos, y a operadores de justicia como la ex fiscal general Thelma Aldana, el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval o la jueza de alto riesgo Erika Aifán.
Mientras algunas de estas cuentas generan contenido, como @panelblanca88, @Lord_VaderTG, @net_gua, @MegafonoLord, @LaTruckChicken, @elprofesorguate, cientos de cuentas más replican estos ataques. En el caso de persecución contra Nanci Sinto también fue utilizada la misma táctica, difundiendo imágenes de ella siendo agredida frente al Congreso, haciendo memes y burlas de la activista tildándola de terrorista.
Por otro lado, el mismo gremio del netcenter (gremio porque actualmente son demasiadas cuentas) se ha encargado de afirmar que este es solo el inicio.
El periodismo también está bajo acecho, tanto en lo análogo como en lo digital. Los netcenters atacan constantemente a la prensa. La periodista Jody García reportó en su cuenta de Twitter en mayo pasado cómo la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Vitalina Orellana, tomó fotografías a la periodista de CNN, Michelle Mendoza, que luego aparecieron en la cuenta de netcenter @LordVaderGT. Mendoza ha sido blanco de hostigamiento en distintas ocasiones en estas redes en internet. Mujeres periodistas en el país son descalificadas por cuentas de netcener no solo por ejercer el periodismo, sino por su condición de mujeres.
Uno de los legados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- fue el informe sobre netcenters “Bots, netcenters y el combate a la impunidad” que describe estas redes. En él explican cómo desde la revelación del caso Cooptación del Estado en junio de 2016 hasta el lanzamiento del informe en mayo de 2019, se habían desplegado estas cuentas en redes sociales que atacabann estratégica y explícitamente a operadores de justicia, líderes de sociedad civil, periodistas, fiscales del MP y miembros de la CICIG que buscan desprestigiarles para desacreditar investigaciones en casos de corrupción. La CICIG no pudo identificar a estructuras criminales específicas pero sí explicar, el fenómeno netcenter y cómo afecta a la ciudadanía.
Infografía del informe “Bots, netcenters y el combate a la impunidad” presentado por CICIG en 2019. (Foto: Captura de pantalla por No-Ficción)
Actualmente solo existe una persona pagando una condena de 12 años y debe pagar una multa de Q50 mil por ser parte de estas redes. Rolando Moisés Pérez, quien trabajaba en la comuna de Mixco de Neto Bran, fue condenado por la obstaculización a la acción penal, uso de documentos falsificados y usurpación de calidad después de ser investigado por la FECI cuando Juan Francisco Sandoval todavía no había sido destituido. Había estado amenazando por medio de una cuenta de netcener a operadores de justicia, específicamente a Marco Leopoldo Zeissig Ramírez, exfuncionario de la CICIG.
Avance de persecución contra actores anticorrupción
Guatemala se encuentra en un retroceso democrático y la cooptación de los tres poderes del Estado y está casi completada. La única institución que actualmente puede ser garantía para la población es la Procuraduría de Derechos Humanos, pero también está bajo ataque. El procurador Jordán Rodas es blanco constante de intimidaciones e incluso se ha puesto en juego el presupuesto de la misma procuraduría negando la estabilidad y los derechos laborales de quienes allí trabajan. Durante el año se registran distintas persecuciones contra quienes han denunciado corrupción o intentado trabajar contra las mafias del país.
Estas persecuciones, que hasta 2021 tenían lugar desde las cuentas desde las cuentas de netcenter, han logrado instrumentalizar a las instituciones del Estado encargadas de velar por la justicia, para crear casos dirigidos y ejecutar órdenes de captura dirigidas hacia operadores de justicia, defensores de derechos humanos o periodistas que han publicado información sobre casos de corrupción.
Uno de los ejemplos es la persecución penal e intento de criminalización de Juan Francisco Foppa, exsuperintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y ex trabajador del MP; Aníbal Argüello, extrabajador de la CICIG. Ambos fueron denunciados y capturados ueron por supuestas anomalías en la creación de un partido político que no pudieron ser probados por la Fiscalía de Delitos Electorales. En el reportaje El año cero después de CICIG, Bill Barreto cuenta a lo que Foppa se enfrentó.
Juan Francisco Foppa, exsuperintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y ex trabajador del MP; Aníbal Argüello, extrabajador de la CICIG fueron denunciados y capturados ueron por supuestas anomalías en la creación de un partido político. (Foto: Oliver de Ros)
Los periodistas Juan Luis Font, director de ConCriterio, y Jose Rubén Zamora, director de elPeriódico, en cuyos medios han salido a la luz importantes investigaciones sobre corrupción, también han sido acusados por el Ministerio Público en los últimos meses de estar implicados en casos de corrupción y ha comenzado una persecución penal en su contra. Periodistas como Juan Bautista y Carlos Choc, también son objeto de persecución por el simple hecho de realizar cobertura a la represión militar en El Estor, Izabal contra la resistencia q’eqchi’ antiminera. Choc enfrenta un proceso penal desde agosto de 2017 por su trabajo periodístico sobre los efectos de la minería en Izabal, fue denunciado por la Compañía Guatemalteca de Níquel de Solway Investment Group.
Juan Francisco Sandoval, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, también ha pagado las consecuencias de combatir y enfrentar a los corruptos en Guatemala. Fue destituido y tuvo que salir de madrugada en julio pasado para evitar ser criminalizado por Consuelo Porras, quien según cuenta Sandoval, siempre colocó barreras a su trabajo. Su trabajó terminó con una conferencia de prensa en la Procuraduría de Derechos Humanos y con lágrimas dijo “nunca nos arrepintamos de haber visto al crimen a los ojos”. Porras ya ha girado dos órdenes de captura contra Juan Francisco, y en una ocasión enviando a agentes a tocar a la puerta de la casa de sus padres aún sabiendo que no se encuentra en el país desde su destitución.
Diputados de oposición en el Congreso también han sido objeto de persecución, como la diputada Vicenta Jerónimo quien es parte del partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos -MLP- y del Comité de Desarrollo Campesino -CODECA-. Jerónimo fue denunciada por la PNC por participar en la manifestación del 15 de noviembre convocada por CODECA. La denuncia firmada por Edwin Gómez, jefe de la Secretaría de Asistencia Jurídica de la PNC, busca responsabilizar a Jerónimo de ser dirigente de la manifestación que “violaba el derecho constitucional de libre locomoción” en la calzada Aguilar Batres en donde supuestamente manifestantes agredieron a un agente policial. Aldo Dávila, exintegrante del partido político Winaq, también ha sido asediado durante su gestión como diputado en el Congreso. Varias solicitudes de antejuicio han sido interpuestas en su contra. El pasado 17 de noviembre la Corte Suprema de Justicia resolvió retirarle la inmunidad para que sea investigado por supuestamente agredir a un agente de la PNC en una manifestación de 2020.
Guatemala vive un invierno democrático
Con la salida de Sandoval, fue desechado el trabajo de la CICIG en conjunto con el antiguo Ministerio Público cuando estuvo a cargo de Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, las investigaciones y casos de corrupción develados en contra de exfuncionarios públicos, retroceden. Recientemente fueron dejados en libertad Luis González, Moisés Galindo, Alberto Lima, Amado Valdés Castillo, Oswaldo Pop y Norberto Ortega, sindicados en el caso Caja de Pandora. Los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán ya no enfrentarán juicio por financiamiento ilícito no registrado en el caso Financiamiento Electoral Ilícito de FCN-Nación. El expresidente Otto Pérez Molina guarda prisión preventiva desde 2015 por corrupción; recientemente fue beneficiado en el caso La Línea con arresto domiciliario por el pago de una multa de Q13 millones, manifestó que era impagable entonces no intentó recuperar su libertad ni solicitar medidas en el caso Cooptación del Estado.
Los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán eran parte de los sindicados en el caso Financiamiento Electoral Ilícito de FCN-Nación pero fueron absueltos porque ese delito se creó después de los supuestos aportes que los empresarios hicieron al partido FCN-Nación. (Foto: Oliver de Ros)
Por otro lado, funcionarios honorables del sector justicia también están siendo blanco de persecución siendo retirados de sus puestos, como sucedió con Hilda Pineda, quien era jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP y fue removida en octubre de su puesto y trasladada a la División de Delitos contra Turistas. Durante su gestión investigó casos de delitos de lesa humanidad como los registrados en el Diario Militar.
En julio los jueces de mayor riesgo Pablo Xitumul, Erika Aifán, Miguel Ángel Galvez y Yassmin Barrios se presentaron al Ministerio Público para pedirle a Consuelo Porras, fiscal general del MP que revisara las denuncias espurias en su contra y las desestimara, también explicaron ante los medios de comunicación que han sido perseguidos, amenazados y “vigilados por organismos del Estado”.
Jorge Santos de la UDEFEGUA considera que en este momento se está consolidando el Estado autoritario en Guatemala y que los actores de corrupción buscan impunidad en cuatro ámbitos: graves delitos en el pasado, en la instalación de inversiones privadas -particularmente el sector extractivo-, en casos contra pueblos indígenas y violencia actualmente. “En ese marco, vemos una consolidación del Estado autoritario que profundiza acciones que el Estado guatemalteco ya traía desde tiempo atrás. Su columna vertebral es la criminalización”, opina.
La persecución a actores anticorrupción va vulnerando cada vez más la democracia en Guatemala. Los tres poderes del Estado se alinearon y responden a su objetivo en conjunto, mantener impunidad ante cualquier crimen. Quienes se manifiestan y trabajan en contra de la corrupción, en busca de avances para los sectores históricamente oprimidos y en la defensa de derechos humanos, hoy son perseguidos. Aquellos que han cooptado el Estado y consolidan su pacto día con día sin ningún impedimento han ido logrando también, una ciudadanía pasiva y callada ante el miedo de ser perseguida si se opone al régimen, son pocos los que hoy aún mantienen la convicción de luchar contra la corrupción y que la esperanza de que ello valga la pena.
